ATC1153-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1153-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 86001-22-08-002-2023-00114-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa el 23 de agosto de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que el Consejo Comunitario de Villa Arboleda – Valle de Guamuez, Putumayo – promovi\u00f3 contra el Consejo Nacional Electoral, la Registradur\u00eda Nacional del Servicio Civil, el Ministerio del Interior, el departamento de Putumayo y el municipio de Valle del Guamuez, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Consejo Comunitario solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la \u00abparticipaci\u00f3n democr\u00e1tica\u00bb e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que se encuentra ubicado en la cuenca del r\u00edo Guamuez, inspecci\u00f3n el Tigre de la vereda de Villa Arboleda, municipio Guamuez \u2013Putumayo-, lugar que cuenta con 170 habitantes aproximadamente que tienen derecho a la \u00abparticipaci\u00f3n ciudadana y electoral\u00bb, pero que est\u00e1n limitados para ejercerla porque en ese territorio no cuentan con un puesto de votaci\u00f3n y, tampoco se ha motivado la inscripci\u00f3n de c\u00e9dulas para el efecto. <\/p>\n
Tras explicar in extenso los problemas clim\u00e1ticos y los derivados de la presencia de distintos grupos armados al margen de la ley en su territorio, que ha suscitado alertas tempranas por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo, expuso que con sustento en los datos suministrados por la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Electoral (MOE) se solicit\u00f3 a la Registradur\u00eda Municipal y a la Secretaria de Gobierno de la Alcald\u00eda Municipal de Valle de Guamuez la ubicaci\u00f3n de mesas de votaci\u00f3n en el Consejo Comunitario, pero ese reclamo fue rechazado. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil le corresponde \u00abestablecer la ubicaci\u00f3n de los puestos de votaci\u00f3n y el n\u00famero de mesas de cada uno, as\u00ed como el de los votantes asignados a cada una de ellas\u00bb, de acuerdo con el art\u00edculo 99 del C\u00f3digo Electoral, y que deb\u00eda vincularse al Ministerio del Interior porque, de acuerdo con el Decreto Ley 2893 de 2011, le corresponde \u00abformular, promover y hacer seguimiento a la pol\u00edtica de los grupos \u00e9tnicos para la materializaci\u00f3n de sus derechos, y coordinar con las dem\u00e1s entidades el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de herramientas y mecanismos eficientes en materia electoral, funci\u00f3n que se acusa como incumplida y, adem\u00e1s, causante de la vulneraci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que pertenecen al Consejo Comunitario de Villa Arboleda\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que este amparo resultaba procedente, de acuerdo con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en casos an\u00e1logos (T-324 de 1994, T-150 de 2022 y T-245 de 2022, entre otros). <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar la instalaci\u00f3n \u00abde un puesto de votaci\u00f3n dentro del Consejo Comunitario [accionante]\u00bb o, en su defecto, que se disponga la creaci\u00f3n de \u00abescenarios de pedagog\u00eda electoral o de jornadas de inscripci\u00f3n de c\u00e9dulas\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, en auto de 9 de agosto de 2023, avoc\u00f3 conocimiento, y orden\u00f3 notificar a los accionados. <\/p>\n
El Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior solicitaron, por separado, su desvinculaci\u00f3n del amparo propuesto, porque lo pretendido por el Consejo accionante corresponde a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil. <\/p>\n
La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y la Registradur\u00eda Municipal de Valle del Guamuez se\u00f1alaron, que de acuerdo con el art\u00edculo 99 del Decreto Ley 2241 de 1986 -C\u00f3digo Electoral-, para la creaci\u00f3n de nuevos puestos de votaci\u00f3n, es necesario contar con el concepto de la Comisi\u00f3n Nacional para la Coordinaci\u00f3n y Seguimiento de los Procesos Electorales, lo que debe hacerse bajo un procedimiento previamente establecido y con observancia del t\u00e9rmino de seis (6) meses anteriores a las elecciones a realizarse, y, ante ellas no se ha solicitado la creaci\u00f3n de puestos nuevos de votaci\u00f3n en ese \u00faltimo territorio. <\/p>\n
La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, en sentencia de 23 de agosto de 2023 concedi\u00f3 el amparo reclamado y, en consecuencia, orden\u00f3 \u00aba la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y al Ministerio del Interior, a trav\u00e9s de sus delegados, que en un t\u00e9rmino no mayor a los quince (15) d\u00edas h\u00e1biles, (\u2026) inicien un proceso de di\u00e1logo y concertaci\u00f3n con los representantes de la comunidad demandante, a fin de adoptar tanto medidas transitorias, como definitivas, orientadas a la superaci\u00f3n de los obst\u00e1culos para garantizar el derecho al voto de la comunidad ind\u00edgena accionante, ateniendo sus dificultades para tal ejercicio democr\u00e1tico, sin que ello implique necesariamente la instalaci\u00f3n de un puesto de votaci\u00f3n en el territorio ind\u00edgena, situaci\u00f3n respecto de la cual har\u00e1 acompa\u00f1amiento el Municipio de Valle del Guamuez y el Departamento del Putumayo, a trav\u00e9s de sus delegados, en lo que sea de su competencia\u00bb. <\/p>\n
