SC311-2023 (2017-00199-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC311-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-030-2017-00199-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por Hugo Arturo Vega Arango y Esmeralda Bernal Luque frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 13 de noviembre de 2020, en el proceso verbal que instaur\u00f3 Josefina \u00d3mbita Prieto contra Hugo Arturo Vega Arango y al cual fue vinculada la recurrente. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Josefina \u00d3mbita Prieto deprec\u00f3 que se declare que entre ella y Hugo Arturo Vega Arango existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, desde el 14 de noviembre de 2005 hasta la fecha de interposici\u00f3n de la demanda. En consecuencia, inst\u00f3 a que se liquide la sociedad patrimonial que entre ellos se conform\u00f3. <\/p>\n
2. Fundamentos de hecho. <\/p>\n
Adujo que ella y el convocado conformaron una uni\u00f3n de vida estable, permanente y singular, en que compartieron techo, lecho y mesa, desde el 14 de noviembre de 2005 -y que hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda continuaba-. Asever\u00f3 que siempre han sido vistos, como marido y mujer, frente a familiares, amigos y la comunidad en general. Adem\u00e1s, se acompa\u00f1aron durante los momentos m\u00e1s cr\u00edticos \u00abcomo lo fue en sus enfermedades, tanto en sus hospitalizaciones como lo fue en el hospital San Jos\u00e9, para comienzos del 2006 y en el hospital universitario San Jos\u00e9 antiguo Lorencita Villegas\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, se precis\u00f3 que la demandante requiri\u00f3 al demandado ante diferentes \u00abentidades del Gobierno por Medida de protecci\u00f3n 405-16, de la Comisar\u00eda de Familia, a trav\u00e9s del comandante de Polic\u00eda\u2026, Del 27 de septiembre de 2016, audiencia de tr\u00e1mite dentro de la acci\u00f3n por violencia intrafamiliar de conformidad con la Ley 294 de 1996 del 18 de octubre de 2016 y conciliaci\u00f3n universidad Nacional centro de conciliaci\u00f3n JAIME PARDO LEAL\u2026, DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016\u00bb. Se agreg\u00f3, as\u00ed mismo, que el se\u00f1or Vega Arango vendi\u00f3 a sus hijos un inmueble, adquirido en vigencia de la uni\u00f3n. Adicionalmente, el 13 de octubre de 2016 se suscribi\u00f3 la Escritura P\u00fablica No. 6652, en la Notar\u00eda 51 de Bogot\u00e1, con la cual reconoci\u00f3 la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre este y Esmeralda Bernal Luque, \u00abcompa\u00f1era con la que s\u00ed vivi\u00f3, pero antes de 2005, tratando de eludir sus responsabilidades con la compa\u00f1era permanente actual y de despojarla de lo que le corresponde\u00bb1. Se prob\u00f3 durante el pleito, por lo dem\u00e1s, que la demandante estaba casada con Alfonso D\u00edaz Guti\u00e9rrez. Este v\u00ednculo fue disuelto por el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, con fallo del 6 de octubre de 20162. <\/p>\n
3. Posici\u00f3n del demandado. <\/p>\n
4. Resoluci\u00f3n en las instancias. <\/p>\n
4.1. El Juzgado Treinta de Familia de Bogot\u00e1 -con sentencia del 31 de julio del 2018- declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito: \u00abfalta de elementos para decretar la uni\u00f3n marital\u00bb. En consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda4. Inconforme, la parte demandante apel\u00f3. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 -con providencia del 20 de septiembre de 2018- declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado. Se asever\u00f3 que la juez a quo omiti\u00f3 vincular a Esmeralda Bernal Luque -litisconsorte necesaria-5. <\/p>\n
4.2. Agotado el tr\u00e1mite nuevamente, el Juzgado -con prove\u00eddo del 28 de febrero de 2020- puso fin a la instancia: declar\u00f3 no probadas las excepciones alegadas. En consecuencia, decret\u00f3 la nulidad absoluta de la escritura p\u00fablica No. 6652 del 13 de octubre de 2016, otorgada en la Notar\u00eda Cincuenta y Uno (51) del C\u00edrculo de Bogot\u00e1. Adem\u00e1s, declar\u00f3 que entre las partes existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, desde el 14 de noviembre de 2005 hasta el 10 de septiembre de 2016. Con la consecuente existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes desde el 7 de octubre de 2006 hasta el 10 de septiembre de 2016. Y, por \u00faltimo, que esta se encontraba disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n6. <\/p>\n
