SC222-2023 (2018-00031-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC222-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3nn n.\u00b0 19001-31-03-004-2018-00031-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Columbus Networks de Colombia S.A.S., antes Lazus Colombia S.A.S., frente a la sentencia de 7 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, Sala Civil – Familia, dentro del proceso verbal que ella adelant\u00f3 contra Caucatel S.A. E.S.P. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Como la impugnaci\u00f3n extraordinaria de que se trata tiene alcances limitados, en tanto que solamente vers\u00f3 sobre las pretensiones segundas subsidiarias, como se establecer\u00e1 m\u00e1s adelante, basta aqu\u00ed memorar que las s\u00faplicas principales y el primer grupo de las subsidiarias apuntaron, en esencia, a la declaratoria de la existencia entre las partes de un contrato de arrendamiento, aquellas, o de suministro, las \u00faltimas, as\u00ed como el incumplimiento de uno u otro por la accionada; disponer la terminaci\u00f3n de tales convenciones; ordenar a la convocada \u201crealizar la remoci\u00f3n inmediata de sus redes en la [i]nfraestructura operada\u201d por la actora y, \u201cen caso de no hacerlo en un plazo de 30 d\u00edas calendario\u201d, autorizar a esta \u00faltima proceder a ello, \u201cpor cuenta y riesgo de CAUCATEL\u201d; y condenar a la demandada a pagar a la promotora $2.657.123.950 como contraprestaci\u00f3n entre el 26 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2017, o la que resulte probada en el proceso, la causada y la que se cause desde esta \u00faltima fecha hasta cuando se verifique el retiro atr\u00e1s mencionado, con los intereses moratorios a la tasa m\u00e1xima permitida por el art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio desde el 1\u00ba de septiembre de 2011. <\/p>\n
Adicionalmente, en el \u201cSegundo Grupo de Pretensiones Subsidiarias\u201d, solicit\u00f3 declarar que la convocada, \u201cpara la prestaci\u00f3n de servicios a sus clientes y usuarios, se ha enriquecido a expensas\u201d de la accionante, \u201csin justificaci\u00f3n alguna, mediante el uso y goce de la [i]nfraestructura, sobre la cual soporta su red de telecomunicaciones y dem\u00e1s equipos auxiliares desde el 26 de julio de 2011, sin asumir pago o contraprestaci\u00f3n\u201d alguna; condenarla, como consecuencia de lo anterior, a \u201ccompensar\u201d a la reclamante \u201cel valor en que (\u2026) se ha enriquecido (\u2026), desde el 26 de julio de 2011 y hasta cuando cese dicha situaci\u00f3n de enriquecimiento, valor que a 31 de diciembre de 2017 se calcula en DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTITR\u00c9S MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (COP $2.657\u2019123.959)\u201d, discriminada en la forma especificada en el libelo introductorio, \u201co la suma que resulte probada en el proceso\u201d, al igual que los \u201cintereses moratorios a la m\u00e1xima tasa prevista por la ley comercial para intereses de mora a partir del fallo que ordene la compensaci\u00f3n solicitada (\u2026), certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia o [la] entidad que haga sus veces\u201d; y ordenarle \u201cretirar de manera inmediata las redes de telecomunicaciones y sus accesorios de la [i]nfraestructura operada\u201d por la actora, \u201casumiendo todos los costos que demande dicha operaci\u00f3n, o en caso de no realizarlo en 30 d\u00edas calendario, se autorice a LAZUS para removerla por cuenta y riesgo de la [d]emandada\u201d. <\/p>\n
2. En sustento de tales pedimentos, adujo los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
2.1. Cedelca S.A. E.S.P., propietaria de la Infraestructura SRT (Soporte de Redes de Telecomunicaciones) sobre la que versaron las pretensiones del libelo introductorio, el 28 de junio de 2010, mediante contrato de arrendamiento, \u201cotorg\u00f3 el uso y goce\u201d de la misma a la Compa\u00f1\u00eda Energ\u00e9tica de Occidente S.A. E.S.P. <\/p>\n
2.2. La \u00faltima, el 26 de julio de 2011, inform\u00f3 a la aqu\u00ed accionada y a los operadores de servicios p\u00fablicos de telecomunicaciones que utilizaban la mencionada infraestructura, que desde dicha fecha \u201ctodos los requerimientos jur\u00eddicos, administrativos y comerciales referentes al uso de la Infraestructura SRT ser\u00edan gestionados \u00fanicamente por Promigas Telecomunicaciones S.A.\u201d, luego Lazus Colombia S.A.S, actualmente Columbus Networks de Colombia S.A.S., incluidos \u201clos acuerdos comerciales existentes y los posibles convenios contractuales\u201d. <\/p>\n
2.3. El 1\u00ba de agosto de 2011, la Compa\u00f1\u00eda Energ\u00e9tica de Occidente S.A. E.S.P. y la gestora de la controversia \u201ccelebraron un Contrato de Colaboraci\u00f3n Empresarial No. GG \u2013 169 A \u2013 2011\u201d, a trav\u00e9s del cual aqu\u00e9lla cedi\u00f3 a \u00e9sta \u201clos derechos de uso, goce y paso de la infraestructura SRT y de la infraestructura SRT [f]utura para la instalaci\u00f3n de redes de telecomunicaci\u00f3n, comprendiendo todos los bienes muebles e inmuebles sobre los cuales CEO ostenta tenencia, como postes, ductos, sistemas de soporte, amarre, torres, antenas, terrenos, derechos de servidumbre y dem\u00e1s que conforman la red de distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica en el Departamento del Cauca\u201d, el cual fue modificado mediante un otros\u00ed de 26 de febrero de 2015. <\/p>\n
2.5. La convocante y la Compa\u00f1\u00eda Energ\u00e9tica de Occidente S.A. presentaron el 29 de abril de 2015, ante el municipio de Popay\u00e1n, \u201cuna solicitud de amparo policivo con la intenci\u00f3n de hacer cesar la situaci\u00f3n irregular del uso de la infraestructura por parte de CAUCATEL, y de esta manera solicitar la ejecuci\u00f3n de las acciones necesarias para la restituci\u00f3n de esta\u201d, en relaci\u00f3n con la cual, la primera, el 26 de febrero de 2016, radic\u00f3 un \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d insistiendo en su acogimiento. <\/p>\n
2.6. Caucatel S.A. E.S.P. ha venido utilizando la referida infraestructura sin contraprestaci\u00f3n alguna, \u201ccon lo cual presenta una situaci\u00f3n de enriquecimiento injustificado que, de conformidad con lo establecido en el [a]rt\u00edculo 8 de la Ley 153 de 1887 y lo dispuesto en el art\u00edculo 831 del C\u00f3digo de Comercio debe cesar\u201d, toda vez que \u201cle sirve (\u2026) para prestar servicios a terceros sin realmente incurrir en el costo de uso de la infraestructura de la que hoy se sirve de forma completamente irregular en contrav\u00eda de los intereses de LAZUS\u201d. <\/p>\n
2.7. La demandada, contrariando el principio de la buena fe previsto en el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u201cha hecho caso omiso de los requerimientos y acercamientos amigables\u201d procurados por la actora para solucionar la indicada problem\u00e1tica y contin\u00faa \u201cusando la infraestructura sin la debida formalizaci\u00f3n y sin el reconocimiento econ\u00f3mico\u201d correspondiente, todo a costa de la demandante y de forma \u201cilegal, sirvi\u00e9ndose de ello para prestar servicios a terceros por los cuales recibe ingresos que no reflejan costos reales de operaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, al que le correspondi\u00f3 conocer el asunto, admiti\u00f3 la demanda con auto de 6 de abril de 2018, que fue notificado a la accionada en la forma de los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, quien dej\u00f3 transcurrir en silencio el t\u00e9rmino del traslado. <\/p>\n
4. Agotado el tr\u00e1mite procesal y previa ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino para emitir el respectivo fallo, el juzgado de conocimiento dict\u00f3 sentencia en audiencia practicada el 24 de abril de 2019, en la que declar\u00f3 el enriquecimiento sin causa deprecado; conden\u00f3 a la demandada a pagarle a la actora $1.688.090.292, junto con \u201clos intereses moratorios sobre la suma calculada a partir de los treinta d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la presente providencia\u201d; orden\u00f3 a la primera \u201cretirar de manera inmediata sus redes de telecomunicaciones y accesorios de la infraestructura administrada\u201d por la segunda, so pena de que, en caso de no hacerlo en el mismo plazo, la \u00faltima realice tal labor; neg\u00f3 las restantes peticiones del libelo introductorio; e impuso las costas del proceso a la accionada. <\/p>\n
