SC354-2023 (2019-00009-01)<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC354-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-013-2019-00009-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala del diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por Constructora Monserrate de Colombia S.A.S. y Constructora Montepara\u00edso S.A.S. \u2013 En liquidaci\u00f3n, contra la sentencia proferida el 25 de agosto de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Medell\u00edn, en el proceso promovido por Unidad Residencial Montepara\u00edso P.H., frente a los recurrentes y Alianza Fiduciaria S.A. <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Se solicit\u00f3 en la demanda, de manera principal, declarar a las accionadas civil y extracontractualmente responsables por los da\u00f1os derivados de los \u00abvicios, fallas, da\u00f1os y defectos atribuibles al proceso constructivo\u00bb del Conjunto Residencial Montepara\u00edso P.H., y condenarlas al resarcimiento del da\u00f1o emergente consolidado y futuro, estimado en un total de $1.731.735.638. <\/p>\n
En forma subsidiaria, pidieron que, \u00abal no existir un v\u00ednculo de relaci\u00f3n contractual directa\u00bb entre las constructoras, pero siendo estas responsables del proceso constructivo de la copropiedad Conjunto Residencial Montepara\u00edso P.H, se les declare extra contractualmente responsables; y que, por ser excluyentes la responsabilidad civil contractual y la extra contractual, \u00abpero existiendo una relaci\u00f3n contractual directa con la sociedad Alianza Fiduciaria S.A como responsable de la venta o enajenaci\u00f3n de las zonas y bienes comunes de la copropiedad demandante, se le declare responsable por responsabilidad civil contractual\u00bb, y, en consecuencia, se les condene a pagar los perjuicios materiales por da\u00f1o emergente consolidado y futuro, por un total de $1.731.735.638. <\/p>\n
2.- El sustrato f\u00e1ctico de la demanda, se resume as\u00ed: <\/p>\n
En el proyecto constructivo Conjunto Residencial Montepara\u00edso P.H., participaron como constructora y gerencia encargada de ventas Constructora Monte Para\u00edso S.A.S., la interventor\u00eda y promoci\u00f3n corri\u00f3 a cargo de Constructora Monserrate de Colombia S.A., mientras que Alianza Fiduciaria S.A., se encarg\u00f3 de la protocolizaci\u00f3n de las escrituras y del reglamento de propiedad horizontal. <\/p>\n
Ante la evidencia de fallas, da\u00f1os y falencias atribuibles al proceso de construcci\u00f3n de la unidad residencial, en 2015 la demandante contrat\u00f3 servicios de consultor\u00eda con ICE \u2013 Ingenier\u00eda y Consulta en Estructuras, cuyo informe t\u00e9cnico arroj\u00f3 conclusiones negativas y deficiencias relacionadas en los aspectos \u00abambiental, arquitect\u00f3nico, estructuras y suelos, redes hidr\u00e1ulicas y de gas, patolog\u00edas estructurales, da\u00f1os en cubiertas de parqueaderos, dise\u00f1o de redes el\u00e9ctricas, etc.\u00bb; y la firma Acero y Concreto Ingenier\u00eda, efectu\u00f3 presupuesto de obras por un valor de $1.711.435.638. <\/p>\n
Las deficiencias advertidas causan perjuicios a los copropietarios y a la copropiedad en general, por violaci\u00f3n de la lex artis, en afrenta del ordenamiento jur\u00eddico, en especial de la Ley 9\u00aa de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 400 de 1997 modificada por la Ley 1229 de 2008, Ley 842 de 2003, Ley 435 de 1998 y Ley 1796 de 2016; as\u00ed como del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
De acuerdo con este marco normativo, los demandados son solidariamente responsables por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones adquiridas por el proceso constructivo, siendo claro que en Colombia el constructor responde jur\u00eddicamente, como lo ordenan el ordinal 3\u00b0 del art\u00edculo 2060 y el art\u00edculo 2061 del del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como el canon 1\u00b0 de la Ley 1229 de 2008. <\/p>\n
3.- Enteradas del auto admisorio, Constructora Montepara\u00edso S.A.S1. – En liquidaci\u00f3n y Constructora Monserrate de Colombia S.A.S2, se opusieron y como excepciones de m\u00e9rito alegaron \u00abinexistencia de los elementos configurativos de la Responsabilidad civil frente a las constructoras\u00bb, \u00abcausa extra\u00f1a y culpa exclusiva de la v\u00edctima\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00abbuena fe\u00bb, \u00abtemeridad y mala fe del demandante\u00bb, e \u00abinexistencia de la solidaridad entre los constructores del proyecto\u00bb. <\/p>\n
Alianza Fiduciaria S.A.3, se opuso y excepcion\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, \u00abindebida identificaci\u00f3n de la codemandada\u00bb, \u00abfalta de notificaci\u00f3n a quien corresponde\u00bb, \u00abcontrato cumplido\u00bb; \u00abinexistencia de obligaciones incumplidas a cargo de la fiduciaria\u00bb, \u00abpresunci\u00f3n de buena fe\u00bb, \u00abinexistencia de solidaridad, fianza u obligaciones conjuntas e indivisibles\u00bb. \u00abtemeridad y mala fe de la demandante\u00bb, \u00abinexistencia de configuraci\u00f3n de litisconsorte\u00bb, \u00abimposibilidad legal de asumir obligaciones\u00bb. \u00abinexistencia de nexo causal entre los perjuicios reclamados y el hecho generador\u00bb y \u00abgen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n
4.- El a quo, en su sentencia del 16 de septiembre de 20194, acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa de Alianza Fiduciaria S.A. y declar\u00f3 civil y solidariamente responsables a las Constructoras Monserrate de Colombia S.A.S y Montepara\u00edso S.A.S., conden\u00e1ndolas al pago de perjuicios por $827.661.716, discriminados as\u00ed: \u00ab$552.508.440 por costos de reparaci\u00f3n de las losas de parqueadero; $24.000.000, por costos de la pintura de los puentes met\u00e1licos; $201.766.000, por costos de impermeabilizaci\u00f3n de losas y rampas de parqueadero; $49.387.376, por concepto de arreglo de puentes met\u00e1licos\u00bb. Adem\u00e1s, conden\u00f3 a la actora a pagar $90.407.392 al Consejo Superior de la Judicatura, conforme al art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso5. <\/p>\n
5.- El Tribunal al resolver los recursos de apelaci\u00f3n formulados por la parte demandante y por las constructoras convocadas, revoc\u00f3 el numeral quinto del fallo y adicion\u00f3 el tercero, para condenar a las \u00faltimas a pagar $285.200.000, por concepto del dise\u00f1o, construcci\u00f3n y adecuaci\u00f3n de un sistema de almacenamiento colectivo de residuos s\u00f3lidos y $5.543.839, para cubrir provisionalmente las necesidades de agua y electricidad mientras se realizan las obras. <\/p>\n
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Para sustentar su decisi\u00f3n, en s\u00edntesis, expuso el Tribunal: <\/p>\n
1.- Respecto del recurso de apelaci\u00f3n de la parte actora: <\/p>\n
1.1.- El reparo relacionado con la incongruencia, lo hizo consistir la recurrente en que en la sentencia no fueron acogidas la totalidad de sus pretensiones, no siendo ese uno de los eventos en que el sentenciador incurre en ese defecto, en tanto que no se resolvi\u00f3 nada por fuera de los extremos de la litis, como tampoco se pretermiti\u00f3 la instancia. Est\u00e1 claro, que la inconformidad del apelante radica en que la Juez no concedi\u00f3 todas sus pretensiones, lo que de forma inequ\u00edvoca indica que se trata de una sentencia parcialmente estimatoria, m\u00e1s no incongruente. <\/p>\n
1.2.- La garant\u00eda decenal a que se refiere el numeral tercero del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil significa que durante los diez a\u00f1os siguientes a la entrega, corre a cargo del constructor la responsabilidad derivada de da\u00f1os que en ese tiempo aparezcan en la edificaci\u00f3n provenientes de los vicios anotados en ese precepto y que generen su ruina total o parcial, actual o inminente, entendi\u00e9ndose por ruina la ca\u00edda o destrucci\u00f3n por desintegraci\u00f3n del edificio o de parte de \u00e9l, y por edificio una obra del hombre que se adhiere permanentemente al suelo. <\/p>\n
Conforme a la doctrina especializada, am\u00e9n de la responsabilidad por simples acabados o decoraciones, el constructor responde por tres grandes pilares de la actividad constructiva, a saber: \u00ab(\u2026) vicios de los materiales, por vicios del suelo y por vicios de la construcci\u00f3n. (\u2026) si el da\u00f1o se produce por un simple vicio de construcci\u00f3n el responsable ser\u00e1 el constructor (\u2026) desde que la ruina se produzca, se presumir\u00e1 que fue por vicio de la construcci\u00f3n)\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.- Se resuelven de manera conjunta todos los reparos de la parte demandada, junto con el segundo reproche de la demandante, por las siguientes razones: i) el primero de los desacuerdos de la convocada se vincula con lo que considera una incorrecta aplicaci\u00f3n y entendimiento del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil, en la medida que ninguno de los edificios de la copropiedad amenaza ruina; ii) respecto de los dict\u00e1menes periciales de los ingenieros Jairo Hernando Upegui y Adriana Toro Londo\u00f1o, ambas partes pretenden fundar conclusiones diametralmente opuestas. Por ello, se impone su valoraci\u00f3n integral para determinar si fue a partir de una indebida valoraci\u00f3n de esas pruebas que el a quo concedi\u00f3 de manera parcial las s\u00faplicas, o si le asiste raz\u00f3n a las demandadas en cuanto a que de la prueba pericial se concluye que no est\u00e1n acreditados los presupuestos de las pretensiones; iii) la enjuiciada asegura que en la sentencia de primer grado se desech\u00f3 el testimonio de la ingeniera Adriana Toro, que se apoya en el de Diego Castro Barrientos, cuya calidad de expertos no se demerita por el hecho de que no hubieran presentado un dictamen pericial. <\/p>\n
2.1.- Para las sociedades apelantes el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil, aplica \u00fanicamente cuando el edificio perece o amenaza ruina en todo o parte, lo que, desde su punto de vista, en este caso no ocurre. <\/p>\n
Analizada la prueba pericial aportada por ambas partes, se advierte que ninguno de los peritos niega que la edificaci\u00f3n amenaza ruina, por lo menos en lo que tiene que ver con el edificio de parqueaderos y los puentes peatonales que lo comunican con la torre 1. Claro est\u00e1, se trata de una amenaza de ruina y no de un perecimiento estructural consumado. Las conclusiones periciales que sustentan tal afirmaci\u00f3n son las siguientes: <\/p>\n
El perito Jairo Hernando Upegui, cuyo estudio fue aportado por la parte demandante, asegur\u00f3, \u00abvale la pena diferenciar torre de apartamentos y la de parqueaderos y puentes. En cuanto a los puentes y la torre de parqueaderos yo pensar\u00eda que s\u00ed hay amenaza de ruina\u00bb, si se valora esa conclusi\u00f3n con las que sobre ese mismo aspecto emiti\u00f3 la perito Adriana Toro Londo\u00f1o, no existe diferencia en las opiniones de ambos ingenieros, en tanto la segunda indic\u00f3 claramente que la unidad residencial tiene algunos problemas de filtraciones de agua que deben atenderse urgentemente, so pena de una tragedia mayor. <\/p>\n
Es evidente la confluencia del dicho de ambos peritos, pues en el aportado por la parte demandante se afirma la amenaza de ruina del edificio de parqueaderos y los puentes peatonales que lo comunican con la torre 1, y si bien Adriana Toro niega la amenaza de ruina, en todo caso, acepta el grave problema de fisuraci\u00f3n del concreto de esa edificaci\u00f3n que trae consigo la natural filtraci\u00f3n de aguas que con el simple paso del tiempo puede afectar la adherencia del acero a la matriz de concreto y la final ruina. <\/p>\n
Como los dos expertos aceptan que los puentes peatonales est\u00e1n anclados o apoyados tanto a la torre 1 como al edificio de parqueaderos, ninguna experticia se requiere para concluir que la amenaza de ruina para ese edificio es la misma que se cierne sobre los puentes peatonales, por cuanto es apenas l\u00f3gico que ante el derrumbamiento del primero los segundos caer\u00edan en movimiento conjunto, por estar \u00edntimamente unidos. <\/p>\n
2.2.- Se estudian los dict\u00e1menes periciales, con algunas precisiones iniciales acerca de los requisitos formales y la introducci\u00f3n de los mismos al proceso. <\/p>\n
El presentado por Jairo Hernando Upegui Jaramillo, como representante de Ingenier\u00eda de Consulta en Estructuras S.A.S- ICE, fue aportado con la demanda, y en el auto de decreto de pruebas se orden\u00f3 su citaci\u00f3n a audiencia para efectos de la sustentaci\u00f3n, ello por iniciativa del juez de primera instancia y no por petici\u00f3n de las demandadas. Por otra parte, lo que se ha llamado \u00abdictamen pericial\u00bb rendido por Adriana Toro Londo\u00f1o, representante de Talento Inmobiliario S.A.S., se aport\u00f3 con la contestaci\u00f3n de Constructora Monserrate S.A.S., y all\u00ed sin solicitar ese concepto como prueba pericial, se pidi\u00f3 \u00abuna extra\u00f1a ratificaci\u00f3n que claramente fue negada por auto del 9 de julio de 2019\u00bb. <\/p>\n
A pesar de que la se\u00f1ora Toro Londo\u00f1o no fue citada como testigo, compareci\u00f3 a la audiencia a sustentar su \u00abdictamen\u00bb; el apoderado de la demandante en el t\u00e9rmino de traslado de las excepciones de m\u00e9rito, solicit\u00f3 la comparecencia de los peritos que dan fe de la prueba pericial de parte, de modo que, \u00abla parte demandante en efecto s\u00ed solicit\u00f3 que la se\u00f1ora Toro fuera citada a audiencia, de cara a que su \u201cconcepto\u201d no quedara incorporado sin m\u00e1s, am\u00e9n que se le recibi\u00f3 sustentaci\u00f3n y todos los intervinientes tuvieron la oportunidad de interrogarle\u00bb. No es, entonces, la se\u00f1ora Toro una testigo que el a quo hubiere desechado, se trata de una perito, con las limitaciones que se analizar\u00e1n en cada aspecto de su concepto. <\/p>\n
En tal escenario, se considera procedente \u00abvalorar la intervenci\u00f3n de Jairo Hernando Upegui y Adriana Mar\u00eda Toro Londo\u00f1o en su categor\u00eda de dictamen pericial, muy a pesar de que en ambos se detecta falta de algunos de los requisitos formales de que trata el art\u00edculo 226 del C.G.P.\u00bb, a los que se har\u00e1 referencia expresando la influencia que han de tener en la tarea valorativa. <\/p>\n
2.3.- Seg\u00fan las demandadas apelantes, en este caso no hay lugar a condena en su contra, en la medida en que no existe ninguna falla constructiva por la que deban responder. Por su parte, el recurso de la demandante se enfila a que las constructoras deben resarcir los perjuicios causados con ocasi\u00f3n de las siguientes fallas constructivas: i) fallas o defectos inherentes al proceso constructivo por fisuras en losas y torre de parqueaderos, que afectan la estructura y que ya presentan da\u00f1o importante o amenazan ruina actual y contingente; ii) fallas o defectos inherentes al proceso constructivo en los puentes que comunican a la torre 1 con la torre de parqueaderos; iii) defectos inherentes al proceso constructivo para la adecuada disposici\u00f3n de basuras y la deficiente red contraincendios; iv) fallas en el lote de terreno donde se construy\u00f3 el proyecto que tiene problemas de socavaci\u00f3n; v) fallas en la construcci\u00f3n del sistema el\u00e9ctrico, acorde con la norma RETIE; vi) fallas en el dise\u00f1o y construcci\u00f3n de la \u00fanica piscina con que cuenta la copropiedad. <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis de los reparos en punto a la existencia de las rese\u00f1adas fallas, para lo cual se tiene en cuenta lo que emerge de la apreciaci\u00f3n de las pruebas recaudadas, se concluye que sobre las numeradas i) ii), iv), v), vi), ning\u00fan reproche merece lo decidido por el juzgador de primera instancia. Cosa distinta ocurre con el numeral iii) que s\u00ed se encuentra acreditado, seg\u00fan pasa a explicarse. <\/p>\n
