SC315-2023 (2021-00271-00)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC315-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00271-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide por sentencia anticipada el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por Alixon Alexander Orozco Gonz\u00e1lez1 frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 del 28 de junio de 2019, en el proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras promovido por Hermelinda Ochoa Lizcano y Nicol\u00e1s Rivera Garavito. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas Direcci\u00f3n Territorial del Meta en nombre de Hermelinda Ochoa Lizcano y su esposo -Mario Fernando Acevedo Rojas- pidi\u00f3 que se les declare v\u00edctimas de abandono del Lote Parcela No. 18 situado en la Parcelaci\u00f3n \u201cLa Pradera\u201d, vereda La Casta\u00f1eda del municipio de San Martin, Meta, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 236-59668. En consecuencia, que se declare que son v\u00edctimas a la luz de los previsto en el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1448 de 2011. Y acreedores del derecho a la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del inmueble, en los t\u00e9rminos de los c\u00e1nones 74 y 75 ibidem. En nombre de Nicol\u00e1s Rivera Garavito y su esposa -Lucena Ochoa Lizcano-, peticion\u00f3 que se les declare v\u00edctimas de abandono del Lote Parcela No. 19 situado en la misma parcelaci\u00f3n, vereda y municipio, identificado con FMI 236-59699. Por consiguiente, que se realice id\u00e9ntica condena. <\/p>\n
Finalmente, solicit\u00f3 el decreto de las compensaciones a que haya lugar a favor de eventuales opositores que prueben su buena fe exenta de culpa. Y, como pretensi\u00f3n subsidiaria, pidi\u00f3 que se ordene la compensaci\u00f3n en especie o de otra \u00edndole a favor de las v\u00edctimas. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio -con auto del 1\u00b0 de abril de 2016-2 admiti\u00f3 la solicitud especial de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras de radicado 2016-00041. En desarrollo de la causa, Alixon Alexander Orozco Gonz\u00e1lez -recurrente- y Delfina Gonz\u00e1lez se presentaron como opositores. Fenecido el t\u00e9rmino probatorio, el estrado judicial -con prove\u00eddo del 27 de febrero de 2018-3 orden\u00f3 remitir el dossier a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 -con providencia del 28 de junio de 2019-4 declar\u00f3 que los peticionarios y sus n\u00facleos familiares fueron v\u00edctimas de abandono y despojo jur\u00eddico de las Parcelas 18 y 19, respectivamente. Por lo tanto, consider\u00f3 que ten\u00edan derecho a la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de los referidos inmuebles en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 3, 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011. Asimismo, concluy\u00f3 que los opositores \u00abno probaron buena fe exenta de culpa, [y no] re\u00fanen las condiciones para categorizarlos como segundos ocupantes. Por tanto, no tienen derecho a compensaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
4. Ulteriormente, la UAEGRTD pidi\u00f3 que fueran corregidos algunos errores tipogr\u00e1ficos cometidos en la parte resolutiva del fallo mencionado. El Colegiado -con auto del 16 de agosto de 2019-5 accedi\u00f3 a lo pretendido. <\/p>\n
5. Finalmente, el recurrente present\u00f3 recurso de revisi\u00f3n contra la sentencia que se viene de exponer. <\/p>\n
II. TR\u00c1MITE DEL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
1. El fallo atacado fue proferido el 28 de junio de 20196 -corregido en prove\u00eddo del 16 de agosto posterior-7, y el recurso propuesto se radic\u00f3 el 11 de diciembre de 20208. Por tanto, se concluye que fue presentado en t\u00e9rmino. <\/p>\n
2. El actor deprec\u00f3 la nulidad del fallo anotado con fundamento en la causal octava del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso. En sustento, afirm\u00f3 que de acuerdo con el art\u00edculo 75 de la Ley 1488 de 2011, son dos los elementos que deben acreditarse para el \u00e9xito de una demanda de restituci\u00f3n de tierras: \u00aba) Tener la calidad de v\u00edctima como se define en su art\u00edculo tercero, y b) Acreditar una relaci\u00f3n de propietario, poseedor u ocupante con el predio a restituir\u00bb. Respecto del primero, rese\u00f1\u00f3 que Nicol\u00e1s Rivera Garavito no puede ser considerado como v\u00edctima, \u00abya que sus inconvenientes surgieron de una disputa personal con sus compa\u00f1eros de propiedad y asociaci\u00f3n por los manejos de los recursos que manejaron, y si uno de ellos le envi\u00f3 mensajes \u201cintimidatorios\u201d, a lo sumo estar\u00edamos frente a actos de delincuencia com\u00fan, lo que le remueve la calidad de v\u00edctima que aduce\u2026\u00bb. Frente al segundo, estim\u00f3 que aquel no tuvo relaci\u00f3n alguna con el predio restituido, ya que \u00ab[n]i fue su propietario, ni fue su poseedor, ni fue su ocupante\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, expuso que su intenci\u00f3n no era reabrir el debate procesal. Ni convertir el recurso en una instancia adicional. Aclar\u00f3 que pretend\u00eda ilustrar la \u00abexistencia de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso de restituci\u00f3n de tierras que nos ocupa, por vulneraci\u00f3n del debido proceso en la vertiente de la falta de motivaci\u00f3n\u00bb. Apuntal\u00f3 que \u00abla motivaci\u00f3n de las sentencias constituye un pilar del debido proceso, est\u00e1 consagrado en la ley y as\u00ed lo han reconocido pac\u00edficamente todas las Altas Cortes de nuestra patria\u00bb. Corolario de lo referido, esgrimi\u00f3 que \u00abson las falsas premisas en que se fundament\u00f3 la sentencia las que hemos querido evidenciar, pues una sentencia as\u00ed concebida no puede producir efecto alguno. La motivaci\u00f3n falsa es a\u00fan m\u00e1s grave que la carencia de motivaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Subsanados los requisitos exigidos en la normativa procesal (art\u00edculos 354 y ss.), este Despacho -con auto de 9 de junio de 20229-, admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 correr su traslado a la contraparte en el proceso cuestionado. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD10, obrando como apoderada del beneficiario de la referida restituci\u00f3n, Nicol\u00e1s Rivera Garavito, se pronunci\u00f3 de cara a cada uno de los hechos enlistados por el opugnante. Aunado a lo anterior, se opuso a las pretensiones y a la prosperidad del recurso propuesto, habida cuenta que \u00abninguna de las hip\u00f3tesis planteadas por el recurrente da lugar a la declaratoria de nulidad de la sentencia, dado que lo planteado es meramente subjetivo e incluso sacado de contexto de la declaraci\u00f3n, alej\u00e1ndose del marco de la causal octava de revisi\u00f3n; sus l\u00e1nguidos argumentos se basan de manera infundada en la apreciaci\u00f3n que tuvo el sentenciador de los hechos y pruebas del proceso\u2026 argumentos inadmisibles a la luz de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia\u2026\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, el procurador delegado para Asuntos de Restituci\u00f3n de Tierras11 manifest\u00f3 que \u00ablo pretendido por el recurrente es enrostrar, en su parecer, errores de juzgamiento del Tribunal, lo que desborda el prop\u00f3sito del recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que \u00aben las alegaciones del recurrente no se encuentra elemento alguno que permita asegurar, que el Tribunal en el fallo cuestionado haya incurrido en una falta o indebida motivaci\u00f3n de la sentencia, esto es, en omisiones en el desarrollo de aspectos esenciales del asunto o en una manifiesta deficiencia o en impertinencia o contradicci\u00f3n relevantes de donde se infiera, necesariamente, la nulidad de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Con prove\u00eddo del 28 de marzo de 202312 se orden\u00f3 al recurrente que cumpliera con la carga de notificar a todos los interesados dentro de la causa natural, so pena de declarar el desistimiento t\u00e1cito. En este sentido, a trav\u00e9s de memoriales del 1713, 2014 y 2115 de abril del a\u00f1o en curso, cumpli\u00f3 con lo requerido. Adicionalmente, por medio de correo electr\u00f3nico del 5 de mayo hoga\u00f1o16, pidi\u00f3 que fueran emplazados Lucena Ochoa Lizcano y Mario Fernando Acevedo Rojas, debido a que desconoc\u00eda su domicilio y los canales de notificaci\u00f3n. En atenci\u00f3n al petitorio elevado, con auto del 11 de mayo ulterior17 se procedi\u00f3 a la inscripci\u00f3n de los ciudadanos referidos en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Posteriormente, allegaron escritos requiriendo la notificaci\u00f3n y traslado de la demanda. La Secretar\u00eda de la Sala -con oficios del 14 y 15 de junio de 2023- los notific\u00f3 personalmente y les corri\u00f3 el traslado respectivo. Cumplido el t\u00e9rmino de los cinco (5) d\u00edas, guardaron silencio. <\/p>\n
5. Efectuado el traslado a la demandada, el 29 de junio de 2023, sin que existieran otros medios de convicci\u00f3n por recaudar, se tuvieron en cuenta como pruebas las aportadas al plenario. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, es procedente el fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia. En efecto, de acuerdo con las pruebas allegadas y la situaci\u00f3n de facto particular no son necesarios elementos de convicci\u00f3n adicionales. <\/p>\n
1.1. El recurrente, al amparo de la causal 8\u00aa del art\u00edculo 355 del C.G.P., indic\u00f3 que la nulidad se origin\u00f3 en la providencia proferida el 28 de junio de 2019, pues carece esencialmente de motivaci\u00f3n racional o tuvo una motivaci\u00f3n \u00absof\u00edstica, aparente o falsa\u00bb. Esto pues, estim\u00f3 que, con los medios de convicci\u00f3n allegados, no se acreditaron los requisitos establecidos en el art\u00edculo 75 de la Ley 1488 de 2011 para el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras. En contraste, trat\u00e1ndose de los presuntos hechos victimizantes sufridos por Nicol\u00e1s Rivera Garavito, enrostr\u00f3 que del testimonio rendido por este se vislumbra que \u00abNUNCA mencion\u00f3 que tales personas acudieron al grupo paramilitar que controlaba la zona. Lo que dijo fue que Josu\u00e9 Moreno, uno de los copropietarios del predio con quien manten\u00eda discrepancias por sendas desconfianzas, le mand\u00f3 la raz\u00f3n a trav\u00e9s de compa\u00f1eros de fundo de que le iba a mandar los paramilitares, lo que es muy diferente\u00bb. Recalc\u00f3 que entender lo contrario ser\u00eda construir \u00abuna verdad alterna (que no es verdad obviamente), se llegar\u00e1 a conclusiones alejadas de la realidad y de la justicia\u00bb. Reiter\u00f3 que \u00abJam\u00e1s tuvo problemas con los grupos paramilitares, ni un s\u00ed ni un no. Rivera ha se\u00f1alado repetidamente que las intimidaciones que le infundieron temor por su vida provinieron de su compa\u00f1ero de parcela Josu\u00e9 Moreno. Nada que ver con el conflicto armado interno as\u00ed le mencionara que le iba a mandar \u201cla gente\u201d\u00bb. <\/p>\n
1.2. Por otro lado, en lo que refiere al requisito de acreditar la relaci\u00f3n de propietario con el predio a restituir, adujo que la sentencia se bas\u00f3 en \u00abpremisas falsas\u00bb, puesto que \u00abLa decisi\u00f3n lleva \u00ednsito un absoluto desconocimiento de la verdad probada y de las normas que deben regir el aspecto de la relaci\u00f3n del predio con el aspirante a restituci\u00f3n\u00bb. Esto, porque sobre el bien restituido Rivera Garavito \u00abno ten\u00eda ning\u00fan derecho de propiedad o posesi\u00f3n en la \u00e9poca de los hechos\u00bb. Y concluy\u00f3 que \u00abLa construcci\u00f3n argumentativa que elabora la demanda y recoge la sentencia para devolver lo que no se ha tenido jam\u00e1s, solo es producto de premisas sin asidero en los hechos que interesan a la ley y desconociendo todas las previsiones legales al respecto\u00bb. <\/p>\n