5. Al desatar la apelaci\u00f3n que las dos partes interpusieron, el juzgador ad quem, en prove\u00eddo de 7 de mayo de 2021, revoc\u00f3 el acogimiento parcial que se hizo de la acci\u00f3n y, en defecto del mismo, neg\u00f3 \u201clas pretensiones de declaratoria de enriquecimiento sin causa y sus derivadas\u201d, confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de las restantes s\u00faplicas de la actora y la conden\u00f3 en las costas de ambas instancias. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Tras advertir la satisfacci\u00f3n de los presupuestos procesales y la inexistencia de motivos de nulidad que pudieran ocasionar la invalidaci\u00f3n de lo actuado, el fallador de segundo grado, para arribar a las decisiones que adopt\u00f3, adujo los argumentos que pasan a compendiarse: <\/p>\n
1. Estableci\u00f3 que los problemas jur\u00eddicos que correspond\u00eda resolver eran los siguientes: la legitimaci\u00f3n de la accionante; la comprobaci\u00f3n de la existencia de un contrato de arrendamiento entre las partes; el acierto del reconocimiento que se hizo del enriquecimiento sin causa y de las condenas derivadas de \u00e9l; y si proced\u00eda aplicar la sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Sobre lo primero, de entrada, anunci\u00f3 que \u201c[l]a tesis de la Sala es que la demandante carece de legitimaci\u00f3n en la causa para accionar por la v\u00eda civil en contra de CAUCATEL S.A., E.S.P., pues a la no acreditaci\u00f3n de la existencia de los contratos por ella deprecados -en lo que puede considerarse atinado el fallo impugnado-, fue desacertado el reconocimiento del enriquecimiento sin causa pedido por la actora -aunque no propiamente por lo arg\u00fcido por la demandada-, lo que conlleva a denegar todas las pretensiones de la demanda\u201d. <\/p>\n
3. En respaldo de esa postura, expuso: <\/p>\n
3.2. Memor\u00f3 los argumentos esgrimidos por la demandada para cuestionar la legitimaci\u00f3n de su contraparte referidos, en esencia, a la inexistencia entre ellas de un v\u00ednculo contractual que justifique las pretensiones. <\/p>\n
3.3. Arrib\u00f3, con base en los contratos de \u201cgesti\u00f3n\u201d y de \u201ccolaboraci\u00f3n empresarial\u201d celebrados por Centrales El\u00e9ctricas del Cauca S.A. E.S.P., y Promigas Telecomunicaciones S.A., luego Lazus de Colombia S.A.S. y, actualmente, Columbus Networks de Colombia S.A.S., que reprodujo en lo que estim\u00f3 pertinente, a las siguientes conclusiones: <\/p>\n
3.3.1. No \u201cle asiste la raz\u00f3n a la demandada cuando plate[\u00f3] que solo la COMPA\u00d1\u00cdA DE ENERG\u00cdA DE OCCIDENTE o CEDELCA -y principalmente esta \u00faltima- estar\u00edan autorizadas para presentar alguna reclamaci\u00f3n en su contra, por el uso que viene haciendo desde anta\u00f1o de la denominada infraestructura SRT (Soporte de Redes de Telecomunicaciones)\u201d. <\/p>\n
3.3.2. La gestora de este asunto litigioso \u201ccarece de la legitimaci\u00f3n requerida para accionar directamente por la v\u00eda judicial en la forma que lo hizo\u201d. <\/p>\n
3.3.3. No obstante lo anterior, las se\u00f1aladas convenciones \u201crespalda[n] la legitimaci\u00f3n de la demandante para[,] por lo menos[,] intentar las reclamaciones a terceros por el uso que estos hacen de la mencionada infraestructura SRT, en donde adem\u00e1s se evidencia que LAZUS no era una mera mandataria de CEO, como equivocadamente lleg[\u00f3] a manifestarlo la demandada -pues el contrato de colaboraci\u00f3n empresarial entre [\u00e9]stas, expresamente se diferenci\u00f3 de dicha tipolog\u00eda contractual-\u201d, raz\u00f3n por la cual \u201cno es de recibo por tal aspecto la impugnaci\u00f3n de CAUCATEL\u201d. <\/p>\n
3.3.4. El reconocimiento, \u201cen t\u00e9rminos amplios\u201d, de la \u201clegitimaci\u00f3n que de manera general -mas no espec\u00edfica como se seguir\u00e1 viendo- le asiste a LAZUS COLOMBIA S.A.S. para reclamar contra CAUCATEL por el uso de la denominada infraestructura SRT\u201d, no permite, por s\u00ed s\u00f3lo, \u201cdespachar favorablemente sus primeros pedimentos, como acertadamente lo resolvi\u00f3 (\u2026) la a quo, en donde a la postre, no lleg\u00f3 a acreditarse la titularidad del derecho sustancial espec\u00edficamente reclamado en tales segmentos de la demanda, pues como pasa a verse, pese a sus esfuerzos argumentativos, la demandante no logr\u00f3 demostrar las invocadas calidades de arrendadora o proveedora a las que por v\u00eda de presunci\u00f3n aspir\u00f3 a acceder\u201d. <\/p>\n
4. Llegado a este punto, luego de recordar que las pretensiones principales y las primeras subsidiarias refirieron la existencia entre las partes de un contrato de arrendamiento, aquellas, y de suministro, \u00e9stas, el juzgador ad quem asever\u00f3 que \u201cno se logr\u00f3 acreditar\u201d ninguno de esos negocios jur\u00eddicos, \u201cni la contraprestaci\u00f3n a la que presuntamente se oblig\u00f3 \u2018voluntariamente\u2019 CAUCATEL por dicho uso\u201d, inferencia en torno de la cual explic\u00f3: <\/p>\n
4.1. De lo expresado en la demanda con la que se dio inicio al proceso, \u201cde ninguna manera se deduce una aceptaci\u00f3n, conformidad o allanamiento de la parte demandada, a \u2018pagar\u2019 o \u2018reconocer\u2019 una renta o precio por la utilizaci\u00f3n de la infraestructura en favor de la demandante o un tercero\u201d. <\/p>\n
Muy por el contrario, como igualmente se se\u00f1al\u00f3 en ese libelo introductorio, la actora \u201cno recibi\u00f3 respuesta alguna por parte de CAUCATEL frente a los m\u00faltiples requerimientos realizados por la demandante tendientes a formalizar esa supuesta relaci\u00f3n contractual y concretar el pago de un precio, y tal silencio en lo absoluto puede entenderse como un reconocimiento t\u00e1cito o impl\u00edcito de una obligaci\u00f3n pecuniaria a cargo de la demandada, ni mucho menos permite inferir su intenci\u00f3n o disposici\u00f3n de celebrar alg\u00fan convenio con la contraparte\u201d. <\/p>\n
4.2. Igual ocurri\u00f3 frente al supuesto contrato de suministro, que al tenor del art\u00edculo 968 del C\u00f3digo de Comercio tambi\u00e9n requiere una contraprestaci\u00f3n a cargo del suministrado, \u201cobligaci\u00f3n \u00e9sta que como se indic\u00f3 en el p\u00e1rrafo anterior, no se puede deducir del comportamiento silente o desentendido que asumi\u00f3 CAUCATEL frente a las misivas de Lazus\u201d. <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, \u201cno se cuenta con ning\u00fan medio suasorio de donde se desprenda inequ\u00edvocamente la intenci\u00f3n de la demandada de pagar una renta o precio por el uso de la infraestructura a la demandante, o al menos del reconocimiento expreso o t\u00e1cito que hiciere a esta \u00faltima como su arrendadora o proveedora\u201d y, en tal virtud, \u201clas pretensiones declarativas de esos negocios jur\u00eddicos est\u00e1n llamadas al fracaso\u201d. <\/p>\n
4.4. Al efecto, no es suficiente la presunci\u00f3n de certeza de los hechos de la demanda, derivada de la falta de contestaci\u00f3n de la misma y de la inasistencia de la accionada a la audiencia inicial (arts. 97 y 372-4, C. G. del P.), pues los fundamentos f\u00e1cticos esgrimidos en el escrito introductorio \u201clejos quedan de acreditar la celebraci\u00f3n de cualquiera de los contratos que unilateralmente adu[jo] la parte actora\u201d. <\/p>\n
Tampoco sirven a ese prop\u00f3sito, \u201clos conceptos jurisprudenciales de la sentencia invocada por la demandante\u201d, en tanto que no hay \u201canalog\u00eda f\u00e1ctica\u201d entre el presente asunto y el caso resuelto por la Corte en dicho prove\u00eddo, que vers\u00f3 sobre la existencia de una \u201csociedad de hecho\u201d. <\/p>\n
4.5. Por consiguiente, \u201c[n]o hay lugar a rebatir (\u2026), lo decidido por la a quo en relaci\u00f3n con las pretensiones principales y primeras subsidiarias de la demanda de la referencia\u201d. <\/p>\n