2.4.- Para negar el reconocimiento de las s\u00faplicas por \u00abdefectos inherentes al proceso constructivo para la adecuada disposici\u00f3n de basuras y la deficiente red contraincendios\u00bb, el a quo aplic\u00f3 el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1480 y los 13 y 14 del Decreto 735 de 2013, para declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, conforme a la primera norma, aduciendo que en el lapso de un a\u00f1o la copropiedad no elev\u00f3 reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
El art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1480 de 2011 prev\u00e9 que \u00abpara los bienes inmuebles la garant\u00eda legal comprende la estabilidad de la obra por diez (10) a\u00f1os, y para los acabados un (1) a\u00f1o (…)\u00bb, saltando a la vista que esa no es la norma gobernante del caso, pues el reclamo sobre la disposici\u00f3n final de los residuos s\u00f3lidos no es un acabado; por ende, es imposible sostener que la demandante debi\u00f3 reclamar, dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o, por el acabado del sistema de disposici\u00f3n de basuras que ni se dise\u00f1\u00f3 ni se construy\u00f3, luego, f\u00edsicamente ning\u00fan defecto de acabado puede tener una construcci\u00f3n inexistente. <\/p>\n
De la lectura de la demanda se deduce que la convocante pretende ser indemnizada, de un lado, por los defectos constructivos que amenazan la ruina de los edificios que componen las zonas comunes y, de otro, por el incumplimiento de las constructoras, entre otros, por la falta de construcci\u00f3n del sistema de disposici\u00f3n de los residuos s\u00f3lidos para la torre 1. As\u00ed, formul\u00f3 pretensiones de forma subsidiaria, previendo que la responsabilidad de que trata el art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil no prosperara de forma total, prueba de ello, es la pretensi\u00f3n A subsidiaria, en la cual adujo: \u00abAl no existir un v\u00ednculo de relaci\u00f3n contractual directa entre las sociedades Constructora Montepara\u00edso S.A.S y Constructora Monserrate de Colombia S.A, pero siendo estas responsables del proceso constructivo de la copropiedad Conjunto Residencial Montepara\u00edso P.H. se declare responsable a estas sociedades por responsabilidad civil extracontractual\u00bb. <\/p>\n
El a quo le rest\u00f3 valor probatorio al dictamen del ingeniero Upegui en lo referente al tema ambiental, de modo que, \u00abdesech\u00f3 el dictamen porque el perito no es ingeniero ambiental\u00bb. No obstante, debe recordarse que el dictamen fue presentado por ICE que agrupa profesionales de todas las \u00e1reas, pero siempre bajo la direcci\u00f3n y control del representante legal de esa sociedad; la parte demandada no solicit\u00f3 la comparecencia del perito a la audiencia, salvo por la solicitud que hizo en el ac\u00e1pite de testimonios y existen otras pruebas de las que se puede concluir la responsabilidad de las recurrentes en este preciso punto. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la demandada nunca ha negado que en la torre 1 no se dise\u00f1\u00f3, ni construy\u00f3, un sistema de recolecci\u00f3n de residuos s\u00f3lidos, por lo que en varias ocasiones ofreci\u00f3 a la administraci\u00f3n el montaje de un \u00abmalacate\u00bb, sin obtener respuesta favorable. Incluso, la perita se\u00f1al\u00f3 que hay un \u00abproblema de evacuaci\u00f3n de basuras hacia el primer piso, pero s\u00ed hay una manipulaci\u00f3n de basuras en el ascensor, e identifiqu\u00e9 la posibilidad de otro sistema\u00bb, en lo que coincidi\u00f3 con las afirmaciones del otro experto, quedando en evidencia el incumplimiento de la normatividad por parte de las constructoras. <\/p>\n
En otras palabras, la parte demandante acredit\u00f3 que no existe absolutamente ning\u00fan sistema para la recolecci\u00f3n y disposici\u00f3n de basuras en la torre 1 de apartamentos, lo que encaja t\u00edpicamente en el contenido de las normas que regulan la materia y resulta suficiente para concluir que no se trata de un acabado, un defecto o una reparaci\u00f3n necesaria, sino de una deficiencia o faltante, es decir, de algo que nunca se construy\u00f3. <\/p>\n
Las normas a que se refiere el apelante son el art\u00edculo 19 Decreto 1713 de 2002, la Ley 1259 de 2008 y el art\u00edculo 20 Decreto 2981 de 2013, todas reglamentarias de la ley general de servicios p\u00fablicos en lo relacionado con los sistemas de almacenamiento colectivo de residuos s\u00f3lidos, en vigor antes, durante, y despu\u00e9s del licenciamiento y construcci\u00f3n de la Unidad Residencial. Entonces, las sociedades demandadas deber\u00e1n responder por el valor que la copropiedad debe invertir para la adecuaci\u00f3n del sistema de tratamiento de residuos s\u00f3lidos, de conformidad con el PMIRS y la normatividad vigente. <\/p>\n
En lo relacionado con la red contraincendios, el perito Upegui afirm\u00f3 que la misma cumple \u00aba excepci\u00f3n de los cuartos de basuras que no cumple con red de incendios\u00bb, por lo que ese punto queda resuelto con la adecuaci\u00f3n del sistema de recolecci\u00f3n de basuras, como parte de la adecuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Dado que las demandadas no se quejaron de haber sido condenadas solidariamente, se da por sentado que est\u00e1n llamadas a responder de esa forma al pago de los perjuicios. <\/p>\n
La sentencia ser\u00e1 confirmada en lo vinculado con las reparaciones necesarias en el edificio de parqueaderos y los puentes peatonales que los unen con la torre 1. Por tanto, las demandadas recurrentes deber\u00e1n pagar: \u00ab$552.508.440,oo por costos de reparaci\u00f3n de las losas de parqueadero; $24.000.000,oo por costos de la pintura de los puentes met\u00e1licos; $201.766.000,oo por costos de impermeabilizaci\u00f3n de losas y rampas de parqueadero; $49.387.276,oo por concepto de arreglo de puentes met\u00e1licos\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, se adicionar\u00e1 para acceder parcialmente a la pretensi\u00f3n A subsidiaria y, en consecuencia, condenar a las Constructoras al pago de $285.200.000, que deben ser invertidos en el dise\u00f1o, construcci\u00f3n y adecuaci\u00f3n de un sistema de almacenamiento colectivo de residuos s\u00f3lidos para la torre 1 de apartamentos, que cumpla con la reglamentaci\u00f3n ambiental y permita la disposici\u00f3n de basuras de manera salubre. Adem\u00e1s, pagar\u00e1n $5.543.839, para cubrir provisionalmente las necesidades de agua y electricidad mientras se realizan las obras. <\/p>\n
4.- Las accionadas se quejaron de que el perito Upegui en audiencia no les proporcion\u00f3 mayor informaci\u00f3n sobre el aspecto econ\u00f3mico de la reparaci\u00f3n. Esa conducta se justifica, simple y llanamente, en que el ingeniero no estaba en obligaci\u00f3n de hacerlo porque con la demanda se aport\u00f3 el dictamen de costos suscrito por el ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez que la Juez de primera instancia, incluso ahora el Tribunal, podr\u00eda valorar de forma directa. <\/p>\n
Igual que sucedi\u00f3 con el dictamen presentado por ICE, la parte demandada no solicit\u00f3 la comparecencia a audiencia del se\u00f1or \u00c1lvarez, denot\u00e1ndose la desidia en la defensa de sus intereses, habida cuenta que la convocante fund\u00f3 su demanda en conceptos de expertos, mientras que la demandada bas\u00f3 sus excepciones en dichos de terceros y un \u00abperitaje\u00bb que se valor\u00f3 como tal, en garant\u00eda de la bilateralidad de la audiencia y para no sacrificar el derecho sustancial so pretexto de las formas. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que s\u00f3lo en la audiencia del 16 de septiembre de 2019 el perito Jairo Upegui compareci\u00f3 a sustentar la complementaci\u00f3n de su dictamen, en lo que a costos de reparaci\u00f3n se refiere. Por tanto, en el expediente existen dos pruebas de las que se puede obtener el monto de la indemnizaci\u00f3n, pero igual que lo hizo el a quo, se prefiere la \u00faltima de ellas por haber sido sometida a una ardua contradicci\u00f3n. <\/p>\n
5.- Como las pretensiones de la demanda suman en total $1.731.735.638 y las concedidas alcanzan los $1.118.405.555, no hay lugar a aplicar la sanci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N. <\/p>\n
Se formularon cuatro cargos, los tres primeros con soporte en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el \u00faltimo en la tercera. <\/p>\n
IV.- TERCER CARGO <\/p>\n
Con base en la causal segunda de casaci\u00f3n, se acus\u00f3 violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 1605, 1610, 2056 y 2060, numeral 3, del C\u00f3digo Civil, y por falta aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2341, 2351 y 2356 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de un manifiesto y trascendente error de hecho en la interpretaci\u00f3n de la demanda. En sustento se expuso: <\/p>\n
1.- El Tribunal interpret\u00f3 err\u00f3neamente que la accionante pretend\u00eda una condena en responsabilidad contractual pese a que, realmente, las pretensiones se basaban en la responsabilidad extracontractual. El demandante, olvid\u00e1ndose de lo narrado en los hechos de la demanda, en las pretensiones incluy\u00f3 un nuevo hecho y pidi\u00f3 que las dos firmas constructoras fueran condenadas \u00abcon base en la responsabilidad extracontractual, pues entre ellas y el demandante no hubo contrato alguno\u00bb, de ese modo, se viola el principio de la no acumulaci\u00f3n u opci\u00f3n entre las dos responsabilidades. Es decir, el cap\u00edtulo de los hechos se relaciona exclusivamente con la responsabilidad contractual, pero en las pretensiones se pide condenar a las constructoras por responsabilidad extracontractual. <\/p>\n
Por una indebida interpretaci\u00f3n de las pretensiones de la demanda, la sentencia recurrida condena con base en la responsabilidad contractual, sin mencionar para nada las pretensiones del demandante en las que solicita y explica que lo procedente contra las constructoras era la responsabilidad extracontractual, lo que constituye un error de hecho evidente y trascendente. <\/p>\n
2.- Sobre el asunto debatido en este cargo, existe una doctrina probable de la Corte, reiterada en SC563-2021, respecto a que, trat\u00e1ndose de la responsabilidad civil de los constructores, de conformidad con el numeral 3 del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil, existe una responsabilidad legal, en cuyo caso la distinci\u00f3n entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual deja de aplicarse. Sin embargo, esa doctrina debe modificarse para volver \u00abpor los cauces de la responsabilidad contractual del art\u00edculo 2060, numeral 3\u00bb, principalmente porque, mientras la ley no unifique un sistema de responsabilidad aplicable por igual a los acreedores contractuales y a terceros perjudicados, el juez deber\u00e1 descubrir el r\u00e9gimen de responsabilidad aplicable, sea contractual o extracontractual. <\/p>\n
Cuando el constructor es diferente del empresario, ello no exime al \u00faltimo de la garant\u00eda decenal a favor de quien compr\u00f3 la obra y el adquirente bajo cualquier tipo de contrato de una construcci\u00f3n tiene una acci\u00f3n contractual contra su vendedor y contra su constructor, de modo que \u00abno hay confusi\u00f3n, vac\u00edo o incoherencia en la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 2060, numeral 3. Tanto el enajenante como el constructor son deudores contractuales de los adquirentes y sub adquirentes del inmueble. Por lo tanto, sigue siendo v\u00e1lida la prohibici\u00f3n de aplicar un r\u00e9gimen de responsabilidad legal, o una opci\u00f3n de acumular la responsabilidad contractual y la extracontractual en procesos relacionados con la garant\u00eda decenal en la construcci\u00f3n de inmuebles\u00bb. As\u00ed, tanto el constructor como el empresario o enajenante otorgan al que encarg\u00f3 la obra y a los posteriores adquirentes una garant\u00eda decenal de tipo contractual, por lo mismo, es innecesaria la aplicaci\u00f3n de una responsabilidad legal. <\/p>\n
En consecuencia, la distinci\u00f3n entre responsabilidad contractual y extracontractual contin\u00faa vigente, \u00abEl art\u00edculo 2060 se establece para los deudores contractuales por la construcci\u00f3n y enajenaci\u00f3n de un inmueble, incluida esa responsabilidad contractual para los constructores, (\u2026) el art\u00edculo 2351 consagra una responsabilidad extracontractual para los da\u00f1os sufridos por cualquier miembro de la comunidad ajeno al contrato, incluidos los habitantes del inmueble que se arruina\u00bb. En esa medida, se pide a la Corte modificar la doctrina probable y acoger la tesis de que el art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil establece una garant\u00eda contractual decenal contra el constructor y el enajenante del inmueble, mientras el art\u00edculo 2351, consagra una acci\u00f3n extracontractual por da\u00f1os causados a terceros por el edifico que se arruina y \u00abtambi\u00e9n establece una garant\u00eda decenal\u00bb. <\/p>\n
En este caso, el juez no pod\u00eda condenar con base en la responsabilidad contractual a las demandadas, por m\u00e1s que estuviera convencido de que era la procedente, pues la demandante, libre y claramente, aleg\u00f3 la responsabilidad extracontractual de las constructoras, y no pod\u00eda hacerlo, \u00abporque, entre las mismas partes y para cobrar el mismo da\u00f1o, el juez no puede aplicar, indistintamente, cualquiera de las dos responsabilidades. Tiene que aplicar la correcta, y si el demandante se equivoc\u00f3 en esa escogencia, las pretensiones deben ser denegadas\u00bb. <\/p>\n
La trascendencia del error radica, precisamente, en que de no haber interpretado de manera indebida el libelo inicial, el tribunal \u00abhabr\u00eda negado las pretensiones del demandante, pues cuando se mezclan las dos responsabilidades en la demanda o, claramente, se pretende la aplicaci\u00f3n de una responsabilidad, al juez le est\u00e1 prohibido fallar con base en la responsabilidad descartada expresamente por el demandante\u00bb. <\/p>\n
V.- CUARTO CARGO <\/p>\n
Con soporte en el tercer motivo de casaci\u00f3n, se reprocha que la sentencia recurrida no est\u00e1 en consonancia con las pretensiones, lo que llev\u00f3 al Tribunal a proferir una decisi\u00f3n extra petita, por lo siguiente: <\/p>\n
No existe correspondencia entre lo pretendido por el demandante y lo fallado por el tribunal, pues, aunque en el cap\u00edtulo de los hechos de la demanda se afirm\u00f3 la existencia de un contrato, de todas formas, se solicit\u00f3 al juez que aplicara la responsabilidad extracontractual y no la contractual. Sin embargo, el Tribunal fall\u00f3 con base en la responsabilidad contractual, lo que est\u00e1 prohibido y da cuenta de la inconsonancia entre las pretensiones y la sentencia, toda vez que, el juez \u00abno puede salirse de lo pedido por el demandante, en trat\u00e1ndose de escoger entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, as\u00ed considere que el demandante se equivoc\u00f3 al escoger la responsabilidad que, seg\u00fan \u00e9l, deb\u00eda aplicarse\u00bb, adem\u00e1s, \u00abel rigorismo de la casaci\u00f3n y de la instancia, proh\u00edbe fallar con base en una responsabilidad no pretendida por el actor\u00bb. Por lo tanto, el juzgador estaba obligado a rechazar las pretensiones. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, para sustentar este cargo se reproducen los argumentos del tercero relacionados con las razones por las que, desde el punto de vista del recurrente, no se puede fallar bajo los lineamientos de la responsabilidad contractual si la parte accionante invoc\u00f3 la extracontractual y el desacuerdo con la doctrina probable de la Corte sobre la interpretaci\u00f3n del numeral 3 del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil, que considera debe ser modificada. <\/p>\n