2. Sobre esta causal, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido, primero, motivar \u00abes tambi\u00e9n justificar con razones adecuadas una resoluci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ SC12948-2016, rad. 2012-01064-00). Segundo, la nulidad emanada del fallo tiene que ser de naturaleza estrictamente procesal., \u00aben tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u00bb (CSJ SC 22 Sep. 1999. R. 7421). Tercero, en principio, \u00ablos motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que – a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil- \u2026se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u00bb (CSJ SR, 29 oct. 2004. Rad. 03001. Reiterada en CSJ SC7121-2017, reiterado en CSJ SC674 de 2020). As\u00ed y todo, cuarto, la Corte ha aceptado que existen casos en que el espectro de las nulidades se extender\u00eda allende el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso -por ejemplo, a prop\u00f3sito de la falta grave de motivaci\u00f3n o palmaria falsa motivaci\u00f3n-. N\u00f3tese que \u00abla gravedad, no s\u00f3lo comprende una inexistencia plena o total de los motivos para fallar la litis, sino, tambi\u00e9n, cuando el sost\u00e9n argumentativo explicitado rompe toda l\u00f3gica o coherencia; se aparta de elementales reglas del sentido com\u00fan y contrar\u00eda, abiertamente, la raz\u00f3n.\u00bb (CSJ SC 31 de julio de 2015, Exp. 2009 00241 01). Empero, quinto, este escenario de la falsa motivaci\u00f3n no podr\u00eda confundirse con aquella motivaci\u00f3n lac\u00f3nica o parca, porque \u00aben la medida en que aborde el tema litigioso, no estructura el vicio; los argumentos expuestos cuando resultan entendibles, comprensibles y anejos al tema debatido no configuran la irregularidad.\u00bb (CSJ SC 31 de julio de 2015, Exp. 2009 00241 01). Incluso, \u00abel razonamiento confuso, deficiente, escaso, exiguo, incompleto, insuficiente o parco no traduce ni conduce a significar que el fallo carezca de fundamentaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC10223 de 2014, reiterado en CSJ SC3892 de 2020). Esto es, sexto, \u00abeste tr\u00e1mite no tiene por finalidad reabrir el debate original, de manera que no constituye una instancia adicional del proceso (\u2026) no es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relaci\u00f3n ni tampoco hay lugar a la fiscalizaci\u00f3n de las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas en ese mismo proceso ventiladas\u00bb (G.J. CCXLIX. Vol. I, 117, citado en Rev. Civ., sentencia de 8 de abril de 2011, Exp. 2009-00125-00)\u00bb (CSJ SC 19 dic. 2012, rad. 2010-00598-00, reiterada en CSJ SC5408-2018). De all\u00ed que sea materia bien dis\u00edmil el an\u00e1lisis de una adecuada o deficiente justificaci\u00f3n, por un lado, de aquel escenario de la catedralicia falsa motivaci\u00f3n, por otro. De lo contrario, \u00abpor esa v\u00eda todas las veces se podr\u00eda reabrir el debate para reexaminar el litigio y meter baza el juez extraordinario para imponer su criterio jur\u00eddico, con ostensible e injustificado detrimento de la confianza de los justiciables en la firmeza, seriedad y definitividad de los fallos\u00bb (CSJ AC5149-2021). <\/p>\n
3. En el caso concreto, s\u00ed es cierto que el embate no se limit\u00f3 a plantear un yerro del juicio del Colegiado, a prop\u00f3sito de su valoraci\u00f3n probatoria. De all\u00ed que el ataque fuese admitido -no se estructur\u00f3 en la simple petici\u00f3n de reapertura del debate procesal-. Esto es, no se confin\u00f3 a la simple exposici\u00f3n del desacuerdo frente a la valoraci\u00f3n probatoria del fallador. De manera puntual, todo el esfuerzo se edific\u00f3 en la categ\u00f3rica conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual la \u00abmotivaci\u00f3n falsa es a\u00fan m\u00e1s grave que la carencia de motivaci\u00f3n\u00bb. En una palabra, se se\u00f1al\u00f3 una palmaria falsa motivaci\u00f3n. As\u00ed y todo, como se justificar\u00e1 a continuaci\u00f3n, el recurso naufragar\u00e1. <\/p>\n
3.1.1. Para ello, empez\u00f3 por resaltar la relaci\u00f3n que ten\u00edan los peticionarios con los inmuebles objeto de restituci\u00f3n. Y afirm\u00f3 que las \u00abcopias de los expediente correspondientes a los procesos ordinarios de pertenencia tramitados por Edwin Orozco frente a la parcela 18 con radicado 2009-00012, y Alixon Alexander Orozco respecto de la parcela 19, con radicado 2009-00042, ambos en el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martin, as\u00ed como la prueba documental a folios 158 y 159 del cuaderno 1, permiten establecer, entre otros elementos de prueba, que para el a\u00f1o 2001 las parcelas que integraban la finca La Pradera, y en particular las que son objeto de reclamaci\u00f3n, ya estaban materialmente singularizadas e individualizadas, y se identificaban como titulares de la parcela 18 a Hermelinda Ochoa Lizcano y su esposo Mario Fernando Acevedo Rojas, y de la parcela 19 a Nicol\u00e1s Rivera Garavito y su esposa Lucena Ochoa Lizcano, pues fue justamente contra ellos que se dirigieron las demandas de pertenencia, sobre la base de posesiones iniciadas hacia los a\u00f1os 1999 y 2001, procesos producto de las cuales se aperturaron los folios de matr\u00edcula inmobiliaria: 236-59668 para el lote 18, y 236- 59699 para el lote 19, segregados ambos del folio 236-17226 que correspond\u00eda al predio de mayor extensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. Luego, para analizar los hechos victimizantes sufridos por los demandantes, trajo a colaci\u00f3n los testimonios rendidos en sede administrativa y judicial por Hermelinda Ochoa, Mario Fernando Acevedo Rojas, Nicol\u00e1s Rivera Garavito, y las declaraciones de Ismael Rinc\u00f3n Vel\u00e1squez, Aura Mar\u00eda Coronel Guerrero, Pablo Emilio Acevedo, Jos\u00e9 Omar Garc\u00eda Calder\u00f3n y