SC332-2023 (2019-03679-00)<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC332-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2019-03679-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n.\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto han sido reemplazados por otros ficticios, a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Se decide la solicitud de exequ\u00e1tur presentada por Laura Reina, respecto de las sentencias proferidas, la primera, por el Juzgado de Familia N\u00fcrnberg – Alemania, el 13 de diciembre de 2018, decretando el divorcio del v\u00ednculo que la un\u00eda a Juan Larenz, y la segunda, por el Juzgado Oficial de F\u00fcrth el 12 de enero de 2018, que resolvi\u00f3 sobre el cuidado parental del menor Andrey Larenz Reina. <\/p>\n
a.-)ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La peticionaria busca que las citadas providencias surtan efectos en Colombia. <\/p>\n
Aduce que celebr\u00f3 matrimonio civil con Juan Larenz el 7 de abril de 2016 en la Notar\u00eda 75 de Bogot\u00e1 D.C., y fue registrado de conformidad con las leyes nacionales, pero que en sentencia de 13 de diciembre de 2018 el Juzgado de Familia N\u00fcrnberg – Alemania, decret\u00f3 el divorcio por el consentimiento de ambos c\u00f3nyuges, causal que coincide con la prevista en el numeral noveno del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Fruto de ese v\u00ednculo jur\u00eddico, el 4 de julio de 2016 naci\u00f3 en Alemania Andrey Larenz Reina, cuya \u00abpatria potestad y custodia\u00bb le fueron otorgadas, conforme lo resolvi\u00f3 el Juzgado Oficial de F\u00fcrth en sentencia de 12 de enero de 2018 al aprobar el acuerdo de las partes. <\/p>\n
Esas dos sentencias se encuentran en firme, no se oponen a las leyes nacionales ni al orden p\u00fablico, adem\u00e1s, la causal por la que se decret\u00f3 el divorcio guarda relaci\u00f3n con la prevista en el numeral noveno del art\u00edculo 154 ibidem y el tratamiento normativo sobre la patria potestad y la custodia del menor tambi\u00e9n es coincidente con el ordenamiento colombiano, espec\u00edficamente con el previsto en la Ley 1098 de 2006, por lo que son homologables, pues aunque no hay reciprocidad diplom\u00e1tica entre Colombia y Alemania, s\u00ed hay legislativa, como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2. Admitida la petici\u00f3n, se orden\u00f3 dar traslado a Juan Larenz, as\u00ed como al Ministerio P\u00fablico, (fl. 100 y vto.), quienes una vez enterados se pronunciaron, as\u00ed: <\/p>\n
2.1. La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, hizo un recuento de los requisitos en la legislaci\u00f3n nacional sobre el tr\u00e1mite y concluy\u00f3 que \u00ablas sentencias judiciales proferidas por la jurisdicci\u00f3n alemana cuyo exequatur se demanda re\u00fanen en conjunto las exigencias formales previstas en la normativa aludida\u00bb y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abconsecuentemente, (\u2026) proceder\u00e1 la pretensi\u00f3n homologatoria reclamada, para que las decisiones extranjeras tengan plena vigencia en Colombia y sean inscritas en el registro civil correspondiente\u00bb (fls. 103 a 105). <\/p>\n
2.2. Juan Larenz se mostr\u00f3 de acuerdo con que se homologue la sentencia que decret\u00f3 el divorcio, pero se opuso a que se convalide la proferida el 12 de enero de 2018, por el Juzgado Oficial de F\u00fcrth, con estribo en que esa decisi\u00f3n no le reconoci\u00f3 a la solicitante la patria potestad, ni tampoco su custodia exclusiva y permanente de su hijo, sino su cuidado parental con car\u00e1cter temporal, adem\u00e1s que al peque\u00f1o le resulta inaplicable la ley colombiana, pues no fue registrado en este territorio, est\u00e1 domiciliado y reside en Alemania (fls. 167-170). <\/p>\n
3. Una vez decretadas las pruebas, y en vista de que no quedaban medios por recaudar, se prescindi\u00f3 de la audiencia de alegaciones y fallo para proferir sentencia anticipada, seg\u00fan lo previsto en el numeral 2 del inciso final del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, pero, como hubo oposici\u00f3n parcial, se le concedi\u00f3 a los interesados el t\u00e9rmino com\u00fan de cinco (5) d\u00edas para que presentaran sus alegaciones finales (fl. 188), derecho del que hicieron uso, pues reafirmaron sus posiciones iniciales. <\/p>\n