VI.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Por principio, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades se\u00f1aladas en las normas procedimentales, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. En esa medida, por imperativo legal, no puede condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente, esto es, no pueden emitirse fallos ultra petita y extra petita salvo que la ley expresamente lo autorice, como acontece en los procesos de familia y agrarios en los eventos indicados en los par\u00e1grafos 1\u00b0 y 2\u00b0 del canon 281 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En lo concerniente a la incongruencia como motivo de casaci\u00f3n por error de procedimiento, en sentencia CSJ SC1806-2015, exp. 2000-00108-01, reiterada en SC17723-2016, se memor\u00f3: <\/p>\n
A la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el cual dirime la controversia, respetar los l\u00edmites o contornos que las partes le definen a trav\u00e9s de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y de los fundamentos f\u00e1cticos en que se basan ante todo los pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse oficiosamente por el juez. <\/p>\n
A eso se contrae la congruencia de la sentencia, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dirigido no s\u00f3lo a disciplinar que esa respuesta de la jurisdicci\u00f3n corresponda con lo que las partes le ponen de presente, sino, subsecuentemente, a impedir que el juez desconozca el compromiso de fallar dentro del marco de referencia que le trazan las partes, y cuyo incumplimiento es de anta\u00f1o inscrito en una de estas tres posibilidades: en primer lugar, cuando en la sentencia se otorga m\u00e1s de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado oficiosamente para concederlo (ultra petita); en segundo lugar, cuando en la sentencia olvida el fallador decidir, as\u00ed sea impl\u00edcitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones formuladas (m\u00ednima petita); y en tercer lugar, cuando en el fallo decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, o, de un tiempo a esta parte, en Colombia, con apoyo en hechos diferentes a los invocados (extra petita). <\/p>\n
2.- An\u00e1lisis de los cargos <\/p>\n
2.1.- Para comenzar debe decirse que los ataques en estudio se edifican en una premisa equivocada, consistente en que el Juzgador de segunda instancia interpret\u00f3 err\u00f3neamente que la accionante pretend\u00eda una condena en responsabilidad contractual pese a que, realmente, las pretensiones se basaban en la responsabilidad extracontractual, y que, por lo mismo, el fallo es incongruente. Ello, por cuanto en la providencia impugnada no se emiti\u00f3 pronunciamiento en ese sentido. <\/p>\n
Ciertamente, la Juez de primer grado, al inicio de su sentencia, puso de presente que el r\u00e9gimen de responsabilidad aplicable ser\u00eda el contractual \u00abcomo quiera que se trata de la construcci\u00f3n de una obra respecto a la cual sus propietarios representados por la administraci\u00f3n de la copropiedad reclaman por los defectos constructivos\u00bb, y a continuaci\u00f3n precis\u00f3 que los presupuestos de esta acci\u00f3n, concern\u00edan, <\/p>\n
(\u2026) al incumplimiento del contrato sea por falta de ejecuci\u00f3n o la ejecuci\u00f3n imperfecta parcial o tard\u00eda de algunas de las obligaciones. Respecto del contrato de obra el art\u00edculo 2056 del C\u00f3digo Civil establece que habr\u00e1 lugar a la reclamaci\u00f3n de perjuicios seg\u00fan las regla generales de los contratos, siempre que por una o por otra parte imputado lo convenido o se haya retardado su ejecuci\u00f3n y cuando se trata de un empresario, como lo es el constructor, la principal obligaci\u00f3n es de resultado con las consecuencias jur\u00eddicas que de esto se derivan en materia de prueba del incumplimiento y en el manejo de las cargas probatorias respecto al factor de imputaci\u00f3n y de los mecanismos de exoneraci\u00f3n, seg\u00fan lo tiene establecido desde vieja data la Corte Suprema de Justicia sentencia del 2 de junio de 1951. El segundo presupuesto es el da\u00f1o, el tercero de la relaci\u00f3n de causalidad el deudor incumplido responde de los perjuicios que sean consecuencia directa de su incumplimiento. <\/p>\n
Pese a esa expresa manifestaci\u00f3n del entendimiento que, desde el punto de vista jur\u00eddico, le dispens\u00f3 el a quo a la controversia que enfrent\u00f3 a las partes, ning\u00fan reproche les mereci\u00f3 a las constructoras accionadas ese particular argumento del fallo, al punto que no fue un tema de debate propuesto por v\u00eda de su recurso de alzada. En esas condiciones, como ese pilar de la sentencia no fue cuestionado en sede de apelaci\u00f3n, significa que los recurrentes no advirtieron desafuero en ese sentido, por lo mismo, al resultar pac\u00edfico, no exig\u00eda ning\u00fan an\u00e1lisis en la segunda instancia. <\/p>\n
Por su parte, el ad quem, en el ac\u00e1pite de su prove\u00eddo titulado \u00abDe la responsabilidad del constructor consagrada en el art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil\u00bb, a partir del contenido de esa norma y de la interpretaci\u00f3n que la jurisprudencia de la Corte le ha conferido, en particular, en SC4426-2016 y SC 26 jul. 2019, sin circunscribir la discusi\u00f3n a los fundamentos de las tipolog\u00edas de responsabilidad contractual y extracontractual, precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) est\u00e1 claro que la mentada responsabilidad puede pretenderse de manera independiente gracias a que su fuente es la ley, por lo que incluso opera con lo que arm\u00f3nicamente dispone el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 1480 de 2011 en la medida en que \u201csin perjuicio de la garant\u00eda legal de la que trata el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1480 de 2011, en el evento que dentro de los diez (10) a\u00f1os siguientes a la expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n T\u00e9cnica de Ocupaci\u00f3n de una vivienda nueva, se presente alguna de las situaciones contempladas en el numeral 3 del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil, el constructor o el enajenador de vivienda nueva, estar\u00e1 obligado a cubrir los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios que se vean afectados\u201d (Sentencias antes citadas). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la denominada garant\u00eda decenal a que se refiere el numeral tercero del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil significa que durante los diez a\u00f1os siguientes a la entrega, corre a cargo del constructor la responsabilidad derivada de da\u00f1os que en ese tiempo afloren, surjan o aparezcan en la edificaci\u00f3n, que provengan de los vicios anotados en ese precepto y que generen su ruina total o parcial, actual o inminente (\u201camenaza\u201d), entendi\u00e9ndose por ruina la ca\u00edda o destrucci\u00f3n por desintegraci\u00f3n del edificio o de parte de \u00e9l, y por edificio una obra del hombre que se adhiere permanentemente al suelo. (Subraya intencional). <\/p>\n
En esas condiciones, es incontrastable que ante el silencio de los apelantes en punto a la calificaci\u00f3n del r\u00e9gimen de responsabilidad contractual aplicado por el a quo para resolver la litis, no tienen asidero los ataques ahora formulados referentes a que el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho por indebida interpretaci\u00f3n de la demanda al resolver el asunto al tamiz de la responsabilidad contractual apart\u00e1ndose de la extracontractual que fue la pretendida, y calificando el fallo de incongruente por los mismos motivos; pues, se insiste, ese raciocinio no obra en la sentencia del ad quem, de manera que, en los t\u00e9rminos propuestos por la censura, los ataques lucen por completo desenfocados. <\/p>\n
2.2.- Los cargos adem\u00e1s devienen confusos, toda vez que, al sustentarlos, los recurrentes no explican frontalmente los yerros que pudieran derivarse del hecho que el Tribunal haya dedicado un espacio de su sentencia a referir que, a fin de cuentas, la responsabilidad del constructor basada en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil, tiene su fuente en la ley y puede pretenderse de manera independiente. <\/p>\n
Frente a esa parte del fallo recurrido, el casacionista admite que existe doctrina probable de la Corte en cuanto a la interpretaci\u00f3n del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil, referente a que se trata de una fuente legal de responsabilidad, y expone que su principal cometido es obtener un pronunciamiento distinto, es decir, que la Sala reconsidere los argumentos de sus decisiones anteriores en el sentido indicado y opte por reconocer la naturaleza contractual de este tipo de controversias, modificando su posici\u00f3n en esa materia. <\/p>\n
En esas condiciones, ning\u00fan eco tiene la segunda causal de casaci\u00f3n alegada por indebida apreciaci\u00f3n de la demanda, toda vez que su prosperidad supone la demostraci\u00f3n de un error evidente y trascendente en el labor\u00edo hermen\u00e9utico de esa pieza inaugural del proceso, y en este evento, lejos de aducir un yerro de esa connotaci\u00f3n, el casacionista en su disertaci\u00f3n admite que se trata de la aplicaci\u00f3n de la doctrina probable de la Corte en cuanto al numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil que, en su criterio, debe ser rectificada, lo que, de suyo, no da cuenta de la existencia de un error f\u00e1ctico atribuible al juzgador colegiado. <\/p>\n
Puestas de ese modo las cosas, cualquier propuesta de modificaci\u00f3n jurisprudencial en torno a la correcta interpretaci\u00f3n de la citada disposici\u00f3n, como lo es la contenida en la sustentaci\u00f3n del cargo, no guarda ninguna correspondencia con la alegaci\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico por indebida apreciaci\u00f3n de la demanda; si lo que el casacionista quer\u00eda hacer ver era un desatino de iure por errores de interpretaci\u00f3n de una disposici\u00f3n jur\u00eddica, eligi\u00f3 la v\u00eda incorrecta para esgrimir su reproche, pues desde esa perspectiva, su planteamiento resulta por completo ajeno al alegado supuesto de afrenta indirecta de normas sustanciales. <\/p>\n
Igualmente, resulta carente de fundamento la aducida incongruencia del fallo que la censura calific\u00f3 de extra petita, toda vez que, si ese defecto acontece cuando en la sentencia se decide respecto de temas que no fueron objeto del litigio o con base en hechos diferentes a los invocados, es evidente que ninguno de esos supuestos se aprecia en el caso examinado, por el contrario, es claro que todo el fallo del tribunal se estructur\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de los problemas jur\u00eddicos relacionados con la causa petendi que le sirvi\u00f3 de sustento a la demanda, y fue con base en esas cavilaciones y en la espec\u00edfica definici\u00f3n de los puntos de apelaci\u00f3n propuestos por los apelantes que arrib\u00f3 a sus conclusiones. <\/p>\n
Por lo expuesto, estos cargos devienen infundados. <\/p>\n
VII.- PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acusa la sentencia de segunda instancia de violar indirectamente los art\u00edculos 2060, numeral 3, del C\u00f3digo Civil y 16 de la Ley 446 de 1998, as\u00ed como los c\u00e1nones 2351, 1605, 1610 y 2056 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de errores de derecho por desconocer las normas probatorias contenidas en los art\u00edculos 164, 173, 226, 227 y 228 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En s\u00edntesis, expusieron las recurrentes: <\/p>\n
1.- El art\u00edculo 2060, numeral 3, del C\u00f3digo Civil, establece el derecho de las v\u00edctimas a reclamar la responsabilidad de los constructores por vicios en la construcci\u00f3n, en los materiales o en el suelo, cuando una edificaci\u00f3n perece o amenaza a ruina. En este caso, los errores de derecho por el desconocimiento de las normas probatorias llevaron al ad quem a considerar que el Conjunto Residencial present\u00f3 vicios en la construcci\u00f3n y que amenazaba ruina. <\/p>\n
1.1.- Los art\u00edculos 164 y 173 del C\u00f3digo General del Proceso que, en su orden, consagran los principios de necesidad y legalidad de la prueba. <\/p>\n
En este asunto se infringieron esos preceptos, por lo siguiente: i) los referidos dict\u00e1menes fueron aportados con la demanda bajo la apariencia de ser pruebas documentales y sin cumplir los requisitos m\u00ednimos legales para las peritaciones; ii) el dictamen de ICE fue modificado y aportado por segunda vez en el escrito con el que la parte actora se opuso a las excepciones de m\u00e9rito; iii) el dictamen pericial de Acero y Concreto Ingenier\u00eda fue decretado como si fuera un documento, con las implicaciones que ello tiene en materia de contradicci\u00f3n de la prueba; iv) aunque la peritaci\u00f3n de ICE se decret\u00f3 como un dictamen, nunca se corri\u00f3 el traslado de la modificaci\u00f3n efectuada luego de contestada la demanda; v) cuando el proceso se encontraba pr\u00f3ximo a concluir, al finalizar la declaraci\u00f3n en audiencia del perito representante de ICE, irregularmente la a quo permiti\u00f3 a ICE nuevamente \u00abampliar y\/o complementar\u00bb el dictamen respecto del valor de las reparaciones necesarias en el conjunto residencial; vi) ICE excedi\u00f3 el objeto de la \u00abampliaci\u00f3n y\/o complementaci\u00f3n\u00bb del dictamen, al aportar unas fotograf\u00edas y cumplir, en apariencia, con los requisitos m\u00ednimos legales de los dict\u00e1menes periciales, y vii) pese a que la juez de primera instancia corri\u00f3 traslado a las demandadas de dicha \u00abampliaci\u00f3n y\/o complementaci\u00f3n\u00bb, no permiti\u00f3 la pr\u00e1ctica del de contradicci\u00f3n anunciado por las Constructoras. <\/p>\n
De manera particular, los defectos advertidos, se describen as\u00ed: <\/p>\n
1.1.1.- Los dict\u00e1menes de ICE y Acero y Concreto Ingenier\u00eda fueron aportados como documentos, seg\u00fan se lee en el cap\u00edtulo de pruebas de la demanda. Es ese un error y no un mero ritualismo ya que cada medio de prueba tiene un camino legal distinto en cuanto a sus requisitos, forma de contradicci\u00f3n y criterios de valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Podr\u00eda creerse que este inconveniente fue superado con el decreto de las pruebas por parte del a quo, lo que no es admisible, por cuanto el dictamen pericial de Acero y Concreto Ingenier\u00eda se decret\u00f3 como un documento y, pese a que el dictamen de ICE se decret\u00f3 como una prueba pericial, no se corri\u00f3 de nuevo un traslado para la contradicci\u00f3n. <\/p>\n
1.1.2.- Con el pronunciamiento frente a las excepciones de m\u00e9rito la demandante present\u00f3 una \u00abacomodada modificaci\u00f3n del peritaje inicial de ICE\u00bb, de ese modo se desconoci\u00f3 que el principio de legalidad de la prueba en materia de peritaci\u00f3n impone el deber de que el peritaje de parte sea presentado completo en una \u00fanica oportunidad, justamente, para evitar que la parte y el perito puedan sacar ventaja del conocimiento de las contrapruebas, entre ellas la misma refutaci\u00f3n del dictamen inicial. Y esto es relevante, porque la inoportuna \u00abrectificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n\u00bb del dictamen de ICE fue la base de varias de las declaraciones m\u00e1s importantes de las decisiones de instancia. <\/p>\n
1.1.3.- El decreto de las pruebas periciales efectuado mediante auto del 9 de julio de 2019, confirm\u00f3 la violaci\u00f3n de la legalidad de la prueba, por cuanto el peritaje de Acero y Concreto Ingenier\u00eda, no fue decretado como dictamen pericial, as\u00ed las cosas, por culpa de la parte actora, este dictamen sigui\u00f3 el camino de la prueba documental -fue aportado como documento y decretado como documento-, pero el Tribunal lo valor\u00f3 en la sentencia como peritaci\u00f3n; y el dictamen de ICE, pese a ser admitido como prueba pericial, incumpl\u00eda los requisitos m\u00ednimos de ese tipo de medio demostrativo, y al ser solicitado como documento, siendo un peritaje, la prueba de ICE no debi\u00f3 decretarse. Este es un error jur\u00eddico que pervive con independencia de que la prueba haya sido decretada en primera instancia y, por ende, impon\u00eda su exclusi\u00f3n incluso al momento de ser analizada jur\u00eddicamente en la segunda. <\/p>\n
