SC348-2023 (2016-02339-00)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC348-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2016-02339-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el recurso de revisi\u00f3n que formul\u00f3 Alejandro Gonz\u00e1lez Beltr\u00e1n contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, D.C. el 27 de agosto de 2014, en el proceso ejecutivo promovido por el recurrente contra la Corporaci\u00f3n Financiera Colombiana S.A. \u2013 Corficolombiana S.A. -antes Corporaci\u00f3n Financiera del Valle Corfivalle S.A.-. <\/p>\n
1.- Hechos en el proceso penal. <\/p>\n
1.1.- Ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Cali, se adelant\u00f3 el proceso rad. no. 2002-00251 contra los se\u00f1ores Alejandro Gonz\u00e1lez Beltr\u00e1n y Luis Ernesto Gonz\u00e1lez Valencia, por la presunta comisi\u00f3n del delito de falsedad en documento privado en concurso con el de estafa agravada en la modalidad de tentativa, respecto de la expedici\u00f3n de los CDT 159743, 159744 y 159745, cada uno por valor de $58.500.000, creados el 17 de febrero de 1989, cuyo beneficiario es el primero de los procesados, en tanto que el segundo fungi\u00f3 como funcionario de la denunciante, y presunta deudora, Corporaci\u00f3n Financiera Colombiana S.A. \u2013 Corficolombiana S.A., -antes Corporaci\u00f3n Financiera del Valle Corfivalle S.A.-. <\/p>\n
1.2.- En sentencia del 9 de marzo de 2005, se declar\u00f3 responsables a los procesados, condenando a Alejandro Gonz\u00e1lez Beltr\u00e1n a veinte meses de prisi\u00f3n y multa de $300.000, as\u00ed como a Luis Ernesto Gonz\u00e1lez a ocho meses de prisi\u00f3n y multa de $300.000. Adem\u00e1s, se orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de los CDT referidos, inhabilit\u00e1ndolos para su uso.1 <\/p>\n
1.3.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, mediante sentencia de 24 de abril de 2006, revoc\u00f3 el fallo de primera instancia, absolvi\u00f3 a los investigados y dispuso devolver los t\u00edtulos valores a su propietario para lo que estimara pertinente, porque, bajo el amparo del art\u00edculo 232 de la Ley 600 de 2000, no se alcanz\u00f3 la certeza de la existencia de la conducta punible, ni de la responsabilidad de los procesados. <\/p>\n
Puntualmente, consider\u00f3 que no pod\u00eda afirmarse que los CDT, hayan sido expedidos \u00ablegalmente\u00bb, aunque precis\u00f3 que, conforme a las pruebas recaudadas, el sistema contable de Corfivalle no era fiable, por lo que era factible que se presentaran esas graves anomal\u00edas, relacionadas con la expedici\u00f3n de CDT que no se registraban en la contabilidad de la entidad financiera, \u00ab(\u2026) [e]n otras palabras, estamos frente a un c\u00edrculo vicioso del que probatoriamente no se puede salir y la Sala debe hacer mucho hincapi\u00e9 en ese sentido pues una cosa son las especulaciones y otra lo constituyen las llamadas pruebas\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, anot\u00f3 que la situaci\u00f3n es a\u00fan m\u00e1s confusa, pues uno de los funcionarios de la denunciante admiti\u00f3 en su declaraci\u00f3n que, desde el punto de vista formal y material, los t\u00edtulos eran leg\u00edtimos y aut\u00e9nticos, y que lo fraudulento era el contenido del t\u00edtulo m\u00e1s no el papel ni la firma del representante legal. De ah\u00ed que la falta de contundencia en las pruebas, imped\u00eda declarar la responsabilidad penal reclamada.2 <\/p>\n
1.4.- En sentencia de 5 de julio de 2007, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidi\u00f3 no casar la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, ante el desorden administrativo de la entidad financiera, no fue posible dilucidar aspectos relacionados con los t\u00edtulos valores que Alejandro Gonz\u00e1lez Beltr\u00e1n present\u00f3 para su cobro \u00ab(\u2026) tales como el tiempo que presuntamente esper\u00f3 para presentarlos a la corporaci\u00f3n. Tampoco se descart\u00f3 ni se confirm\u00f3 la hip\u00f3tesis, seg\u00fan la cual los t\u00edtulos hubiesen sido sustra\u00eddos y faltando pocos d\u00edas para su presentaci\u00f3n les colocaran las fechas aludidas, dado el desorden de la empresa\u00bb. <\/p>\n
Expuso que \u00ab[e]se estado de perplejidad impide, a las claras, tener por demostrada la falsedad de los t\u00edtulos con fundamento en el \u00fanico dictamen que avala esa tesis y menos a\u00fan ordenar, como lo sol\u00edcita el demandante, la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 66 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb.3 <\/p>\n
2.- Hechos en el proceso ejecutivo <\/p>\n
2.1.- A trav\u00e9s de apoderado judicial, Alejandro Gonz\u00e1lez Beltr\u00e1n demand\u00f3 en proceso ejecutivo a la Corporaci\u00f3n Financiera Colombiana S.A. \u2013 Corficolombiana S.A., con el fin de obtener el pago del importe de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino nominativo n\u00fameros 159743, 159744 y 159745, m\u00e1s los intereses de plazo y mora calculados a las tasas pactadas.4 <\/p>\n
2.2.- La demanda radicada el 12 de julio de 2010, correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que profiri\u00f3 mandamiento de pago el 22 de julio de 2010, corregido por auto de 3 de agosto posterior, proceso al que correspondi\u00f3 el consecutivo 026-2010-00446-00.5 <\/p>\n
2.3.- La ejecutada, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la orden de pago, con sustento en que la acci\u00f3n cambiaria se encontraba prescrita; el demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n por activa para demandar, comoquiera que no adjunt\u00f3 prueba que demostrara que los t\u00edtulos valores se encontraban inscritos en el respectivo libro de registro del emisor; los documentos crediticios estaban anulados y; no fueron aportados los CDT originales.6 <\/p>\n
2.4.- El juzgado de conocimiento resolvi\u00f3 no reponer el mandamiento de pago, tras sostener que los t\u00edtulos-valores fueron aportados en original; los que conservan autenticidad y legitimidad de acuerdo con lo decidido por la justicia penal y; oper\u00f3 la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria, con ocasi\u00f3n a que los CDT estuvieron vinculados al proceso penal en menci\u00f3n y no pod\u00edan acompa\u00f1arse al cobro judicial.7 <\/p>\n
2.5.- Posteriormente, al descorrer el traslado de la demanda, la ejecutada insisti\u00f3 en que el demandante nunca realiz\u00f3 dep\u00f3sito a t\u00e9rmino fijo a su favor, sin que se demostrar\u00e1 lo contrario, aunado a que al expediente no se aport\u00f3 constancia de la inscripci\u00f3n de los t\u00edtulos en el registro creado por la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en los art\u00edculos 647 y 648 del C\u00f3digo de Comercio; adem\u00e1s, Corfivalle no registr\u00f3 en su contabilidad los intereses que reclama el demandante. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, seg\u00fan su numeraci\u00f3n, los CDT fueron emitidos a favor de titulares distintos y por valores diferentes, as\u00ed como que los cobrados por el acreedor no son producto de dep\u00f3sitos legalmente constituidos. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el ejecutante carec\u00eda de capacidad econ\u00f3mica para efectuar los dep\u00f3sitos de dinero, y la tenencia de los t\u00edtulos no la ostenta de acuerdo a su ley de circulaci\u00f3n, ya que no aport\u00f3 prueba de estar inscrito como tenedor leg\u00edtimo en los libros contables de Corficolombiana S.A. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que los CDT se encontraban prescritos, porque desde su exigibilidad hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, hab\u00edan transcurrido once a\u00f1os, sin que operaran causales de suspensi\u00f3n o interrupci\u00f3n. <\/p>\n
Expuso que como en cada uno de los t\u00edtulos se impuso el sello de \u00abanulado\u00bb, dichos documentos, de acuerdo a su literalidad, no contienen obligaciones exigibles frente al suscriptor, menos aun cuando en el proceso penal se discuti\u00f3 la responsabilidad de los denunciados, pero nada se dijo sobre la validez civil de las obligaciones cambiarias mencionadas.8 <\/p>\n
2.6.- El expediente fue remitido al Juzgado Noveno y luego al D\u00e9cimo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n, ambos de Bogot\u00e1, \u00e9ste \u00faltimo en sentencia del 27 de abril de 2012, neg\u00f3 la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, tras considerar que los t\u00edtulos expedidos por la ejecutada no corresponden a transacciones realizadas en forma directa con el demandante, a la par que tampoco se demostr\u00f3 la existencia del negocio subyacente que vinculara a las partes con el origen de los dep\u00f3sitos. <\/p>\n
2.7.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por v\u00eda de apelaci\u00f3n promovida por el ejecutante, el 27 de agosto de 2014 confirm\u00f3 la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n
Despu\u00e9s de examinar los requisitos formales de los t\u00edtulos valores, resalt\u00f3 que, como los CDT n\u00fameros 159743, 159744 y 159745, contienen en su literalidad el sello de \u00abANULADO (\u2026) a criterio de la Sala, se deterioraron por completo, o lo que es igual, se destruyeron \u201cin radice\u201d los aludidos cartulares; por ende, desaparecieron sus efectos jur\u00eddicos y se dej\u00f3 sin fuerza el derecho que en ellos se dec\u00eda incorporado y en tal sentido, no exist\u00eda soporte para librar mandamiento de pago y menos lo habr\u00eda para proferir sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n (\u2026)\u00bb, por lo que lo pertinente era iniciar la acci\u00f3n de cancelaci\u00f3n y reposici\u00f3n de t\u00edtulo valor en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 449 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si bien los t\u00edtulos ejecutivos fueron aportados al proceso penal, no estaban exentos del an\u00e1lisis de sus elementos de claridad, expresividad y exigibilidad, pues all\u00e1 la discusi\u00f3n se centr\u00f3 en establecer la existencia de un hecho punible, sin que se dijera algo respecto a la validez de \u00e9stos desde el punto de vista comercial. <\/p>\n
Por otra parte, dej\u00f3 claro que, a\u00fan si se tuviera por no escrito el sello de \u00abANULADO\u00bb, las excepciones de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria y de falta de causa estar\u00edan llamadas a prosperar. <\/p>\n
