ATC1154-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1154-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2023-00188-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, contradicci\u00f3n, defensa y buen nombre supuestamente, vulneradas por la autoridad convocada, en desarrollo del proceso por responsabilidad fiscal n\u00b0 80233-064-118 promovido en su contra. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en s\u00edntesis, que la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica -Gerencia Departamental de C\u00f3rdoba adelanta el aludido juicio por el presunto \u00abdetrimento patrimonial mientras ejerc\u00eda como alcalde Municipal de Cotorra \u2013 C\u00f3rdoba para el periodo constitucional 2008-2011\u00bb, no obstante, relieva que no se le han garantizado las prerrogativas que depreca, y soporta su afirmaci\u00f3n en diferentes actuaciones desplegadas por el Contralor S\u00e9ptimo Delegado Intersectorial del Grupo Interno de Trabajo Coordinaci\u00f3n para la Responsabilidad Fiscal de la Unidad de Regal\u00edas de esa entidad. <\/p>\n
Puntualmente, reprocha que el precitado funcionario no se pronunci\u00f3 respecto de la nulidad incoada frente al fallo proferido el 7 de junio de 2023. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene \u00aba la Contralor\u00eda delegada Intersectorial No. 7\u00bb que resuelva la nulidad planteada el 16 de junio de 2023 y que al resolver \u00abd\u00e9 el an\u00e1lisis y estudio al dictamen pericial de parte (en el cual se fundamenta la solicitud de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal), prueba a la cual la contralor\u00eda no le dio el tr\u00e1mite que tiene establecido en la ley 1437 de 2011 en sus Art 219 y 220, aplicable por remisi\u00f3n expresa del Art. 66 de Ley 610 de 2000, siendo la ley 1437 de 2011\u00bb. <\/p>\n
4. Mediante fallo de 8 de agosto de 2023 el a quo deneg\u00f3 el auxilio reclamado, decisi\u00f3n que fue impugnada por el promotor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 predetermina el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Definici\u00f3n de la competencia <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que el reclamo no involucra actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n, de los funcionarios que, en forma expresa, enlista el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 20211), sino que se dirige frente a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, autoridad del orden nacional. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, considerando el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra una entidad, autoridad u organismo del orden nacional -como la aqu\u00ed involucrada- radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, que se\u00f1ala: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb Se resalta. <\/p>\n
De suerte que, el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional no correspond\u00eda tramitarlo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, sino a los jueces del circuito de esa localidad. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De conformidad con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia del tribunal a quo para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Monter\u00eda. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir de la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n supralegal, para que el funcionario que deba asumir el conocimiento del asunto determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC075-2023, 1 feb.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Mart\u00edn Emilio Jalal Ag\u00e1mez, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a los Jueces Civiles del Circuito de Monter\u00eda, para que se realice el respectivo reparto y se asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO. Por secretar\u00eda, comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Rep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del Fiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Rep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n, del Consejo Nacional Electoral, as\u00ed como, las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi\u00f3n e intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci\u00f3n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de funcionamiento, con fundamento en los art\u00edculos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, ser\u00e1n repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb <\/p>\n
1 <\/p>\n
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