1.1.4.- La orden de \u00abampliar y\/o complementar\u00bb el dictamen de ICE se hizo al margen de la ley, y contraviene el principio de legalidad por dos razones: la primera es que la ley no estable que los dict\u00e1menes de parte puedan ser \u00abampliados y\/o complementados\u00bb en el curso del proceso, menos todav\u00eda por fuera de las oportunidades probatorias; dispone que el dictamen de parte se debe aportar completo en una \u00fanica oportunidad probatoria y que las precisiones y explicaciones al dictamen pedidas al perito por el juez o por las partes, solo pueden hacerse en el curso de la audiencia de declaraci\u00f3n del perito -art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso-; la segunda raz\u00f3n consiste en que, en gracia de discusi\u00f3n, si es correcto que un juez ordene \u00abampliar y\/o complementar\u00bb por escrito un dictamen de parte, no puede ordenar la rectificaci\u00f3n de las conclusiones presentadas en el peritaje, y eso fue lo que pas\u00f3 en este caso, pues la orden de la juez de primera instancia vers\u00f3 sobre el valor de unas reparaciones cuyo monto ICE ya hab\u00eda conceptuado desde el inicio, salvo el tema ambiental, pero que difer\u00edan sustancialmente del peritaje rendido por Acero y Concreto Ingenier\u00eda, tambi\u00e9n aportado por la demandante. <\/p>\n
1.1.5.- Es contraria al principio de legalidad de la prueba, la conclusi\u00f3n del tribunal respecto a que el dictamen cumple con los requisitos de que trata el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, al estimar que \u00abcon su inicial presentaci\u00f3n se allegaron los b\u00e1sicos para la introducci\u00f3n del experticio y ya, para el 16 de septiembre de 2019, d\u00eda en que tuvo lugar su ampliaci\u00f3n, con suficiente tiempo se allegaron las certificaciones del ingeniero Upegui sobre su formaci\u00f3n y experiencia, la lista de casos en que ha sido designado como perito, al paso que siempre explic\u00f3 sus m\u00e9todos y el fundamento de sus conclusiones\u00bb; comoquiera que de la ley procesal se infiere, que las declaraciones e informaciones m\u00ednimas del dictamen deben acompa\u00f1arse con \u00e9l. <\/p>\n
El desconocimiento de los requisitos legales m\u00ednimos de los dict\u00e1menes, es evidente, toda vez que el presentado por Acero y Concreto Ingenier\u00eda no atendi\u00f3 ninguno de los previstos en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, por ello, es muy equivocada la consideraci\u00f3n del ad quem seg\u00fan la cual \u00ab(\u2026) con la demanda se aport\u00f3 el dictamen de costos suscrito por el ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez que la Juez en primera instancia, incluso ahora el Tribunal, podr\u00eda valorar de forma directa\u00bb. <\/p>\n
El dictamen de ICE tampoco atendi\u00f3 los requisitos del mencionado precepto en el momento oportuno, ni cumpli\u00f3 con los m\u00ednimos exigidos en la ley ni siquiera despu\u00e9s de la inoportuna radicaci\u00f3n del anexo No. 3 del escrito del 27 de agosto de 2019. As\u00ed, en el dictamen presentado en marzo de 2016 se indic\u00f3 el nombre de los profesionales \u00abasesores de cada materia\u00bb que intervinieron en su elaboraci\u00f3n, y se precis\u00f3, que, \u00ablas \u00e1reas en cuesti\u00f3n y revisadas, y los profesionales especialistas en cada una son: 1. \u00c1REA ARQUITECT\u00d3NICA Arq. Hugo Cano. 2. \u00c1REA ESTRUCTURAL Y DE SUELOS: Ing. Jairo Upegui. 3. \u00c1REA HIDRO SANITARIA Y GAS: Inga Clara Escobar. 4. \u00c1REA EL\u00c9CTRICA Y COMUNICACIONES: Ing. Juan Pablo Sierra. 5. \u00c1REA AMBIENTAL: Inga. Lina Mar\u00eda Giraldo\u00bb. No obstante, con el anexo No. 3 del escrito del 27 de agosto de 2019 no se aportan los documentos que acreditaran la idoneidad y experiencia de los dem\u00e1s ingenieros distintos de Upegui Jaramillo, ni los t\u00edtulos acad\u00e9micos de ellos, ni los documentos que certificaron su experiencia profesional t\u00e9cnica; por lo que el Tribunal no sab\u00eda siquiera si esos otros \u00abingenieros\u00bb realmente lo eran; y tampoco se aportaron soportes relacionados con la firma ICE, que fue quien realmente rindi\u00f3 la experticia. <\/p>\n
Ello es crucial por cuanto el mencionado dictamen est\u00e1 compuesto por un conjunto de conceptos de varios expertos, de quienes ni siquiera el se\u00f1or Jairo Upegui pudo dar cuenta en audiencia. <\/p>\n
Tampoco se aportaron los documentos e informaci\u00f3n utilizados para la elaboraci\u00f3n del dictamen, relacionados en el peritaje, as\u00ed: \u00abDentro de la informaci\u00f3n recibida, se tuvo acceso a la siguiente informaci\u00f3n; suministrada por el Honorable Consejo de Administraci\u00f3n, en medio magn\u00e9tico y en medio f\u00edsico (se indica cada uno)\u00bb72. All\u00ed se indica que se consultaron (I) el \u00abEstudio de suelos\u00bb; (II) \u00abInformes y registros fotogr\u00e1ficos hechos por la Administraci\u00f3n del Conjunto Residencial\u00bb; (III) \u00abMemorias de c\u00e1lculo estructural de los tres bloques, la porter\u00eda, y los puentes de acceso a la torre 1 desde el edificio de parqueaderos\u00bb; (IV) \u00abDocumentos de las piscinas y los equipos de trabajo de las mismas\u00bb; (V) \u00abPlanos del proyecto\u00bb; (VI) \u00abReglamento de Propiedad Horizontal\u00bb; (VII) \u00abP\u00f3lizas de garant\u00eda y cumplimiento\u00bb; (VIII) \u00abManuales de manejo de informaci\u00f3n y equipos\u00bb, y (IX) \u00abActas de recibos\u00bb. Aunque, m\u00e1s adelante, el perito analiz\u00f3 las memorias de c\u00e1lculo estructural y los planos estructurales y ofreci\u00f3 sus conclusiones, nada de eso entreg\u00f3 ni siquiera con el anexo 3 del escrito del 27 de agosto de 2019. <\/p>\n
1.2.- El art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso contiene una serie de reglas ineludibles de la prueba pericial, que fueron desatendidas, pues contraviniendo el mandato referente a que \u00absobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podr\u00e1 presentar un dictamen pericial\u00bb, la parte actora present\u00f3 dos peritajes, el de Acero y Concreto Ingenier\u00eda y el de ICE, adem\u00e1s, desatendi\u00f3 la exigencia de que \u00abtodo dictamen se rendir\u00e1 por un perito\u00bb. <\/p>\n
En el dictamen de ICE, inicialmente, se present\u00f3 una valoraci\u00f3n propia sobre el monto de las reparaciones, pero despu\u00e9s, a ra\u00edz de la orden de \u00abampliar y\/o complementar\u00bb, el ingeniero Jairo Upegui modific\u00f3 ese punto del dictamen, y present\u00f3 una nueva cuantificaci\u00f3n en la que se limit\u00f3 a reproducir los conceptos del perito Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez, de la firma Acero y Concreto Ingenier\u00eda, y esa ampliaci\u00f3n de la experticia, fue la base de la primera y la segunda instancia para cuantificar los perjuicios. <\/p>\n
Se afirma la infracci\u00f3n del l\u00edmite de peritajes porque el presupuesto de Acero y Concreto Ingenier\u00eda es tambi\u00e9n un dictamen, si bien la demandante lo denomin\u00f3 documento ello ri\u00f1e con su verdadera naturaleza. A esta conclusi\u00f3n lleg\u00f3 el Tribunal en la sentencia de segunda instancia, al calificar el presupuesto de Acero y Concreto Ingenier\u00eda as\u00ed: \u00ab(\u2026) con la demanda se aport\u00f3 el dictamen de costos suscrito por el ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez que la Juez en primera instancia, incluso ahora el Tribunal, podr\u00eda valorar de forma directa\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los dict\u00e1menes de ICE y Acero y Concreto Ingenier\u00eda son independientes y fueron rendidos por peritos diferentes; comparten su objeto en la cuantificaci\u00f3n de las reparaciones y el ad quem reconoci\u00f3 que la parte demandante aport\u00f3 dos dict\u00e1menes periciales sobre un mismo hecho o materia. <\/p>\n
1.3.- El art\u00edculo 227 del C\u00f3digo General del Proceso. A la luz de esta norma la prueba pericial puede presentarse en cualquier oportunidad, pero una sola vez y en forma completa, en consecuencia, es un error valorar dict\u00e1menes de parte que se presentan de manera fragmentada en distintas ocasiones, con la excusa de estarse \u00abaclarando\u00bb, o \u00abcomplementando\u00bb, como ocurri\u00f3 con la peritaci\u00f3n de ICE. Por otra parte, es di\u00e1fano que el escrito de ICE del 27 de agosto de 2019, con el que se respondi\u00f3 a la orden de la a quo de \u00abampliar y\/o complementar\u00bb, contrari\u00f3 este precepto porque esa orden carece de respaldo legal y, adem\u00e1s, el perito excedi\u00f3 lo mandado. <\/p>\n
1.4.- El art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso, que regula la forma de contradicci\u00f3n del dictamen fue vulnerada por cuanto, si bien el Juez de primer grado corri\u00f3 traslado de la \u00abampliaci\u00f3n y\/o complementaci\u00f3n\u00bb del dictamen de ICE, no permiti\u00f3 la pr\u00e1ctica del dictamen de contradicci\u00f3n oportunamente anunciado por las constructoras; adem\u00e1s, aunque el peritaje de ICE fue modificado y aportado por segunda vez en el escrito con el que la parte actora se opuso a las excepciones de m\u00e9rito, no se puso en conocimiento ni se corri\u00f3 el traslado previsto por la ley; y es cierto que Constructora Monserrate, pese a que el dictamen de ICE fue aportado como documento, aport\u00f3 un concepto t\u00e9cnico de refutaci\u00f3n elaborado por Adriana Toro, pero eso no garantiz\u00f3 en absoluto la contradicci\u00f3n del peritaje de ICE, pues este perito present\u00f3 dos modificaciones posteriores aprovechando el conocimiento de la refutaci\u00f3n de Adriana Toro. <\/p>\n
El segmento del art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso, que dispone que las partes podr\u00e1n interrogar al perito sobre la idoneidad, la imparcialidad y el contenido del dictamen, fue infringido por cuanto, en audiencia, el perito Jairo Hernando Upegui dej\u00f3 de responder sobre varios puntos importantes del dictamen de ICE, bajo el pretexto de que otros profesionales distintos de \u00e9l desarrollaron esos puntos en el dictamen. Y este pretexto fue avalado por los jueces de primera y segunda instancia, en lugar de exhortar la comparecencia de las personas que realmente pod\u00edan dar cuenta del dictamen de ICE. <\/p>\n
Partiendo de los postulados y reglas probatorias en menci\u00f3n, los dict\u00e1menes de ICE y Acero y Concreto Ingenier\u00eda no debieron ser tenidos en cuenta para la decisi\u00f3n del Tribunal, sino que debieron ser excluidos. <\/p>\n
2.- El postulado de contradicci\u00f3n de la prueba, fue vulnerado, por lo siguiente: con la demanda se aportaron los dict\u00e1menes periciales como si fueran documentos; se present\u00f3 la \u00abrectificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n\u00bb del dictamen de ICE con el pronunciamiento sobre las excepciones de m\u00e9rito; la manera en que se decretaron las pruebas de ICE y Acero y Concreto Ingenier\u00eda; la orden de \u00abampliar y\/o complementar\u00bb el dictamen dispuesta por el a quo y la respuesta de ICE, sumados a que no se permiti\u00f3 la pr\u00e1ctica del dictamen de contradicci\u00f3n anunciado por las demandadas ante la \u00faltima \u00abampliaci\u00f3n y\/o complementaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.- Se omiti\u00f3 la regla sobre las conclusiones propias del perito, para la existencia jur\u00eddica del dictamen pericial, es indispensable que el perito no delegue su encargo y que el peritaje rendido por \u00e9l contenga sus conceptos personales y propios y si bien el experto puede ayudarse de otros profesionales, esa ayuda no supone delegar el encargo o reproducir como propios los conceptos de otro. <\/p>\n
4.- Los errores probatorios denunciados son trascendentes e influyen en la parte resolutiva de la sentencia, toda vez que condujeron al Tribunal, de forma equivocada, a tener por demostrada la responsabilidad civil de las constructoras demandadas y a fijar la cuant\u00eda de los presuntos perjuicios sufridos por la parte actora, siendo los pilares probatorios de su sentencia los dict\u00e1menes de ICE y Acero y Concreto Ingenier\u00eda. <\/p>\n
VIII.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En t\u00e9rminos generales, desde el punto de vista procedimental, las etapas o fases de la actividad probatoria se concretan en distintos periodos del proceso, que por lo general se suceden en el curso de la primera instancia, y que corresponden a los momentos de petici\u00f3n o aportaci\u00f3n de las pruebas, su decreto por parte del operador judicial, la pr\u00e1ctica en la que intervienen tanto el juzgador como las partes, y, finalmente su valoraci\u00f3n a cargo del funcionario judicial. Entre esas etapas, adem\u00e1s, debe garantizarse a las partes el derecho de contradicci\u00f3n de acuerdo con la naturaleza de cada medio demostrativo, as\u00ed como la oportunidad de presentar ante el juez las alegaciones que den cuenta de las conclusiones que desde el punto de vista de los litigantes emergen del acervo probatorio, previo a la definici\u00f3n del litigio. <\/p>\n
Para el tratadista Hernando Devis Echand\u00eda6, la actividad probatoria se cumple por medio de cuatro etapas, a saber: <\/p>\n
1\u00b0) la de recibimiento gen\u00e9rico a pruebas, a solicitud de las partes o de una de ellas, u oficiosamente, seg\u00fan el sistema legislativo vigente; 2\u00b0) la de la proposici\u00f3n de pruebas en concreto para su pr\u00e1ctica o simple admisi\u00f3n cuando es aducida o presentada por el interesado, y la ordenaci\u00f3n o admisi\u00f3n de esas pruebas por el juez y de otras que oficiosamente se\u00f1ale si est\u00e1 facultado para ello, es decir, la etapa de su admisi\u00f3n u ordenaci\u00f3n en concreto; 3\u00b0) la de pr\u00e1ctica de las pruebas ordenadas o decretadas que as\u00ed lo requieran; 4\u00b0) la de valoraci\u00f3n o apreciaci\u00f3n, que corresponde a la de juzgamiento, esto es, a la sentencia de instancia (\u2026). <\/p>\n
El mismo autor destaca los principios generales de la prueba judicial, entre ellos, el de \u00abnecesidad de la prueba\u00bb, referido a la necesidad de que los hechos sobre los cuales versar\u00e1 el veredicto est\u00e9n demostrados con pruebas aportadas al proceso y no en el conocimiento privado del juez7; ese principio est\u00e1 plasmado en el art\u00edculo 164 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual, \u00ab[t]oda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violaci\u00f3n del debido proceso son nulas de pleno derecho\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al principio de contradicci\u00f3n, significa que, <\/p>\n
(\u2026) la parte contra quien se opone una prueba debe gozar de la oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de contraprobar, es decir, que debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las partes; se relaciona con los principios de la unidad y la comunidad de la prueba, ya que si las partes pueden utilizar a su favor los medios suministrados por el adversario, es apenas natural que gocen de la oportunidad para intervenir en su pr\u00e1ctica, y con el de lealtad en la prueba, pues esta no puede existir sin la oportunidad de contradecirla8. <\/p>\n