4.3. Los recursos de apelaci\u00f3n formulados contra el fallo de primera instancia fueron desatados por el Tribunal, con sentencia del 13 de noviembre de 2020. All\u00ed se confirm\u00f3 en su totalidad el fallo apelado. <\/p>\n
5. El extremo vencido, Hugo Arturo Vega Arango y Esmeralda Bernal Luque, interpusieron recurso de casaci\u00f3n contra la anterior providencia. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El ad quem comenz\u00f3 por estudiar la incidencia del matrimonio de uno de los compa\u00f1eros permanentes con terceras personas. Y el hecho de que su divorcio, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal no fueran registrados. Asever\u00f3 que tal planteamiento no tiene visos de prosperidad, toda vez que la Ley 54 de 1990 \u00abno se\u00f1ala como obst\u00e1culo legal para el surgimiento de una uni\u00f3n marital de hecho, el que uno de los compa\u00f1eros tenga vigente un matrimonio con terceras personas. La ley tolera que aun los casados pueden constituir uniones maritales\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la existencia de un v\u00ednculo matrimonial no impide la configuraci\u00f3n de la correspondiente sociedad patrimonial. En efecto, especific\u00f3 que el impedimento legal \u00abpara que brote una sociedad patrimonial es que uno o ambos compa\u00f1eros traigan consigo a la uni\u00f3n una sociedad conyugal, lo que tiene como finalidad evitar la preexistencia de sociedades conyugales y patrimoniales\u00bb. Precisamente por ello se se\u00f1al\u00f3, como hito inicial de la sociedad, la fecha del 7 de octubre de 2006, \u00abesto es el d\u00eda siguiente a cuando qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio celebrado entre los se\u00f1ores JOSEFINA \u00d3MBITA PRIETO y ALFONSO D\u00cdAZ GUTI\u00c9RREZ y, por imperativo legal, la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal al tenor del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil\u00bb. Aunado a tales consideraciones, explic\u00f3 que, en materia de estado civil, no es cierto afirmar que los actos jur\u00eddicos que lo modifican -como el matrimonio o el divorcio- irradian efectos frente a terceros a partir de su anotaci\u00f3n en el registro civil. As\u00ed, lo cierto es que \u00ablos efectos de dichos actos se generan desde el propio instante en que se constituye o disuelve, pues no se puede confundir el acto con su prueba\u00bb7. Y, aun cuando se pusiera en duda tal regla jur\u00eddica, es irrebatible que Vega Arango no pod\u00eda desconocer la sentencia de cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio de Josefina \u00d3mbita y Alfonso D\u00edaz, porque aquel fungi\u00f3 como apoderado judicial de ambos en el proceso instaurado de mutuo acuerdo. <\/p>\n
Como segundo punto, respecto de la irregularidad en los testimonios de la nieta y las hermanas de Esmeralda Bernal Luque, porque \u00abfueron tomadas sin advertirles el contenido del art\u00edculo 33 constitucional\u00bb. Estim\u00f3 que dicha norma \u00abno proh\u00edbe al testigo declarar contra s\u00ed mismo ni contra sus parientes all\u00ed se\u00f1alados. La prohibici\u00f3n est\u00e1 en obligarlo a declarar si no se allana a hacerlo voluntariamente. En ese orden, se le reconoce al testigo la facultad de declarar o de abstenerse de hacerlo, con la correlativa obligaci\u00f3n para el funcionario de recib\u00edrsela cuando aqu\u00e9l opte por rendirla\u00bb. As\u00ed las cosas, puesto que en el caso presente las testigos no se rehusaron a declarar -ni tampoco se les impuso tal obligaci\u00f3n-, ninguna ilicitud o ilegalidad se verific\u00f3 en la recepci\u00f3n de las deposiciones. Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben el segundo testimonio que rindi\u00f3 la nieta de la actora, la se\u00f1ora KATHER\u00cdN D\u00cdAZ MOSQUERA, estuvo presente el apoderado de la se\u00f1ora ESMERALDA BERNAL LUQUE quien ning\u00fan reproche se\u00f1al\u00f3 sobre el recaudo de dicha testimonial. Por tanto, ninguna ilicitud o ilegalidad se verifica en la recepci\u00f3n de los testimonios recaudados en la presente causa\u00bb. En cuanto a las presuntas pruebas il\u00edcitas -documentos y fotograf\u00edas de reuniones privadas-, destac\u00f3 que dichos elementos de convicci\u00f3n no fueron aquilatados por la juez de instancia. En tal sentido, subray\u00f3 que, durante la audiencia, la juzgadora expl\u00edcitamente las excluy\u00f3 del acervo probatorio. <\/p>\n