Edgar Garc\u00eda Calder\u00f3n. De ello, coligi\u00f3 que \u00ablos hechos victimizantes se establecen: (i) Prima facie, con la versi\u00f3n de la v\u00edctima, la cual, como repetidamente se ha se\u00f1alado, goza de la presunci\u00f3n de veracidad en funci\u00f3n del principio buena fe que igual la ley presume en su favor, relev\u00e1ndola de la carga de la prueba; (ii) La parte opositora, a quien se traslada tal carga demostrativa, en tanto es la llamada a controvertir la versi\u00f3n de la v\u00edctima, en este caso no logra desvirtuar el dicho de los reclamantes, pues los testigos tra\u00eddos a esta causa, incluso la prueba documental aportada, solo da cuenta del temprano abandono de las parcelas por los solicitantes, pero en modo alguno permiten establecer un motivo serio, claro, expreso, evidente e incontrovertible que sea distinto del alegado por los reclamantes y que lo desvirt\u00fae o ponga en entredicho; (iii) Dos testigos dan cuenta de la versi\u00f3n de los reclamantes; y (iv) La mayor\u00eda de los testigos informaron sobre la presencia de Autodefensas en jurisdicci\u00f3n del Municipio de San Mart\u00edn\u00bb. <\/p>\n
3.1.3. Y puntualiz\u00f3 que \u00ablas amenazas causaron un hecho victimizante adicional, el desplazamiento de los accionantes de la parcelaci\u00f3n la Pradera, en el caso de Hermelinda Ochoa Lizcano y su esposo Mario Fernando Acevedo Rojas, hacia la ciudad Villavicencio, en tanto, hubo orden expresa de que no los quer\u00edan ver m\u00e1s por all\u00ed. En el caso de Nicol\u00e1s Rivera hacia Restrepo, y porque se le amenaz\u00f3 con enviarle los paramilitares, lo que gener\u00f3 temor ante la posibilidad de que su vida e integridad personal corrieran riesgo, as\u00ed lo expres\u00f3 en sus atestaciones, pues prefiri\u00f3 no regresar a la finca la Pradera, perder su propiedad y verse endeudado por la obligaci\u00f3n adquirida con la Caja Agraria, que poner en riesgo su vida\u00bb. <\/p>\n
3.2. Por lo expuesto, resalt\u00f3 que estaban cumplidos los presupuestos que exige la norma para acceder a la restituci\u00f3n implorada. Aclar\u00f3 que si bien \u00abmediante sentencias en proceso ordinarios de pertenencia iniciados en el a\u00f1o 2009, se otorg\u00f3 el derecho de dominio por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria a los opositores, debe presumirse que los factores de violencia de los que fueron v\u00edctimas los reclamantes, les impidi\u00f3 como en efecto ocurri\u00f3, ejercer debidamente su derecho de contradicci\u00f3n y de defensa en el marco de esos procesos ordinarios\u2026 Pero, adem\u00e1s, porque en virtud de la presunci\u00f3n establecida en el 5\u00b0 del literado art\u00edculo 77\u2026 la posesi\u00f3n iniciada por los usucapientes con posterioridad al abandono de las parcelas por los reclamantes, debe presumirse que nunca existi\u00f3, todo lo cual dejar\u00eda sin piso legal y jur\u00eddico la posesi\u00f3n invocada por los opositores para acceder a la titularidad sobre esos bienes, implorada como pretensi\u00f3n en los procesos ordinarios\u00bb. <\/p>\n
3.3. Finalmente, expuso -conforme al material probatorio- que los opositores no lograron demostrar su buena fe exenta de culpa, como tampoco con las exigencias para ser categorizados como segundos ocupantes. En ese orden, no accedi\u00f3 a la compensaci\u00f3n u otras medidas de atenci\u00f3n y asistencia. <\/p>\n
4. En una palabra, se observa que la motivaci\u00f3n del fallo condensa el porqu\u00e9 del sentido dado a la realidad f\u00e1ctica y jur\u00eddica surgida de la controversia. Adem\u00e1s, exterioriza la percepci\u00f3n racional y justificada del estado de cosas visto por el juzgador, con fundamento en las actuaciones validadas, de las pruebas practicadas y de los preceptos normativos principales que gobiernan el caso. Y destaca -en el marco de la justicia transicional-, el concepto de v\u00edctima; tambi\u00e9n analiza los hechos materiales del conflicto armado y la forma como se reflejaron en el caso concreto. <\/p>\n
5. Por las razones expuestas, se declarar\u00e1 infundado el recurso de revisi\u00f3n. En consecuencia, se condenar\u00e1 al recurrente al pago de las costas y los perjuicios que haya ocasionado con su actuar en el presente recurso, incluy\u00e9ndose las agencias en derecho a favor de los convocados. Se condena en costas al recurrente, conforme a lo prevenido por el inciso final del art\u00edculo 359 del compendio procesal general. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n por el magistrado ponente, seg\u00fan lo establecido en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 366 ibidem y las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Alixon Alexander Orozco Gonz\u00e1lez frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 28 de junio de 2019, en el proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras promovido por Hermelinda Ochoa Lizcano y Nicol\u00e1s Rivera Garavito. <\/p>\n
SEGUNDO: Condenar en costas y perjuicios al recurrente. Liqu\u00eddense con incidente los perjuicios. E incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n de las costas la suma de $6.000.000, por concepto de agencias en derecho, que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
TERCERO: Devolver el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen donde se dict\u00f3 la sentencia materia de revisi\u00f3n, junto con copia de esta providencia. Por secretar\u00eda, l\u00edbrese el oficio correspondiente. Cumplido lo anterior, archivar las diligencias. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(con aclaraci\u00f3n del voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(con aclaraci\u00f3n del voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00271-00 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque compartimos plenamente el sentido de la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 la Sala, respetuosamente nos permitimos aclarar nuestro voto, en relaci\u00f3n con los apartes del fallo que sostienen que \u00abla Corte ha aceptado que existen casos en que el espectro de las nulidades se extender\u00eda allende el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por ejemplo, a prop\u00f3sito de la (…) palmaria falsa motivaci\u00f3n\u00bb. Lo anterior en tanto que dicha hip\u00f3tesis no armoniza con el precedente vigente, ni con la arquitectura del proceso civil. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La causal octava de revisi\u00f3n. <\/p>\n
