ATC1168-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ATC1168-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00262-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 29 de agosto de 2023, con la cual se neg\u00f3 -por hecho superado- el amparo reclamado por Ricardo Le\u00f3n Beltr\u00e1n Vargas contra el Consejo Superior de la Judicatura -seccional Tolima-, de no ser porque se advierte que quien interpuso el recurso carece de legitimaci\u00f3n, lo que torna inviable su procedencia y le resta competencia funcional a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Al respecto, frente a la legitimaci\u00f3n en la causa, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos\u00bb. Y precisa que \u00ab[t]ambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
3. De lo anotado, se extrae que para ejercer la acci\u00f3n de tutela o asumir la defensa de una persona a trav\u00e9s de otra, es necesario demostrar que act\u00faa como representante legal o agente oficioso. Y si lo hace a trav\u00e9s de \u00ababogado titulado\u00bb, se le exige acreditar tal calidad profesional y \u00abpoder o mandato expreso\u00bb (CC T-550\/93 y T-878\/07). En el punto, se enfatiza que \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha expresado que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver entre otras, STC, 2 ago. 1996, rad. 3224; STC 4 feb. 2011, rad. n\u00ba 2010-00573-01 y STC3125-2017, 8 mar., rad. 00801-01). <\/p>\n
4. Bajo esos lineamientos, en el caso en concreto, se observa que quien impugna el fallo de primera instancia es Sa\u00fal Calder\u00f3n Mart\u00ednez desde el correo amadega1@hotmail.com, sin que para tal fin allegara un poder especial, ni se acreditara su reconocimiento en este tr\u00e1mite1. Ello, atendiendo a que el accionante es el se\u00f1or Ricardo Le\u00f3n Beltr\u00e1n Vargas quien -conforme al escrito de tutela- act\u00faa en nombre propio y recibe notificaciones en el correo electr\u00f3nico coinvisegjuridica13@hotmail.com. As\u00ed las cosas, no se advierte que exista un inter\u00e9s leg\u00edtimo por parte de Sa\u00fal Calder\u00f3n Mart\u00ednez para impugnar el fallo pues, reit\u00e9rese, este no es parte, ni vinculado, ni apoderado reconocido en el proceso; por tanto, no es posible que un tercero ajeno al proceso pueda controvertir la sentencia proferida. Sobre el inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
Del contenido de los art\u00edculos 13 y 31 del Decreto 2591 de 1991 se establece que los fallos de tutela pueden ser impugnados por el accionante, la autoridad o el representante del \u00f3rgano correspondiente contra quien se interpuso la demanda y el defensor del Pueblo. Tambi\u00e9n por quien tenga inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso en calidad de coadyuvante, bien del solicitante o de la autoridad contra la que se dirige la acci\u00f3n correspondiente. Para ello, deber\u00e1 acreditar que la decisi\u00f3n puede afectar sus derechos (Cfr. CC auto de 24 de julio de 1996). <\/p>\n
Lo anterior, sumado a que \u00abcuando un Juez se enfrenta con una solicitud de impugnaci\u00f3n, preciso es que se examine la legitimaci\u00f3n, el inter\u00e9s y la oportunidad respectiva\u00bb (CSJ STC 14 dic. 2010, rad. 00008-02, citada en ATC1445-2019, 17 sep. 2019, rad. 00424-01), y como en el caso analizado no se cumplen a cabalidad tales condiciones, la admisi\u00f3n del recurso deviene impr\u00f3spera. <\/p>\n
5. Finalmente, se advierte que la presente decisi\u00f3n se adopta mediante auto, manteniendo el criterio que en tal sentido se\u00f1al\u00f3 esta Sala con prove\u00eddo del 16 de abril de 2008 (rad. 2007-00272-01), reiterado en ATC1047-2020, 4 nov., rad. 00043-01; ATC549-2022, 27 abr., rad. 00241-01; ATC1396-2022, 20 sep., rad. 00225-01; ATC318-2023, 27 mar., rad. 00062-01, entre otros. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar inadmisible la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia inicialmente referida. <\/p>\n
SEGUNDO: Previa comunicaci\u00f3n de lo resuelto a las partes y a la Sala Civil-Familia del Tribunal de Ibagu\u00e9, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c12. Impugnaci\u00f3n.pdf\u201d. <\/p>\n
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