b.-)CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El asunto ser\u00e1 decidido mediante sentencia anticipada, al tenor del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que no hay pruebas que practicar por la Sala, pues las pedidas fueron aportadas en la oportunidad legalmente establecida para ello, sin que tal modo de proceder desconozca el debido proceso, ni alguna otra garant\u00eda superlativa o legal de los intervinientes en ese asunto, dado que el actual sistema procesal civil es d\u00factil. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que las formalidades propias de cada juicio est\u00e1n al servicio del derecho material, de ah\u00ed que deban ser puestas en contexto con los postulados de celeridad y econom\u00eda procesal que reclaman decisiones prontas, cumplidas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin incurrir en dilaciones o actuaciones injustificadas, tanto as\u00ed que estas pueden omitirse si se advierte su futilidad, sobre todo si se tiene en cuenta que se garantiz\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n durante el curso del tr\u00e1mite y se les concedi\u00f3 a las partes el t\u00e9rmino com\u00fan de cinco (5) d\u00edas para formular sus alegaciones finales, derecho del que hicieron uso ambos extremos. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ SC2966-2022 se reiter\u00f3 que: <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que, aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane. (SC12137-2017) <\/p>\n
2. El auge del comercio internacional de bienes y servicios, as\u00ed como el desplazamiento voluntario y forzado de la poblaci\u00f3n mundial, ya sea para desarrollar un proyecto de vida profesional y familiar o buscando una salida a problemas de orden pol\u00edtico y econ\u00f3mico, han conllevado que se afronten medidas a nivel global para que las providencias judiciales que se tomen en un pa\u00eds sean reconocidas en otro donde generan repercusiones. <\/p>\n
Seg\u00fan la doctrina especializada1 \u00ab[m]ateria del exequatur es la sentencia extranjera\u00bb, ya que ese proveimiento, \u00abcomo producto de la jurisdicci\u00f3n, emana de la soberan\u00eda y por eso sus efectos jur\u00eddicos quedan limitados dentro del territorio en que la soberan\u00eda se ejerce\u00bb. Se trata, entonces, de un instrumento jur\u00eddico establecido para lograr el reconocimiento de los fallos for\u00e1neos en suelo extranjero, por virtud de la cooperaci\u00f3n y reciprocidad entre los Estados, previo cumplimiento de los requisitos legales. <\/p>\n
En Colombia, seg\u00fan el art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso, se aceptan con fuerza vinculante aquellas sentencias y providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, por \u00abreciprocidad diplom\u00e1tica\u00bb, esto es, cuando cumplan los requisitos establecidos en los tratados existentes con \u00e9l o, en su defecto, acudiendo a la \u00abreciprocidad legislativa\u00bb basada en la aceptaci\u00f3n que all\u00ed se reconozca a las dictadas en suelo patrio. <\/p>\n
La Sala, en CSJ SC1309-2018, precis\u00f3 que <\/p>\n
[l]o anterior significa, en primer lugar, que debe establecerse si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria. <\/p>\n
3. En el sub judice, la solicitante no aport\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica, legislativa o de hecho entre Alemania y Colombia, que permita convalidar sentencias extranjeras en materia de divorcio, ni de cuidado parental provisional, lo que traduce un rotundo incumplimiento de la carga probatoria establecida en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior porque ese estatuto procedimental exige acreditar la reciprocidad, seg\u00fan se extrae de su art\u00edculo 605, a cuyo tenor: \u00ab[l]as sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb, norma que pone en los hombros de la parte solicitante la necesidad de probar la correspondencia sea diplom\u00e1tica, legislativa o de hecho entre el estado en que se dict\u00f3 la providencia que se busca homologar y la naci\u00f3n donde se busca validar y hacer producir efectos a dicha determinaci\u00f3n, ya que, de lo contrario, su aspiraci\u00f3n quedar\u00e1 hu\u00e9rfana de un ingrediente necesario para que la respectiva decisi\u00f3n jurisdiccional sea pasible de ser convalidada. <\/p>\n