A su turno, sobre las alegaciones esgrimidas desde el punto de vista valorativo, el Tribunal enlist\u00f3 las pruebas documentales, declaraciones de parte y de terceros -judiciales y extrajudiciales-. Expuesto esto, para el Colegiado, de dichos medios suasorios brota que no existi\u00f3 una uni\u00f3n marital entre Esmeralda Bernal y Hugo Vega, desde el 14 de noviembre de 2005 hasta el 10 de septiembre de 2016. Ciertamente, si bien los testigos Mery Anyuri L\u00f3pez, Francined Vega Alvarado, Jos\u00e9 Orlando M\u00e9ndez Ram\u00edrez, Anastasio Tovar Manrique, Armando Rojas V\u00e1squez y Marina L\u00f3pez Mart\u00ednez coincidieron en que Bernal Luque y Vega Arango s\u00ed fueron esposos, ninguno dio cuenta de una convivencia permanente entre la pareja. Asever\u00f3 que de su dicho no se colige ning\u00fan episodio de los cuales se pueda derivar una relaci\u00f3n familiar. Sostuvo que tal circunstancia se deb\u00eda a que los declarantes son personas distantes del c\u00edrculo familiar y personal del se\u00f1or Hugo y de la se\u00f1ora Esmeralda. Observ\u00f3 que \u00ababsolutamente ninguna narraci\u00f3n circunstanciada ofrecieron los rese\u00f1ados testigos sobre la supuesta vida de pareja entre los se\u00f1ores ESMERALDA BERNAL LUQUE y HUGO ARTURO VEGA ARANGO con posterioridad al a\u00f1o 2005 y, por lo mismo, son testimonios de escaso valor probatorio para apoyar la uni\u00f3n entre los citados. Ning\u00fan testigo judicial o extrajudicial brind\u00f3 detalles, datos o referencias de una comunidad de vida permanente y singular entre ellos\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que es curioso que, si los problemas entre Josefina y Hugo se \u00absuscitaron en septiembre de 2016, al mes siguiente, en octubre de 2016 se hubiese establecido una uni\u00f3n y sociedad patrimonial entre don HUGO y do\u00f1a ESMERALDA mediante escritura p\u00fablica\u00bb.8 <\/p>\n
En contraste, evidenci\u00f3 que el caudal probatorio s\u00ed demostraba que existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho entre Hugo Arturo Vega y Josefina \u00d3mbita Prieto. De ello dan cuenta los testimonios rendidos por Katherin D\u00edaz Mosquera, Nancy \u00d3mbita Prieto, Olga Luc\u00eda \u00d3mbita Prieto, Carmen Eliza \u00d3mbita De Forero, Lida Yurany Ram\u00edrez, Marina Adela Ch\u00e1vez Sterling, Claudia Patria Herrera Agudelo, Ana Luc\u00eda Pinilla Torres, Diana Paola Vargas Fl\u00f3rez, Luz Marina Hern\u00e1ndez Mart\u00ednez, Mar\u00eda Ana Alfredina Mojica Caraballo y Mar\u00eda Roci\u00f3 R\u00edos Quintero, quienes informaron de la convivencia de las partes en Coru\u00f1a, Torremolinos, Acac\u00edas, Villavicencio y Bogot\u00e1. Los que, a su vez, coinciden con el dicho del demandado y con la documental obrante en el plenario. Ahora bien, en cuanto al reproche por incongruencia, estim\u00f3 que el yerro enrostrado no se present\u00f3, porque los art\u00edculos 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil facultan a los juzgadores a declarar de oficio la nulidad absoluta producida por objeto o causa il\u00edcita. <\/p>\n
Finalmente, evidenci\u00f3 que el reclamo seg\u00fan el cual la escritura es legal y v\u00e1lida no tiene asidero. En efecto, a la luz del art\u00edculo 1524 del C\u00f3digo Civil y la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, estim\u00f3 que el discernimiento de la juez a quo no se antoja caprichoso \u00abpues tal y como ya se analiz\u00f3, en el presente asunto se acredit\u00f3 que efectivamente entre los se\u00f1ores HUGO ARTURO VEGA ARANGO y ESMERALDA BERNAL LUQUE no existi\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho y consecuente sociedad patrimonial para el mismo segmento temporal en que se encontr\u00f3 acreditada la uni\u00f3n marital habida entre los se\u00f1ores JOSEFINA \u00d3MBITA PRIETO y HUGO ARTURO VEGA ARANGO, esto es, entre el 14 de noviembre de 2005 la uni\u00f3n y la sociedad patrimonial desde el 7 de octubre de 2006, y en ambos casos hasta el 10 de septiembre de 2016. Por tanto, conforme a las directrices normativas, jurisprudenciales y doctrinarias transcritas, emerge paladino que el acto jur\u00eddico contenido en la escritura p\u00fablica No. 6652 del 13 de octubre de 2016 tuvo una causa il\u00edcita constitutiva de nulidad absoluta\u00bb. <\/p>\n
III. LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon dos demandas de casaci\u00f3n. Esta Sala -con auto AC4348-2022- inadmiti\u00f3 sus cargos primeros. El ponente, admiti\u00f3 los respectivos cargos segundos. Por tanto, dados los precisos motivos que soportan cada cr\u00edtica, es dable su estudio conjunto: se dirigen contra la declaratoria de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Se censura la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005; 180 y 1820 del C\u00f3digo Civil, y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Indic\u00f3 que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la existencia de una sociedad conyugal -sin disolver-, impide el nacimiento de una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes.9 <\/p>\n
En ese orden de ideas, se declar\u00f3 la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre \u00d3mbita Prieto y Vega Arango desde el 14 de noviembre del 2005 -con su consecuente sociedad patrimonial desde el 07 de octubre de 2006-, hasta el 10 de septiembre de 2016, \u00abcuando frente a las pretensiones de la demandante, su relaci\u00f3n con ALFONSO DIAZ GUTIERREZ, NO se hallaba disuelta, toda vez que la sentencia de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico y disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal proferida por el Juzgado 16 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, D.C. data del 6 de Octubre de 2006, es decir que para la primera fecha, la sociedad conyugal entre JOSEFINA OMBITA PRIETO Y ALFONSO DIAZ GUTIERREZ, a\u00fan se encontraba vigente, para la segunda fecha es decir 7 de octubre de 2006, no hab\u00eda transcurrido un a\u00f1o de liquidada la sociedad conyugal entre JOSEFINA OMBITA PRIETO y ALFONSO DIAZ GUTIERREZ, teniendo en cuenta que la sentencia en menci\u00f3n no cumpl\u00eda con su ejecutoria\u00bb. As\u00ed pues, asegur\u00f3 que se obvi\u00f3 el fen\u00f3meno de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal. Y, de ese ejercicio, se concluy\u00f3 que la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes pod\u00eda surgir cuando la primera no se hubiese disuelto. <\/p>\n
B. DEMANDA DE CASACI\u00d3N PRESENTADA POR ESMERALDA BERNAL LUQUE: CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Denunci\u00f3 la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005; 180 y 1820 del C\u00f3digo Civil, y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Es su desarrollo expuso los mismos argumentos del cargo que antecede -por ello no se va a reproducir de nuevo-. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Ley 54 de 1990 ha sido objeto de modificaci\u00f3n legislativa -a trav\u00e9s de la ley 979 de 2005- y por causa de acciones de constitucionalidad, que han culminado declarando la inexequibilidad de algunos apartes de los art\u00edculos que la integran -sustray\u00e9ndolos de esta forma del ordenamiento jur\u00eddico-. O bien declarando su exequibilidad condicionada, al mantener la norma indemne, siempre y cuando se entienda que su alcance es el precisado en la correspondiente decisi\u00f3n constitucional. De igual manera, ha sido objeto de examen por parte de la Corte Constitucional. <\/p>\n
1.1 En efecto, con ocasi\u00f3n a las demandas presentadas contra dicha norma se han proferido, entre otras, las sentencias C-098 de 1997, C-014 de 1998, C-075 de 2007, C-700 de 2013, C-257 y C-563 de 2015 y C-193 de 2016. Precisamente, a prop\u00f3sito de este \u00faltimo fallo, al examinarse la constitucionalidad de la exigencia temporal de los dos a\u00f1os para presumir la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, la hall\u00f3 ajustada a la Carta. Adem\u00e1s, se estudi\u00f3 el literal b (parcial) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 979 de 2005: \u00abb) Cuando exista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior a dos a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. En consecuencia, declar\u00f3 la inexequibilidad del aparte subrayado. Para soportar esta determinaci\u00f3n, se puntualiz\u00f3 lo que viene: <\/p>\n