La primera, por cuanto trascurri\u00f3 m\u00e1s del t\u00e9rmino que establece el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio, sin que el recurrente presentara la demanda ejecutiva, dejando claro que el proceso penal no suspendi\u00f3 ni interrumpi\u00f3 el fen\u00f3meno prescriptivo, toda vez que el demandante no solicit\u00f3 el desglose de los documentos para acudir al cobro judicial. <\/p>\n
Y la segunda, si se tiene en cuenta que no subsiste evidencia de la cual pueda colegirse que s\u00ed existi\u00f3 un negocio jur\u00eddico que llev\u00f3 a la expedici\u00f3n de los t\u00edtulos. Luego, no puede el demandante pedir el amparo y los beneficios del proceso ejecutivo que se debe soportar en una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible.9 <\/p>\n
3.- Hechos de la acci\u00f3n del amparo incoado en contra de la decisi\u00f3n del proceso ejecutivo. <\/p>\n
3.1.- Contra esta determinaci\u00f3n, el demandante present\u00f3 acci\u00f3n de tutela (2015-01530), la que fue negada mediante fallo proferido el 16 de julio de 2015 por la Sala Civil de esta Corte, tras considerar que aquella decisi\u00f3n conten\u00eda una valoraci\u00f3n prudente de las pruebas, normatividad y jurisprudencia aplicable, que le permiti\u00f3 al Tribunal deducir la inexistencia jur\u00eddica de los t\u00edtulos; adem\u00e1s, no hall\u00f3 incoherencia respecto a lo resuelto sobre las excepciones de prescripci\u00f3n y falta de causa, sin olvidar que tales argumentos son subsidiarios al discernimiento principal, referente a la \u00abdestrucci\u00f3n\u00bb de los instrumentos de pago.10 <\/p>\n
3.2.- La Sala Laboral de esta corporaci\u00f3n en providencia adiada 2 de diciembre de 2015, con salvamento de voto de dos magistrados, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n referida al no observar arbitrariedad en la providencia, en raz\u00f3n a que el Tribunal efectu\u00f3 un an\u00e1lisis jur\u00eddico de los elementos de juicio que obran en el expediente, de la ley y la jurisprudencia relevante, lo que llev\u00f3 a concluir que, al no cumplirse el presupuesto de literalidad, ante la anotaci\u00f3n de \u00abanulado\u00bb, los CDT no prestan m\u00e9rito ejecutivo y, por ende, como t\u00edtulos valores son inexistentes.11 <\/p>\n
3.3.- Una vez remitido el expediente de tutela para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pese a la insistencia de dos de sus magistrados, no fue seleccionada.12 <\/p>\n
II. EL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
1.- Solicita el recurrente se invalide la sentencia censurada, por los motivos que se resumen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
1.1.- En primer lugar, con base en la causal 6\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abpor cuanto el ilegal sello de ANULADO que el deudor-cambiario les estamp\u00f3 al momento de ser presentados los CDT\u00b4s para su pago es, sin asomo de duda, una maniobra fraudulenta para liberarse de su obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.2.- En segundo t\u00e9rmino, al concurrir la causal 8\u00aa de la citada codificaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00abpor cuanto la sentencia, sin duda alguna, engendr\u00f3 a su interior su propia nulidad por (i) haber sido proferida en el ejecutivo sin competencia para destruir los t\u00edtulos valores (en adelante TVs), para lo cual el camino procesal id\u00f3neo y adecuado era el proceso ordinario adelantado por el deudor y no el proceso ejecutivo (T-310 de 2009), ii) al haberse protegido la mala fe del deudor cambiario haci\u00e9ndole producir efectos legales al criminal anulado con capacidad de destruir los CDT\u00b4s y extinguir las obligaciones, (iii) por ser una decisi\u00f3n abiertamente ilegal por injusta y ser el resultado de la violaci\u00f3n absoluta del debido proceso y del desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso, entre otros, el contenido en la sentencia T-310\/09 as\u00ed como las sentencias penales que absolvieron al acreedor de los injustos il\u00edcitos que le achac\u00f3 el deudor, concluyendo que los t\u00edtulos son v\u00e1lidos y leg\u00edtimos, y, por \u00faltimo, (iv) de graves defectos de valoraci\u00f3n probatoria con cuya contundencia resulta incoherente y, por ende, contrar\u00eda a la ley y a la Carta y, en general, a todo el Sistema Jur\u00eddico Colombiano y Universal\u00bb. <\/p>\n
2.- Como hechos relevantes, explic\u00f3 que las causales invocadas tienen asidero en los salvamentos de voto presentados en el fallo de segunda instancia proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela 2015-01530, y en las dos insistencias formuladas por dos magistrados de la Corte Constitucional para que la misma fuera revisada. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la responsabilidad de llevar el registro de los CDT era de la sociedad deudora; los sellos de anulado fueron puestos unilateralmente por la demandada sin mediar orden judicial, por lo que no pueden surtir efectos; la Fiscalia y el Tribunal Superior de Cal\u00ed no accedieron a su solicitud de desglosar los documentos para adelantar el proceso coactivo, lo que permite concluir que la prescripci\u00f3n s\u00ed se interrumpi\u00f3 por fuerza mayor; no era necesario adelantar la acci\u00f3n de cancelaci\u00f3n y reposici\u00f3n, ya que los t\u00edtulos-valores eran v\u00e1lidos, aunado a que no fueron deteriorados o destruidos; y, la ejecutada no prob\u00f3 la inexistencia del negocio subyacente, ya que los CDT son documentos aut\u00f3nomos que no requieren de otra prueba para demostrar los valores en ellos incorporados. <\/p>\n
Resalt\u00f3 las revelaciones que se hicieron en el curso del juicio penal, atinentes a las graves irregularidades en las que incurrieron algunos directivos de Corfivalle, en la medida que se apropiaban del dinero de quienes hac\u00edan aportes con fines de ahorro, sin registrarlos en la contabilidad de la empresa, de ah\u00ed que sus libros contables no sean ver\u00eddicos.13 <\/p>\n
III. TR\u00c1MITE DEL RECURSO. <\/p>\n
1.- Enterada en debida forma, la Corporaci\u00f3n Financiera Colombiana S.A. \u2013 Corficolombia S.A., se refiri\u00f3 a la naturaleza, objeto, finalidad y presupuestos del recurso de revisi\u00f3n, as\u00ed como a las causales alegadas por el recurrente, para despu\u00e9s oponerse a su prosperidad. <\/p>\n
2.- La defensa se soport\u00f3 en que tanto los salvamentos de voto, como las solicitudes de insistencia en que el actor fund\u00f3 sus aspiraciones procesales, \u00abcarecen absolutamente de toda fuerza vinculante\u00bb, en tanto que la tutela donde estos tuvieron lugar, fue resuelta desfavorablemente en ambas instancias, de lo que se infiere que la decisi\u00f3n impugnada no incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho ni desconoci\u00f3 garant\u00edas fundamentales del demandante. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que con la revisi\u00f3n se busca reabrir un debate acerca de la existencia y validez de los CDT n\u00fameros 159743, 159744 y 159745, del negocio jur\u00eddico del que se derivan y del sello de anulado impuesto en cada uno de estos, el que fue desatado dentro del litigio coactivo, de modo que no es admisible volver sobre ello teniendo en cuenta el alcance que la legislaci\u00f3n colombiana le ha dado a este recurso extraordinario. <\/p>\n
Por tanto, tampoco pod\u00eda hablarse de maniobra fraudulenta ni de nulidad originada en la sentencia, toda vez que el Tribunal de segunda instancia ten\u00eda plena competencia para decidir en la forma que lo hizo, \u00abhaciendo el an\u00e1lisis jur\u00eddico de la estructuraci\u00f3n de los t\u00edtulos por mandato legal\u00bb.14 <\/p>\n
3.- Por auto de 17 de agosto de 2017 se decretaron las pruebas solicitadas.15 <\/p>\n
4.- Por auto de 26 de abril de 2023 se orden\u00f3 correr traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la oportunidad del recurso. <\/p>\n
1.1.- El art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso, dispone que el recurso de revisi\u00f3n \u00abpodr\u00e1 interponerse dentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9 del art\u00edculo precedente\u00bb. <\/p>\n
1.2.- En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se tiene que el fallo impugnado data del 27 de agosto de 2014; sin embargo, por auto que se notific\u00f3 en el estado del 18 de septiembre siguiente, se neg\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n de la sentencia formulada por el demandante, por lo que su ejecutoria se produjo el 24 de septiembre de esa anualidad. <\/p>\n
Luego, se impone concluir que la demanda de revisi\u00f3n radicada el 11 de agosto de 2016, fue presentada dentro del t\u00e9rmino legalmente establecido, sin dejar de lado que como la integraci\u00f3n del contradictorio tuvo lugar el 7 de abril de 2017, oper\u00f3 la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino extintivo, a tenor de lo preceptuado en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.- Del recurso extraordinario de revisi\u00f3n <\/p>\n
2.1.- Precisado lo anterior, cabe recordar que, por regla general, las sentencias proferidas en procesos contenciosos, una vez ejecutoriadas, adquieren la fuerza de cosa juzgada, por lo que, en protecci\u00f3n de los principios de certeza y seguridad jur\u00eddica, se tornan inmodificables e inimpugnables. <\/p>\n
Pero subsisten eventos en los que la ley autoriza la abolici\u00f3n de tales efectos, como puede ocurrir si se verifica que, a pesar de su firmeza, son contrarios al ordenamiento jur\u00eddico, atentan contra el derecho de defensa o desconocen la misma cosa juzgada material. <\/p>\n
2.2.- Es el caso del recurso de revisi\u00f3n, incorporado en la legislaci\u00f3n civil con el fin de que se imponga la justicia, se restablezca el derecho de defensa del interesado cuando ha sido conculcado y se brinde certeza judicial. <\/p>\n
En cuanto a la finalidad de la mencionada impugnaci\u00f3n extraordinaria, cumple destacar los siguientes precedentes jurisprudenciales: <\/p>\n