Cabe advertir que para acreditar la ley extranjera se requiere incorporar copia expedida \u00abpor la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds\u00bb; en su defecto, \u00abpodr\u00e1 adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta\u00bb o si se trata de ley no escrita, el \u00abtestimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen\u00bb, al ser esas las \u00fanicas formas de probar su existencia, seg\u00fan lo informa el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que, como ya se vio, en este caso la accionante haya acatado esa disposici\u00f3n. <\/p>\n
Frente a los efectos que se siguen ante el incumplimiento de la aludida carga procesal, en CSJ SC176-2023 la Sala reiter\u00f3: <\/p>\n
Con todo y eso, es del caso precisar que, aunque en el curso del proceso se orden\u00f3 oficiar para que por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores se certificara la existencia de tratados entre Colombia y Alemania relativos a la homologaci\u00f3n de providencias extranjeras en torno a divorcio y cuidado parental provisional, despu\u00e9s de m\u00e1s de un a\u00f1o de haberse notificado ese prove\u00eddo, no se obtuvo informaci\u00f3n al respecto, situaci\u00f3n que imposibilit\u00f3 despejar tal cuesti\u00f3n y que, por ende, conduce a negar las pretensiones. <\/p>\n
Ahora bien, aunque en algunos casos la Sala, en uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n, ha establecido la viabilidad de acreditar la existencia de \u00ableyes extranjeras\u00bb escritas a trav\u00e9s de p\u00e1ginas web de las entidades p\u00fablicas correspondientes (SC2420-2019 y SC4253-2019, entre otras), en el sub judice no resulta posible proceder de tal modo, debido a la diferencia ling\u00fc\u00edstica subsistente entre Colombia y Alemania, pues mientras en el suelo patrio rige el idioma castellano, el pa\u00eds germano tiene como lengua oficial el alem\u00e1n, tanto as\u00ed que las providencias for\u00e1neas que se busca homologar aparecen escritas en ese dialecto, panorama que dificulta el entendimiento y comprensi\u00f3n de las normas jur\u00eddicas de esa Rep\u00fablica, lo que, por tanto, reafirma la necesidad de incorporar tales disposiciones jur\u00eddicas por alguna de las v\u00edas previstas en el art\u00edculo 177 ejusdem, con su respectiva traducci\u00f3n, en la forma prevista en el art\u00edculo 251 ejusdem. <\/p>\n
En ese orden de ideas, al no haberse arrimado ninguna prueba sobre la reciprocidad, cuya aportaci\u00f3n, se insiste, era una carga procesal de la solicitante y de nadie m\u00e1s que de ella, la consecuencia necesaria que de all\u00ed se sigue ser\u00e1 desestimar la solicitud de exequatur. <\/p>\n
4. Por consiguiente, la Corte no homologar\u00e1 las sentencias proferidas el 13 de diciembre de 2018 y de 12 de enero de 2018 por el Juzgado de Familia N\u00fcrnberg y por el Juzgado Oficial de F\u00fcrth – Alemania. <\/p>\n
5. No se impondr\u00e1 condena en costas, por no estar comprobadas (n\u00fam. 8, art. 365 C.G.P.). <\/p>\n
c.-)DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: DENEGAR el exequ\u00e1tur a las sentencias de 13 de diciembre de 2018 y de 12 de enero de 2018, proferidas, en su orden, por el Juzgado de Familia N\u00fcrnberg y por el Juzgado Oficial de F\u00fcrth – Alemania. <\/p>\n
Segundo: Sin condena en costas. <\/p>\n
Tercero: Arch\u00edvese oportunamente el expediente. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sent\u00eds Melendo. Santiago. La sentencia extranjera (Exequatur). Ediciones jur\u00eddicas Europa Am\u00e9rica. Buenos Aires, 1958, p\u00e1g. 39. <\/p>\n
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