El legislador instituy\u00f3 como octavo motivo de revisi\u00f3n la existencia de una \u00abnulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb (art. 355-8CGP); sin embargo, no precis\u00f3 si con ello se refer\u00eda a: (i) la estructuraci\u00f3n, en la fase conclusiva del juicio, de una cualquiera de las causales de anulabilidad procesal previstas en la codificaci\u00f3n procesal civil vigente, o (ii) al advenimiento de pifias distintas, que, por su trascendencia, justificar\u00edan la anulaci\u00f3n de providencias del referido linaje. <\/p>\n
Para salvar ese vac\u00edo normativo, la jurisprudencia de la Corte ven\u00eda inclin\u00e1ndose, de forma consistente, por la primera alternativa. Por v\u00eda de ejemplo, en el fallo CSJ SC, 27 sep. 1996, rad. 5641, se afirm\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abLa especificidad de los motivos de revisi\u00f3n viene a ser as\u00ed una nota caracter\u00edstica que impide orientar la impugnaci\u00f3n para cumplir prop\u00f3sitos diferentes seg\u00fan sea el antojo del impugnante, en tanto que el recurso en los t\u00e9rminos en que legalmente est\u00e1 concebido, apunta a eliminar en casos especial\u00edsimos los efectos de cosa juzgada material con todas las consecuencias jur\u00eddicas que ello implica. En esa misma medida, precisa decir que cuando se invoca la causal 8\u00aa de revisi\u00f3n del art\u00edculo 380 del C. de P.C. consistente en \u201cexistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d, debe se\u00f1alarse un hecho de orden formal que constituya uno de los vicios procesales de los que enlista el art\u00edculo 140 del C. de P.C. y que se origine s\u00f3lo en la sentencia, lo que de plano descarta que pueda ser considerado como causal de nulidad, y por ende de revisi\u00f3n, el error jur\u00eddico o f\u00e1ctico que en el sentir del impugnante fluya de las consideraciones en que se apoya el fallo objeto de revisi\u00f3n, o, como aqu\u00ed se propone, de las motivaciones que haya efectuado el sentenciador en casaci\u00f3n para proveer sobre el recurso; las discrepancias de ese orden, por razonables que puedan ser (…) am\u00e9n de que quedan en el campo de la divagaci\u00f3n o de la mera conjetura, no constituye defecto formal alguno o vicio procesal que inficione el proceso\u00bb. <\/p>\n
Por ese mismo sendero, en CSJ SC, 29 oct. 2004, rad. 2001-00030-01, la Corte explic\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(…) los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades- se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes; es decir, \u201c\u2026no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta suspendido el proceso. Lo cual es apenas l\u00f3gico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando \u00e9stas conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisi\u00f3n\u201d. (CLVIII, 134)\u00bb. <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente, dijo: <\/p>\n
\u00ab[E]l motivo de revisi\u00f3n consagrado en el numeral octavo del art\u00edculo 380 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelaci\u00f3n o de casaci\u00f3n, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deber\u00e1 alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnaci\u00f3n no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio. <\/p>\n
(…) De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u201cabolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u201d (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421). Es decir que ha de tratarse de \u201cuna irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que \u2013a m\u00e1s de estar expresamente previstos (…)\u2013 \u2026se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u201d (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001)\u00bb (CSJ SC9228-2017). <\/p>\n
2. Las graves deficiencias de motivaci\u00f3n como causal de anulabilidad de la sentencia: reconstrucci\u00f3n del precedente. <\/p>\n
Pese a la solidez de la jurisprudencia compendiada, a partir de algunos dichos de paso puntuales de la sentencia CSJ SC, 29 ago. 2008, rad. 2004-00729-00, se intent\u00f3 formular una novedosa tesis, seg\u00fan la cual ser\u00eda imperativo extender el efecto anulatorio de la sentencia a un evento distinto de los supuestos abstractos enlistados en el estatuto adjetivo (arts. 140CPC o 133CGP, seg\u00fan el caso), pero que conlleva una indudable afectaci\u00f3n al debido proceso: la falta de motivaci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
Sin embargo, es pertinente abordar con sumo cuidado los alcances de esa propuesta, pues ni siquiera en el fallo citado \u2013su fuente primigenia\u2013 se tom\u00f3 partido a favor de la posibilidad de anular una sentencia por errores materiales de la motivaci\u00f3n, por muy graves que estos fuesen. En efecto, en el referido precedente se inici\u00f3 diciendo que, t\u00edmidamente, la Corte hab\u00eda admitido la \u00abfalta absoluta de motivaci\u00f3n\u00bb o la \u00abausencia radical de motivaci\u00f3n\u00bb como hip\u00f3tesis estructurante de la causal quinta de casaci\u00f3n18: <\/p>\n
\u00ab[L]a Corte Suprema de Justicia ha considerado que la irregularidad procesal en estos casos ocurre cuando existe una, pues \u201cseg\u00fan lo han ense\u00f1ado concorde y un\u00e1nimemente doctrina y jurisprudencia, para que sea posible hablar de falta de motivaci\u00f3n de la sentencia como vicio invalidativo del proceso, se requiere que aquella sea total o radical. Por mejor decirlo, es posible que en un caso dado a los razonamientos del juzgador les quepa el calificativo de escasos o incompletos, sin que por tal raz\u00f3n sea dable concluir que la sentencia adolece de carencia de fundamentaci\u00f3n\u201d (Sent. Cas. Civ. de 29 de abril de 1988). <\/p>\n