Como lo que trata de evitar la ley es la coexistencia de patrimonios universales para garantizar el orden justo como valor constitucional, entonces m\u00e1s all\u00e1 de que tengan impedimento o no los compa\u00f1eros permanentes para contraer matrimonio \u2013que es un efecto personal-, corresponde revisar esa situaci\u00f3n patrimonial con que cada uno llega a conformar la familia natural. Y ah\u00ed es donde surge el problema, porque los compa\u00f1eros permanentes que sean viudos, divorciados o que hayan obtenido la nulidad del matrimonio anterior, tienen la sociedad conyugal disuelta y pueden al d\u00eda siguiente comenzar una uni\u00f3n marital de hecho, para que, pasados como m\u00ednimo dos a\u00f1os, se les presuma y reconozca judicialmente la sociedad patrimonial. N\u00f3tese entonces que, teniendo la sociedad conyugal anterior disuelta, solo requieren de dos a\u00f1os para que obtengan la declaraci\u00f3n de los efectos patrimoniales derivados de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Cuesti\u00f3n diferente sucede con los compa\u00f1eros permanentes del literal b) de la norma demandada, a quienes se les exige que adem\u00e1s de acreditar la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior, deben esperar un a\u00f1o para iniciar la uni\u00f3n marital de hecho y, luego de eso, dos a\u00f1os m\u00e1s para que se les pueda aplicar la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial con el consecuente reconocimiento judicial. As\u00ed, deben entonces esperar tres a\u00f1os para que su uni\u00f3n produzca efectos patrimoniales. <\/p>\n
74. Esta diferencia de trato no encuentra justificaci\u00f3n alguna, como tambi\u00e9n lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil en su jurisprudencia en la cual ha inaplicado por v\u00eda de excepci\u00f3n de inconstitucionalidad la exigencia temporal, pues como se explic\u00f3, el legislador al fijar el tiempo de espera de \u201cpor lo menos un a\u00f1o\u201d, no fundament\u00f3 la finalidad que persigue ese t\u00e9rmino, situaci\u00f3n que lo convierte en un tiempo muerto que causa perjuicio a la familia natural que conforman los compa\u00f1eros permanentes del literal b) parcialmente acusado y genera un trato desigual que debe ser corregido por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
75. En este orden de ideas, ante la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 5, 13 y 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Corte declarar\u00e1 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201cpor lo menos un a\u00f1o\u201d contenida en el literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la ley 54 de 1990, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba la Ley 979 de 2005, por las razones que fueron se\u00f1aladas anteriormente. <\/p>\n
1.2. Esta Corporaci\u00f3n, en providencias que anteceden a dicha declaraci\u00f3n, ya hab\u00eda considerado inaplicable tal requerimiento temporal, como bien se rese\u00f1\u00f3 en el referido examen de constitucionalidad10, de cuyo an\u00e1lisis extrajo esa Corte, <\/p>\n
que la interpretaci\u00f3n legal realizada de forma pac\u00edfica y constante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, se centra en que (i) el literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la ley 979 de 2005, exige que opere la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior para que sea posible declarar desde el d\u00eda siguiente la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, y una vez transcurridos como m\u00ednimo dos a\u00f1os de \u00e9sta, opere la presunci\u00f3n y el reconocimiento de la sociedad patrimonial. Lo anterior por cuanto la exigencia de la disoluci\u00f3n cumple la finalidad de evitar la coexistencia de sociedades universales en las cuales se puedan confundir los patrimonios, lo cual significa que la sociedad patrimonial no puede presumirse en su existencia si no ha sido disuelta la sociedad conyugal y, (ii) de forma sistem\u00e1tica ha inaplicado el requisito temporal de un a\u00f1o a que alude la norma, por considerarlo carente de justificaci\u00f3n y un tiempo muerto que sacrifica los derechos patrimoniales de los compa\u00f1eros permanentes que tienen impedimento legal para contraer matrimonio\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