5. En torno de los pedimentos relativos a la ocurrencia de un enriquecimiento sin justa causa por la convocada en perjuicio de la accionante, se establece que \u201cla regla de subsidiariedad que en apariencia crey\u00f3 cumplida la a quo con la negativa de las pretensiones de declaraci\u00f3n de existencia contractual -las principales y las primeras subsidiarias- NO SE ENCUENTRA PRESENTE, toda vez que[,] contrariamente a lo afirmado en su fallo, s\u00ed existen en el ordenamiento jur\u00eddico otros mecanismos para que la demandante le reclamara a la demandada por la utilizaci\u00f3n de la mencionada infraestructura\u201d, cuesti\u00f3n que sustent\u00f3 con los planteamientos que a continuaci\u00f3n se delinean: <\/p>\n
5.1. La Ley 1341 de 2009 contiene \u201cuna serie de reglas para la soluci\u00f3n de controversias como la aqu\u00ed sostenida\u201d, referidas a mecanismos resolutorios que son de competencia exclusiva de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones (CRC), explicadas en los considerandos de la Resoluci\u00f3n 4245 de 2013 expedida por tal ente, que el Tribunal reprodujo a espacio. <\/p>\n
5.2. Dichas ley y resoluci\u00f3n, la primera, a partir de su art\u00edculo 41 y la segunda, por la remisi\u00f3n que hizo a aqu\u00e9lla, previeron que \u201cen caso de que el proveedor de infraestructura y el proveedor de servicios de telecomunicaciones \u2018no logren llegar a un acuerdo sobre las condiciones que han de regir la utilizaci\u00f3n de la infraestructura solicitada, cualquiera de las partes podr\u00e1 solicitar a la CRC que inicie, de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 43 de la Ley 1341 de 2009, el tr\u00e1mite administrativo correspondiente para dirimir la controversia surgida\u2019 (Art. 5, par\u00e1grafo 2\u00ba, Res 4245\/2013)\u201d. <\/p>\n
5.3. Significa lo anterior que la funcionaria de primera instancia accedi\u00f3 a las segundas pretensiones subsidiarias \u201csin percatarse de que, contrariamente a lo que dej\u00f3 sentado en su fallo, ese cuarto requisito de la acci\u00f3n in rem verso no lleg\u00f3 a configurarse, pues la sola negativa a declarar la existencia de los negocios jur\u00eddicos enunciados en las pretensiones principales y primer grupo de subsidiarias no lo actualizaba autom\u00e1ticamente, al existir desde anta\u00f1o el mecanismo expresamente dispuesto por el legislador para ventilar ese tipo de reclamaciones y que a todas luces se muestra m\u00e1s id\u00f3neo para dirimir la tem\u00e1tica planteada, dada la naturaleza t\u00e9cnica de la misma\u201d. <\/p>\n
Observ\u00f3, adicionalmente, que conforme aparece indicado en la demanda, ya \u201cse llev\u00f3 a cabo la \u2018etapa de arreglo directo\u2019 (hecho 10 del libelo) que hace parte precisamente del pre\u00e1mbulo a la actuaci\u00f3n administrativa prevista en la ley y la resoluci\u00f3n mencionada[s], y sin que sea menester profundizar en los reparos sobre la ausencia de prueba id\u00f3nea del desequilibrio econ\u00f3mico o \u2018empobrecimiento\u2019 que alega la parte actora a consecuencia del obrar de la demandada, y que pretendi\u00f3 suplir aquella con el mismo juramento estimatorio formulado para las pretensiones principales y primeras subsidiarias, al no abrirse paso tampoco las segundas subsidiarias\u201d. <\/p>\n
5.4. En tal orden de ideas, luego de se\u00f1alar, con invocaci\u00f3n de un fallo de la Corte, el sentido y alcance del requisito de subsidiariedad que integra el plexo de condiciones axiol\u00f3gicas de la acci\u00f3n de enriquecimiento, el Tribunal concluy\u00f3 que, \u201cde cara al caso[,] la demandante no se encuentra legitimada en la causa\u201d para haber intentado la precisada acci\u00f3n, \u201cal haber contado y contar a\u00fan con los mecanismos legales ya indicados para los fines por ella pretendidos\u201d. <\/p>\n
6. En definitiva, el sentenciador de segunda instancia consider\u00f3 respondidos \u201cnegativamente los tres primeros problemas jur\u00eddicos propuestos, en el sentido de se\u00f1alar que LAZUS COLOMBIA S.A.S. carece de legitimaci\u00f3n en la causa para iniciar la presente acci\u00f3n en contra de CAUCATEL S.A., E.S.P., puesto que no se demostr\u00f3 la existencia de contrato de arrendamiento o de suministro entre las partes, y tampoco era procedente la subsidiaria pretensi\u00f3n de enriquecimiento sin causa. En tal virtud y por sustracci\u00f3n de materia, no hay lugar a adentrarse en los subsiguientes problemas jur\u00eddicos formulados a partir de los restantes planteamientos y reparos de los apelantes\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contiene tres acusaciones, de las cuales la Sala inadmiti\u00f3 las dos iniciales y el magistrado ponente acept\u00f3 a tr\u00e1mite la \u00faltima, conforme aparece resuelto en auto de 31 de marzo de 2022, raz\u00f3n por la cual la Corte circunscribir\u00e1 el estudio subsiguiente al reproche final propuesto por el recurrente. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la sentencia del fallador ad quem por ser directamente violatoria de los art\u00edculos 22, numerales 3\u00ba, 5\u00ba y 9\u00ba, y 41 a 49 de la Ley 1341 de 2009, por aplicaci\u00f3n indebida; y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 831 del C\u00f3digo de Comercio, 5\u00ba, 8\u00ba y 48 de la Ley 153 de 1887, por no haberlos hecho actuar. <\/p>\n
En sustento del reparo, su autor, en s\u00edntesis, expres\u00f3: <\/p>\n
1. Iniciando con la reproducci\u00f3n de la totalidad de las normas se\u00f1aladas como quebrantadas, tras lo cual record\u00f3 que, en criterio de esta Corporaci\u00f3n, el enriquecimiento sin justa causa \u201cest\u00e1 soportado en la equidad como principio general del derecho\u201d, hoy en d\u00eda previsto como tal en el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y que aquella figura jur\u00eddica qued\u00f3 positivizada en el art\u00edculo 831 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n acot\u00f3 que la acusaci\u00f3n no combate las conclusiones f\u00e1cticas obtenidas por los sentenciadores de instancia, relativas a la falta de demostraci\u00f3n de la existencia entre las partes de un contrato de arrendamiento y\/o de suministro, que provoc\u00f3 el fracaso de las pretensiones principales y primeras subsidiarias, raz\u00f3n por la cual concentr\u00f3 su atenci\u00f3n en los fundamentos que esgrimi\u00f3 el Tribunal para negar el enriquecimiento sin justa causa impetrado en las segundas subsidiarias, que igualmente transcribi\u00f3 en extenso. <\/p>\n
3. Enseguida, con invocaci\u00f3n de un fallo de esta Corporaci\u00f3n, refiri\u00f3 a la premencionada acci\u00f3n, en torno de la cual destac\u00f3 que para que su proponente cuente con legitimaci\u00f3n en la causa, es indispensable que \u201c(\u2026) \u2018(\u2026) carezca de cualquier otra acci\u00f3n originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Sentadas esas premisas generales, puntualiz\u00f3 que \u201cel objetivo de este cargo es derruir la conclusi\u00f3n del Tribunal acerca de que existe otro mecanismo legal al cual puede acudir la parte demandante para obtener lo reclamado a trav\u00e9s de la pretensi\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa\u201d, habida cuenta que, en concepto de esa autoridad, \u201clo solicitado por medio de la pretensi\u00f3n subsidiaria de enriquecimiento sin causa planteada en la demanda, puede ser conseguido ante la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones (CRC), ya que \u00e9sta es competente para hacer dicho reconocimiento a trav\u00e9s del procedimiento administrativo de que tratan las normas denunciadas en esta censura como indebidamente aplicadas, de suerte que en el sub lite no se cumplen todos los requisitos axiol\u00f3gicos para la prosperidad de la actio in rem verso, toda vez que la aqu\u00ed recurrente en casaci\u00f3n todav\u00eda cuenta con una v\u00eda administrativa para obtener lo perseguido mediante dicho pedimento\u201d. <\/p>\n
5. En pro de la obtenci\u00f3n del anunciado objetivo, el censor esgrimi\u00f3: <\/p>\n