El criterio expuesto ha sido ratificado por esta Corporaci\u00f3n, que luego de comentar la desaparici\u00f3n de la norma constitucional que establec\u00eda el deber de fundamentar las sentencias -antiguo art\u00edculo 163 de la C.N-, reiter\u00f3 que \u201c(…) para que sea posible hablar de falta de motivaci\u00f3n de la sentencia como vicio invalidativo del proceso, se requiere que aquella sea total o radical (\u2026). Esto, por supuesto, se explica no s\u00f3lo porque l\u00f3gicamente se est\u00e1 en frente de conceptos distintos (una cosa es la motivaci\u00f3n insuficiente y otra la ausencia de motivaci\u00f3n), sino tambi\u00e9n porque en la pr\u00e1ctica no habr\u00eda luego c\u00f3mo precisar cu\u00e1ndo la cortedad de las razones es asimilable al defecto de las mismas, y cu\u00e1ndo no lo puede ser (Cas. Civ. 29 de abril de 1988, sin publicar)\u201d (Sent. Cas. Civ. de 1 de septiembre de 1995 Exp. No. 4219). <\/p>\n
Y recientemente, la Corte reconoci\u00f3 que la nulidad en la sentencia puede provenir de la falta radical, absoluta o total de fundamentaci\u00f3n de la providencia e insiste en que \u201cno se trata de una motivaci\u00f3n parca, corta e insatisfactoria, sino de su completa ausencia o inexistencia, pues, se repite, el juzgador no suministr\u00f3 ning\u00fan elemento de juicio que remotamente apuntara a soportar este punto de la providencia, con lo que emerge la comisi\u00f3n de un vicio de actividad o in procedendo que viene a determinar el \u00e9xito de la censura\u201d (Sent. Cas. Civ. de 23 de enero de 2006, Exp. No. 5969)\u00bb. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, y pretextando \u00abla necesidad de acompasar las causales del recurso de revisi\u00f3n a las exigencias de hoy\u00bb, se dijo necesario \u00abhurgar con mirada penetrante si esa motivaci\u00f3n satisface o no las actuales exigencias constitucionales\u00bb. Y, para justificar tal raciocinio, se hizo acopio de varios fallos de tutela, en los que se hab\u00eda advertido la presencia de una causa de procedencia de dicha acci\u00f3n contra providencias judiciales: la \u00abdecisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n\u00bb, que, en palabras de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, \u00abimplica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones\u00bb (sentencia C-590 de 2005, reiterada, entre otras, en SU-116 de 2018). <\/p>\n
En las premisas trasuntadas, algunos sectores de la doctrina y la judicatura nacionales creyeron hallar justificaci\u00f3n suficiente para trasladar al recurso extraordinario de revisi\u00f3n la informalidad propia de las acciones constitucionales, de modo que pudiera emprenderse all\u00ed un an\u00e1lisis de fondo del fallo recurrido, con miras a verificar la presencia de defectos muy graves en su motivaci\u00f3n, que pudieran llevar al quiebre del fallo, vali\u00e9ndose de la citada causal octava del precepto 355CGP. <\/p>\n
Sin embargo, ese entendimiento carece de asidero. Incluso en la misma sentencia CSJ SC, 9 ago. 2008, rad. 2004-00729-01, la Sala fue cuidadosa en truncar esa senda interpretativa: <\/p>\n
\u00abSe ha dicho usualmente que la nulidad originada en la sentencia, cuando de argumentaci\u00f3n se trata, supone la ausencia total de motivaci\u00f3n. No obstante, en ese contexto casi ser\u00eda imposible hallar una sentencia totalmente carente de razones, lo cual impone que en el camino de aplicar la carencia de argumentos como fuente de la nulidad de la sentencia, sea necesario un esfuerzo adicional, ya que normalmente los juzgadores abonan algunos motivos para decidir, de modo que resultar\u00eda est\u00e9ril la b\u00fasqueda de una sentencia radicalmente ayuna de fundamentos. A partir de esta circunstancia, parece necesario dejar sentado como premisa, que no basta la presencia objetiva de argumentos en la sentencia para que el fallo quede blindado y a resguardo de la nulidad, pues la mirada debe penetrar en la m\u00e9dula misma del acto de juzgamiento, para averiguar si la motivaci\u00f3n puesta apenas tiene el grado de aparente, y si de ese modo puede encubrir un caso de verdadera ausencia de motivaci\u00f3n; de esta manera, el juez de la revisi\u00f3n no puede negarse a auscultar los argumentos y su fuerza, tomando recaudos, eso s\u00ed, para no hacer del recurso de revisi\u00f3n una tercera instancia espuria. <\/p>\n
Desde luego que en ese ejercicio de desvelar la nulidad en la sentencia a partir de la carencia o precariedad grave de la motivaci\u00f3n, y en presencia del cumplimiento apenas formal del deber de dar argumentos, podr\u00eda el juez del recurso de revisi\u00f3n caer en la tentaci\u00f3n de sustituir los argumentos del fallo, por otros que considerara de mejor factura, lo cual desnaturalizar\u00eda el recurso de revisi\u00f3n e invadir\u00eda los terrenos de otras formas de impugnaci\u00f3n, en franco desdoro del principio de la cosa juzgada. No obstante, la prudencia y buen juicio del juez colectivo que conoce del recurso de revisi\u00f3n, es prenda suficiente de que tal cosa no ocurrir\u00e1. <\/p>\n
S\u00edguese de todo ello, que no basta con la existencia objetiva de argumentos como apoyo de la sentencia, sino que el fallo debe estar soportado en consideraciones que superen el simple acto de voluntad del juez, pues el ideal de un sistema jur\u00eddico evolucionado hace de la sentencia el instrumento de la voluntad concreta de todo el ordenamiento jur\u00eddico, que en el fallo encuentra el momento de realizaci\u00f3n estelar, y no la expresi\u00f3n de aquel sentido de la sentencia que dar\u00eda cuenta apenas de la elecci\u00f3n personal del juez y de sus preferencias, hecha bajo el manto de unos motivos cuya presencia objetiva no impide el vac\u00edo argumentativo en atenci\u00f3n a lo intolerable de dicha forma de justificar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. S\u00edntesis de la postura actual de la Sala (mayoritaria). <\/p>\n