1.3. Entre los mentados precedentes acopiados est\u00e1 la sentencia SC de 4 de septiembre de 2006 (Rad. 1998-00696-01), en la cual se sostuvo que: <\/p>\n
si el presupuesto es que la sociedad anterior haya sido disuelta, no hay diferencia importante entre las hip\u00f3tesis a) y b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, pues, as\u00ed como hay personas sin impedimento legal para contraer matrimonio, pero con la sociedad disuelta, tambi\u00e9n hay personas con impedimento legal para contraer matrimonio, igualmente con la sociedad conyugal disuelta. Por tanto, unos y otros cumplen con el ideario de la ley \u201cporque si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la concurrencia de sociedades, suficiente habr\u00eda sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su t\u00e9rmino, para lo cual basta simplemente la disoluci\u00f3n…\u201d. Por consiguiente, si lo fundamental es la disoluci\u00f3n, por qu\u00e9 imponer a quienes mantienen el v\u00ednculo, pero ya no tienen sociedad vigente, un a\u00f1o de espera que a los dem\u00e1s no se exige\u00bb. <\/p>\n
1.4. As\u00ed mismo, con posterioridad a dicha declaratoria, esta Sala -con sentencia SC16493 del 21 de noviembre de 2016, reiterada en SC1413-2022- afianz\u00f3 su posici\u00f3n, como \u00f3rgano de cierre, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Este \u00faltimo lapso es el que la parte recurrente visualiza como desconocido por el Tribunal [un a\u00f1o], pues, seg\u00fan su percepci\u00f3n, si la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal del se\u00f1alado causante tuvo lugar en el a\u00f1o 2002, la configuraci\u00f3n de la sociedad patrimonial de \u00e9l y la actora s\u00f3lo pod\u00eda concebirse a partir del a\u00f1o 2003, es decir, luego del a\u00f1o mencionado en la norma citada. <\/p>\n
4. Cumple decir que la verdadera inteligencia de la regla jur\u00eddica memorada no es la que evoca el casacionista. La directriz referida no indica, en manera alguna, que el tiempo all\u00ed se\u00f1alado (un a\u00f1o) deba tenerse en cuenta para, desde ese momento, se considere la existencia de la sociedad patrimonial. Esta entidad a trav\u00e9s de la cual los compa\u00f1eros permanentes manejan sus activos y pasivos solo necesita de la existencia de la uni\u00f3n marital y el transcurso de dos a\u00f1os de ese evento, para que, junto con la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal vigente, de ser el caso, pueda considerarse como una realidad. El per\u00edodo se\u00f1alado, en rigor, no constituye un elemento determinante en la consolidaci\u00f3n de esa realidad social. Es un lapso de tiempo que, si bien aparece en el texto de la regla jur\u00eddica invocada por el casacionista, dada su intrascendencia a la hora de salvaguardar los intereses de los compa\u00f1eros permanentes o de sociedades conyugales anteriores, la Corte desde el a\u00f1o 2006, consider\u00f3 que no deb\u00eda exigirse tal condici\u00f3n\u00bb (subraya la Sala). <\/p>\n
En seguidas l\u00edneas, adem\u00e1s de rese\u00f1ar algunos precedentes atinentes al entendimiento y aplicabilidad del aparte censurado, remarc\u00f3 que \u00abese espacio de tiempo (un a\u00f1o), no debe hacer parte de la condici\u00f3n para encontrar estructurada la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
2. Confrontados los anteriores pronunciamientos con lo decidido por el Tribunal ad quem, se advierte el fracaso de los embates formulados por lo que viene. <\/p>\n
2.1. En primer lugar, la Sala advierte que los cargos son desenfocados, pues atribuyen al pronunciamiento un alcance que no va con su contenido, al punto que distorsiona gravemente los fundamentos bajo los cuales el Tribunal profiri\u00f3 su determinaci\u00f3n. Ciertamente, el Colegiado, confirm\u00f3 la declaratoria de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho. Y la consecuente sociedad patrimonial entre Josefina \u00d3mbita Prieto y Hugo Arturo Vega Arango. La primera, a partir del 14 de noviembre de 2005. Y la segunda, desde el 7 de octubre de 2006. Las dos, hasta el 10 de septiembre de 2016. <\/p>\n