5.1. La Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones \u201cno tiene funciones jurisdiccionales sino netamente administrativas\u201d, planteamiento que soport\u00f3 con las reproducciones que hizo de algunos segmentos de la sentencia C-1120 de 2005 de la Corte Constitucional y de los conceptos emitidos, de un lado, por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 26 de octubre de 2016 y, de otro, por la prenombrada comisi\u00f3n, con No. 537784, de 6 de diciembre de 2018. <\/p>\n
5.2. A continuaci\u00f3n puso de presente el \u00e1mbito restringido de la funci\u00f3n administrativa de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones al dirimir conflictos, en tanto se limita al \u201cmarco de sus competencias\u201d, seg\u00fan lo dedujo de las sentencias C-1120 de 2005 y C-186 de 2011 de la Corte Constitucional, que igualmente transcribi\u00f3 en lo que estim\u00f3 pertinente. <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, copi\u00f3 el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado identificado con el radicado 11001-03-06-000-2016-00074-00 (2293) de 24 de octubre de 2016 y, con base en \u00e9l y en aquellos fallos, coligi\u00f3 que dicha competencia est\u00e1 circunscrita a dos supuestos: de un lado, los conflictos derivados de \u201clos acuerdos, convenios o contratos de interconexi\u00f3n celebrados entre tales sujetos, los cuales se perfeccionan con fundamento en la denominada Oferta B\u00e1sica de Interconexi\u00f3n -OBI-\u201d; y, de otro, las controversias relacionadas con \u201cla imposici\u00f3n de la servidumbre de acceso, uso e interconexi\u00f3n, en los supuestos en los que no se logr\u00f3 ajustar dicho acuerdo, convenio o contrato de interconexi\u00f3n entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones\u201d, en ambas hip\u00f3tesis bajo el entendido que la actividad de la Comisi\u00f3n apunta siempre a \u201cla protecci\u00f3n de intereses p\u00fablicos superiores\u201d. <\/p>\n
5.3. As\u00ed las cosas, asever\u00f3: <\/p>\n
En este orden de ideas, es claro que quedan por fuera de la funci\u00f3n o competencia administrativa de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones (CRC) no s\u00f3lo las controversias que se susciten entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones respecto de los acuerdos, convenios o contratos de interconexi\u00f3n que ellos celebran, cuando dichas disputas involucren intereses privados -por ejemplo, la declaratoria de un incumplimiento contractual y su consecuencial indemnizaci\u00f3n de perjuicios- y no intereses p\u00fablicos superiores que son los llamados a ser protegidos y salvaguardados por dicha Comisi\u00f3n, sino aquellos conflictos que se presenten entre proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que no obedezcan a la existencia de un acuerdo, convenio o contrato celebrado en virtud de la Oferta B\u00e1sica de Interconexi\u00f3n (OBI), salvo por lo concerniente a la imposici\u00f3n de la servidumbre de uso, acceso o interconexi\u00f3n cuando no se consiga perfeccionar dicho negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
(\u2026) Lo anterior significa, que no son de conocimiento o de competencia de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones (CRC), entre otros asuntos, aquellos que toquen con la responsabilidad civil contractual o extracontractual y el enriquecimiento sin justa causa de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. <\/p>\n
5.4. En refuerzo de la precedente conclusi\u00f3n, el censor trajo a colaci\u00f3n \u201cextractos de algunos actos administrativos de car\u00e1cter particular emitidos por la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones (CRC), al dirimir, en el marco de sus competencias[,] algunos casos concretos\u201d, de modo que transcribi\u00f3 segmentos de las Resoluciones 4199 de 2013, 5370 y 5415 de 2018, as\u00ed como la opini\u00f3n consignada en una tesis doctoral, relacionada con la materia. <\/p>\n
6. Con reiteraci\u00f3n de muchos de los puntos atr\u00e1s consignados, el impugnante insisti\u00f3 en que la competencia de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones \u201cno la habilita para decidir acerca de las controversias en las que est\u00e9n involucrados intereses eminentemente privados de tales sujetos, tal como sucede en el presente asunto en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa\u201d, que \u201cseg\u00fan la errada tesis del ad quem s\u00ed pod\u00eda dirimir\u201d. <\/p>\n
7. Al cierre, advirti\u00f3 sobre el car\u00e1cter manifiesto y trascedente del error cometido por el Tribunal al punto que, agreg\u00f3, si esa Corporaci\u00f3n no hubiese incurrido en \u00e9l, \u201chabr\u00eda tenido que estudiar los reparos concretos propuestos por la parte demandante en su apelaci\u00f3n respecto a la correcta cuantificaci\u00f3n de la suma de dinero que deb\u00eda serle restituida y en la cual fue condenada la demandada en la sentencia de primera instancia, para entonces reconocer a favor de la parte actora un mayor valor, o confirmar el fallo de primer grado en los t\u00e9rminos proferidos por el a quo\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero precisar el car\u00e1cter restringido de la acusaci\u00f3n cuyo estudio emprende la Sala, toda vez que, como se desprende del compendio que de ella se dej\u00f3 consignado, la inconformidad del recurrente \u00fanicamente vers\u00f3 sobre la desestimaci\u00f3n que el Tribunal hizo del segundo grupo de pretensiones subsidiarias, en las que la actora solicit\u00f3 declarar el enriquecimiento sin justa causa de la demandada y las consiguientes condenas derivadas de ello. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, al venir edificado el cargo sobre la causal primera de casaci\u00f3n -violaci\u00f3n directa de la ley sustancial-, su proponente expresamente acogi\u00f3 las conclusiones f\u00e1cticas de dicho sentenciador, en particular, las relacionadas, de un lado, con la falta de demostraci\u00f3n de los contratos de arrendamiento y\/o suministro sobre los que trataron, en su orden, las s\u00faplicas principales y las subsidiarias iniciales; y, de otro, con el fracaso de las mismas, determinaciones que, por ende, quedan por fuera del examen casacional a cargo de la Corte. <\/p>\n
2. El juzgador ad quem, frente al mencionado segundo grupo de pretensiones subsidiarias que, rep\u00edtese, estuvo dirigido a que se reconociera que la demandada se viene enriqueciendo injustificadamente en detrimento de la actora, al utilizar la infraestructura SRT administrada por esta sin pagarle ninguna contraprestaci\u00f3n, coligi\u00f3 su fracaso como quiera que, respecto del requisito de subsidiariedad, uno de los elementos axiol\u00f3gicos de la actio in rem verso, hall\u00f3 que \u201cNO SE ENCUENTRA PRESENTE, toda vez que (\u2026), s\u00ed existen en el ordenamiento jur\u00eddico otros mecanismos para que la demandante le reclamara a la demandada por la utilizaci\u00f3n de la mencionada infraestructura\u201d (subrayas fuera del texto). <\/p>\n
Mediante la reproducci\u00f3n de \u201clos considerandos\u201d de la Resoluci\u00f3n 4245 de 2013 expedida por la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones, dicho sentenciador resalt\u00f3: <\/p>\n
En primer lugar, que el nombrado ente \u201c(\u2026) \u2018posee plenas facultades para definir, tanto por v\u00eda de resoluciones generales como particulares, las condiciones remuneratorias en que debe surtirse el acceso y utilizaci\u00f3n de redes e infraestructura en la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones y televisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, que \u201cle asiste a esta comisi\u00f3n la competencia para resolver mediante acto administrativo las diferencias que existan entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones o los operadores de televisi\u00f3n frente a los propietarios de la infraestructura que pretende ser utilizada por aquellos en la prestaci\u00f3n de sus servicios a efecto de lo cual deber\u00e1 darse aplicaci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 41 y siguientes de la Ley 1341 de 2009, que definen el procedimiento legal que en sede administrativa deber\u00e1 ser observado para resolver las controversias que impidan a un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones o a un operador de televisi\u00f3n acceder a la infraestructura el\u00e9ctrica, O DIRIMIR LAS DIVERGENCIAS QUE SE SUSCITEN DURANTE EL DESENVOLVIMIENTO DEL ACCESO Y USO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE ENERG\u00cdA EL\u00c9CTRICA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES o de los operadores de televisi\u00f3n PARA LA PRESTACI\u00d3N DE SUS SERVICIOS UNA VEZ EL ACCESO SE HAYA PRODUCIDO\u2019\u201d. <\/p>\n