En SC 25 jul. de 1971, esta Corte consider\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]l recurso de revisi\u00f3n no constituye una instancia adicional del proceso, cerrado como est\u00e1 en virtud de la sentencia cuyo ataque se impetra por v\u00eda de revisi\u00f3n. Y de all\u00ed se deduce con claridad, que \u00e9l no est\u00e1 instituido para replantear el debate, mejorar la prueba o presentar los argumentos de modo m\u00e1s expl\u00edcito u ordenado. Se ha dicho, en efecto, que \u2018no es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relaci\u00f3n ni tampoco hay lugar a la fiscalizaci\u00f3n de las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y espec\u00edficas que, constituyendo verdaderas anomal\u00edas, condujeron a un fallo err\u00f3neo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez m\u00e1s la revisi\u00f3n no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, seg\u00fan se dej\u00f3 apuntado, el que se lleg\u00f3 a una definitiva situaci\u00f3n de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que s\u00f3lo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las an\u00f3malas circunstancias que en \u2018numerus clausus\u2019 y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad indica el Art. 380 reci\u00e9n citado (\u2026)\u00bb (CSJ, SC 029 25 jul. 1971, reiterada en SC5208-2017). <\/p>\n
2.3.- Bajo esa directriz interpretativa, el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, ha reconocido que el recurso de revisi\u00f3n est\u00e1 subordinado a hip\u00f3tesis especiales y taxativas, cuya tipificaci\u00f3n lo convierte en un remedio extraordinario, de modo alguno panor\u00e1mico, encaminado a rescatar el valor de la justicia material en eventos que ponen en jaque la seguridad jur\u00eddica que dimana de la cosa juzgada, como cuando el perjudicado no ha podido alegarla por haber ignorado la existencia del proceso y haber sido vinculado por conducto de curador ad litem (causal 9\u00aa); exteriorizan protuberantes irregularidades de naturaleza procedimental, lo cual sucede en los casos de indebida notificaci\u00f3n o emplazamiento que no ha sido subsanado (causal 7\u00aa), o cuando la sentencia incuba su propia invalidez y no es susceptible de recurso (causal 8\u00aa); o materializan circunstancias nuevas, que de haber sido conocidas conducir\u00edan a un desenlace del litigio distinto, como ocurre cuando no se aportan documentos trascendentales para la decisi\u00f3n a ra\u00edz del caso fortuito o la obra de la parte contraria (causal 1\u00ba), la jurisdicci\u00f3n penal declara la falsedad de los documentos o testimonios trascendentales para la decisi\u00f3n (causal 2\u00aa y 3\u00aa), la producci\u00f3n de un peritaje de tal connotaci\u00f3n estuvo mediada por una conducta punible (causal 4\u00aa), el fallo fue consecuencia de violencia o cohecho (causal 5\u00aa), o incluso si al margen de pesquisas penales se evidencia que en el proceso hubo maniobras fraudulentas que agraviaron al recurrente (causal 6\u00ba). <\/p>\n
En este punto, la corporaci\u00f3n ha determinado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) basta leer las nueve causales erigidas por el Art. 380 del C. de P. C. como motivo de revisi\u00f3n, para afirmar que este medio extraordinario de impugnaci\u00f3n no franquea la puerta para tornar al replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la v\u00eda normal para corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisi\u00f3n no se instituy\u00f3 para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en el que se dict\u00f3 la sentencia que se impugna. El recurso de revisi\u00f3n tiende derechamente a la entronizaci\u00f3n de la garant\u00eda de la justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material (\u2026)\u00bb (se subraya) (CSJ SC 24 abr. 1980, reiterado en SC 3 sep. 1996, rad. 5231 y de 16 may. 2013, rad. 1855). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u201cabolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u00bb (CSJ SC, 22 sept. 1999, rad. 7421), si en cuenta se tiene que este \u00ab(\u2026) es un remedio extraordinario que la ley concede para atacar precisamente la fuerza de cosa juzgada material atribuible a una determinada sentencia, o por mejor decirlo al pronunciamiento jurisdiccional en ella contenido, cuando \u00e9ste \u00faltimo de manera notoria hiere la garant\u00eda de la justicia o es producto de un proceso seguido con manifiesto quebranto del derecho de defensa\u2019\u00bb (SC. 10 jun. 1993, mencionada en SC 30 sep. 1999, rad. n\u00b0 6464). <\/p>\n
En tiempo m\u00e1s reciente, la Corporaci\u00f3n dej\u00f3 claro que: <\/p>\n
\u00abAtendiendo entonces, las caracter\u00edsticas y naturaleza de este mecanismo extraordinario de defensa, as\u00ed como los objetivos del mismo, de suyo aparece que no resulta factible, en ning\u00fan evento, la posibilidad de que a trav\u00e9s de su formulaci\u00f3n se vuelva sobre los t\u00e9rminos del debate y menos reabrir la evaluaci\u00f3n del material probatorio allegado en la litis, tampoco es dable discutir, nuevamente, los argumentos de una u otra parte. Bajo esa direcci\u00f3n, esta impugnaci\u00f3n no constituye una oportunidad adicional para reformular los planteamientos realizados, pues ello implicar\u00eda habilitar una tercera instancia que la ley no le tiene reservada a esta censura\u00bb (se destaca) (SC5511-2017). <\/p>\n
Las determinaciones en cita son concluyentes en cuanto a que, si la revisi\u00f3n se formula con el \u00e1nimo de cuestionar, revivir y\/o reabrir el debate respecto a situaciones discutidas y resueltas dentro del juicio originario, o propende por retomar la actividad de selecci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas aplicables al caso, o el examen de las pruebas practicadas, no puede afirmarse que se est\u00e1n tratando puntos nuevos desconocidos tanto para el recurrente, su contraparte, dem\u00e1s intervinientes y para el sentenciador. <\/p>\n
Por el contrario, se volver\u00eda a discutir los temas analizados en las instancias correspondientes, lo cual es una actividad por completo ajena al cometido de este remedio excepcional, que de llegar a surtirse conducir\u00eda a la desviaci\u00f3n de su prop\u00f3sito, raz\u00f3n por la cual tales intentos llevan inexorablemente al fracaso del recurso. <\/p>\n
2.4.- Puestas as\u00ed las cosas, la buena fortuna del recurso de revisi\u00f3n est\u00e1 supeditada a la configuraci\u00f3n de las causales que justifican su institucionalizaci\u00f3n, toda vez que el debate llamado a surtirse se endereza a la acreditaci\u00f3n de circunstancias nuevas que ameritan la invalidaci\u00f3n de la sentencia ejecutoriada, las cuales no se confunden con los extremos del litigio que all\u00ed se dirimi\u00f3, pues el levantamiento de la cosa juzgada tiene lugar frente a circunstancias que no pudieron ser debatidas en el interior del proceso, no en el replanteamiento de las controversias f\u00e1cticas y normativas que all\u00ed se suscitaron, dicho en t\u00e9rminos m\u00e1s sint\u00e9ticos se trata de un remedio extraordinario, no de una tercera instancia. <\/p>\n
El legislador es quien determina en forma taxativa, restrictiva y especial el elenco de motivos sobre las cuales el recurrente aspirar\u00e1 a quebrar el sello de ejecutoria de la sentencia que se opugna, como contrapartida el esfuerzo del recurrente en esta sede debe centrarse en acreditar los elementos que condicionan el reconocimiento de las causales que invoc\u00f3, labor que dista de la simple exposici\u00f3n de falencias sustantivas, probatorias y procedimentales de la providencia que critica, que de hacerse desviar\u00eda la censura de la finalidad para la cual fue concebida. <\/p>\n
3.- De la causal sexta de revisi\u00f3n. <\/p>\n
3.1.- Teniendo en cuenta las anteriores precisiones que delimitan el escenario para desatar la problem\u00e1tica planteada, se tiene que el recurrente invoc\u00f3 la causal 6\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en \u00ab[h]aber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente\u00bb. <\/p>\n
3.2.- Seg\u00fan la jurisprudencia de esta Sala, por maniobra fraudulenta se entiende \u00abtodo proyecto o asechanza oculta, enga\u00f1osa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin (\u2026) de modo que para la prosperidad de la causal es necesario que \u2018los hechos aceptados por el juzgado para adoptar la decisi\u00f3n impugnada, no se ajusten a la realidad porque fueron falseados, a prop\u00f3sito, por alguna de las partes intervinientes en el proceso, mediante una actividad il\u00edcita y positiva que persigue causar un perjuicio a la otra o a terceros; hechos fraudulentos que deben quedar plenamente probados en el recurso, por cuanto, en desarrollo del principio de buena fe, se presume que el comportamiento adoptado por las personas est\u00e1 exento de vicio\u2019\u00bb (CSJ SC, 3 oct. 1999, SC, 14 dic. 2000 rad. 7269, reiteradas en SC22055-2017). <\/p>\n
3.3.- Se ha considerado que el motivo de revisi\u00f3n se consolida si \u00ab[l]as partes, o una de ellas, despliega una actividad deliberada, consciente e il\u00edcita, encaminada a falsear la verdad, con miras a inducir en error al juzgado, malogrando los derechos que la ley concede a terceros o a los otros sujetos procesales, comportamiento que, obviamente debe aparecer plenamente probado, pues la presunci\u00f3n de buena fe (\u2026) debe, en todo quebrarse\u00bb (se destaca) (CSJ SC, 30 jul. 1997, rad. 5407, reiterada en SC681-2020, SC4669-2021 y SC1075-2022). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que su prosperidad est\u00e1 sujeta a la concurrencia de los siguientes elementos: \u00ab(\u2026) a) que exista colusi\u00f3n de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con magnitud suficiente para afectar el pronunciamiento de una sentencia inicua; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; y, c) que tales hechos no hayan podido alegarse en el marco del tr\u00e1mite procesal de instancia (\u2026)\u00bb (se resalta) (CSJ SC4159-2021, SC1075-2022). <\/p>\n
3.4.- En adici\u00f3n, tiene dicho la Corte que, \u00abaunque la norma no lo diga expresamente, constituye requisito inherente a dicha causal que las maniobras fraudulentas se hayan conocido con posterioridad al pronunciamiento del fallo impugnado, toda vez que es obvio que, de haberse notado su presencia con anterioridad al mismo, ese discernimiento habr\u00eda permitido la utilizaci\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n ordinarios que, en modo alguno, pueden ser suplidos por el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb (subraya fuera del texto original) (CSJ, SC 29 oct. 2004, rad. 3001, reiterada en SC339-2019). <\/p>\n