2.1.1. En sustento, y con apoyo en precedentes de esta Sala11, destac\u00f3 que la Ley 54 de 1990 no se\u00f1ala como obst\u00e1culo legal para el surgimiento de una uni\u00f3n marital de hecho, que uno de los compa\u00f1eros tenga vigente un matrimonio con terceras personas. Enfatiz\u00f3 que \u00abLa ley tolera que aun los casados pueden constituir uniones maritales\u00bb. Y que la existencia de un v\u00ednculo matrimonial no impide ni debe condicionar de ning\u00fan modo, la configuraci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. Destac\u00f3 que el impedimento \u00ablegal para que brote una sociedad patrimonial es que uno o ambos compa\u00f1eros traigan consigo a la uni\u00f3n una sociedad conyugal, lo que tiene como finalidad evitar la preexistencia de sociedades conyugales y patrimoniales\u00bb. Se dijo que la juez a quo se\u00f1al\u00f3 como hito inicial de la referida sociedad entre Josefina \u00d3mbita Prieto y Hugo Arturo Vega Arango, \u00abel 7 de octubre de 2006, esto es el d\u00eda siguiente a cuando qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio celebrado entre los se\u00f1ores Josefina \u00d3mbita Prieto y Alfonso D\u00edaz Guti\u00e9rrez y, por imperativo legal, la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal al tenor del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil. Lo anterior guarda perfecta coherencia con lo prescrito en el literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990 y el precedente jurisprudencial reproducido\u00bb.12 Se concluy\u00f3 que si la ley no impide que los casados conformen una uni\u00f3n marital de hecho y establezcan la sociedad patrimonial, deviene \u00abinsustancial exigir el registro del divorcio en el correspondiente registro civil de matrimonio o de nacimiento de uno de los miembros de la pareja\u00bb. <\/p>\n
2.1.2. Y recalc\u00f3 que \u00ab\u2026para la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, cuando alguno o ambos integrantes de la pareja tienen v\u00ednculo matrimonial anterior, solo se requiere que la respectiva sociedad conyugal haya sido disuelta, mas no liquidada, luego tampoco es dable exigir el registro de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal en el respectivo registro\u2026 la regla jur\u00eddica es que los efectos de dichos actos se generan desde el propio instante en que se constituye o disuelve, pues no se puede confundir el acto con su prueba\u00bb. <\/p>\n
2.2. Estas consideraciones, cotejadas con los yerros denunciados, evidencian a\u00fan m\u00e1s el desenfoque. Ciertamente, el Tribunal -contrario a lo expuesto en los cargos- confirm\u00f3 la declaratoria de existencia de la sociedad patrimonial -el 7 de octubre de 2006-. Esto es, el d\u00eda siguiente a cuando qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio y su consecuente disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal -por imperativo legal- entre Josefina \u00d3mbita y Alfonso D\u00edaz Guti\u00e9rrez. Sin imponer -como lo pretenden los recurrentes- \u00abhaber transcurrido un a\u00f1o de liquidada la sociedad conyugal entre Josefina\u2026 y Alfonso\u2026 que exige la Ley 54 de 1990, modificado por la Ley 979 de 2005 para su constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2.1. En adici\u00f3n, y respecto del alegato seg\u00fan el cual el Tribunal \u00abobvio el fen\u00f3meno de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal y de ese ejercicio concluy\u00f3 que la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes pod\u00eda surgir aun cuando la primera no se hubiese disuelto\u00bb, se insiste en el desenfoque. Esto pues, el Tribunal no obvi\u00f3 el fen\u00f3meno de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal vigente. Por el contrario, precisamente, aval\u00f3 la declaratoria de la existencia de la sociedad patrimonial desde el 7 de octubre de 2006, en consideraci\u00f3n a que en esa calenda cobr\u00f3 ejecutoria la sentencia proferida por el Juzgado 16 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1 -el 6 de octubre de 2006-. Con la cual cesaron los efectos civiles del matrimonio y se disolvi\u00f3 la sociedad conyugal entre Josefina \u00d3mbita y Alfonso D\u00edaz. <\/p>\n
2.2.2. Lo anterior equivale a decir que las censuras no son sim\u00e9tricas con relaci\u00f3n a la motivaci\u00f3n del fallo de segundo grado. Ciertamente, este recurso extraordinario exige <\/p>\n