Otro principio que vale la pena destacar en este prove\u00eddo, es el de \u00abpreclusi\u00f3n de la prueba\u00bb, que corresponde a una aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica del principio general de eventualidad de los actos procesales que rige el ordenamiento procedimental. El mencionado autor lo relaciona con una \u00abformalidad de tiempo u oportunidad\u00bb para la pr\u00e1ctica de la prueba que guarda estrecha relaci\u00f3n con los de contradicci\u00f3n y lealtad, y precisa que, con \u00e9l, \u00abse persigue impedir que se sorprenda al adversario con pruebas de \u00faltimo momento, que no alcance a controvertir, o que se propongan cuestiones sobre las cuales no pueda ejercitar su defensa\u00bb. <\/p>\n
El acatamiento de este principio exige que las partes hagan uso de las oportunidades que consagra la ley tanto para aportar pruebas como para contradecir o refutar las allegadas por la parte contraria, so pena de que las allegadas por fuera de esos momentos pre establecidos queden por fuera del debate. <\/p>\n
2.- Trat\u00e1ndose de la prueba pericial, el C\u00f3digo General del Proceso introdujo como regla general el denominado dictamen de parte, as\u00ed, al tenor del art\u00edculo 227 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[l]a parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deber\u00e1 aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el t\u00e9rmino previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podr\u00e1 anunciarlo en el escrito respectivo y deber\u00e1 aportarlo dentro del t\u00e9rmino que el juez conceda (\u2026)\u00bb, consagrando as\u00ed el deber de su aportaci\u00f3n en forma escrita, o en caso de que ello no sea posible dentro de la debida oportunidad procesal, por lo menos el deber de anunciarlo dentro del t\u00e9rmino que para el efecto llegue a conceder el juzgador, conforme a la misma disposici\u00f3n, ello para no menguar el deber de probar, con las implicaciones que tiene en el juicio el principio de la carga de la prueba. <\/p>\n
Por lo que ata\u00f1e a la contradicci\u00f3n del dictamen, la actual regulaci\u00f3n procesal civil en su canon 228 prev\u00e9 varias posibilidades: <\/p>\n
La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podr\u00e1 solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deber\u00e1n realizarse dentro del t\u00e9rmino de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citar\u00e1 al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podr\u00e1n interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podr\u00e1 formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendr\u00e1n derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendr\u00e1 valor. <\/p>\n
De ese precepto emergen las distintas opciones con las que cuenta la parte contra quien se aduce el dictamen, que involucran: permanecer silente, aportar otra experticia, pedir que el perito comparezca a la audiencia para interrogarlo, o las dos \u00faltimas al tiempo. En cualquier caso, corresponde al juzgador garantizar mediante el correspondiente traslado que en t\u00e9rminos de oportunidad se permita el libre ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n de la experticia. <\/p>\n
3.- Acerca del entendimiento del denominado error de derecho, en CSJ SC17162-2015la Sala, explic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) se configura en el escenario de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba al desconocerse las reglas sobre aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n de los mismos o el m\u00e9rito demostrativo asignado por el legislador. La Corte ense\u00f1\u00f3 que se incurre en \u00e9ste si el juzgador aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
4.- An\u00e1lisis del cargo <\/p>\n
4.1.- Por lo que respecta a los momentos de adjunci\u00f3n y decreto de la prueba pericial de la promotora, en el ac\u00e1pite de pruebas de la demanda9 se anunci\u00f3 que con ella se aportaban, entre otras \u00abdocumentales\u00bb: i) informe t\u00e9cnico-interdisciplinario de interventor\u00eda externa emitido bajo la coordinaci\u00f3n de la empresa ICE \u2013 Ingenier\u00eda de Consulta en Estructuras en 132 folios; ii) presupuesto para reparaci\u00f3n de da\u00f1os efectuado por la firma Acero y Concreto Ingenier\u00eda \u2013 Ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez, en 28 folios. Posteriormente, dentro del t\u00e9rmino de traslado de las excepciones de m\u00e9rito10, la parte actora estim\u00f3 oportuno adjuntar \u00abcomplementaci\u00f3n al dictamen pericial de parte inicialmente aportado por la raz\u00f3n social ICE \u2013 Ingenier\u00eda y Consulta en Estructuras, suscrito por el ingeniero pat\u00f3logo Jairo Hernando Upegui Jaramillo\u00bb11. <\/p>\n
Mediante auto del 9 de julio de 201912, el a quo cit\u00f3 a audiencia de conformidad con el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, y all\u00ed mismo orden\u00f3: i) incorporar como pruebas los documentos aportados por la parte demandante con su demanda y durante el traslado de las excepciones, ii) \u00abse tiene como prueba pericial, la experticia, obrante a folios 51 a 171 del cuaderno 1, y 761 a 762 del cdno, (\u2026) rendida por el ingeniero civil Jairo Hernando Upegui Jaramillo, a quien se le cita a la audiencia\u00bb. Frente a dicha providencia ninguno de los intervinientes formul\u00f3 reparos. <\/p>\n
Estando en curso la mencionada audiencia, la juez de primera instancia, de manera oficiosa orden\u00f3 al perito Jairo Hernando Upegui Jaramillo, \u00abampliar y\/o complementar el dictamen pericial, en los siguientes puntos: manejo de basuras, impermeabilizaci\u00f3n de losa de parqueadero y mantenimiento y reparaci\u00f3n de los puentes que comunican la torre 1 de apartamentos con la torre de parqueaderos; concretamente el valor de esas reparaciones. Para lo anterior, se otorga el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas\u00bb13. <\/p>\n
En acatamiento de esa tarea, el experto adjunt\u00f3 \u00abpresupuesto actualizado y detallado\u00bb, adem\u00e1s, anex\u00f3 algunos documentos personales que denomin\u00f3 \u00abcomplemento para cumplir con el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, mediante auto del 29 de agosto de 2019, se puso en conocimiento de las partes, la \u00abampliaci\u00f3n y complementaci\u00f3n del dictamen\u00bb, por el t\u00e9rmino de tres d\u00edas para los efectos contemplados en el art\u00edculo 228 ibidem14. Dentro del lapso concedido, el apoderado de las constructoras manifest\u00f3 su inconformidad respecto de la tarea realizada por el perito, entre otras cosas, por considerar que desbord\u00f3 los temas que le fueron encomendados por la juez y porque parte de una \u00abreproducci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de todo el presupuesto inicial allegado con el dictamen (suscrito por el ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez)\u00bb, del cual el ingeniero Upegui Jaramillo manifest\u00f3 no tener conocimiento porque no era de su autor\u00eda, sin embargo, ahora pretend\u00eda convalidarlo; al final, el replicante le pidi\u00f3 a la juzgadora que, \u00aben caso de considerarlo pertinente se disponga una nueva experticia conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 227 del C\u00f3digo General del Proceso que aclare todos los errores antes referenciados y permita darle claridad al despacho para la decisi\u00f3n del litigio\u00bb15 <\/p>\n
En la reanudaci\u00f3n de la audiencia, la juzgadora, luego de indagar al experto respecto de la complementaci\u00f3n de su informe, le confiri\u00f3 el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que procedieran a interrogarlo y cumplido el cometido, declar\u00f3 finiquitado el periodo probatorio sin protesta de ninguno de los apoderados intervinientes, a quienes les permiti\u00f3 formular sus alegaciones finales, previo a emitir el fallo que zanj\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
4.2.- Como punto de partida, se pone de presente que toda la actividad probatoria cuestionada mediante el cargo en estudio se suscit\u00f3 en el curso de la primera instancia, en t\u00e9rminos generales, sin protesta de las sociedades recurrentes, pues no manifestaron inconformidad contra el auto de decreto de pruebas en el cual se orden\u00f3 incorporar los documentos aportados por la parte demandante, entre los cuales estaba el presupuesto para reparaci\u00f3n de da\u00f1os efectuado por Acero y Concreto Ingenier\u00eda \u2013 por conducto del ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez; y, adem\u00e1s, se resolvi\u00f3 tener como \u00abprueba pericial\u00bb, la experticia rendida por el ingeniero civil Jairo Hernando Upegui Jaramillo, a quien se cit\u00f3 a la audiencia, por manera que la incorporaci\u00f3n de esos dos medios demostrativos y su decreto, el primero como documento y el segundo como dictamen pericial, no fue controvertida en el debido momento procesal. <\/p>\n
Por otra parte, en el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por las Constructoras Monserrate de Colombia y Montepara\u00edso, tampoco se formularon reproches concretos acerca de la incorporaci\u00f3n, decreto y forma de contradicci\u00f3n de la mencionada prueba pericial. Obs\u00e9rvese que, si bien, entre los puntos de desacuerdo con el fallo de primera instancia, se invoc\u00f3 que con el dictamen no se alleg\u00f3 la demostraci\u00f3n del cumplimiento de los requisitos previstos en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, se pas\u00f3 por alto cuestionar los argumentos esgrimidos por el a quo para encontrar satisfecha esa exigencia con los documentos aportados por el perito con la complementaci\u00f3n de su experticia. <\/p>\n
4.3.- Ausente de demostraci\u00f3n emerge, igualmente, el reparo consistente en que se vulner\u00f3 el precepto que obliga que, sobre un mismo hecho o materia, cada sujeto procesal solo podr\u00e1 presentar un dictamen pericial. Al efecto, basta memorar que, si bien, con la demanda se presentaron dos informes t\u00e9cnicos, uno sobre la situaci\u00f3n \u00abpatol\u00f3gica\u00bb del Conjunto Residencial Montepara\u00edso, y otro atinente al presupuesto de las obras necesarias para la correcci\u00f3n de las falencias, en estrictez, no estaban dirigidos a demostrar los mismos hechos, y en todo caso, cualquier duda al respecto qued\u00f3 superada con el auto de decreto pruebas en el cual solo se confiri\u00f3 car\u00e1cter de dictamen pericial al primero, mientras el segundo se incorpor\u00f3 como documento. <\/p>\n
4.4.- Tampoco se acredit\u00f3 la aducida afrenta al derecho de contradicci\u00f3n en las diferentes fases referidas por los opugnantes. <\/p>\n
Ciertamente, conforme al art\u00edculo 370 del C\u00f3digo General del Proceso, la finalidad de correr traslado al demandante de las excepciones de m\u00e9rito que llegare a proponer su opositor, es para que \u00abpida pruebas sobre los hechos en que ellas se fundan\u00bb, si esta norma no discrimina ni deja por fuera ning\u00fan tipo de medio demostrativo, es claro que la rectificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n del informe inicial del mismo perito s\u00ed fue presentada en el tiempo debido, pues, como se acaba de ver, es esa otra de las oportunidades expresamente consagradas por el legislador para pedir pruebas. Por lo dem\u00e1s, nada tiene de extra\u00f1o que con ese acto se haya procurado superar inconsistencias advertidas por las demandadas, pues ello no desdice del prop\u00f3sito que orienta esa nueva oportunidad probatoria, concebida desde la garant\u00eda de bilateralidad de la audiencia y del deber de probar. <\/p>\n
La contradicci\u00f3n tanto del informe inicial como de su \u00abrectificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n\u00bb ofrecida en el traslado de las excepciones, tambi\u00e9n qued\u00f3 garantizada. En efecto, en el auto de decreto de pruebas, al resolver que \u00abse tiene como prueba pericial, la experticia, obrante a folios 51 a 171 del cuaderno 1, y 761 a 762 del cdno, (\u2026) rendida por el ingeniero civil Jairo Hernando Upegui Jaramillo\u00bb, se dispuso la citaci\u00f3n del perito a la audiencia, siendo ese el escenario procesal previsto para que, tanto el juez como las partes, puedan interrogar al perito bajo juramento \u00abacerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen\u00bb16. <\/p>\n
As\u00ed, dentro de la audiencia, efectivamente, la juzgadora le concedi\u00f3 esa posibilidad al apoderado de las demandadas, de la cual hizo uso en la forma que consider\u00f3 pertinente, y en el mismo sentido obr\u00f3 en su reanudaci\u00f3n el d\u00eda 16 de septiembre de 2019, con respecto a la complementaci\u00f3n del dictamen ordenada de manera oficiosa, de ah\u00ed que ninguna vulneraci\u00f3n de esa prerrogativa se evidencia. <\/p>\n
Tampoco puede predicarse irrespeto al debido proceso o al derecho de contradicci\u00f3n, por el hecho de que la juez no se haya pronunciado acerca de la petici\u00f3n contenida en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del memorial fechado 3 de septiembre de 2019 (folios 812-815), en el cual se indic\u00f3 \u00aben caso de considerarlo pertinente se disponga una nueva experticia conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 227 del C. General del Proceso que aclare todos los errores antes referenciados y permita darle claridad al Despacho para la decisi\u00f3n del litigio\u00bb. <\/p>\n
Pese a que los opositores invocaron como soporte jur\u00eddico de su pedimento el art\u00edculo 227 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual, \u00ab[l]a parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deber\u00e1 aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el t\u00e9rmino previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podr\u00e1 anunciarlo en el escrito respectivo y deber\u00e1 aportarlo dentro del t\u00e9rmino que el juez conceda\u00bb, lo cierto es que ninguna de las hip\u00f3tesis plasmadas en esa disposici\u00f3n encaja, pues no se aport\u00f3 otra experticia, ni se pidi\u00f3 ampliar el t\u00e9rmino para ese fin por considerar que el legal fuera insuficiente; de contera, al no haber recurrido la decisi\u00f3n del Juez de dar por concluido el periodo probatorio, t\u00e1citamente, renunciaron a exponer cualquier desacuerdo con la falta de pronunciamiento sobre aquella solicitud. <\/p>\n
4.5.- Para los recurrentes carec\u00eda de soporte legal la orden de \u00abampliar y\/o complementar\u00bb el dictamen dispuesta por la falladora en el curso de la audiencia del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto la ley no lo autoriza. <\/p>\n
Al efecto, estima la sala que ese aspecto como tal qued\u00f3 por fuera de discusi\u00f3n en la segunda instancia, toda vez que ning\u00fan reproche sobre la producci\u00f3n de esa extensi\u00f3n de la prueba pericial formularon las demandadas en ese momento, y por lo mismo, el Tribunal en su sentencia tampoco se pronunci\u00f3 al respecto. <\/p>\n
Con todo, vale la pena destacar que el actual r\u00e9gimen probatorio en el ordenamiento procesal civil, mantuvo como regla la posibilidad de que el juez decrete pruebas de oficio, particularmente, los preceptos 229 y 230 del C\u00f3digo General del Proceso, en forma concreta prev\u00e9n que puede decretar de oficio la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial, al tiempo que el art\u00edculo 42 incluye dentro de los deberes del juez, emplear los poderes concedidos en materia de pruebas de oficio \u00abpara verificar los hechos alegados por las partes\u00bb. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, si el juzgador est\u00e1 habilitado para ordenar oficiosamente la pr\u00e1ctica de una prueba t\u00e9cnica, nada le impide ordenar la aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n de la que ya obra en el proceso por haber sido aportada por alguna de las partes, en otras palabras, obrar de ese modo es una forma de ejercer la facultad oficiosa en esa materia, que adem\u00e1s armoniza con el principio de econom\u00eda procesal. Naturalmente, esa prerrogativa permanece atada a garantizar a las partes el derecho de contradicci\u00f3n respecto de la complementaci\u00f3n o aclaraci\u00f3n presentada por el perito en acatamiento de la orden del juez, para efectos de poderlas valorar, precisamente, en el caso examinado, as\u00ed procedi\u00f3 la juzgadora de primer grado. <\/p>\n