Y, en tercer puesto, que \u201cen caso de no alcanzarse mutuo acuerdo entre las partes, la CRC definir\u00e1 las condiciones en que la compartici\u00f3n ser\u00e1 llevada a cabo, con base en la metodolog\u00eda de contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica que se determina en la presente resoluci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Fincado en el articulado tanto de la ley como de la resoluci\u00f3n atr\u00e1s identificadas, el Tribunal a\u00f1adi\u00f3 que en el supuesto de que \u201cel proveedor de infraestructura y el proveedor de servicios de telecomunicaciones \u2018no logren llegar a un acuerdo sobre las condiciones que han de regir la utilizaci\u00f3n de la infraestructura solicitada, cualquiera de las partes podr\u00e1 solicitar a la CRC que inicie, de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 43 de la Ley 1341 de 2009, el tr\u00e1mite administrativo correspondiente para dirimir la controversia surgida\u2019 (Art. 5, par\u00e1grafo 2\u00ba, Res. 4245\/2013)\u201d. <\/p>\n
3. Propio es colegir, entonces, que el juzgador predic\u00f3 la insatisfacci\u00f3n, en el caso sub lite, del requisito axiol\u00f3gico de subsidiaridad propio de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa, debido a la existencia de otro mecanismo legal para solucionar la problem\u00e1tica suscitada entre las litigantes, consistente en la utilizaci\u00f3n por la demandada, para prestar el servicio de telecomunicaciones que brinda a sus clientes, de la infraestructura SRT administrada por la accionante, sin que est\u00e9n definidas las condiciones para ello, en particular, la contraprestaci\u00f3n a que hay lugar por tal uso, habida cuenta de la carencia de un acuerdo, contrato o convenci\u00f3n sobre el particular, establecido previamente por ellas. <\/p>\n
Al efecto, como viene de verse, invoc\u00f3 el tr\u00e1mite administrativo de competencia de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones consagrado en la Ley 1341 de 2009 y en la Resoluci\u00f3n 4245 de 2013 emitida por ese mismo organismo, en concreto, aqu\u00e9l que cualquiera de los interesados puede solicitar, ante su imposibilidad de llegar a un arreglo directo sobre los t\u00e9rminos del uso de la infraestructura necesaria para la prestaci\u00f3n del servicio de telecomunicaciones, para que sea la precitada Comisi\u00f3n la que defina \u201clas condiciones\u201d en que dicha \u201ccompartici\u00f3n\u201d sea \u201cllevada a cabo, con base en la metodolog\u00eda de contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d establecida en la se\u00f1alada resoluci\u00f3n. <\/p>\n
4. No obstante ser ese el genuino sentido del argumento blandido por el sentenciador de segunda instancia, el recurrente tild\u00f3 de errada la conclusi\u00f3n, seg\u00fan \u00e9l, de que \u201cexiste otro mecanismo legal al cual puede acudir la parte demandante para obtener lo reclamado a trav\u00e9s de la pretensi\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa\u201d, pues tal pronunciamiento \u201cpuede ser conseguido ante la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Telecomunicaciones (CRT), ya que \u00e9sta es competente para hacer dicho reconocimiento a trav\u00e9s del procedimiento administrativo de que tratan las normas denunciadas\u201d (subrayas fuera del texto). <\/p>\n
Del contraste de unos y otros argumentos, los del Tribunal, de un lado, y los del impugnante, de otro, aflora con nitidez el desenfoque de los segundos frente a los primeros, en tanto que, como ya qued\u00f3 registrado, mientras esa autoridad aludi\u00f3 a la existencia de un mecanismo legal id\u00f3neo para fijar las condiciones de utilizaci\u00f3n por parte de la demandada de la infraestructura SRT administrada por la actora, especialmente, la contraprestaci\u00f3n respectiva, el censor adujo que dicho juzgador se refiri\u00f3 a que el tr\u00e1mite administrativo que invoc\u00f3, serv\u00eda para definir la acci\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa impetrada en el segundo grupo de pretensiones subsidiarias. <\/p>\n
Al respecto, debe enfatizarse, por una parte, que el juez de la apelaci\u00f3n, ni expresa, ni impl\u00edcitamente, afirm\u00f3 que mediante el diligenciamiento administrativo desarrollado en la Ley 1341 de 2009 y al que remiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n 4245 de 2013 expedida por la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones, este ente pod\u00eda resolver pretensiones de enriquecimiento sin causa; y, por otra, que tal inferencia es resultado \u00fanicamente de la indebida comprensi\u00f3n o de la inventiva del censor, puesto que, como ya qued\u00f3 explicado, otro fue el sentido del planteamiento enarbolado por la sede judicial ad quem para sustentar el fracaso de la actio in rem verso a que se circunscribieron las s\u00faplicas finales del libelo introductorio. <\/p>\n
En cuanto hace al defecto atr\u00e1s detectado, es del caso insistir en que, por aplicaci\u00f3n de la exigencia de que todos los cargos que se propongan en casaci\u00f3n deben formularse con \u201cexposici\u00f3n de los fundamentos, (\u2026), en forma clara, precisa y completa\u201d, consagrada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, la adecuada sustentaci\u00f3n de cualquier reproche de ese linaje, particularmente, de los fincados en las causales primera y segunda que sirven al mencionado recurso extraordinario, requiere \u201cuna refutaci\u00f3n sim\u00e9trica a la providencia objeto del ataque, de modo que, con base en tales planteamientos, resulten desvirtuados en su integridad los genuinos fundamentos en que se respalda esa determinaci\u00f3n\u201d, es decir, que se torna \u201cindispensable la plena correspondencia entre los argumentos que sustentan el fallo y los espec\u00edficos desperfectos que por la v\u00eda de la violaci\u00f3n de los preceptos materiales se denuncia, lo que se traduce en la completitud de la inculpaci\u00f3n, traducida en la necesidad de no dejar por fuera del reproche \u2018ninguno de los pilares esgrimidos por el juzgador de instancia\u2019; y, en el enfoque de la censura, t\u00f3pico ata\u00f1edero a que \u00e9sta verse sobre \u2018los verdaderos motivos que soporten el prove\u00eddo generador de la inconformidad, y no sobre unos que no tengan tal car\u00e1cter, surgidos de su inadecuada comprensi\u00f3n por parte del recurrente o de la inventiva de \u00e9ste\u2019 (CSJ, SC 18563-2016, 16 dic., rad. 2009-00438-01; CJS SC4857-2020, 7 dic., rad. 2006-00042-01) (CSJ, SC 3344 de 26 de agosto de 2021, Rad. n.\u00b0 2012-00021-01; se subraya). <\/p>\n
Es pues notoria la desarmon\u00eda de la cesura y, consecuentemente, su fracaso, en la medida que, circunscrita a combatir un argumento en verdad inexistente, como fue que, en criterio del Tribunal, el tr\u00e1mite administrativo que invoc\u00f3 serv\u00eda para resolver la acci\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa izada en la demanda, la acusaci\u00f3n cay\u00f3 al vac\u00edo; y porque, adicionalmente, al no haberse cuestionado el verdadero planteamiento sustentante de fallo recurrido, esto es, que el enriquecimiento sin justa causa impetrado no pod\u00eda acogerse debido a que la actora contaba, y aun cuenta, con otro mecanismo legal para solicitar se fijen las condiciones de utilizaci\u00f3n por parte de la convocada de la red SRT administrada por aquella, incluida, la contraprestaci\u00f3n a que hay lugar por ese uso, dicho fundamento se mantiene enhiesto y, por ende, contin\u00faa brind\u00e1ndole suficiente respaldo a la sentencia confutada, la cual, por lo mismo, se conserva erguida. <\/p>\n
5. Pese a que el cargo no est\u00e1 llamado a buen suceso por las razones atr\u00e1s dilucidadas, de soslayarse su desacople y, en gracia de discusi\u00f3n, entenderse que la inconformidad del recurrente recay\u00f3 en que el tr\u00e1mite administrativo invocado por el sentenciador de segunda instancia no corresponde a un mecanismo de soluci\u00f3n de la problem\u00e1tica suscitada entre las partes que impida el reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa deprecado en el segundo grupo de pretensiones subsidiarias, no habr\u00eda c\u00f3mo llegar a una decisi\u00f3n diferente a su desestimaci\u00f3n, seg\u00fan pasa a explicarse: <\/p>\n