3.5.- As\u00ed pues, la causal aducida no es viable cuando se fundamenta en argumentos, alegatos y\/o actos que fueron puestos a consideraci\u00f3n del juez de conocimiento, aquellos sobre los que las partes e intervinientes tuvieron la oportunidad de conocer, contradecir y desvirtuar. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, no tienen el car\u00e1cter de maniobras fraudulentas, las actividades judiciales desplegadas por los sujetos procesales, propias del devenir del proceso, en defensa de sus derechos e intereses sin ocultaci\u00f3n alguna, sometidas a controversia, apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de los jueces, sin perjuicio de lo que sobre estas se haya decidido. Tampoco exhiben ese talante los actos que resultan de procedimientos tildados de irregulares, pues precisamente el que hayan sido objeto de investigaci\u00f3n judicial, descartan las aparentes artima\u00f1as de las partes. <\/p>\n
En \u00faltimas, para que determinada situaci\u00f3n pueda catalogarse como una conducta enga\u00f1osa y dar lugar a la revisi\u00f3n, se requiere que la misma sea producto de hechos externos al litigio, es decir, originados fuera de \u00e9ste, por cuanto \u00ab(\u2026) si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas all\u00ed, o que pudieron serlo, la revisi\u00f3n no es procedente por la sencilla raz\u00f3n de que aceptar lo contrario ser\u00eda tanto como permitir, que al juez de revisi\u00f3n se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio\u00bb (CSJ SC 208, 18 dic. 2006, exp. 2003-00159-01 SC 242, 13 dic. 2001, exp. 0160, mencionadas en SC339-2019, SC3955-2019 y SC1367-2022). <\/p>\n
3.6.- En este asunto, el recurrente afirma que las maniobras fraudulentas utilizadas por la Corporaci\u00f3n Financiera Colombiana S.A. \u2013 Corficolombiana S.A., estribaron en que la demandada impuso de manera unilateral y arbitraria el sello de \u00abanulado\u00bb en los documentos contentivos de los denominados CDT n\u00fameros 159743, 159744 y 159745, inmediatamente despu\u00e9s de que fueren presentados para su pago, comportamiento que para el recurrente materializa por s\u00ed misma la conducta de fraude o colusi\u00f3n requerida para la estructuraci\u00f3n del m\u00f3vil de revisi\u00f3n de sentencias ejecutoriadas. <\/p>\n
Una vez comparados los hechos ventilados para fundamentar la alegaci\u00f3n de la comentada causal, contrario a lo pretendido por la opugnante, evidente es, que no se subsumen dentro de la hip\u00f3tesis de revisi\u00f3n de la providencia, pues con independencia de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria que realiza en torno a la imposici\u00f3n del sello de anulado realizado por la entidad financiera sobre la materialidad de esa documental, lo cierto es que tuvieron lugar con antelaci\u00f3n a la presentaci\u00f3n de la demanda que origin\u00f3 el proceso ejecutivo, e integr\u00f3 el debate que se surti\u00f3 durante las instancias. <\/p>\n
3.6.1.- Sobre el particular, se aprecia que en el hecho 2.3 de la demanda ejecutiva, el acreedor afirm\u00f3 que la ejecutada se neg\u00f3 a cancelar el importe de los t\u00edtulos, \u00abmanifestando falsamente que los CDT\u00b4s eran espurios, procediendo unilateral y arbitrariamente, a colocar en cada uno de ellos un sello de \u201canulado\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.6.2.- Contra el mandamiento de pago Corficolombiana S.A., propuso recurso de reposici\u00f3n, con sustento en que \u00ab(\u2026) [de conformidad con la propia literalidad de los documentos aportados (los CDT\u00b4s), estos se encuentran \u201canulados\u201d], por lo que para todos los efectos no incorporan un derecho crediticio (\u2026) por lo que en derecho cada uno de ellos es \u201cnulo\u201d o qued\u00f3 \u201csin fuerza\u201d, de suerte que nadie puede l\u00edcitamente alegar la existencia de un derecho de cr\u00e9dito oponible al deudor y que sea exigible\u00bb. <\/p>\n
En replica, el ejecutante expuso que no era cierto que los t\u00edtulos hayan sido destruidos jur\u00eddicamente por tener el sello de \u00abanulado\u00bb, el que ilegalmente fue impuesto por la entidad financiera y respecto al que la justicia penal no dio valor alguno, menos cuando la nulidad de un t\u00edtulo valor requiere de una decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
El juzgado de conocimiento no repuso la orden de pago censurada al encontrar que, frente al aspecto que se analiza, \u00ab(\u2026) de la expedici\u00f3n de los CDT\u00b4s base de la ejecuci\u00f3n, el dep\u00f3sito cumpli\u00f3 su objetivo pues el derecho crediticio se incorpor\u00f3 en el t\u00edtulo por su creador quien a su vez en su texto (literalidad) legitim\u00f3 a Alejandro Gonz\u00e1lez Beltr\u00e1n para su cobro en calidad de \u201cDepositante\u201d o, en otros t\u00e9rminos \u201cprimer beneficiario\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.6.4.- Con asiento en las alegaciones de las partes y el abundante material probatorio recaudado, la sentencia de primer grado desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda, tras colegir que los CDT no corresponden a transacciones hechas directamente con el ejecutante, ni se acredit\u00f3 la fuente obligaci\u00f3n o el dep\u00f3sito dinerario, en pocas palabras, \u00abel negocio subyacente no existe en cabeza del accionante\u00bb. <\/p>\n
3.6.5.- En la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, para lo que aqu\u00ed importa, el demandante profundiz\u00f3 ampliamente en los argumentos de sus distintas intervenciones, afirm\u00f3 que no se efectu\u00f3 una debida valoraci\u00f3n probatoria, se desnaturaliz\u00f3 la esencia de los CDT, se acogi\u00f3 la mala fe con que actu\u00f3 el deudor cambiario al imponer la anotaci\u00f3n de anulado y se invirti\u00f3 la carga de la prueba para acreditar la existencia del negocio que deriv\u00f3 en la constituci\u00f3n del dep\u00f3sito. <\/p>\n
A su vez, la demandada al descorrer el traslado del recurso vertical, retom\u00f3 in extenso sus medios de defensa para afianzar la invalidez de los t\u00edtulos valores ejecutados en raz\u00f3n de su anulaci\u00f3n, la inexistencia de los dep\u00f3sitos y del negocio que los origin\u00f3. <\/p>\n
3.6.6.- El Tribunal, al desatar la alzada, realiz\u00f3 una revisi\u00f3n oficiosa de los requisitos formales de los CDT, que contienen en su literalidad el sello de \u00abANULADO\u00bb, lo que significaba que \u00ab(\u2026) se deterioraron por completo, o lo que es igual, se destruyeron \u201cin radice\u201d los aludidos cartulares; por ende, desaparecieron sus efectos jur\u00eddicos y se dej\u00f3 sin fuerza el derecho que en ellos se dec\u00eda incorporado y en tal sentido, no exist\u00eda soporte para librar mandamiento de pago y menos lo habr\u00eda para proferir sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Luego, como al momento de presentarse los mencionados CDT para su cobro, \u00abestaban completamente deteriorados desde el punto de vista jur\u00eddico con el sello de ANULADO, lo que impide entrar a considerar la claridad del derecho, su incorporaci\u00f3n y la exigibilidad de la obligaci\u00f3n que pretende el demandante que se deduzca de los mencionados documentos\u00bb. <\/p>\n
3.7.- Contemplado en el anterior recuento de actuaciones procesales, se enfatiza que la imposici\u00f3n del sello de \u00abanulado\u00bb en el cuerpo de los documentos adosados para fundamentar la ejecuci\u00f3n, fue una situaci\u00f3n que ocurri\u00f3 el d\u00eda en que fueron presentadas para el cobro ante la entidad a quien se atribuy\u00f3 su expedici\u00f3n, es decir, con antelaci\u00f3n al planteamiento de las pretensiones de cobro ante la jurisdicci\u00f3n civil. <\/p>\n
3.7.1.- Dicha circunstancia, implica a las claras que la causal de revisi\u00f3n invocada no est\u00e1 llamada a tener buen recibo, habida cuenta que su alegaci\u00f3n necesariamente requiere que el comportamiento colusivo o fraudulento se presente durante el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia con independencia de que hubiere sido objeto de investigaci\u00f3n penal; en otros t\u00e9rminos, el supuesto f\u00e1ctico esgrimido para la invalidaci\u00f3n de la sentencia tiene una cualificaci\u00f3n temporal, consistente en que tenga lugar durante el impulso procesal, por ende no comprende los ocurridos con anticipaci\u00f3n a la demanda o con posterioridad a la expedici\u00f3n de la sentencia acusada. <\/p>\n
El referido condicionamiento temporal no acompa\u00f1a a la situaci\u00f3n tra\u00edda por el censor como pilar de sus s\u00faplicas, pues se insiste en que la colaci\u00f3n de la leyenda de \u00abanulado\u00bb sobre los documentos aportados como t\u00edtulo ejecutivo, antecedi\u00f3 en el tiempo tanto a la demanda como a la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago a la ejecutada, al punto de servir de fundamento f\u00e1ctico para someter la pretensi\u00f3n ejecutiva ante la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3.7.2.- Aqu\u00ed es menester, puntualizar que la demanda, entre otros requisitos, est\u00e1 integrada por un conjunto de hechos, cuya invocaci\u00f3n responde al anhelo de explicar la premisa f\u00e1ctica llamada a servir de fundamento del efecto jur\u00eddico perseguido, el cual es expresado con la menci\u00f3n de las pretensiones; y, que el proceso se concibe como el conjunto ordenado de etapas dirigida a obtener la decisi\u00f3n respecto de las aspiraciones del demandante. <\/p>\n
De ah\u00ed que el hecho invocado para esgrimir la causal bajo estudio sea incompatible con aquella, ya que al formar parte de las hip\u00f3tesis factuales esgrimidas para implorar el cobro de los documentos sobre los que se insert\u00f3 la palabra \u00abanulado\u00bb, era una situaci\u00f3n llamada a debatirse en el curso del procedimiento ejecutivo, como en el efecto lo fue, pero por su antelaci\u00f3n cronol\u00f3gica no era una situaci\u00f3n que pudiere tener lugar durante el tr\u00e1mite surtido para determinar la suerte de las pretensiones ejecutivas. <\/p>\n