una cr\u00edtica concreta y razonada [que] guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para citar solo algunos\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01) (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01) (se resalta). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, los cargos fracasan. En aplicaci\u00f3n del inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, se impondr\u00e1 condena en costas en contra de los recurrentes. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n, por el magistrado ponente, seg\u00fan el numeral 3\u00b0 \u00eddem -para su cuantificaci\u00f3n se tendr\u00e1n en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura-. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 13 de noviembre de 2020, en el proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Condenar en costas de la casaci\u00f3n a los recurrentes. Incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de diez (10) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, por concepto de agencias en derecho, que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR que, en oportunidad, se remita el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1ginas 104 a 109 del PDF \u00abCuadernoPrincipal\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 165 del PDF \u00abCuadernoPrincipal\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1ginas 125-131 del PDF \u00abCuadernoPrincipal\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gina 171 del PDF \u00abCuadernoPrincipal\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1ginas 189-194 del PDF \u00abCuadernoPrincipal\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 P\u00e1ginas 295-296 del PDF \u00abCuadernoPrincipal\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Sustent\u00f3 ese argumento con apoyo en la sentencia SC019-2014. <\/p>\n
8\u0002 La misma orfandad de detalle sobre la relaci\u00f3n de pareja fue advertida en los interrogatorios de parte rendidos por Esmeralda Bernal Luque y Hugo Arturo Vega Arango. Aparte, denot\u00f3 las evidentes inconsistencias y contradicciones entre las manifestaciones de ambos. Adicionalmente, desestim\u00f3 las declaraciones extrajuicio efectuadas por el demandado el 18 de octubre del 2020, en tanto in\u00fatil, y la rendida el 02 de julio del 2013 y lo dicho en las escrituras no. 00950 del 9 de mayo de 2012 y 4711 del 11 de noviembre de 2016, puesto que \u00abno puede constituir prueba de confesi\u00f3n pues es palmario el incumplimiento del requisito impuesto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual tal medio de convicci\u00f3n requiere \u00abque verse sobre hechos que produzcan consecuencias jur\u00eddicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria\u00bb, lo que evidentemente no se da en la susodicha prueba\u00bb. A su turno, la certificaci\u00f3n de Salud Total EPS, seg\u00fan la cual Vega Arango y Bernal Luque se encuentran afiliados como cotizante y c\u00f3nyuge, no es suficiente para establecer una convivencia permanente y singular desde 1980 hasta la actualidad. <\/p>\n
10\u0002 La Corte Constitucional rememor\u00f3 las sentencias de 10 de septiembre de 2003 Exp. 7603, 4 de sept. de 2006, Rad. 2003-00068-01; 22 de marzo de 2011, rad. n\u00b0 2007 00091 01; 11 de sept. 2013 Rad. 2001-00011-01; 9 sept. 2015 Rad. 2008-00253-01. <\/p>\n
11\u0002 Sentencias de casaci\u00f3n del 4 de septiembre de 2006, ra. 1998-00696-01. 22 de marzo de 2011, rad. 2007-00091-01 y 28 de noviembre de 2012, rad. 2006-00173-01. <\/p>\n
12\u0002 Sentencia del 28 de noviembre de 2012, rad. 2006-00173-01. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC311-2023 (2017-00199-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC311-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-030-2017-00199-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por Hugo Arturo Vega […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76015","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76015","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76015"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76015\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76015"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76015"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76015"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}