4.6.- El reparo relacionado con el momento en que el perito alleg\u00f3 los anexos para acreditar los requisitos m\u00ednimos exigidos en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, tampoco tiene el alcance reclamado por la censura, esto es, que la prueba ten\u00eda que ser excluida por el Tribunal. <\/p>\n
Sobre el particular, el ad quem, al apreciar las dos experticias adosadas, opt\u00f3 por concederle mayor credibilidad a la del perito Upegui Jaramillo, y para ese efecto, consider\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) se debe resolver naturalmente en favor de la prueba con m\u00e1s fuerza de convicci\u00f3n, misma que sin duda fue aportada por la parte demandante, comenzando porque el perito Jairo Hernando Upegui es ingeniero civil, visit\u00f3 el terreno en m\u00e1s de 7 ocasiones, ha sido auxiliar de la justicia por m\u00e1s de 15 a\u00f1os con m\u00e1s de 50 dict\u00e1menes periciales presentados en temas afines, especialista en an\u00e1lisis estructural avanzado y es candidato a Mag\u00edster en Patolog\u00eda estructural por la Universidad de Valencia. <\/p>\n
As\u00ed mismo, a nivel laboral, tiene experiencia enfocada en dise\u00f1o, c\u00e1lculo y patolog\u00eda de estructuras, como por ejemplo la atenci\u00f3n de las patolog\u00edas del edificios (sic) Space y Bernavento, participaci\u00f3n en los dise\u00f1os de Porce II, 4 a 5 millones de metros cuadrados analizados en patolog\u00eda, 1 a 2 millones de metros cuadrados dise\u00f1ados. Incluso, algunos de los testigos lo reconocieron como el \u201csegundo\u201d experto m\u00e1s reconocido e importante en la materia en el pa\u00eds, despu\u00e9s de otro ingeniero que ya ni siquiera ejerce por su avanzada edad. <\/p>\n
En adici\u00f3n, est\u00e1 claro que el dictamen cumple con los requisitos de que trata el art\u00edculo 226 del C.G.P, pues con su inicial presentaci\u00f3n se allegaron los b\u00e1sicos para la introducci\u00f3n del experticio (sic) y ya, para el 16 de septiembre de 2019, d\u00eda en que tuvo lugar su ampliaci\u00f3n, con suficiente tiempo se allegaron las certificaciones del ingeniero Upegui sobre su formaci\u00f3n y experiencia, la lista de casos en que ha sido designado como perito, al paso que siempre explic\u00f3 sus m\u00e9todos y el fundamento de sus conclusiones. <\/p>\n
Como puede apreciarse, el Tribunal no desconoci\u00f3 que fue en la audiencia de ampliaci\u00f3n de la experticia que el ingeniero adjunt\u00f3 los soportes para acreditar los requisitos de que trata la norma en comentario, no obstante, en esencia, con esa apreciaci\u00f3n result\u00f3 avalando lo expuesto por el a quo para disponer la incorporaci\u00f3n de esos anexos al plenario y dar por cumplidas tales exigencias, al indicar que la parte demandante aport\u00f3 la opini\u00f3n de un ingeniero civil experto en an\u00e1lisis y dise\u00f1o de estructuras y en patolog\u00eda, \u00abseg\u00fan se acredit\u00f3 en la audiencia del pasado 12 de agosto y con los documentos que se allegaron posteriormente, por lo que no es cierto que no se haya acreditado la idoneidad del experto que conceptu\u00f3, al fin y al cabo la norma no impone que la acreditaci\u00f3n deba hacerse exclusivamente con la aportaci\u00f3n de la prueba\u00bb17, argumento sobre el cual no se alzaron los recurrentes al exponer sus reparos contra el fallo de primera instancia. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, los anexos allegados con la complementaci\u00f3n del dictamen se pusieron tambi\u00e9n en conocimiento de las partes cuando se corri\u00f3 el respectivo traslado, y los demandados tuvieron la oportunidad de interrogar en dos oportunidades al perito para los fines previstos en el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso, que incluye indagar acerca de su idoneidad, todo ello en garant\u00eda del derecho de contradicci\u00f3n. De modo que, si en esas ocasiones, los recurrentes no orientaron su cuestionario a socavar o a poner en tela de juicio idoneidad del perito, y, adem\u00e1s, su posici\u00f3n acerca de que ineludiblemente los anexos ten\u00edan que aportarse con el dictamen, no se erige como la \u00fanica interpretaci\u00f3n v\u00e1lida de los fines que persigue el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, n\u00edtidamente emerge lo infundado que resulta su reproche sobre la configuraci\u00f3n del error de derecho por infracci\u00f3n de ese precepto. <\/p>\n
5.- Por lo expuesto, cualquier desafuero que emane de la valoraci\u00f3n de la prueba pericial, a lo sumo guardar\u00eda relaci\u00f3n con su contenido objetivo y no con errores relacionados con su producci\u00f3n e incorporaci\u00f3n al juicio capaces de estructurar el aducido error de iure. <\/p>\n
IX.- SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Se acusa violaci\u00f3n indirecta, por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 2060, numeral 3, del C\u00f3digo Civil y 16 de la Ley 446 de 1998, como consecuencia de los errores de hecho manifiestos y trascendentes en que incurri\u00f3 el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, lo cual lo condujo a tener por demostrado, sin estarlo, el valor de las reparaciones y adecuaciones de losas de parqueadero, puentes peatonales y sistema de disposici\u00f3n de basuras indicado en la sentencia, as\u00ed como la amenaza de ruina que se cern\u00eda sobre los puentes met\u00e1licos, errores que lo llevaron a tener por demostrada la responsabilidad de las constructoras y a fijar la cuant\u00eda de los presuntos perjuicios sufridos por la parte actora. <\/p>\n
Para sustentar el cargo, en esencia, expusieron las inconformes: <\/p>\n
1.- El ad quem confirm\u00f3 las condenas de la sentencia de primera instancia en relaci\u00f3n con la reparaci\u00f3n de la losa de parqueaderos y de los puentes peatonales met\u00e1licos, y la adicion\u00f3 respecto a la orden de pago por el sistema colectivo de residuos s\u00f3lidos de la torre 1 de apartamentos. Para establecer los valores de las condenas, se apoy\u00f3 en un documento aportado con la demanda, consistente en un \u00abpresupuesto de obras presentado por Acero y Concreto Ingenier\u00eda a trav\u00e9s de su representante legal, el Ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez\u00bb, y en la complementaci\u00f3n del dictamen de Jairo Hernando Upegui que reprodujo, casi en su totalidad, el presupuesto presentado por Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez. <\/p>\n
2.- En ese ejercicio de apreciaci\u00f3n probatoria, el Tribunal tergivers\u00f3 unas pruebas, pretiri\u00f3 o dej\u00f3 de apreciar algunas, al tiempo que supuso otras, lo que lo llev\u00f3 a concluir equivocadamente el monto de los perjuicios, seg\u00fan pasa a explicarse: <\/p>\n
2.1.- El Tribunal incurri\u00f3 en un error de hecho evidente y trascendente al preterir o tergiversar las siguientes pruebas, para establecer la cuant\u00eda de las reparaciones a las que conden\u00f3 por losas de parqueaderos y puentes peatonales met\u00e1licos: <\/p>\n
2.1.1.- Omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n del presupuesto de reparaciones de losas de parqueaderos y puentes met\u00e1licos presentado por el perito Jairo Hernando Upegui (ICE), que fue aportado con la demanda. Este documento del 22 de junio de 2016, tiene como referencia: \u00abproceso de reclamaci\u00f3n a la constructora, informaci\u00f3n complementaria de estudios\u00bb, y de acuerdo con su contenido, el Ingeniero Jairo Hernando Upegui Jaramillo realiz\u00f3 los ajustes solicitados en relaci\u00f3n con las losas de parqueaderos, puentes peatonales y tema ambiental, as\u00ed: \u00abimpermeabilizaci\u00f3n de losas de parqueaderos: $136.505.825.00 y Mantenimiento y reparaci\u00f3n de puentes (2) peatonales: $66.199.799.00\u00bb, y en la audiencia del 12 de agosto de 2019 el perito fue interrogado acerca de dicho presupuesto. Sin embargo, esas pruebas no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal pese a que conten\u00edan los valores que fueron los determinados por el equipo de trabajo del perito de forma directa. Ante ese evidente el error de hecho el Tribunal impuso una condena por indemnizaci\u00f3n de perjuicios superior a la que reflejaban estas pruebas. <\/p>\n
2.1.2.- Tergivers\u00f3 el \u00abinforme t\u00e9cnico\u00bb de presupuesto presentado por Acero y Concreto Ingenier\u00eda, a trav\u00e9s del ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez, en relaci\u00f3n con el valor de las reparaciones de la losa de parqueaderos, que fue presentado con la demanda. En ese informe se present\u00f3 un listado de las cantidades de obra que son necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones presentadas por la empresa ICE; posteriormente, se presentan cuadros con precios unitarios y se realiza la liquidaci\u00f3n de obra. <\/p>\n
Pese a que la descripci\u00f3n de las etapas seguidas por el ingeniero para llegar a los valores finales de las obras parece l\u00f3gica, lo cierto es que, de la sola lectura de la totalidad del informe no es posible deducir, ni a\u00fan con mediana certeza, a qu\u00e9 corresponde la liquidaci\u00f3n final de una obra determinada. Dicho informe no es claro ni preciso en sus conclusiones, en tanto no es posible identificar de d\u00f3nde provienen los valores finales obtenidos por la firma, ni cu\u00e1les son las actividades, materiales, maquinaria, personal, entre otros, que deben destinarse para la ejecuci\u00f3n de la obra en concreto y tampoco es exhaustivo al desarrollar la metodolog\u00eda propuesta y arribar a las conclusiones finales. Pese a ello, el Tribunal se apoy\u00f3 en este \u00abdocumento\u00bb para calcular la condena impuesta a las sociedades demandadas por las losas de parqueadero. <\/p>\n
2.1.3.- Tergivers\u00f3 la complementaci\u00f3n al dictamen rendida por Jairo Hernando Upegui, en relaci\u00f3n con los valores de reparaci\u00f3n de la losa de parqueaderos y los puentes met\u00e1licos. En la audiencia del 12 de agosto de 2019, el a quo, de forma oficiosa, orden\u00f3 a ese perito complementar el dictamen, as\u00ed: \u00abde conformidad con los puntos cr\u00edticos que usted se\u00f1al\u00f3 deben ser reparados, concretamente: manejo de basuras, impermeabilizaci\u00f3n de losas de parqueaderos y mantenimiento y reparaci\u00f3n de los puentes que conectan la torre 1 de apartamentos con la torre de parqueaderos, el valor de estas reparaciones\u00bb, aunque se le pidi\u00f3 al experto que \u00e9l mismo realizara la cuantificaci\u00f3n de esos \u00edtems, present\u00f3 conclusiones que no eran suyas, ello deriva en que la complementaci\u00f3n \u00abno es s\u00f3lida, ni exhaustiva, en tanto el perito no realiz\u00f3 de forma personal la tarea encomendada, as\u00ed como tampoco la encomend\u00f3 a uno de sus colaboradores, sino que se limit\u00f3 a reproducir las conclusiones de otro experto, sin sentido cr\u00edtico\u00bb. <\/p>\n
Grave a\u00fan resulta la actitud del perito cuando, en la audiencia de sustentaci\u00f3n del dictamen inicial, manifest\u00f3 que el valor que \u00e9l consider\u00f3 como ajustado para la reparaci\u00f3n de la losa de parqueadero y los puentes met\u00e1licos correspond\u00eda a $136.505.825.00 y $66.199.799.00 respectivamente, y que estos valores se refer\u00edan a reparaciones \u00fatiles y de calidad, sin embargo, m\u00e1s adelante, en forma abrupta cambi\u00f3 de opini\u00f3n y al complementar el dictamen \u00abacogi\u00f3 exactamente el valor ostensiblemente mayor que el Ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez hab\u00eda plasmado en su presupuesto, \u00fanicamente bajo la consideraci\u00f3n de tratarse de precios m\u00e1s ajustados por encontrarse discriminados sus precios unitarios\u00bb. As\u00ed las cosas, ese \u00faltimo ejercicio carece de fundamento, pese a lo cual el Tribunal lo acogi\u00f3. <\/p>\n
En lo concerniente a las cantidades de obra y valores referidos para la ejecuci\u00f3n de las reparaciones de losas de parqueaderos y puentes met\u00e1licos relacionadas en la adici\u00f3n del dictamen, el perito no especifica a qu\u00e9 corresponde cada uno de ellos, de modo que no es posible determinar cu\u00e1les son las actividades, materiales, equipos, personal, etc\u00e9tera, que estar\u00edan involucrados en las obras que deben ejecutarse para cada reparaci\u00f3n, por lo que no es suficiente para que el Juzgador tuviera certeza de que las obras presupuestadas corresponden \u00fanicamente a las reparaciones referidas en el dictamen inicial rendido por el perito y que \u00e9ste sab\u00eda a qu\u00e9 correspond\u00eda cada \u00edtem totalizado, en tanto la cuantificaci\u00f3n no fue realizada por \u00e9l directamente, como lo manifest\u00f3 en la parte inicial del dictamen. Aunado a ello, en la audiencia en la que el perito sustent\u00f3 la complementaci\u00f3n, al ser interrogado sobre algunos de los valores no supo dar cuenta de los mismos, ni diferenciar si estos correspond\u00edan a mantenimiento ordinario o reparaciones necesarias. <\/p>\n
Aun cuando la complementaci\u00f3n al dictamen pericial no fue clara, ni s\u00f3lida, ni congruente, ni precisa, ni exhaustiva, el Tribunal decidi\u00f3 tenerla en cuenta como base de la cuantificaci\u00f3n de la condena impuesta a las demandadas por losas de parqueadero y puentes met\u00e1licos, con lo cual, evidentemente, incurri\u00f3 en un error de hecho notorio y trascendente en la apreciaci\u00f3n de dicho medio probatorio, concediendo una indemnizaci\u00f3n de perjuicios <\/p>\n
2.2.- Tambi\u00e9n incurri\u00f3 el juzgador en errores de hecho sobre los valores del sistema de disposici\u00f3n de basuras, por indebida apreciaci\u00f3n de las siguientes pruebas: <\/p>\n
2.2.1.- Tergivers\u00f3 el presupuesto presentado por Acero y Concreto Ingenier\u00eda, a trav\u00e9s del Ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez, para la adecuaci\u00f3n del sistema de basuras, como anexo de la demanda. <\/p>\n
En ese informe t\u00e9cnico se hace un listado de las cantidades de obra que son necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones presentadas por ICE \u2013 Ingenier\u00eda de Consulta en Estructuras, se presentan cuadros con precios unitarios y se realiza la liquidaci\u00f3n de obra. Aunque la descripci\u00f3n de las etapas seguidas por Acero y Concreto Ingenier\u00eda para llegar a los valores finales de las obras parece l\u00f3gica, lo cierto es que, de la sola lectura de la totalidad del informe no es posible deducir a qu\u00e9 corresponde la liquidaci\u00f3n final de una obra determinada; y en lo que ata\u00f1e a las obras para la adecuaci\u00f3n del sistema de basuras, ni siquiera existe un cap\u00edtulo espec\u00edfico que determine los \u00edtems de las obras a desarrollar. <\/p>\n
Ese informe no es claro, ni preciso, en tanto no es posible identificar de d\u00f3nde provienen los valores finales obtenidos por el Ingeniero, y tampoco es riguroso al desarrollar la metodolog\u00eda propuesta y arribar a las conclusiones finales. No obstante, el Tribunal lo tuvo en cuenta para calcular la condena impuesta a las sociedades demandadas por la adecuaci\u00f3n del sistema de basuras, con lo cual incurri\u00f3 en un error de hecho protuberante. <\/p>\n
2.2.2.- Distorsion\u00f3 la complementaci\u00f3n al dictamen pericial en lo que respecta a la adecuaci\u00f3n del sistema de basuras. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que el presupuesto es exactamente igual al presentado por Acero y Concreto Ingenier\u00eda, a trav\u00e9s del Ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez, \u00abinforme t\u00e9cnico\u00bb que no es claro, riguroso, ni preciso en sus conclusiones, por lo que resultaba insuficiente para cuantificar los perjuicios. <\/p>\n