5.1. Para no incurrir en innecesarias repeticiones, bien puede sostenerse que el juzgador colegiado soport\u00f3 la negativa que adopt\u00f3 en frente de la actio in rem verso, en dos razonamientos espec\u00edficos: el primero, que uno de los elementos axiol\u00f3gicos de dicha acci\u00f3n es su car\u00e1cter residual o subsidiario, de modo que ella s\u00f3lo tiene cabida cuanto quien la propone, no tiene a su alcance ning\u00fan otro mecanismo legal para conjurar el desequilibrio econ\u00f3mico que la sustenta; y, el segundo, que en el caso sub lite, ese requisito no se cumple, toda vez que la demandante tuvo y a\u00fan tiene en su haber el tr\u00e1mite administrativo contemplado en la Ley 1341 de 2009, mediante el cual la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones puede zanjar sus diferencias con la demandada por el uso que \u00e9sta viene haciendo de la infraestructura SRT a su cargo, que utiliza para la prestaci\u00f3n del servicio de telecomunicaciones constitutivo de su objeto. <\/p>\n
5.2. Siendo ello as\u00ed, se establece que ninguno de los planteamientos en precedencia puntualizados comporta la comisi\u00f3n por parte del Tribunal de alg\u00fan error jur\u00eddico, toda vez que, como pasa a verse, ambos guardan conformidad con el orden legal: <\/p>\n
5.2.1. No hay duda de que, entre otros presupuestos, la acci\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa requiere, como de vieja data lo precis\u00f3 la Corte, \u201cque el demandante, a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acci\u00f3n originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que brotan de los derechos absolutos\u201d (CSJ, SC de 19 de noviembre de 1936, G.J., t. MCMXVIII, p\u00e1g. 474), doctrina con base en la cual, posteriormente, a\u00f1adi\u00f3 que ella \u201cno hace m\u00e1s que reiterar el anunciado car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa -o injustificado-, no solamente con arraigo en la esfera patria, sino tambi\u00e9n en el Derecho Comparado, en general, como se acot\u00f3, en el que se tiene establecido que la acci\u00f3n en comento es un t\u00edpico \u2018remedio supletorio\u2019, a fuer de \u2018extraordinario\u2019 y, en modo alguno, una v\u00eda paralela encaminada a suplir -o a subvertir- los recursos y los procedimientos fijados con antelaci\u00f3n por el ordenamiento jur\u00eddico. Y mucho menos un camino expedito para corregir los errores o las omisiones en que incurri\u00f3 el demandante con antelaci\u00f3n, pues como lo realz\u00f3 esta corporaci\u00f3n hace un apreciable n\u00famero de lustros, \u2018\u2026carece igualmente de la acci\u00f3n el demandante que por su hecho o por su culpa perdi\u00f3 cualquiera de las otras v\u00edas de derecho\u2019 (Sentencia del 1 de noviembre de 1.918) (CSJ, SC 124 de 10 de diciembre de 1999, Rad. n.\u00b0 5294). <\/p>\n
En tiempo mucho m\u00e1s reciente, la Sala, fincada tambi\u00e9n en ese primer precedente y en los pronunciamientos que le subsiguieron, concluy\u00f3: <\/p>\n
En s\u00edntesis, la acerada jurisprudencia en materia de enriquecimiento sin causa exige, tanto en materia civil como mercantil, que un individuo obtenga una ventaja patrimonial; que como consecuencia de dicha ganancia exista un empobrecimiento de otro sujeto, esto es, que entre el enriquecimiento y la mengua haya correlaci\u00f3n y correspondencia, es decir, que se observe un nexo de causalidad, que uno se deba u origine en el otro; que el desplazamiento patrimonial se verifique sin causa jur\u00eddica que lo justifique, o lo que es igual, que la relaci\u00f3n patrimonial no encuentre fundamento en la ley o en la autonom\u00eda privada; que el afectado no cuente con una acci\u00f3n diversa para remediar el desequilibrio; y, que, con el ejercicio de la acci\u00f3n no se pretenda soslayar una disposici\u00f3n legal imperativa (CSJ, SC de 19 de diciembre de 2012, Rad, n.\u00b0 1999-00280-01; subrayas fuera del texto). <\/p>\n
Tal y como ya se anunci\u00f3, se sigue de lo expuesto que en ning\u00fan desafuero jur\u00eddico incurri\u00f3 el juzgador ad quem cuando asever\u00f3 que es condici\u00f3n indispensable, para que la actio in rem verso tenga cabida, que su gestor no haya contado, ni cuente, con otras acciones legales que le hubieren permitido, o le permitan, corregir el injustificado desplazamiento al patrimonio de su demandado de activos que pertenecen al suyo o la indebida retenci\u00f3n de los mismos por parte de aqu\u00e9l. <\/p>\n
5.2.2. Del mismo modo, no se avizora desatino en la pr\u00e9dica consistente en que la aqu\u00ed demandante ten\u00eda a su alcance el tr\u00e1mite administrativo que la Ley 1341 de 2009 atribuy\u00f3 a la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones, para que estableciera los t\u00e9rminos de la utilizaci\u00f3n por la accionada de la infraestructura administrada por la gestora de la controversia y al que la Resoluci\u00f3n 4245 de 2013, expedida por esa misma entidad, remiti\u00f3 expresamente. <\/p>\n
5.2.2.1. Sobre el particular, debe se\u00f1alarse que el primero de esos ordenamientos jur\u00eddicos, fue modificado por la Ley 1978 de 2019 y que el segundo, qued\u00f3 derogado por la Resoluci\u00f3n 5890 de 2020, emitida por la misma Comisi\u00f3n. <\/p>\n
En raz\u00f3n de ello, es del caso precisar que tales cambios legislativos no ser\u00e1n tenidos en cuenta en el an\u00e1lisis que pasa a efectuarse, habida cuenta que son muy posteriores a la fecha desde la cual la actora pretendi\u00f3 el reconocimiento de sus derechos (26 de julio de 2011) y, sobre todo, a la de inicio de la acci\u00f3n (9 de febrero de 2018). <\/p>\n
5.2.2.2. Sentado lo anterior, se encuentra que la precitada Ley 1341 de 2009, luego de crear la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones y de encargarla \u201cde promover la competencia, evitar el abuso de posici\u00f3n dominante\u201d y de \u201cregular los mercados de redes y los servicios de comunicaciones\u201d con el fin de que \u201cla prestaci\u00f3n de los servicios sea econ\u00f3micamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad\u201d (art. 19); y de prever su composici\u00f3n (art. 20), le asign\u00f3 en el art\u00edculo 22, entre otras muchas funciones, las siguientes: <\/p>\n
3. Expedir toda la regulaci\u00f3n de car\u00e1cter general y particular en las materias relacionadas con el r\u00e9gimen de competencia, los aspectos t\u00e9cnicos y econ\u00f3micos relacionados con la obligaci\u00f3n de interconexi\u00f3n y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos f\u00edsicos y soportes l\u00f3gicos necesarios para la interconexi\u00f3n; as\u00ed como la remuneraci\u00f3n por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturaci\u00f3n y recaudo; el r\u00e9gimen de acceso y uso de redes; los par\u00e1metros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la medici\u00f3n de indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la informaci\u00f3n; y en materia de soluci\u00f3n de controversias entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
9. Resolver las controversias, en el marco de sus competencias, que se susciten entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Ning\u00fan acuerdo entre proveedores podr\u00e1 menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervenci\u00f3n regulatoria, y de soluci\u00f3n de controversias de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones, as\u00ed como el principio de la libre competencia. <\/p>\n
10. Imponer de oficio o a solicitud de parte, las servidumbres de acceso, uso e interconexi\u00f3n y las condiciones de acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos f\u00edsicos y soportes l\u00f3gicos necesarios para la interconexi\u00f3n y se\u00f1alar la parte responsable de cancelar los costos correspondientes, as\u00ed como fijar de oficio o a solicitud de parte las condiciones de acceso, uso e interconexi\u00f3n. As\u00ed mismo, determinar la interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento de los servicios y\/o aplicaciones. <\/p>\n