Todo lo anterior, sin perder de vista que fue una situaci\u00f3n que fue ampliamente disputada a lo largo del litigio, por cuanto la postura procesal de la ejecutada gir\u00f3 en torno a justificar la impresi\u00f3n del sello de \u00abanulado\u00bb, la primera instancia estim\u00f3 que su presencia ameritaba la acreditaci\u00f3n de la relaci\u00f3n causal subyacente que dio lugar a la expedici\u00f3n de los t\u00edtulos, y su contemplaci\u00f3n dio lugar a que el colegiado determinar\u00e1 que no concurr\u00eda el t\u00edtulo requerido para proseguir la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3.8.- C\u00famulo de pareceres, que, se insiste, con independencia de cualquier juicio sobre su razonabilidad, evidencian que las circunstancias esgrimidas para justificar la revisi\u00f3n, hicieron parte de los extremos del litigio, y fueron materia de pronunciamiento en la sentencia cuya validez se cuestiona, cuya valoraci\u00f3n normativa y probatoria no puede ser retomada en esta sede extraordinaria, ya que \u00abno es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relaci\u00f3n ni tampoco hay lugar a la fiscalizaci\u00f3n de las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y espec\u00edficas que, constituyendo verdaderas anomal\u00edas, condujeron a un fallo err\u00f3neo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente (\u2026)\u00bb (CSJ SC 029, 25 jul. 1971, reiterada en CSJ SC, 30 sep. 1999 rad. 6464, SC5408-2018 y SC339-2019). <\/p>\n
3.9.- En ese orden, se insiste en que el recurso de revisi\u00f3n no est\u00e1 instituido para replantear discusiones atinentes a la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas que se emplearon para dirimir el caso, tampoco para suscitar una nueva discusi\u00f3n sobre la selecci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n que se efectu\u00f3 en la decisi\u00f3n fustigada, pues de admitirse ese abanico de posibilidades se terminar\u00eda reviviendo un proceso concluido, con desprecio del principio de cosa juzgada y desd\u00e9n por la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Por ende, el cargo no prospera. <\/p>\n
4.- De la causal octava de revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.1.- Se configura esta causal cuando existe \u00abnulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb,16 y surge en el acto mismo de dictar el fallo que termina el juicio. <\/p>\n
Su viabilidad est\u00e1 sujeta a la improcedencia de los recursos de apelaci\u00f3n y casaci\u00f3n, pues de lo contrario, la irregularidad deber\u00e1 manifestarse oportunamente. De no ser as\u00ed, el vicio quedar\u00e1 saneado. <\/p>\n
4.2.- En forma mayoritaria, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que la nulidad que por esta v\u00eda se estudia: i) debe aparecer en la sentencia propiamente dicha, mas no en una actuaci\u00f3n que le anteceda, pues en ese caso aquella habr\u00e1 de formularse en su oportunidad, y ii) ser de naturaleza procesal, toda vez que ninguna de las causales de revisi\u00f3n permite volver sobre discusiones relacionadas con la hermen\u00e9utica de preceptos, apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n o equivocada fundamentaci\u00f3n de la providencia. Por tanto, la invalidaci\u00f3n que se propone debe estar contenida en alguno de los motivos autorizados por la ley adjetiva. <\/p>\n
En otras palabras, \u00ab(\u2026) ha de tratarse de \u00abuna irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que \u201clos motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil- \u2026se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u00bb (CSJ SC, 29 oct. 2004, rad. 03001, reiterada en SC7121-2017, SC674-2020 y SC1075-2022). <\/p>\n
4.3.- Por v\u00eda de ejemplo, la anulaci\u00f3n del fallo tendr\u00eda lugar cuando este haya sido firmado por un n\u00famero de magistrados inferior al legalmente requerido; se profiera en proceso terminado por desistimiento, transacci\u00f3n, perenci\u00f3n, o se encuentre suspendido o interrumpido; si la condena recae en quien no figur\u00f3 como parte en el litigio; si al resolverse petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n, adici\u00f3n o correcci\u00f3n se termina modificando la sentencia; o se pretermite la etapa de alegaciones cuando el procedimiento as\u00ed lo exija (CSJ SC, 29 ago. 2008, rad. 2004-00729, reiterada en SC3362-2020). <\/p>\n
4.4.- La Corporaci\u00f3n ha elaborado desde la sentencia de 29 de agosto de 2008, rad. 2004-000729-00 una l\u00ednea jurisprudencial, en la cual se ha atemperado el riguroso principio de taxatividad de las nulidades, admitiendo que la sentencia incuba su invalidez en el evento de falta de motivaci\u00f3n, habida cuenta que dicha situaci\u00f3n colisiona con la exigencia de legitimidad de las decisiones judiciales, que justamente deriva de las expresi\u00f3n de razones que den cuenta de la adecuaci\u00f3n a los marcos normativos y f\u00e1cticos del litigio, pues son estas las que permiten tomar distancia del mero capricho o arbitrariedad del autor de la providencia. <\/p>\n
Esta posici\u00f3n fue compendiado en CSJ SC5408-2018, 11 dic., as\u00ed: <\/p>\n
\u00abEn la sentencia SC 29 ago. 2008, la Corte dej\u00f3 sentado que la causal 8\u00aa del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tiene su propia fisonom\u00eda, \u201c(\u2026) de modo que acudir a ella no implica necesariamente emplear un camino alternativo para plantear las mismas nulidades previstas en el art\u00edculo 140 ibidem, lo cual lleva a morigerar el planteamiento seg\u00fan el cual hay identidad entre las causales de nulidad de la sentencia y los motivos de invalidaci\u00f3n del proceso previstos en la referida norma, pues atendida la autonom\u00eda de la causal octava de revisi\u00f3n, una sentencia puede ser nula por motivos diferentes a los expresados en el art\u00edculo 140 aludido, en particular por desatender el deber de motivar adecuadamente las decisiones judiciales. Bajo esta perspectiva, sin desconocer la evidente afinidad tem\u00e1tica entre las reglas que en el c\u00f3digo se ocupan de las nulidades, aquel vicio originado en la propia sentencia tiene una singular fisonom\u00eda y cumple funciones espec\u00edficas que no siempre coinciden con las del instituto general de la nulidad procesal previsto a partir del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
No est\u00e1 dem\u00e1s se\u00f1alar que al reconocer una posible nulidad en la sentencia por defectos graves de argumentaci\u00f3n, se conserva el principio de taxatividad de las causales de revisi\u00f3n. As\u00ed, al acudir a la causal de que trata el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se cumple la restricci\u00f3n que campea en materia de nulidades, pues la sanci\u00f3n por el desv\u00edo en la producci\u00f3n del acto procesal no ser\u00eda fruto de la invenci\u00f3n del juez, sino que tendr\u00eda acomodo a lo que manda el legislador, que en tan delicada materia ha reservado para s\u00ed el poder de definir los casos en que la actividad judicial pierde su imperio por raz\u00f3n del desconocimiento ostensible de las reglas b\u00e1sicas que instituyen el debido proceso. Se sigue de ello que al acudir al concepto de nulidad originada en la sentencia, recusando que hubo deficiencias graves de motivaci\u00f3n, se satisface cabalmente el presupuesto de taxatividad que en materia de causales de nulidad y de revisi\u00f3n es un imperativo\u00bb <\/p>\n
4.5.- Sin embargo, el enjuiciamiento en revisi\u00f3n con base en esa hip\u00f3tesis debe realizarse con sumo cuidado y sin subvertir el car\u00e1cter extraordinario de este medio de defensa, por cuanto la laxitud en su an\u00e1lisis conducir\u00eda a darle el tratamiento de recurso ordinario o incluso de nueva instancia, que como es sabido se encausan a estudiar una decisi\u00f3n con base en motivos definidos por el albedrio del inconforme, o analizar el conjunto probatorio y las normas jur\u00eddicas que se emplearon para dirimir el caso, respectivamente. <\/p>\n
Sobre el particular, se advierte que en la providencia CSJ SC, 9 ago. 2008, rad. 2004-00729-01, se sostuvo que: <\/p>\n
\u00abEl criterio expuesto ha sido ratificado por esta Corporaci\u00f3n, que luego de comentar la desaparici\u00f3n de la norma constitucional que establec\u00eda el deber de fundamentar las sentencias -antiguo art\u00edculo 163 de la C.N-, reiter\u00f3 que \u201c(…) para que sea posible hablar de falta de motivaci\u00f3n de la sentencia como vicio invalidativo del proceso, se requiere que aquella sea total o radical (\u2026). Esto, por supuesto, se explica no s\u00f3lo porque l\u00f3gicamente se est\u00e1 en frente de conceptos distintos (una cosa es la motivaci\u00f3n insuficiente y otra la ausencia de motivaci\u00f3n), sino tambi\u00e9n porque en la pr\u00e1ctica no habr\u00eda luego c\u00f3mo precisar cu\u00e1ndo la cortedad de las razones es asimilable al defecto de las mismas, y cu\u00e1ndo no lo puede ser (Cas. Civ. 29 de abril de 1988, sin publicar)\u201d (Sent. Cas. Civ. de 1 de septiembre de 1995 Exp. No. 4219)\u00bb. <\/p>\n
4.6.- Igualmente, el \u00e1mbito de este supuesto de nulidad tampoco puede reducirse a la constataci\u00f3n visual de la falta de motivaci\u00f3n, como quiera que una exigencia de dicha estirpe conducir\u00eda a la negaci\u00f3n de esa causal, toda vez que por disposici\u00f3n legal la forma de las sentencias debe estar integrada por dos partes, considerativa y resolutiva, sumado a que las reglas de la experiencia revelan que los jueces en la mayor\u00eda de los casos argumentan con miras a fundamentar sus decisiones. <\/p>\n
4.7.- Tras advertir los extremos en podr\u00eda incurrirse al acometer el estudio de ese supuesto de nulidad de la sentencia, el sentenciador en sede de revisi\u00f3n tendr\u00e1 que optar por una interpretaci\u00f3n que no suprima de facto la posibilidad de alegarla, pero tampoco la extienda al punto de tergiversar el objeto del recurso extraordinario para transfigurarlo en un disenso ordinario o una nueva instancia. <\/p>\n
En este orden de ideas, habr\u00e1 de reconducirse a verificar si la sentencia contiene formalmente razonamientos para dirimir el problema jur\u00eddico planteado, pero sin entrar a calificar la correcci\u00f3n u acierto de la motivaci\u00f3n esgrimida para dirimirlo; y al adelantar ese examen no podr\u00e1 replantear el debate sobre temas ya decididos a pesar de que el censor muestre inconformismo frente a la soluci\u00f3n recibida, ni tampoco abandonarse a la tentaci\u00f3n de cuestionar la decisi\u00f3n por considerarla extensa, lac\u00f3nica o confusa. <\/p>\n