Tambi\u00e9n resulta palmaria la contradicci\u00f3n en la complementaci\u00f3n al dictamen, por cuanto, en la audiencia de sustentaci\u00f3n del inicial, el perito aclar\u00f3 que la soluci\u00f3n al tema ambiental consistente en el malacate no se cuantifica porque no tienen certeza de que sea esa la soluci\u00f3n, empero, al complementarlo, advirti\u00f3 que el malacate \u00abya ha sido aceptado y su instalaci\u00f3n realizada en la copropiedad\u00bb. Sin embargo, todos los conceptos relativos a adecuaci\u00f3n y reubicaci\u00f3n del shut de basuras son reproducidos en el presupuesto, sin que se advierta en ninguna parte que para el perito esta soluci\u00f3n fue o no satisfactoria, o si qued\u00f3 faltando alguna obra o adecuaci\u00f3n. <\/p>\n
El Tribunal, con base en esta complementaci\u00f3n del dictamen de ICE, accedi\u00f3 a la condena de todas las obras para la adecuaci\u00f3n del sistema de basuras, las que ya se encontraban solucionadas por la instalaci\u00f3n del malacate, e incluso aquellas dobles y las que no se ten\u00eda certeza sobre su nexo con las adecuaciones en cuesti\u00f3n. Brota con evidencia el error de hecho ostensible y trascendente. <\/p>\n
2.2.3.- Suposici\u00f3n de la prueba de la ruina de los puentes met\u00e1licos a partir del posible desplome del edificio de parqueaderos. El Tribunal entendi\u00f3 que, por encontrarse los puentes anclados al edificio de parqueaderos, la ruina de este acarrear\u00eda, necesariamente, la de los puentes. <\/p>\n
En el inicial dictamen pericial presentado por la empresa ICE, el perito nunca habla de amenaza de ruina de los puentes met\u00e1licos y mucho menos que la misma pueda generarse por la eventual ruina del edificio de parqueaderos. Y en la audiencia, al ser interrogado por la juez acerca de por qu\u00e9 consideraba que los puentes met\u00e1licos amenazan ruina, respondi\u00f3: \u00abporque presentan un elevado grado de deterioro en cuanto a las conexiones y a las uniones que tienen con las dos estructuras que conectan, la torre uno y la torre de parqueaderos\u00bb. En igual sentido, frente a pregunta del apoderado de la demandante, referente a si en los problemas que evidenci\u00f3 en la copropiedad \u00e9sta amenazaba ruina a corto, mediano y largo plazo, respondi\u00f3: \u00abcuando hablamos de una copropiedad yo pienso que vale la pena discretizar entre las torres de los apartamentos y la torre de parqueaderos y los puentes. En cuanto a los puentes yo pienso que s\u00ed, hay riesgo de ruina y en cuanto a la estructura de la torre de parqueaderos, en cuanto a las torres de vivienda no\u00bb. Y, posteriormente, en la complementaci\u00f3n del dictamen, el perito present\u00f3, entre las conclusiones generales, \u00abla estructura de las torres no amenaza ruina ni colapso inminente, m\u00e1s la estructura del parqueadero, por el contrario, si amenaza ruina\u00bb, luego, en la audiencia del 16 de septiembre de 2019, no dijo nada sobre la amenaza de ruina de los puentes, ni que estos pudieran colapsar a ra\u00edz de la ruina del edificio de parqueaderos. <\/p>\n
La trascendencia de los errores denunciados radica en que condujeron al Tribunal a tener por probados unos perjuicios en cuant\u00eda que no estaba demostrada en el proceso y a tener por acreditada, sin estarlo realmente, la ruina de los puentes met\u00e1licos a partir de la supuesta ruina del edificio de parqueaderos. De no haber incurrido en ellos, las constructoras habr\u00edan sido absueltas o la cuant\u00eda de los supuestos da\u00f1os ser\u00eda inferior a la establecida en la sentencia impugnada. <\/p>\n
X.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El error de hecho por indebida apreciaci\u00f3n de medios de convicci\u00f3n se configura cuando el vicio emerge abrupto y ostensible, de manera que, analizado el contenido material de las pruebas, en contraste con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador por efecto de su valoraci\u00f3n, se evidencie su abierta disconformidad. De ah\u00ed que, para demostrar la existencia de un defecto de esa naturaleza, es preciso que la estimaci\u00f3n probatoria que propone la censura sea la \u00fanica admisible, toda vez que, seg\u00fan se afirm\u00f3 en CSJ SC11294-2016, \u00abno resulta suficiente presentar deducciones antag\u00f3nicas a las expuestas en la sentencia, porque ellas solas no tienen entidad para demostrar desacierto alguno\u00bb. <\/p>\n
Como los juzgadores gozan de autonom\u00eda en lo concerniente a la valoraci\u00f3n probatoria, en orden a establecer el m\u00e9rito demostrativo y la credibilidad que le ofrezcan a los medios de convencimiento, el cumplimiento de esa labor judicial solo puede ser cuestionado en sede de casaci\u00f3n por la existencia de un yerro f\u00e1ctico manifiesto y trascendente, toda vez que siendo la Corte juez de la decisi\u00f3n del Tribunal y no del proceso, las decisiones de aquel arriban prevalidas de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto, quedando al margen la posibilidad de provocar un nuevo an\u00e1lisis de las pruebas recaudadas desde una perspectiva diferente propuesta por el inconforme. <\/p>\n
En esa medida, para la demostraci\u00f3n de un cargo soportado en el segundo motivo de casaci\u00f3n por error de hecho, no es suficiente realizar afirmaciones o negaciones amplias, generales o panor\u00e1micas relacionadas con el tema probatorio, con independencia de que puedan resultar pertinentes en relaci\u00f3n con las conclusiones censuradas, sino que es menester acometer frontalmente el reproche contra los argumentos expuestos por el fallador para efectuar sus deducciones f\u00e1cticas, lo que exige una exposici\u00f3n detallada que deje al descubierto que, en realidad, el error es evidente y con grave incidencia en la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
Al respecto, en SC15173-2016, expuso la Sala: <\/p>\n
(\u2026) en temas probatorios, el objeto del recurso de casaci\u00f3n no es la apreciaci\u00f3n de las pruebas incorporadas, sino establecer si la valoraci\u00f3n realizada por el Tribunal es acertada o razonable, o contraevidente. En otras palabras, si las circunstancias establecidas tienen o no respaldo en elementos de juicio dentro del expediente. (\u2026) Los errores de hecho, por lo tanto, necesariamente se asocian con la presencia f\u00edsica de las pruebas en el dossier, ya al suponerse, ora al omitirse o al tergiversarse; o con su contenido objetivo, tanto por adici\u00f3n como por cercenamiento o alteraci\u00f3n, una vez verificada su existencia material. <\/p>\n
Se estructuran, en cualquier hip\u00f3tesis, cuando son manifiestos, evidentes, producto del simple y llano parang\u00f3n entre lo visto o dejado de otear por el juzgador acusado y la materialidad u objetividad de las pruebas. En adici\u00f3n, cuando son incidentes, trascendentes, vale decir, en la medida que hayan sido determinantes de la decisi\u00f3n final, en una relaci\u00f3n necesaria de causa a efecto. <\/p>\n
2.- En la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, no se evidencia un yerro de hecho de las connotaciones de evidente y trascendente que logre quebrar la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto con la que arriba a la Corte, seg\u00fan pasa a explicarse: <\/p>\n
2.1.- No se advierte ninguna tergiversaci\u00f3n del \u00abinforme t\u00e9cnico\u00bb de presupuesto presentado por Acero y Concreto Ingenier\u00eda, a trav\u00e9s de Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez, en relaci\u00f3n con el valor de las reparaciones de la losa de parqueaderos, por la simple raz\u00f3n de que, si ese informe como tal no fue tenido en cuenta para refrendar la decisi\u00f3n del a quo, ni para adicionar las condenas por \u00e9l impuestas por virtud de la modificaci\u00f3n introducida al resolver el recurso vertical, en forma alguna pod\u00eda haber sido mal interpretado o tergiversado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el ad quem, al resolver de manera desfavorable todos los reproches de las constructoras demandadas, y como quiera que estas no manifestaron reparos puntuales sobre el monto de las condenas en la forma que las discrimin\u00f3 el a quo, decidi\u00f3 confirmarlas tal como fueron impuestas. Y en cuanto a la adici\u00f3n por el \u00e9xito parcial de la apelaci\u00f3n de la promotora, acot\u00f3: \u00ab(\u2026) en consecuencia condenar a las Constructoras Montepara\u00edso S.A.S y Monserrate de Colombia S.A.S al pago de $285.200.000,oo, que deben ser invertidos en el dise\u00f1o, construcci\u00f3n y adecuaci\u00f3n de un sistema de almacenamiento colectivo de residuos s\u00f3lidos para la torre 1 de apartamentos (\u2026) Los valores se obtienen de los cap\u00edtulos 11 y 12 de la cotizaci\u00f3n aportada por el perito Jairo Hernando Upegui, en el marco de la aclaraci\u00f3n solicitada por el Juzgado de Primer grado. (\u2026)\u00bb (Subraya intencional). <\/p>\n
En suma, como la prueba considerada por el juzgador para ratificar y adicionar las condenas impuestas en la segunda instancia fue el dictamen rendido y complementado por el se\u00f1or Jairo Upegui y no el presupuesto presentado con la demanda que fuera elaborado por Acero y Concreto Ingenier\u00eda, por conducto del ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez, \u00e9ste \u00faltimo en modo alguno pudo haber sido tergiversado. <\/p>\n
2.2.- De acuerdo con el desenvolvimiento de la contradicci\u00f3n del dictamen pericial presentado por el ingeniero Jairo Upegui Jaramillo, se pone de presente que con la demanda se aport\u00f3 un documento suscrito por el perito, en cuya referencia se indica \u00abproceso de reclamaci\u00f3n a la constructora, informaci\u00f3n complementaria de estudios\u00bb, que relaciona los conceptos de impermeabilizaci\u00f3n de losas de parqueaderos por $136.505.825; mantenimiento y reparaci\u00f3n de puentes por $66.199.799 y tema ambiental (cuartos de basura y cause de agua) sin valor, precisando que se acord\u00f3 exigir al constructor que diera estricto cumplimiento a la Ley 400 de 1997(folio 21), y seguidamente, a folio 22 se adjunt\u00f3 un \u00ablistado de \u00edtems y cantidades de obra\u00bb solo por la estructura met\u00e1lica puente peatonal por un total de $66.199.799. <\/p>\n
Igualmente, con la demanda se aport\u00f3 un informe t\u00e9cnico denominado \u00abpresupuesto de obras necesarias para recibir copropiedad en las condiciones prometidas por el constructor Monte Paraiso\u00bb, elaborado por el ingeniero civil Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez18, que se indica corresponde a un \u00abestudio detallado de los elementos t\u00e9cnicos, econ\u00f3micos y administrativos que se relacionan con la construcci\u00f3n de las obras en estudio\u00bb, y en su justificaci\u00f3n se indica que la firma ICE, present\u00f3 a la administraci\u00f3n de la copropiedad un informe t\u00e9cnico, en el cual el ingeniero Jairo Upegui se\u00f1ala un listado de falencias que encontr\u00f3 en la copropiedad, por lo que en se procede a presentar \u00ablas cantidades de obra correspondientes tanto a las labores necesarias para darle cumplimiento a las recomendaciones del informe citado anteriormente como a las tareas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos por la constructora con los copropietarios al momento de vender\u00bb. Este informe, de acuerdo con lo dispuesto en el auto de decreto de pruebas, fue agregado al expediente como documento. <\/p>\n
No obstante, en la audiencia de interrogatorio, en varios momentos el perito manifest\u00f3 que no ten\u00eda conocimiento del presupuesto presentado por el ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez, porque no fue de su autor\u00eda, y a la pregunta de si a \u00e9l le encargaron determinar el valor de reparaci\u00f3n de los defectos de la urbanizaci\u00f3n Montepara\u00edso, respondi\u00f3: \u00abnos limitamos \u00fanicamente a la reparaciones de las losas de parqueaderos y de los puentes fue algo puntual porque la copropiedad solicit\u00f3 por otro lado la propuesta del ingeniero Rafael \u00c1lvarez que era la que me estaba citando ahora el abogada y yo no ten\u00eda conocimiento de los valores de las valuaciones. De hecho, se\u00f1ora juez, los valores que yo suministr\u00e9 en mi informe son globales, no tienen an\u00e1lisis de precio unitarios ni est\u00e1n disgregados por los componentes, la propuesta del ingeniero Rafael \u00c1lvarez tiene los apoyos y est\u00e1n discriminados punto por punto, por eso el documento de \u00e9l es mucho m\u00e1s preciso que el que pudiera presentar yo. Yo present\u00e9 fue un valor globalizado para tener un monto aproximado para la reclamaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, al atender la orden de complementar su informe, el experto opt\u00f3 por tener como base el presupuesto elaborado por el ingeniero Rafael \u00c1lvarez, y as\u00ed lo explic\u00f3 con suficiencia en su dictamen complementario. <\/p>\n
Ahora bien, acerca de la valoraci\u00f3n del dictamen y su complementaci\u00f3n, en la sentencia impugnada el juzgador de segundo grado, acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el Tribunal ha de resolver el \u00faltimo reparo de las sociedades demandadas, puesto que ninguna duda queda sobre la valoraci\u00f3n del peritaje del se\u00f1or Jairo Hernando Upegui incluso en el punto relativo al valor de las reparaciones. <\/p>\n
Lo anterior, porque las demandadas siempre se quejaron de que el perito Upegui en audiencia no les proporcionara mayor informaci\u00f3n sobre el aspecto econ\u00f3mico de la reparaci\u00f3n, conducta que para la Sala se justifica, simple y llanamente, en que el ingeniero no estaba en obligaci\u00f3n de hacerlo porque con la demanda se aport\u00f3 el dictamen de costos suscrito por el ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez que la Juez en primera instancia, incluso ahora el Tribunal, podr\u00eda valorar de forma directa (fls. 23-50). <\/p>\n
Es que igual que sucedi\u00f3 con el dictamen pericial presentado por la sociedad ICE, la parte demandada NUNCA solicit\u00f3 la comparecencia a audiencia del se\u00f1or \u00c1lvarez, denotando una vez m\u00e1s la desidia en la defensa de sus intereses, habida cuenta que la parte demandante fund\u00f3 su demanda en sendos y serios conceptos de expertos, de los que se repite no se solicit\u00f3 siquiera comparecencia, mientras que la demandada bas\u00f3 sus excepciones en dichos de terceros y un \u201cperitaje\u201d que se valor\u00f3 como tal, en garant\u00eda de la bilateralidad de la audiencia y para no sacrificar el derecho sustancial so pretexto de las formas. <\/p>\n
Ahora bien, recu\u00e9rdese que s\u00f3lo en la audiencia del 16 de septiembre de 2019 el perito Jairo Hernando Upegui compareci\u00f3 a sustentar la complementaci\u00f3n de su dictamen, en lo que a costos de reparaci\u00f3n se refiere. Por tanto, en el expediente existen incluso 2 pruebas de las que se puede obtener el monto de la indemnizaci\u00f3n, pero la Sala, igual que la a-quo, prefiere la \u00faltima de ellas por haber sido sometida a una ardua contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En este punto debe tenerse en cuenta que, contrario a lo afirmado por los recurrentes, el Tribunal no desfigur\u00f3 la prueba pericial ni alter\u00f3 su contenido objetivo al momento de apreciarla, cosa distinta es que la haya tenido en cuenta, fundamentalmente, por estimar que la conducta de los demandados fue negligente al momento de hacer uso de su derecho de contradicci\u00f3n de las pruebas adosadas con la demanda, argumento basilar de este segmento del fallo sobre el cual ninguna inconformidad manifestaron los recurrentes. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que en el escrito de adici\u00f3n del dictamen el se\u00f1or Upegui Jaramillo al explicar la metodolog\u00eda empleada para ese cometido, se\u00f1al\u00f3 que sostuvo una reuni\u00f3n con el ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez, para tener claridad sobre el documento presentado por \u00e9l y que obra en el expediente; se realiz\u00f3 \u00abverificaci\u00f3n de cantidades de obra y especificaciones para la intervenci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como \u00abevaluaci\u00f3n de las actividades, recursos y valores a la fecha de realizaci\u00f3n del informe hecho por el ingeniero \u00c1lvarez ya que sobre dicho informe se adelantar\u00eda el presente informe\u00bb y se procedi\u00f3 a la \u00abactualizaci\u00f3n del presupuesto inicial recursos, cantidades, valores sobre el presupuesto ajustado del ingeniero \u00c1lvarez\u00bb. A continuaci\u00f3n, se ocup\u00f3 de precisar cu\u00e1les eran las diferencias de costos entre los presupuestos iniciales presentados por ICE SAS y de Acero y Concreto, as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Inicialmente se present\u00f3 por parte de ICE SAS, una valoraci\u00f3n global de las intervenciones de la impermeabilizaci\u00f3n de las losas del parqueadero y las reparaciones de puentes met\u00e1licos, sin detallado mediante A.P.U (An\u00e1lisis de Precios Unitarios). Tan solo se present\u00f3 un valor que diera noci\u00f3n del orden de la magnitud de la cuant\u00eda.<\/p>\n