5.2.2.3. M\u00e1s adelante, en el T\u00edtulo V, la ley defini\u00f3 las \u201cREGLAS DE SOLUCI\u00d3N DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE INTERCONEXION\u201d, especificando que ellas \u201cse aplicar\u00e1n a las actuaciones administrativas de soluci\u00f3n de controversias, de fijaci\u00f3n de condiciones de acceso, uso e interconexi\u00f3n, y de imposici\u00f3n de servidumbres de acceso, uso e interconexi\u00f3n adelantad[a]s de oficio o a solicitud de parte ante la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones\u201d (art. 41). <\/p>\n
En cuanto hace al procedimiento mismo, en l\u00edneas generales, se previ\u00f3 una fase inicial de \u201cacuerdo directo\u201d (art. 42); los requisitos de la solicitud (art. 43); la obligaci\u00f3n que tiene el Director Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de correr traslado de la petici\u00f3n a la \u201cotra parte\u201d dentro de los tres d\u00edas siguientes a su recibo, \u201cquien dispondr\u00e1 de cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles para formular sus observaciones, presentar y solicitar pruebas, y enviar su oferta final\u201d (art. 44); la verificaci\u00f3n, a continuaci\u00f3n, de una audiencia \u201cque d\u00e9 inicio a la etapa de mediaci\u00f3n, con el fin de que las partes solucionen sus diferencias\u201d (art. 45); que en el supuesto de que ello no ocurra, se siga a la pr\u00e1ctica de pruebas (art. 46); y que, \u201c[p]ara el caso de controversias de interconexi\u00f3n, la CRC adoptar\u00e1 la decisi\u00f3n correspondiente en un plazo no superior a cuarenta y cinco (45) d\u00edas calendario contados desde la fecha de inicio del tr\u00e1mite administrativo\u201d, mientras que \u201c[e]n el caso de la fijaci\u00f3n de condiciones o imposici\u00f3n de servidumbres de interconexi\u00f3n, la CRC contar\u00e1 con un plazo no superior a noventa (90) d\u00edas calendario\u201d para resolver, contados desde ese mismo momento (art. 47). <\/p>\n
Seg\u00fan voces del art\u00edculo 48 de la ley, contra las decisiones de la Comisi\u00f3n que pongan fin a las comentadas actuaciones administrativas, \u201cs\u00f3lo cabe el recurso de reposici\u00f3n, que podr\u00e1 interponerse dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n salvo respecto de lo dispuesto en el art\u00edculo 49\u201d, alusivo a los \u201c[a]ctos de fijaci\u00f3n de condiciones provisionales de acceso, uso e interconexi\u00f3n y\/o imposici\u00f3n de servidumbre provisional de acceso, uso e interconexi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
5.2.2.4. A su turno, la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones, como ya se dijo, expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 4245 de 25 de junio de 2013, \u201c[p]or medio de la cual se definen condiciones de acceso, uso y remuneraci\u00f3n para la utilizaci\u00f3n de la infraestructura del sector de energ\u00eda el\u00e9ctrica en la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones y\/o de televisi\u00f3n, y se dictan otras disposiciones\u201d. <\/p>\n
En ella, adem\u00e1s de poner de presente los mandatos de los art\u00edculos 364 y 365 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de recordar los principios y conceptos fundamentales en materia de telecomunicaciones, de relacionar los estudios adelantados y las investigaciones realizadas previamente para regular la utilizaci\u00f3n de la infraestructura el\u00e9ctrica para la prestaci\u00f3n de los servicios de telecomunicaciones y televisi\u00f3n, de poner de presente las labores que, con igual fin, se desarrollaron en conjunto con la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Energ\u00eda y Gas (CREG), entre muchos otros considerandos, se\u00f1al\u00f3 los siguientes: <\/p>\n
Que para efectos de llevar a cabo lo anterior, el art\u00edculo 22 de la Ley 1341 de 2009 prev\u00e9 en su numeral 3\u00ba que es funci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones -CRC- expedir toda la regulaci\u00f3n de car\u00e1cter general y particular en las materias relacionadas con el r\u00e9gimen de competencia, la remuneraci\u00f3n por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, el r\u00e9gimen de acceso y uso de redes, y los par\u00e1metros de calidad de los servicios entre otros asuntos. <\/p>\n
Que el numeral 5 del art\u00edculo 22 de la Ley 1341 de 2009, radic\u00f3 en cabeza de la CRC la responsabilidad de \u2018Definir las condiciones en las cuales podr\u00e1 ser utilizada la infraestructura y redes de otros servicios p\u00fablicos en la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes\u2019. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Que una vez analizadas las condiciones que deben cumplirse para que sea viable la compartici\u00f3n de infraestructura perteneciente a otros servicios en la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones, la CRC determin\u00f3, entre otros aspectos, que existen elementos de la infraestructura del sector el\u00e9ctrico susceptibles de compartici\u00f3n con proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Que teniendo en cuenta que la CRC posee plenas facultades para definir, tanto por v\u00eda de resoluciones generales como particulares, las condiciones remuneratorias en que debe surtirse el acceso y utilizaci\u00f3n de redes e infraestructura en la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones y televisi\u00f3n, le asiste a esta Comisi\u00f3n la competencia para resolver mediante actos administrativo las diferencias que existan entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores de televisi\u00f3n frente a los propietarios de la infraestructura que pretende ser utilizada por aquellos en la prestaci\u00f3n de sus servicios, a efectos de lo cual deber\u00e1 darse aplicaci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 41 y siguientes de la Ley 1341 de 2009, que definen el procedimiento legal que en sede administrativa deber\u00e1 ser observado para resolver las controversias que impidan a un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones o a un operador de televisi\u00f3n acceder a la infraestructura el\u00e9ctrica, o dirimir las divergencias que se susciten durante el desenvolvimiento del acceso y uso de la infraestructura del sector de energ\u00eda por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones o de los operadores de televisi\u00f3n para la prestaci\u00f3n de sus servicios una vez el acceso se haya producido. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Que habida cuenta de lo anterior, conforman el objeto del presente acto administrativo en el marco de las competencias de la CRC aquellas condiciones directamente relacionadas con el acceso, utilizaci\u00f3n y remuneraci\u00f3n bajo un esquema de costos eficientes de la infraestructura del sector el\u00e9ctrico susceptibles de compartici\u00f3n para la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones y\/o de televisi\u00f3n, las cuales deben ser acatadas sin perjuicio del cumplimiento de normatividad ex\u00f3gena sobre ordenamiento urbano y medioambiental, as\u00ed como de la regulaci\u00f3n vigente perteneciente al sector el\u00e9ctrico, y la que expida la CREG en el marco de sus competencias y que sean aplicables a estas actividades (subrayas fuera del texto). <\/p>\n
Con esos fundamentos, resolvi\u00f3 \u201cdefinir [las] condiciones de acceso, uso y remuneraci\u00f3n de la infraestructura destinada al suministro del servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica susceptible de ser compartida para el despliegue de redes y\/o la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones y\/o televisi\u00f3n\u201d (art. 1\u00ba; se subraya), previendo, en lo que aqu\u00ed cabe resaltar, que: <\/p>\n