Tal decisi\u00f3n fue impugnada por el departamento del Putumayo y el Ministerio del Interior, por lo que se enviaron las diligencias a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien es cierto la tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, puesto que, como de vieja data lo ha explicado la Corte Constitucional, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
En tal raz\u00f3n, el factor de competencia de esta especial justicia, para el caso que aqu\u00ed se conoce, se encuentra previsto en los numerales 5\u00ba y 11 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, seg\u00fan los cuales, de un lado, \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb y, de otro, \u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
En este orden, el incumplimiento de tales criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el inciso final del 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Conforme a lo anterior, se establece la ausencia de competencia del Tribunal Superior de Mocoa para resolver la tutela presentada por el Consejo Comunitario de Villa Arboleda en primera instancia, porque el conocimiento de los amparos formulados contra entidades del orden nacional -Registradur\u00eda Nacional del Servicio Civil y Ministerio del Interior- corresponde a los jueces del circuito, autoridad que siendo de mayor jerarqu\u00eda, tambi\u00e9n deber\u00e1 conocer de la censura frente a entidades locales -departamento de Putumayo y al municipio de Valle del Guamuez-, tal como aqu\u00ed ocurre. <\/p>\n
En efecto, se encuentra que, en realidad, el reparo constitucional comprende a la Registradur\u00eda Nacional del Servicio Civil, al Ministerio del Interior, al departamento de Putumayo y al municipio de Valle del Guamuez, quienes, de acuerdo con lo aducido por el accionante, deben garantizar el derecho a la participaci\u00f3n pol\u00edtica de los habitantes de ese territorio, disponiendo nuevos puestos de votaci\u00f3n o creando \u00abescenarios de pedagog\u00eda electoral o de jornadas de inscripci\u00f3n de c\u00e9dulas\u00bb. <\/p>\n
2.1 En este punto debe precisarse, como lo ha hecho la Sala en casos similares, que el reclamo no compromete actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de ninguno de los funcionarios que, en forma expresa prev\u00e9 el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 20211, porque el reparo, entre otros, se dirige frente a la actividad de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, autoridad del orden nacional, as\u00ed, en un asunto en el que se discuti\u00f3 una cuesti\u00f3n similar, esta Sala sostuvo que: <\/p>\n
(\u2026) Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de tutela se desprende, sin duda alguna, que la queja constitucional est\u00e1 dirigida concretamente frente a las actuaciones de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, m\u00e1s no de su representante legal o titular. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge clara la falta de competencia del a quo para resolver la presente queja constitucional, pues, por una parte, no le ser\u00eda aplicable lo dispuesto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, que prev\u00e9 que las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \u201cRegistrador Nacional del Estado Civil\u201d ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos; y por la otra, seg\u00fan la naturaleza jur\u00eddica de la entidad acusada, y lo dispuesto en las reglas consagradas en el numeral 2\u00ba ib\u00eddem, la competencia para conocer del presente asunto en primera instancia corresponde a los Jueces del Circuito o con categor\u00eda de tales\u00bb (CSJ ATC857-2018, citado en ATC057-2022 y reiterado en ATC017-2023, entre otros). <\/p>\n
2.2 Adicionalmente, es necesario advertir que la queja constitucional no contiene censura t\u00e1cita o expresa frente a la actuaci\u00f3n del Consejo Nacional Electoral por acciones u omisiones presuntamente lesivas de las garant\u00edas del Consejo peticionario, por lo tanto, su convocatoria a este amparo resulta aparente, cuesti\u00f3n sobre la que esta Sala ha sostenido que \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01, reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01, reiterado en ATC143-2023). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone declarar la falta de competencia de Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa para conocer en primera instancia esta acci\u00f3n de tutela y, al encontrarse configurada la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, implica que \u00ab(\u2026) lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb, en cumplimiento de esa \u00faltima disposici\u00f3n, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se dejar\u00e1 sin efecto el fallo proferido por el a quo constitucional, para que se asigne el asunto a los Jueces Civiles del Circuito de Mocoa \u2013reparto- para que se profiera una nueva sentencia que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas y las que se requieran, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 ibidem. <\/p>\n
(\u2026) Respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insanable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01). <\/p>\n
5. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad del fallo de primera instancia y se ordenar\u00e1 remitir las diligencias a los jueces civiles del circuito de Mocoa para lo de su cargo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa el 23 de agosto de 2023, en el asunto de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la remisi\u00f3n de las diligencias a los Jueces Civiles del Circuito de Mocoa \u2013reparto- para que asuma el conocimiento de la presente acci\u00f3n constitucional. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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