Pese a lo expuesto, la idea de que la jurisprudencia hab\u00eda habilitado la anulaci\u00f3n de sentencias por graves defectos de motivaci\u00f3n fue extendi\u00e9ndose en la comunidad jur\u00eddica, al punto de llegar a ser uno de los alegatos m\u00e1s recurrentes en sede de revisi\u00f3n \u2013a pesar de jam\u00e1s haber sido acogido por la Corte\u2013. Para superar esa imprecisi\u00f3n conceptual, esta Sala ha venido construyendo s\u00f3lidos consensos alrededor de los requisitos de procedencia de la ausencia de motivaci\u00f3n como vicio invalidante de la sentencia, buscando clarificar el panorama tanto al interior de la jurisdicci\u00f3n, como de cara a la ciudadan\u00eda. <\/p>\n
A partir de ese ejercicio, la Corte ha decantado y reiterado las siguientes subreglas jurisprudenciales (Cfr. CSJ SC3004-2021, CSJ AC318-2022; CSJ AC891-2023; CSJ AC1233-2023, entre otras): <\/p>\n
<\/p>\n
i. La prosperidad de la octava causal de revisi\u00f3n, consistente en la \u00abnulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb, implica demostrar, por regla general, el advenimiento en esa etapa procesal de un vicio que corresponda a los enlistados como motivos de anulabilidad en la codificaci\u00f3n adjetiva (actualmente, en el canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Excepcionalmente, la validez de la sentencia tambi\u00e9n podr\u00eda comprometerse en un supuesto adicional: la ausencia de motivaci\u00f3n. Lo anterior, dada la trascendencia del deber de los jueces de exteriorizar las razones que les permitieron llegar a una determinada conclusi\u00f3n, el cual diluye la posibilidad de actuar en forma arbitraria o caprichosa, y legitima las decisiones jurisdiccionales a partir de su razonabilidad, pertinencia y adecuaci\u00f3n frente al marco normativo y f\u00e1ctico del litigio. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. La ausencia de motivaci\u00f3n, como vicio constitutivo de nulidad de la sentencia, exige para su verificaci\u00f3n que el prove\u00eddo recurrido carezca absolutamente de apoyo argumentativo. De este modo, potencialmente ser\u00e1n anulables \u00fanicamente los fallos en los que el juez no ponga de presente ninguna raz\u00f3n para sustentar su decisi\u00f3n, as\u00ed como aquellos en los que esas reflexiones carezcan formalmente de relaci\u00f3n con el asunto que se debate: <\/p>\n
\u00abLa jurisprudencia de esta Corte, en coherencia con lo sostenido y con el inciso sexto del art\u00edculo 142 del Estatuto Procesal Civil, seg\u00fan el cual \u00abla nulidad originaria en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 alegarse tambi\u00e9n en la oportunidad y forma consagradas en el inciso 3\u00b0\u00bb, admite la posibilidad de que la ineficacia procesal pueda originarse en la sentencia, entre otras razones, por falta de motivaci\u00f3n; pero condicionada a la carencia radical, absoluta y total, por cuanto una omisi\u00f3n de tales caracter\u00edsticas \u201c(…) va de frente contra lo que constitucional y legalmente se consagra como una de las m\u00e1s preciosas garant\u00edas individuales, cual es la de que a las partes se les permita conocer las razones, los argumentos y los planteamientos en que se edifican los fallos jurisdiccionales\u201d19. <\/p>\n
A contrario sensu, cuando la sentencia est\u00e1 motivada, as\u00ed sea en medida m\u00ednima, lac\u00f3nica, parca o confusa, el vicio in procedendo no se configura, porque lo sancionable no es nada de ello, sino, it\u00e9rase, el hecho de que el sentenciador se haya sustra\u00eddo rotundamente de dar las razones que expliquen o que permitan conocer, a ciencia cierta, el porqu\u00e9 de la decisi\u00f3n, \u201c(\u2026) desde luego que el razonamiento confuso, deficiente, escaso, exiguo, incompleto, insuficiente o parco no traduce ni conduce a significar que el fallo carezca de fundamentaci\u00f3n\u201d20\u00bb (CSJ SC10223-2014, 1 ago.). <\/p>\n
<\/p>\n
iv. En contraposici\u00f3n, los alegatos relacionados con los aspectos sustanciales de esa motivaci\u00f3n \u2013como su acierto, la validez formal de su argumentaci\u00f3n, su armon\u00eda con el precedente, etc.\u2013, resultan ajenos al \u00e1mbito restringido del recurso de revisi\u00f3n. Admitir lo contrario implicar\u00eda reabrir un debate que es propio de las instancias, en franca contrav\u00eda de la doctrina probable de la Corte, que se\u00f1ala que este remedio extraordinario <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no tiene por finalidad reabrir el debate original, de manera que no constituye una instancia adicional del proceso, como lo ha se\u00f1alado la Corte al advertir que \u201cno es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relaci\u00f3n ni tampoco hay lugar a la fiscalizaci\u00f3n de las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y espec\u00edficas que, constituyendo verdaderas anomal\u00edas, condujeron a un fallo err\u00f3neo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez m\u00e1s, la revisi\u00f3n no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, seg\u00fan se dej\u00f3 apuntado, el que se lleg\u00f3 a una definitiva situaci\u00f3n de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que s\u00f3lo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las an\u00f3malas circunstancias que en \u2018numerus clausus\u2019 y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad, indica el Art. 380 reci\u00e9n citado\u201d (G.J. CCXLIX. Vol. I, 117)\u00bb (CSJ SC, 8 abr. 2011, rad. 2009-00125-00; reiterada en SC5208-2017, 18 abr.). <\/p>\n
Expresado de otro modo, esta excepcional herramienta de impugnaci\u00f3n <\/p>\n