Siguiendo este derrotero, en la SC10223-2014, 1\u00ba ago. la Corporaci\u00f3n estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa jurisprudencia de esta Corte, en coherencia con lo sostenido y con el inciso sexto del art\u00edculo 142 del Estatuto Procesal Civil, seg\u00fan el cual \u00abla nulidad originaria en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 alegarse tambi\u00e9n en la oportunidad y forma consagradas en el inciso 3\u00b0\u00bb, admite la posibilidad de que la ineficacia procesal pueda originarse en la sentencia, entre otras razones, por falta de motivaci\u00f3n; pero condicionada a la carencia radical, absoluta y total, por cuanto una omisi\u00f3n de tales caracter\u00edsticas \u201c(…) va de frente contra lo que constitucional y legalmente se consagra como una de las m\u00e1s preciosas garant\u00edas individuales, cual es la de que a las partes se les permita conocer las razones, los argumentos y los planteamientos en que se edifican los fallos jurisdiccionales\u201d17. <\/p>\n
A contrario sensu, cuando la sentencia est\u00e1 motivada, as\u00ed sea en medida m\u00ednima, lac\u00f3nica, parca o confusa, el vicio in procedendo no se configura, porque lo sancionable no es nada de ello, sino, it\u00e9rase, el hecho de que el sentenciador se haya sustra\u00eddo rotundamente de dar las razones que expliquen o que permitan conocer, a ciencia cierta, el porqu\u00e9 de la decisi\u00f3n, \u201c(\u2026) desde luego que el razonamiento confuso, deficiente, escaso, exiguo, incompleto, insuficiente o parco no traduce ni conduce a significar que el fallo carezca de fundamentaci\u00f3n\u201d18\u00bb (CSJ SC10223-2014, 1 ago.). <\/p>\n
4.8.- Para el recurrente la nulidad que se origin\u00f3 en la sentencia del tribunal se estructur\u00f3, en la medida en que: i) fue proferida sin competencia, pues el proceso ejecutivo no era el escenario para destruir la eficacia de los t\u00edtulos-valores, sino el juicio declarativo; (ii) protegi\u00f3 la mala fe del deudor cambiario, ya que le otorg\u00f3 efectos jur\u00eddicos a la unilateral e ileg\u00edtima anulaci\u00f3n de los cartulares; (iii) ignor\u00f3 que la entidad financiera no pod\u00eda anular muto proprio su obligaci\u00f3n, y que la imposici\u00f3n del sello de anulado tampoco determinaba la invalidaci\u00f3n de los documentos; (iv) la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo devino err\u00f3nea, pues inici\u00f3 con la expedici\u00f3n de la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por cuanto las peticiones de desglose hab\u00edan sido denegadas por la Fiscal\u00eda y el Tribunal Superior de Cali (v) no era necesario el agotamiento del procedimiento de reposici\u00f3n y cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos-valores, visto que los CDT no fueron destruidos ni deteriorados; (vi) la inexistencia de la relaci\u00f3n jur\u00eddica subyacente fue discutida en la jurisdicci\u00f3n penal, en donde se coligi\u00f3 la existencia y validez de los instrumentos. <\/p>\n
4.9.- Con respecto a dichos argumentos, se advierte de entrada que exteriorizan el inconformismo del censor hac\u00eda la sentencia que frustr\u00f3 la pretensi\u00f3n ejecutiva, el cual deja ver con el cuestionamiento que realiza a su parte considerativa; empero, esas desavenencias no son suficientes para justificar la hip\u00f3tesis de revisi\u00f3n invocada, pues no encajan dentro de las causales de nulidad contempladas en la legislaci\u00f3n adjetiva, pues buscan reinaugurar el debate de cuestiones jur\u00eddicas y f\u00e1cticas ya superadas, am\u00e9n de poner en la palestra situaciones carentes de asidero f\u00e1ctico, cuya existencia no tiene referente distinto a las personal interpretaci\u00f3n del recurrente de decisiones adoptadas por la justicia penal. <\/p>\n
4.10.- En orden de exposici\u00f3n, se comienza por analizar el argumento que desdice de la competencia del sentenciador para definir el asunto, sobre la base de que el desconocimiento de los efectos de los documentos aportados como t\u00edtulo ejecutivos debe surtirse en un proceso ordinario, por ser el contencioso ejecutivo un escenario impropio para tal cometido, anotando de a golpe de vista que es una alegaci\u00f3n propia de instancia, m\u00e1s que un planteamiento t\u00e9cnico de una nulidad procesal susceptible de invalidar la actuaci\u00f3n en sede de revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.10.1.- Cabe recordar que la competencia es la medida de la jurisdicci\u00f3n, es decir, la aptitud con que cuenta un funcionario judicial para administrar justicia en un caso determinado, la cual se identifica a partir de criterios legalmente establecidos que se denominan objetivo, territorial, subjetivo y funcional; adem\u00e1s, se itera que una vez es radicada en un juzgador determinado, este la asume de manera perpetua, sin que, en l\u00ednea de principio, pueda cuestionarse la validez de tal adjudicaci\u00f3n, salvo en los eventos de desconocimiento de los factores subjetivo y funcional. <\/p>\n
Respecto a los criterios cuyo menosprecio puede significar la irregular asunci\u00f3n de competencia, est\u00e1 el subjetivo, que atiende a las calidades personales de alguna de las partes en contienda, las cuales justifican que el conocimiento de las disputas en que se vean involucradas sea ventilado ante un juez espec\u00edfico; y, se encuentra el funcional, determinado por rol que le incumbe asumir al funcionario cognoscente dentro de los grados la administraci\u00f3n de justicia. De ah\u00ed que est\u00e9 llamada a invalidarse la sentencia expedida por un juzgador, que adolece de atribuciones para dirimir conflictos de sujetos con fueros personales, o que la emite por fuera de la instancia en que le incumb\u00eda abordar el caso. <\/p>\n
4.10.2.- Bajo el anterior sendero, se detalla que el recurrente no blande la falta de competencia sobre la base de la pretermisi\u00f3n de factores que no admiten convalidaci\u00f3n posterior, sino desde una particular posici\u00f3n que parte de predicar que los efectos de un t\u00edtulo-ejecutivo no pueden ser tocados en el interior de un juicio compulsivo, y que est\u00e1 dicotom\u00eda, en si misma considerada, es suficiente para descartar la nulidad por falta de competencia, ya que no cuestiona la atribuci\u00f3n del conocimiento del asunto a los juzgadores que dirimieron las instancias, sino la interpretaci\u00f3n del sentenciador de segundo grado sobre la ejecutividad de los documentos tra\u00eddos como pivote de la demanda. <\/p>\n
4.10.3.- Ahora bien, si bien el recurso de revisi\u00f3n no es el escenario propicio para evaluar la correcci\u00f3n de las premisas normativas que sirvieron de base a la providencia criticada, no es acertado sostener que el decaimiento de t\u00edtulo-valor solo puede perseguirse en un juicio declarativo, pues tal aseveraci\u00f3n desconoce que las excepciones de m\u00e9rito tambi\u00e9n son un veh\u00edculo para solicitar tal efecto, y pasa por alto que el sentenciador que dirime un proceso ejecutivo, antes de proseguir el cobro, debe volver a revisar el m\u00e9rito ejecutivo del documento base del recaudo, por as\u00ed demandarlo los art\u00edculos 430 del C\u00f3digo General del Proceso, antes 29 de la ley 1395 de 2010 y 497 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
4.11.- Aunado a lo anterior, no resulta atinado el planteamiento del censor, en donde apunta que el debate de la existencia y validez de los instrumentos ejecutados ya hab\u00eda sido definido por las decisiones de la jurisdicci\u00f3n penal, y que esto imped\u00eda cualquier discusi\u00f3n sobre la relaci\u00f3n subyacente que justific\u00f3 su creaci\u00f3n, puesto que se trata de una postura que dista de encajarse en una nulidad procesal derivada de la expedici\u00f3n del fallo, y que en su lugar se enruta tanto a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria de las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Cali y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta corporaci\u00f3n, como a discrepar del razonamiento normativo surtido en la decisi\u00f3n censurada para mantener la terminaci\u00f3n del juicio coactivo. <\/p>\n
4.11.1.- En efecto, conviene insistir en que el buen t\u00e9rmino de este motivo de revisi\u00f3n requiere comprobar que, en un acto procesal espec\u00edfico, como es la sentencia controvertida, se materializ\u00f3 una causal de nulidad procesal taxativamente dispuesta por el legislador, y que \u00e9l legitimado para alegarla no pudo hacerlo a trav\u00e9s de un recurso ordinario; m\u00e1s tal cometido no se alcanza, cuando se abandona la demostraci\u00f3n de esos especiales t\u00f3picos, para adentrarse en la cr\u00edtica del examen de medios probatorios, como son las determinaciones de la jurisdicci\u00f3n penal, o discurrir sobre la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de normas jur\u00eddicas, como son las que habilitan el control de legalidad de la ejecuci\u00f3n y la discusi\u00f3n de la relaci\u00f3n que subyace a la suscripci\u00f3n de un instrumento cambiario. <\/p>\n
4.11.2.- No obstante lo anterior, si bien la pretermisi\u00f3n del an\u00e1lisis de medios probatorios es una pol\u00e9mica ajena a la materializaci\u00f3n de la causal de revisi\u00f3n bajo estudio, se observa que, lejos de lo expuesto por el quejoso, no es cierto que en la sentencia recurrida hubiere inadvertido las decisiones de la jurisdicci\u00f3n penal, toda vez que las ponder\u00f3 de manera expresa, aunque en forma diversa a lo pretendido por el recurrente. <\/p>\n
Efectivamente, en la decisi\u00f3n rebatida el ad quem se refiri\u00f3 a aquellas providencias en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abY, que no se diga, que dichos documentos, los pretendidos t\u00edtulos-valores, por haber sido adosados al proceso penal que termin\u00f3 con sentencia absolutoria en aplicaci\u00f3n del principio de in dubio pro reo est\u00e1n exentos del an\u00e1lisis de sus \u201crequisitos formales\u201d que debe hacer el sentenciador civil y que por ello, son t\u00edtulos-valores y pueden soportar la acci\u00f3n ejecutiva, pues all\u00e1, la actuaci\u00f3n del aparato judicial se encamin\u00f3 a establecer la existencia de un hecho punible y el presunto responsable; incluso se orden\u00f3 su devoluci\u00f3n pero nada se dijo sobre la validez desde el punto de vista comercial. Es por eso que la Sala no puede aceptar al rompe dicha decisi\u00f3n, pues el problema jur\u00eddico a resolver es totalmente diferente <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, ha dicho, al tratar otros asuntos, que la sentencia penal absolutoria no se puede acoger como cosa juzgada sin m\u00e1s consideraciones, sino que es menester que le juez examine el fallo adoptado, el cual debe caracterizarse por no ser \u201coscuro, ambiguo y hasta contradictorio\u201d (CSJ SC 16 de mayo de 2003, exp. 7576); es decir, que no est\u00e9 afectado de duda o confusi\u00f3n, pues de lo contrario no puede ser tenido en cuenta como impeditivo de otros an\u00e1lisis. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En consecuencia, en las presentes diligencias no se puede trasplantar la decisi\u00f3n del juez penal, que absolvi\u00f3 al aqu\u00ed demandante en aplicaci\u00f3n del principio de in dubio pro reo, para darles plena eficacia a unos documentos que como t\u00edtulos-valores ya no exist\u00edan, pues desde el momento que se le imprimi\u00f3 el sello de ANULADO perdieron tal calidad, argumento que soporta la presente decisi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.11.3.- De manera que es claro que el recurrente abandon\u00f3 su labor de comprobar la nulidad inmanente a la emisi\u00f3n de la providencia criticada, para ensayar una tesis sobre los efectos civiles de los sentencias penales absolutorias, cuesti\u00f3n ajena al debate en sede de revisi\u00f3n que \u00abexcluye los errores de juicio ata\u00f1ederos con la aplicaci\u00f3n del derecho sustancial, la interpretaci\u00f3n de las normas y la apreciaci\u00f3n de los hechos y de las pruebas que le puedan ser imputados al sentenciador\u00bb (CSJ SC, 21 de ago. 1997, rad. 6110, SC1899-2019, SC, 22 de sep. de 1999, rad. 7421, mencionadas en SC2845-2020). <\/p>\n