– Dicha regulaci\u00f3n \u201cresulta aplicable a la utilizaci\u00f3n de elementos pertenecientes\u201d a la infraestructura el\u00e9ctrica que puedan usarse en la prestaci\u00f3n de los mencionados \u201cservicios de telecomunicaciones y\/o televisi\u00f3n, as\u00ed como a cualquier persona natural o jur\u00eddica que tenga el control, la propiedad, la posesi\u00f3n, la tenencia, o que a cualquier t\u00edtulo ejerza derechos sobre dichos bienes, quienes para los efectos de la presente resoluci\u00f3n se consideran proveedores de infraestructura el\u00e9ctrica. (\u2026) Tambi\u00e9n se aplica a los proveedores de redes y\/o servicios de telecomunicaciones y a los operadores de televisi\u00f3n que requieran acceder y hacer uso de dicha infraestructura del sector el\u00e9ctrico para la prestaci\u00f3n de sus servicios\u201d (art. 2\u00ba, inc. 1\u00ba y 2\u00ba; subrayas fuera del texto). <\/p>\n
– Son \u201csusceptibles de compartici\u00f3n\u201d los \u201cpostes, torres y canalizaciones (ductos y c\u00e1maras) de las redes de transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica y que para efectos de la presente resoluci\u00f3n en adelante se denominar\u00e1n infraestructura el\u00e9ctrica\u201d (art. 2\u00ba, inc. 3\u00ba). <\/p>\n
– La totalidad de \u201clos proveedores de redes y\/o servicios de telecomunicaciones y los operadores de televisi\u00f3n tienen derecho a solicitar y a que se les otorgue el acceso y uso a la infraestructura el\u00e9ctrica para el despliegue de redes y\/o la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones y\/o televisi\u00f3n, de conformidad con las reglas previstas en la presente resoluci\u00f3n\u201d (art. 4\u00ba, inc. 1\u00ba; subrayas fuera del texto). <\/p>\n
– De igual manera, \u201c[t]odas las personas naturales o jur\u00eddicas que tengan el control, la propiedad, la posesi\u00f3n, la tenencia o que a cualquier t\u00edtulo ejerzan derechos sobre la infraestructura de que trata la presente resoluci\u00f3n, deben permitir el acceso y uso a los proveedores de redes y\/o servicios de telecomunicaciones y a los operadores de televisi\u00f3n, cuando [\u00e9]stos as\u00ed lo soliciten para la prestaci\u00f3n de sus servicios, salvo que acredite[n] debidamente la falta de disponibilidad correspondiente, no sea t\u00e9cnicamente viable o se degrade la calidad del servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u201d (art. 4\u00ba, inc. 2\u00ba; subrayas fuera del texto). <\/p>\n
– Los requisitos de la solicitud con la que se dar\u00e1 \u201cinicio a la etapa de negociaci\u00f3n directa tendiente a establecer un acuerdo que tenga como objeto regular el acceso y uso de los bienes afectos a la infraestructura el\u00e9ctrica\u201d, que deber\u00e1 presentar \u201cel proveedor de redes y\/o servicios de telecomunicaciones u operador de televisi\u00f3n\u201d (art. 5\u00ba). <\/p>\n
– Los premencionados peticionarios \u201ccontar\u00e1n, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 42 de la Ley 1341 de 2009, con un plazo de treinta (30) d\u00edas calendario desde la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud de que trata el presente art\u00edculo para llegar a un acuerdo directo. (\u2026) Una vez vencido dicho plazo y en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre las condiciones que han de regir la utilizaci\u00f3n de la infraestructura solicitada, cualquiera de las partes podr\u00e1 solicitar a la CRC que inicie, de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 43 de la Ley 1341 de 2009, el tr\u00e1mite administrativo correspondiente para dirimir la controversia surgida\u201d (art. 5\u00ba, par. 2\u00ba; subrayas fuera del texto). <\/p>\n
5.2.2.5. Apreciados individualmente y en conjunto los ordenamientos jur\u00eddicos en presencia compendiados, ninguna duda queda sobre la competencia de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones para, mediante resoluciones generales y particulares, disciplinar, en principio, todo lo concerniente con \u201clos aspectos t\u00e9cnicos y econ\u00f3micos relacionados con la obligaci\u00f3n de interconexi\u00f3n y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos f\u00edsicos y soportes l\u00f3gicos necesarios para la interconexi\u00f3n, as\u00ed como la remuneraci\u00f3n por el acceso y uso de redes e infraestructura\u201d (subrayas fuera del texto) y, espec\u00edficamente, para \u201c[d]efinir las condiciones en las cuales sean utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestaci\u00f3n del servicio de telecomunicaciones\u201d (subrayas fuera del texto), como expl\u00edcitamente lo consagran los numerales 3\u00ba y 5\u00ba del art\u00edculo 22 de la Ley 1341 de 2009. <\/p>\n
Esas facultades dejan al descubierto, entonces, que la potestad igualmente conferida a dicho ente para \u201c[r]esolver las controversias, en el marco de sus competencias, que se susciten entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones\u201d (art. 22, num. 9\u00ba, Ley 1341 de 2009; subrayas fuera del texto), abarca las que puedan derivarse entre estos \u00faltimos y los proveedores de la infraestructura el\u00e9ctrica por el uso que aqu\u00e9llos hagan de la misma, como quiera que, seg\u00fan viene de verse, la definici\u00f3n de tal aprovechamiento es, indiscutiblemente, cuesti\u00f3n de competencia de la nombrada comisi\u00f3n, entendimiento que, en adici\u00f3n, aparece expresamente se\u00f1alado en el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 5\u00ba de la Resoluci\u00f3n 4245 de 2013, igualmente analizada, en tanto que, como fue resaltado, all\u00ed se previ\u00f3 que, vencido el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas para que los interesados lleguen a un acuerdo al respecto sin lograrlo, \u201ccualquiera de las partes podr\u00e1 solicitar a la CRC que inicie, de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 43 de la Ley 1341 de 2009, el tr\u00e1mite administrativo correspondiente para dirimir la controversia surgida\u201d. <\/p>\n
5.2.2.6. Como se dijo, es de colegir, en definitiva, que acert\u00f3 el tribunal cuando, con apoyo en las citadas normas -ley y resoluci\u00f3n- , estim\u00f3 que la demandante contaba con el diligenciamiento en precedencia mencionado para que la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones determinara las condiciones del uso, por parte de la empresa accionada, de la infraestructura SRT por aqu\u00e9lla administrada, incluida, la contraprestaci\u00f3n a que hay lugar, mecanismo que, por ende, cerr\u00f3 el paso a la acci\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa materia del segundo grupo de pretensiones subsidiarias de la demanda generatriz de la controversia, sin que dicha inferencia se vea en lo m\u00e1s m\u00ednimo incidida y, mucho menos, debilitada, porque el tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n sea de naturaleza eminentemente administrativa, o porque el citado ente carezca de facultades jurisdiccionales, o porque la facultad que tiene para dirimir controversias, no incluya aquellas en las que se ventilen \u00fanicamente \u201cintereses particulares\u201d. <\/p>\n
6. Descartado que el Tribunal err\u00f3 al aplicar las normas de la Ley 1341 de 2009 y de la Resoluci\u00f3n 4245 de 2013 expedida por la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones; y que, como consecuencia de ello, no hizo actuar las restantes mencionadas en el cargo auscultado, se impone afirmar su rotundo naufragio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 7 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, Sala Civil – Familia, dentro del proceso verbal plenamente identificado al comienzo de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Costas del recurso extraordinario a cargo de su proponente. Como la parte opositora no replic\u00f3 en tiempo la demandada de casaci\u00f3n, el magistrado ponente fija, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales, a la fecha de este pronunciamiento. La liquidaci\u00f3n deber\u00e1 efectuarse por el juzgado a quo de \u201cmanera concentrada\u201d, como lo dispone el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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SC222-2023 (2018-00031-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente SC222-2023 Radicaci\u00f3nn n.\u00b0 19001-31-03-004-2018-00031-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Columbus […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76011","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76011"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76011\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76011"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}