\u00abno franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la v\u00eda normal para corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisi\u00f3n no se instituy\u00f3 para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia que se impugna\u00bb (CSJ SC, 1 jul. 1988, G.J. t. CXCII; reiterada en CSJ SC20187-2017, 1 dic. y CSJ SC1901-2019, 31 may., entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
Hechas estas precisiones, respetuosamente insistimos en la necesidad de que \u2013en salvaguarda del deber de coherencia de la jurisprudencia\u2013 se mantenga una clara diferenciaci\u00f3n entre la ausencia radical de motivaci\u00f3n, como vicio formal, y los errores o deficiencias materiales en que habr\u00eda podido incurrir el juez o tribunal al estructurar su fallo. Lo primero podr\u00eda comprometer, dado el caso, la validez formal de lo resuelto; pero no ocurre lo mismo en la segunda hip\u00f3tesis, ya que las falencias se refieren a la correcci\u00f3n de la motivaci\u00f3n, y no a las formas del procedimiento. <\/p>\n
Pues bien, en la providencia materia de estas l\u00edneas se dejaron de lado esas precisiones, y se permiti\u00f3 al recurrente ventilar una cuesti\u00f3n que nada tiene que ver con la existencia misma de la motivaci\u00f3n de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, sino con la veracidad de los puntales f\u00e1cticos sobre los que esa autoridad edific\u00f3 su providencia, tem\u00e1tica que, naturalmente, es de fondo, y no de forma. Incluso el propio recurrente insisti\u00f3 en fundamentar su cr\u00edtica en la \u00abfals[edad de las] premisas en que se fundament\u00f3 la sentencia\u00bb, defecto al que denomin\u00f3 \u00abmotivaci\u00f3n falsa\u00bb \u2013vicio aut\u00f3nomo, que, en su opini\u00f3n, ser\u00eda \u00aba\u00fan m\u00e1s grave que la carencia de motivaci\u00f3n\u00bb\u2013. <\/p>\n
En consecuencia, no compartimos que se hubiera permitido discutir una cuesti\u00f3n relativa al juicio de validez de los hechos en los que se fund\u00f3 la sentencia recurrida, haci\u00e9ndola pasar por un alegato de falta de motivaci\u00f3n de esa sentencia. Tal equ\u00edvoco reabre \u2013sin propon\u00e9rselo\u2013 un sendero interpretativo que la Corte ha insistido en mantener clausurado, no solo por ser improcedente desde una perspectiva jur\u00eddico-procesal (seg\u00fan se explic\u00f3), sino tambi\u00e9n porque proh\u00edja la presentaci\u00f3n de recursos extraordinarios improcedentes, en desmedro de la razonable y necesaria consolidaci\u00f3n de las decisiones judiciales ejecutoriadas. <\/p>\n
Con reiteraci\u00f3n de nuestro irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, dejamos expuestas las razones por las cuales aclaramos nuestro voto. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Por medio de su apoderado judicial y conforme al poder conferido. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-6, archivo \u201cD500013121002201600041000Auto Admite Solicitud Restituci\u00f3n20164116503\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1, archivo \u201cD500013121002201600041000Auto Remite por Competencia Oposici\u00f3n (reparto)2018227152941\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-59, archivo \u201cD500013121002201600041010Sentencia2019628152129\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-4, archivo \u201cD500013121002201600041010Auto aclara providencia2019816161642\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-59, archivo \u201cD500013121002201600041010Sentencia2019628152129\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-4, archivo \u201cD500013121002201600041010Auto aclara providencia2019816161642\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020210027100-0002Acta_de_reparto\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Folio 1, archivo \u201c11001020300020210027100-0017Documento_actuacion\u201d del expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 Folios 1-17, archivo \u201c11001020300020210027100-0029Anexos\u201d del expediente digital. <\/p>\n
11\u0002 Folios 1-17, archivo \u201c11001020300020210027100-0060Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
12\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020210027100-0035Auto\u201d del expediente digital. <\/p>\n
13\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020210027100-0045Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
14\u0002 Folios 1-45, archivo \u201c11001020300020210027100-0048Anexos\u201d del expediente digital. <\/p>\n
15\u0002 Folios 1-45, archivo \u201c11001020300020210027100-0051Anexos\u201d del expediente digital. <\/p>\n
17\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020210027100-0058Auto\u201d del expediente digital. <\/p>\n
18\u0002 Acorde con el texto del canon 368-5 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, entonces vigente, esta consist\u00eda en \u00abhaberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 140, siempre que no se hubiere saneado\u00bb. <\/p>\n
19\u0002 \u00abCSJ SC 374 de 8 de noviembre de 1989; en similar sentido las de 29 de abril de 1988, 23 de septiembre de 1991, y 24 de agosto de 1998, radicaci\u00f3n 4821\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
20\u0002 \u00abCSJ SC 361 de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 8484\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
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SC315-2023 (2021-00271-00) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC315-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00271-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide por sentencia anticipada el recurso de revisi\u00f3n interpuesto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76017","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76017","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76017"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76017\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76017"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76017"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76017"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}