4.12.- Queda por revisar las dem\u00e1s razones esgrimidas para fundamentar la causal bajo an\u00e1lisis, en los cuales se reprocha al colegiado por: (i) permitir que la demandada anule unilateral e injustificadamente las obligaciones que la vinculan; (ii) determinar al acreedor a agotar el procedimiento de reposici\u00f3n y cancelaci\u00f3n de t\u00edtulo-valor, a pesar de que los documentos no se destruyeron ni deterioraron; y, (iii) contabilizar err\u00f3neamente el t\u00e9rmino prescriptivo, olvidando que la petici\u00f3n de desglose fue denegada en los estrados penales, y que la ejecuci\u00f3n solo pod\u00eda plantearse con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
4.12.1.- Como se explic\u00f3 al despachar la causal anterior, la imposici\u00f3n del sello de anulado fue materia de debate en las instancias del proceso ejecutivo en donde se emiti\u00f3 la providencia controvertida, por cuanto fue el eje de la defensa de la ejecutada, la raz\u00f3n que determin\u00f3 al juzgador de primera instancia a requerir la acreditaci\u00f3n de la relaci\u00f3n causal, y el referente f\u00e1ctico a partir del cual el colegiado dedujo que los documentos no ten\u00edan vigor coactivo, dando lugar a la confirmaci\u00f3n de la sentencia apelada. <\/p>\n
De cara a este motivo de revisi\u00f3n, se resalta que tanto el an\u00e1lisis de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, como la referencia al procedimiento de reposici\u00f3n y cancelaci\u00f3n de cartulares, no constituyeron la raz\u00f3n medular que condujeron al ad quem a confirmar la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo, pues la misma se hall\u00f3 en la destrucci\u00f3n in radice de la obligaci\u00f3n cambiaria debido a la imposici\u00f3n del sello de anulado. <\/p>\n
4.12.2.- Con todo, aun teniendo de presente el peso que tuvieron los razonamiento del tribunal en la decisi\u00f3n que adopt\u00f3, debe insistirse, una vez m\u00e1s, que la sede extraordinaria de revisi\u00f3n no es el plano para debatir el acierto de esas valoraciones, m\u00e1xime cuando la causal bajo estudio que demanda la configuraci\u00f3n de una especial situaci\u00f3n, cual es que la expedici\u00f3n de la sentencia materialice por s\u00ed misma de una causal de nulidad. <\/p>\n
Nulidades que se identifican con los eventos taxativamente dispuestos por el codificador procesal, como determinantes de la necesidad de retrotraer la actuaci\u00f3n a un estadio anterior a la expedici\u00f3n de la sentencia, por ser abiertamente incompatible con las garant\u00edas del debido proceso y defensa elevados a rango constitucional, de las cuales se cita a t\u00edtulo de ejemplo: la providencia suscrita por un numero de magistrados inferior al requerido para decidir, la expedida con omisi\u00f3n de la etapa de alegaciones de conclusi\u00f3n, o dictadas estando suspendida la jurisdicci\u00f3n, o en defecto de esta por haberse transigido o desistido las pretensiones. <\/p>\n
4.12.3.- Pero que no pueden encajarse en la desavenencia del contendiente frente al an\u00e1lisis f\u00e1ctico o normativo condensado en la decisi\u00f3n, pues con abstracci\u00f3n del nivel de elaboraci\u00f3n que puedan tener dichos reproches, lo cierto es su exposici\u00f3n ri\u00f1e con la naturaleza extraordinaria que acompa\u00f1a al recurso de revisi\u00f3n, cuya buena fortuna pende de la configuraci\u00f3n de las espec\u00edficos eventos dispuestos por el legislador; y, no puede ser de otra manera, pues admitir lo contrario, llevar\u00eda, ni m\u00e1s ni menos, a entronizar la incertidumbre como principio de adopci\u00f3n de las decisiones judiciales, desconociendo que los conflictos han de ser clausurados mediante decisi\u00f3n ejecutoriada, cuyos pilares normativos y probatorios no puedan volver a discutirse en otro escenario judicial. <\/p>\n
4.12.4.- Aqu\u00ed, una vez m\u00e1s, reitera que esta corporaci\u00f3n, constantemente ha entendido que el recurso de revisi\u00f3n, no es un medio para mejorar la prueba que se aport\u00f3 en el curso del proceso, ni tampoco un instrumento para suscitar una nueva discusi\u00f3n sobre los cimientos que sustentan la sentencia impugnada, y que en este asunto como ocurri\u00f3 en uno precedente, \u00abemerge con claridad que el censor busca encajar forzadamente, incluso en una eventual causal de nulidad supralegal, aspectos de cariz f\u00e1ctico que fueron materia de decisi\u00f3n en el fallo estimatorio proferido en el litigio, con el prop\u00f3sito de estructurar la causal octava del recurso de revisi\u00f3n; por tanto, como la acusaci\u00f3n est\u00e1 enderezada a reabrir la discusi\u00f3n de estirpe probatoria que apuntala la providencia recurrida, ello, per se, torna inane la postulaci\u00f3n al efecto elevada\u00bb (se resalta) (CSJ SC18080-2016, reiterada en SC3751-2018). <\/p>\n
4.12.5.- En esa medida, de nuevo, lo que pretende el actor es imponer su propia interpretaci\u00f3n del caso sobre la que efectu\u00f3 la Colegiatura cuestionada, para desestimar los considerandos de la decisi\u00f3n que culmin\u00f3 con el declive de la acci\u00f3n ejecutiva, circunstancias que descontextualizan la naturaleza del recurso de revisi\u00f3n, concebido como un mecanismo extremo para descubrir vicios que deben sanearse en pro de la recta administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4.13.- Sea oportuno mencionar que el testimonio rendido por Miguel \u00c1ngel Alarc\u00f3n Mora se limit\u00f3 a revelar di\u00e1logos extraprocesales que, seg\u00fan dijo, en su presencia sostuvieron el acreedor y la deudora para zanjar sus diferencias econ\u00f3micas, con relaci\u00f3n al cr\u00e9dito ejecutado, pero no se encamin\u00f3 a demostrar la procedencia de alguna de las causales de revisi\u00f3n conjuradas. <\/p>\n
4.14.- Por lo que refiere a que no se tuvo en cuenta lo considerado en la providencia T-310 de 2009 proferida por la Corte Constitucional, de un lado, ha de recordarse que los efectos de los fallos de tutela son inter partes, ya que seg\u00fan el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991, \u00ab[l]as sentencias en que se revise una decisi\u00f3n de tutela solo surtir\u00e1 efectos en el caso concreto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.15.- Otro punto que vale la pena tratar, tiene que ver con que el recurrente apoy\u00f3 la solicitud de revisi\u00f3n, en los salvamentos de voto presentados por dos magistrados respecto al fallo de segunda instancia que el 11 de diciembre de 2015 profiri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela 2015-01530 promovida por Alejandro Gonz\u00e1lez Beltr\u00e1n contra el Tribunal criticado. <\/p>\n
Al respecto, ha de recordarse que los salvamentos de voto son opiniones minoritarias que no tienen fuerza vinculante, en tanto no constituyen una decisi\u00f3n judicial. No se olvide que la motivaci\u00f3n de las sentencias, como elemento esencial del debido proceso, se satisface con la exposici\u00f3n de las razones de lo decidido, sin que los argumentos que soportan las aclaraciones o salvamentos sustenten las decisiones, por cuanto contienen motivos que frente a los hechos y las pruebas asumen los magistrados disidentes. <\/p>\n
Bajo esta \u00f3ptica, dichas salvedades no son determinantes para la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se adopta. <\/p>\n
4.16.- De hecho, no est\u00e1 de m\u00e1s destacar que en la mentada acci\u00f3n de tutela, en primera instancia, la Sala Civil de esta corporaci\u00f3n apunt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abRevisada la providencia de 27 de agosto de 2014, confirmatoria de la de primer grado, con la cual se declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n de \u201c(\u2026) falta de causa (\u2026) [\u201d], se neg\u00f3 el mandamiento de pago y se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio, se encuentra una valoraci\u00f3n prudente de las pruebas, normatividad y jurisprudencia aplicable. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[N]o se vislumbra v\u00eda de hecho lesiva de prerrogativas constitucionales en la providencia auscultada, pues en \u00e9sta se explic\u00f3 con suficiencia la imposibilidad de continuar con la ejecuci\u00f3n, dada la inexistencia \u201cjur\u00eddica\u201d de los t\u00edtulos, precisi\u00f3n realizada tras surtirse un an\u00e1lisis oficioso de los instrumentos de pago, el cual como lo ha expuesto esta Sala en varias ocasiones, es indispensable en los juicios compulsivos a la hora de proferirse los fallos de instancia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Aunado a lo decantado, se destaca que en torno a lo decidido sobre las excepciones de prescripci\u00f3n y falta de causa de los CDT\u00b4s, no se halla incoherencia en el pronunciamiento analizado, por cuanto, tal como lo adujo el Colegiado atacado en su respuesta, los argumentos aducidos sobre esas excepciones, son subsidiarios al discernimiento principal, referente a la \u201cdestrucci\u00f3n\u201d de los instrumentos de pago. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ahora bien, aunque la Corte pudiese tener un criterio distinto al esgrimido por el Tribunal accionado, esa circunstancia no permite predicar las irregularidades alegadas, pues \u201c(\u2026) independiente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.16.1.- Entre tanto, pese a la disidencia de dos magistrados, la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada porque, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) contrario a lo se\u00f1alado por el accionante, la Corte no advierte la arbitrariedad que \u00e9ste encuentra en las providencias judiciales, dado que de su texto se infiere el Tribunal efectu\u00f3 un an\u00e1lisis jur\u00eddico y probatorio acorde con lo que razonablemente se extra\u00f1a de los elementos de juicio que militaban en el expediente, de la ley y la jurisprudencia relevante al caso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[E]l juez plural s\u00ed analiz\u00f3 el fallo de la m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria penal, solo que enfatiz\u00f3 que en tal prove\u00eddo no se estudiaron los documentos desde el punto de vista comercial, que era apenas obvio dada la competencia funcional del juzgador, lo que naturalmente abr\u00eda el paso al estudio formal de los CDT\u00b4s en pos de determinar su m\u00e9rito y existencia ejecutiva, sin que constituyera obst\u00e1culo el hecho de que ese tema hubiese sido concretamente el abordado por el a quo al declarar la excepci\u00f3n \u201ccausal\u201d y menos a\u00fan controvertido en la apelaci\u00f3n, pues como bien lo advirti\u00f3, \u201cel inciso adicionado por el art\u00edculo 29 de la Ley 1395 al art\u00edculo 497 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, permite la revisi\u00f3n oficiosa del mandamiento de pago\u201d <\/p>\n
De manera que resulta equivocado afirmar que el Tribunal aval\u00f3 una conducta il\u00edcita y de mala fe, pues ello no es lo que genuinamente se extrae de la reproducci\u00f3n de su prove\u00eddo; por el contrario, su posici\u00f3n fue eminentemente jur\u00eddica y apunt\u00f3 a la desatenci\u00f3n del actor en la correcta formulaci\u00f3n del proceso que hiciera valer el contenido crediticio que advert\u00eda en los citados documentos, pues al no cumplirse el presupuesto de literalidad, desdibujada en este evento por la ampliamente mencionada anotaci\u00f3n \u201canulado\u201d, ello conllevaba la dificultad jur\u00eddica de prestar m\u00e9rito ejecutivo y en la posibilidad de concluir la inexistencia del t\u00edtulo. <\/p>\n
De ese modo, no resulta descabellado estimar que, si el actor consideraba contar con las pruebas suficientes para demostrar su exigibilidad y vigencia, pero no se satisfac\u00eda el referido presupuesto procesal, lo correcto no era iniciar una acci\u00f3n ejecutiva sino solicitar su cancelaci\u00f3n, y en su caso, la reposici\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 449 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en consonancia con el art\u00edculo 803 del C\u00f3digo de Comercio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.16.2- Decisiones de tutela que no resultan ajenas a este tr\u00e1mite, si en cuenta se tiene que en ese escenario constitucional se discutieron y controvirtieron los cuestionamientos exhibidos en la sentencia objeto de este asunto, con similares censuras a las aqu\u00ed analizadas. <\/p>\n
4.17.- Id\u00e9ntica situaci\u00f3n acontece con las dos insistencias presentadas por dos magistrados de la Corte Constitucional para que la sentencia de segunda instancia en comento fuera revisada, pues, de lo dispuesto en el art\u00edculo 57 del Acuerdo 02 de 22 de julio de 2015, \u00abpor medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional\u00bb, se infiere que es una facultad que tienen, tanto los magistrados de esa Corporaci\u00f3n, como el Procurador General de la Naci\u00f3n, el Defensor del Pueblo o la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, solicitud a la que se le imprime el procedimiento previsto en el art\u00edculo subsiguiente, con apego irrestricto en las causales consignadas en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de una mera facultad y\/o solicitud, lejos est\u00e1 que tales insistencias sean decisiones judiciales, menos que los motivos en que estas se fundaron sean imperantes para desatar la revisi\u00f3n bajo an\u00e1lisis. <\/p>\n
4.18.- Por estas razones, la causal octava tambi\u00e9n est\u00e1 llamada al fracaso. <\/p>\n
5.- Conclusiones <\/p>\n
5.1.- Para esta Corte, es indispensable insistir en que el recurso de revisi\u00f3n no est\u00e1 instituido en el ordenamiento jur\u00eddico para volver sobre los t\u00e9rminos del debate o para reevaluar las pruebas recaudadas en la litis, as\u00ed como tampoco para discutir sobre las exposiciones hechas por una u otra parte, toda vez que esta v\u00eda extraordinaria no habilita la reformulaci\u00f3n de los planteamientos efectuados en las respectivas instancias. <\/p>\n
Como se explic\u00f3, este instrumento judicial es limitado, restringido y su campo de acci\u00f3n se contrae al examen de las espec\u00edficas causales consignadas en el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, las que se fincan sobre circunstancias sobrevinientes y ajenas al asunto dirimido, irregularidades procedimentales que no pudieron ser alegadas durante el juicio, o el quiebre de la seguridad jur\u00eddica derivado del cercenamiento de la posibilidad de alegar la cosa juzgada. <\/p>\n
5.2.- No obstante, en este caso el recurrente afianz\u00f3 su demanda de revisi\u00f3n en argumentos sobre los que el Tribunal ya se hab\u00eda pronunciado, con la finalidad de disputar su acierto, correcci\u00f3n y juridicidad, llevando a cabo un ejercicio por completo extra\u00f1o a la carga demostrativa que le incumb\u00eda agotar en esta sede extraordinaria, que no era otra que acreditar los elementos que condicionan el reconocimiento de las causales que plante\u00f3, el cual no se agota con el llamado a la apertura de una tercera instancia no autorizada por la ley. <\/p>\n
5.3.- Puestas de este modo las cosas, en atenci\u00f3n a que los planteamientos del recurrente no permiten estructurar la maniobra fraudulenta regulada en la causal sexta del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, ni la nulidad derivada de la expedici\u00f3n de la sentencia prevista en la causal octava de ese precepto, se declarar\u00e1 impr\u00f3spero el medio de impugnaci\u00f3n estudiado. <\/p>\n
5.4.- No se condenar\u00e1 en costas, ya que el recurrente fue beneficiado con el otorgamiento del amparo de pobreza. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agrar\u00eda y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Alejandro Gonz\u00e1lez Beltr\u00e1n, respecto de la sentencia de 27 de agosto de 2014 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, D.C. en el proceso ejecutivo 2010-00446 que el recurrente promovi\u00f3 contra la Corporaci\u00f3n Financiera Colombiana S.A. \u2013 Corficolombiana (antes Corporaci\u00f3n Financiera del Valle Corfivalle S.A.). <\/p>\n
SEGUNDO. SIN CONDENA en costas, toda vez que el recurrente cuenta con amparo de pobreza. <\/p>\n
TERCERO. DEVOLVER los expedientes f\u00edsicos examinados 2010-00446 y 2002-00251 a los Juzgados Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, D.C. y Noveno Penal del Circuito de Cali, respectivamente. Rem\u00edtase copia de esta decisi\u00f3n a los citados despachos, as\u00ed como a la Corporaci\u00f3n que dict\u00f3 la sentencia materia de revisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO. REQUERIR a la Secretar\u00eda de la Sala para que libre los oficios y comunicaciones a que haya lugar en desarrollo de lo aqu\u00ed dispuesto. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 408 a 491, tomo 7-8, cuaderno primera instancia del expediente digital del proceso ejecutivo 2010-446. <\/p>\n
2\u0002 Folios 116 a 155, tomo 9-10 carpeta primera instancia del expediente digital del proceso ejecutivo 2010-446. <\/p>\n
3\u0002 Folios 400 a 479, tomo 9-10, del cuaderno de primera instancia del expediente digital del proceso ejecutivo 2010-00446. <\/p>\n
4\u0002 Folios 220 a 223 Tomo I ib. <\/p>\n
5\u0002 Folios 246 y 249 y ss ib. <\/p>\n
6\u0002 Folios 275 y ss ib. <\/p>\n
7\u0002 Folios 382 y ss ib. <\/p>\n
8\u0002 Folios 423 y ss ib. <\/p>\n
9\u0002 Folios 358 a 372 del cuaderno de primera instancia del expediente digital del cuaderno de primera instancia del proceso ejecutivo 2010-00446. <\/p>\n
10\u0002 Folios 573 a 588 del pdf Sala Casaci\u00f3n Civil, del cuaderno de primera instancia de la acci\u00f3n de tutela 2015-01530, del expediente digital del cuaderno de primera instancia del proceso ejecutivo 2010-00446. <\/p>\n
11\u0002 Folios 73 a 116 pdf Sala Casaci\u00f3n Laboral, del cuaderno de segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela 2015-01530, del expediente digital del cuaderno de primera instancia del proceso ejecutivo 2010-00446. <\/p>\n
12\u0002 Pdf Corte Constitucional, del cuaderno de segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela 2015-01530, del expediente digital del cuaderno de primera instancia del proceso ejecutivo 2010-00446. <\/p>\n
13\u0002 Folios 115 a 146 Tomo I del expediente digital contentivo del recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
14\u0002 Folios 223 a 263 Tomo I del expediente digital contentivo del recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
15\u0002 Folios 321 y 322 ib. <\/p>\n
16\u0002 Numeral 8\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
17\u0002 \u00abCSJ SC 374 de 8 de noviembre de 1989; en similar sentido las de 29 de abril de 1988, 23 de septiembre de 1991, y 24 de agosto de 1998, radicaci\u00f3n 4821\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
18\u0002 \u00abCSJ SC 361 de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 8484\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
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SC348-2023 (2016-02339-00) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente SC348-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2016-02339-00 (Aprobado en Sala de veintinueve de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el recurso de revisi\u00f3n que formul\u00f3 Alejandro Gonz\u00e1lez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76023","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76023","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76023"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76023\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}