2. El presupuesto presentado por Acero y Concreto Ingenieros en cabeza del ingeniero Rafael Tob\u00edas \u00c1lvarez, quien fue contratado posteriormente por la Unidad Montepara\u00edso, precisamente en virtud de no tener un valor ajustado y preciso sobre el monto total de la reclamaci\u00f3n, ofreci\u00f3 unos costos con los respectivos an\u00e1lisis de precios unitarios y las evaluaciones en campo, partiendo de la condici\u00f3n real de la estructura, su detallado y el informe de evaluaci\u00f3n hecho por nuestra empresa ICE SAS.<\/p>\n
3. Los valores se presentan con base en el presupuesto detallado del ingeniero \u00c1lvarez en el momento hist\u00f3rico de su presentaci\u00f3n, se hacen los ajustes pertinentes por el cambio de a\u00f1o (\u2026) y se actualiza a valores de 2019. <\/p>\n
Como puede apreciarse, seg\u00fan lo explic\u00f3 el mismo perito, para efectos de complementar su informe t\u00e9cnico y dar cumplimiento a lo ordenado por la juez de primera instancia, consider\u00f3 adecuado valerse del presupuesto presentado desde un comienzo por la accionante, que ya obraba en el expediente y fue elaborado por otra firma, pero con soporte en su primer diagn\u00f3stico; en ese orden, asever\u00f3 que procedi\u00f3 a contactar a su autor, a efectuar las pertinentes verificaciones y a actualizar sus conclusiones. As\u00ed las cosas, una vez dicha complementaci\u00f3n fue puesta en conocimiento de las convocadas, seg\u00fan se lee en el auto del 29 de agosto de 2019, \u00abpara los efectos que contempla el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, su contradicci\u00f3n deb\u00eda someterse al procedimiento consagrado en esa disposici\u00f3n, que comprende la posibilidad de \u00absolicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones\u00bb; no obstante, en el t\u00e9rmino de traslado, las accionadas lejos de valerse de una o de las dos mentadas prerrogativas, se limitaron a manifestar por escrito algunas desavenencias con la adici\u00f3n de la experticia y a dejar al criterio del juzgador establecer si era necesario decretar otro dictamen. <\/p>\n
De all\u00ed que el argumento del Tribunal respecto a la desidia de la parte demandada al momento de controvertir la prueba pericial no es infundado, es m\u00e1s, ni siquiera fue cuestionado por los casacionistas, quienes solo quieren hacer ver ahora que el juzgador no debi\u00f3 darle m\u00e9rito a la prueba t\u00e9cnica, pese a que ellos no aprovecharon las oportunidades legales para allegar otra id\u00f3nea en aras de socavar sus conclusiones; y aunque su apoderado interrog\u00f3 al perito en la audiencia, de ese ejercicio tampoco logra extraerse una base s\u00f3lida que permita derruir las inferencias del tribunal y su determinaci\u00f3n de acoger la complementaci\u00f3n de la experticia para determinar el monto de la indemnizaci\u00f3n, tal como lo hizo el a quo. <\/p>\n
2.3.- Tambi\u00e9n resulta infundado lo referente a que el juzgador de segunda instancia omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n del presupuesto de reparaciones de losas de parqueaderos y puentes met\u00e1licos presentado inicialmente por el perito Jairo Hernando Upegui (ICE), denominado \u00abproceso de reclamaci\u00f3n a la constructora, informaci\u00f3n complementaria de estudios\u00bb, pese a que conten\u00eda los valores determinados por el equipo de trabajo del perito de forma directa. Lo anterior, por cuanto seg\u00fan se dilucid\u00f3 con la complementaci\u00f3n del dictamen pericial y el interrogatorio absuelto por el perito en la reanudaci\u00f3n de la audiencia, fue \u00e9l mismo quien en gran medida dej\u00f3 de lado lo conceptuado en su trabajo inicial, para hacer suyas las conclusiones de Acero y Concreto Ingenier\u00eda, aduciendo que esta \u00faltima, a diferencia de la de ICE SAS, daba cuenta de un an\u00e1lisis de costos con los precios unitarios, as\u00ed como de las \u00abevaluaciones en campo, partiendo de la condici\u00f3n real de la estructura, su detallado y el informe de evaluaci\u00f3n hecho por nuestra empresa ICE SAS\u00bb. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, el hecho de que tanto el juzgador de primera instancia como su superior le hayan brindado mayor credibilidad a las conclusiones plasmadas en la adici\u00f3n de la experticia que al informe inicial del mismo perito, en modo alguno se erige como un desafuero f\u00e1ctico evidente y trascendente, pues los recurrentes no ofrecen elementos de juicio que permitan deducir que esa apreciaci\u00f3n fue err\u00e1tica y que la que ellos ahora proponen era la \u00fanica plausible en ese caso, todo lo contrario, sus aseveraciones no dejan de ser la mirada particular de esos medios orientada a la salvaguarda de sus propios intereses. <\/p>\n
2.4.- Los defectos f\u00e1cticos en que se afirma incurri\u00f3 el juzgador, en lo concerniente a la estimaci\u00f3n de los valores del sistema de disposici\u00f3n de basuras, por indebida apreciaci\u00f3n de algunas pruebas, tampoco se acreditaron. <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, porque, como se dijo en l\u00edneas anteriores, no es factible atribuirle al Tribunal tergiversaci\u00f3n del presupuesto presentado por Acero y Concreto Ingenier\u00eda, allegado como anexo de la demanda, toda vez que ese elemento de convicci\u00f3n no fue valorado al desatar el recurso de apelaci\u00f3n, lo que resulta suficiente para descartar un desafuero de ese talante. <\/p>\n
En cuanto a la tergiversaci\u00f3n de la complementaci\u00f3n al dictamen en lo que respecta a la adecuaci\u00f3n del sistema de basuras, b\u00e1sicamente la censura se duele de que el presupuesto referido en esa ocasi\u00f3n por el ingeniero Upegui es exactamente igual al presentado por Acero y Concreto Ingenier\u00eda, que no es claro, riguroso, ni preciso en sus conclusiones, por lo que resultaba insuficiente para cuantificar los perjuicios. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico, al reparar en el escrito de r\u00e9plica de la complementaci\u00f3n, se aprecia que los accionados encaminaron sus esfuerzos a hacer ver que el perito desbord\u00f3 el l\u00edmite de lo ordenado por el juez cuando le encomend\u00f3 adicionar su experticia, particularmente, que no pod\u00eda por esa v\u00eda actualizar un presupuesto que fue \u00abdesconocido en la audiencia por el mismo perito\u00bb, no obstante, de manera puntual, no cuestionaron el presupuesto presentado en esa oportunidad respecto a la adecuaci\u00f3n del sistema de basuras, ni presentaron otra experticia para contradecir esas inferencias, siendo esas las prerrogativas que el ordenamiento procesal les brindaba para refutar el dictamen, aunada a la posibilidad de interrogar al experto en la audiencia, toda vez que la complementaci\u00f3n se decret\u00f3 de oficio, de conformidad con el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por otra parte, en la audiencia de interrogatorio al perito celebrada el 16 de septiembre de 2019, con respecto a la complementaci\u00f3n de su experticia, el apoderado de las demandadas no formul\u00f3 ninguna pregunta acerca de los valores relacionadas con la adecuaci\u00f3n del sistema de basuras19, ni mucho menos con aspectos referentes a la instalaci\u00f3n de un malacate, y solo de manera general le indag\u00f3: \u00abO sea que la nueva cotizaci\u00f3n de CIPRA corresponde exactamente con lo presupuestado por el ingeniero Tob\u00edas\u00bb, a lo que \u00e9ste respondi\u00f3: \u00abno se\u00f1or, en absoluto, los precios fueron reajustados todos. De hecho, en el informe se present\u00f3 una proyecci\u00f3n al 2017 al 2018 y al 2019\u00bb. <\/p>\n
En esa medida, es claro que la desidia en el ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n del dictamen en la forma y t\u00e9rmino que rige el actual sistema procesal, como expresi\u00f3n del principio probatorio de preclusi\u00f3n, no puede ser corregido por la v\u00eda de la causal segunda de casaci\u00f3n, a menos, claro est\u00e1, que se acredite un yerro grave y trascendente en la apreciaci\u00f3n del medio, cosa que aqu\u00ed no ocurri\u00f3. <\/p>\n
2.5.- La aducida suposici\u00f3n de la prueba de la ruina de los puentes met\u00e1licos a partir del posible desplome del edificio de parqueaderos, es a todas luces infundada. <\/p>\n
Los recurrentes para fincar este argumento aseguraron que el perito Upegui Jaramillo emiti\u00f3 afirmaciones contradictorias en su dictamen inicial y la respectiva complementaci\u00f3n, que no fueron advertidas por el juzgador; de ese modo, es evidente que est\u00e1n pasando por alto que las conclusiones del Tribunal sobre ese aspecto que fue controvertido en el recurso de alzada, emanaron de un an\u00e1lisis ponderado de los dos dict\u00e1menes allegados por las partes, toda vez que fue esa la naturaleza que le reconoci\u00f3 al concepto t\u00e9cnico emitido por la ingeniera Adriana Toro, y que fue a partir del estudio en conjunto de esas probanzas que dedujo que \u00abla amenaza de ruina de los parqueaderos es la misma que se cierne sobre los puentes peatonales\u00bb. Concretamente, sobre ese tema, expuso: <\/p>\n
La discusi\u00f3n planteada por las sociedades apelantes es bien concreta: la norma transcrita \u00fanicamente se aplica cuando el edificio perece o amenaza ruina, en todo o parte, lo que en este caso no aplica porque las edificaciones que componen la copropiedad se encuentran en perfecto estado de conservaci\u00f3n y estabilidad estructural, lo que indica la clara improcedencia de someter el caso bajo la regla elegida por la a-quo. <\/p>\n
Ahora, est\u00e1 claro para la Sala que las conclusiones sobre la amenaza de ruina o el perecimiento son asuntos a cuyo conocimiento se llega por medio de la prueba pericial, habida cuenta de la alt\u00edsima complejidad ingenieril que su determinaci\u00f3n supone, por lo que se hace imperioso el an\u00e1lisis de tal medio de prueba, para este concreto reparo, en los estrictamente necesario para determinar el perecimiento o la amenaza de ruina de los edificios que componen la copropiedad, pues los dem\u00e1s aspectos de la valoraci\u00f3n probatoria ser\u00e1n objeto de cap\u00edtulo individual. <\/p>\n
Por tanto, analizada la prueba pericial aportada por ambas partes de entrada se advierte que ninguno de los peritos comparecientes niega que en efecto la edificaci\u00f3n amenaza ruina, por lo menos en lo que tiene que ver con el edificio de parqueaderos y los puentes peatonales que lo comunican con la torre 1 de apartamentos. Claro est\u00e1, se trata de una amenaza de ruina y no de un perecimiento estructural consumado. Las conclusiones periciales que sustentan tal afirmaci\u00f3n son las siguientes: <\/p>\n
Por parte del se\u00f1or Jairo Hernando Upegui, cuyo peritaje fue aportado a instancias de la parte demandante, se asegur\u00f3 que \u201cpienso que vale la pena diferenciar torre de apartamentos y la de parqueaderos y puentes. En cuanto a los puentes y la torre de parqueaderos yo pensar\u00eda que S\u00cd hay amenaza de ruina\u201d. <\/p>\n
A esa conclusi\u00f3n lleg\u00f3 el perito al considerar que hubo un problema en la concepci\u00f3n misma del proceso constructivo, que llev\u00f3 a no ejecutar ninguna labor para la prevenci\u00f3n de las eflorescencias y cripto florescencias que actualmente se observan en la torre parqueaderos, am\u00e9n de la errada e inadecuada instalaci\u00f3n de los puentes mediante el sistema de \u201cempotramiento\u201d (audio 26). <\/p>\n
Incluso, si se valora esa declaraci\u00f3n del perito de la parte demandante con las conclusiones (sobre ese mismo aspecto) de la perito Adriana Toro Londo\u00f1o, f\u00e1cil se descubre que ninguna diferencia existe en la opini\u00f3n de ambos ingenieros, en tanto que la se\u00f1ora Toro, por m\u00e1s que lo hizo de manera much\u00edsimo m\u00e1s t\u00edmida, indic\u00f3 claramente que en efecto la unidad residencial tiene algunos problemas de filtraciones de agua que deben atenderse urgentemente, so pena de una tragedia mayor. <\/p>\n
En efecto, las demandadas fundan su apelaci\u00f3n en que la ingeniera Toro asegura que \u201cno hay problemas, visit\u00e9 la Unidad una vez, en general no encontr\u00e9 patolog\u00eda, todo lo contrario, encontr\u00e9 unidad en condiciones habitables, sostenible, durable, ingres\u00e9, camin\u00e9, ingres\u00e9 al parqueadero, cruc\u00e9 por puentes, visualmente aprecia normalidades NO HAY NADA QUE ASUSTE.\u201d (MIN. 07.09). En adici\u00f3n, insisti\u00f3 la perito en varias ocasiones que en ning\u00fan caso los edificios podr\u00edan arruinarse. <\/p>\n
Empero, la perito nunca neg\u00f3 que en la losa de los parqueaderos exist\u00edan fisuras y grietas que permiten el paso inadecuado de aguas, por lo que, indagada por el apoderado de la parte demandante sobre las consecuencias de esas filtraciones, indic\u00f3 que (MIN. 29.0) \u201cse sabe de todas maneras que el concreto tiene procesos de micro fisuraci\u00f3n, porque sabemos que el agua ingresa es ah\u00ed donde podr\u00eda afectar el hierro. El hierro nunca queda a intemperie, est\u00e1 recubierto, se supone que la micro fisuraci\u00f3n no tiene por qu\u00e9 afectar el hierro, si la dejamos sin un proceso de impermeabilizaci\u00f3n, por eso insisto que hay que sellarlas (MIN. 30.49). (…) hay que hacer proceso de lavado y ponerle un producto especializado (MIN. 31.15)\u201d. <\/p>\n
Entonces, aunque la mencionada ingeniera no explic\u00f3 de manera detallada a qu\u00e9 se refiere con que \u201csabemos que el agua ingresa es ah\u00ed donde podr\u00eda afectar el hierro\u201d, el perito Jairo Hernando Upegui, en su intervenci\u00f3n posterior de ampliaci\u00f3n, precis\u00f3 que esas filtraciones de agua, con el paso del tiempo llevar\u00e1n a que \u201cse desprende el acero de la matriz del concreto\u201d y la edificaci\u00f3n tiene un rendimiento muy por debajo al esperado. <\/p>\n
La edificaci\u00f3n amenaza ruina CLARO.\u201d (min. 55.40 audio ampliaci\u00f3n) De modo que para la Sala la confluencia del dicho de ambos peritos se hace evidente en que el aportado por la parte demandante, sin temor o duda alguna, afirma la amenaza de ruina del edificio de parqueaderos y los puentes peatonales que lo comunican con la torre 1 de apartamentos, mientras que si bien la experta tra\u00edda a juicio por la demandada asegura que la amenaza de ruina no existe, acepta el grave problema de fisuraci\u00f3n del concreto de esa edificaci\u00f3n que trae consigo la natural filtraci\u00f3n de aguas que, con el simple paso del tiempo, puede afectar la adherencia del acero a la matriz de concreto y la final ruina. <\/p>\n
Ahora, ambos peritos aceptan que los puentes peatonales est\u00e1n anclados o apoyados (eso se discutir\u00e1 luego en el aparte de los supuestos defectos constructivos) tanto a la torre 1 como al edificio de parqueaderos, al punto que para el ingeniero Upegui el grave defecto constructivo en ese punto es el inadecuado \u201cempotramiento\u201d de los puentes, mientras que para la ingeniera Toro los puentes est\u00e1n fijados \u201ccompletamente al parqueadero y al otro lado tienen que quedar apoyados, que va fijado y anclado con pernos y all\u00ed se apoya\u201d (MIN. 14.00 audio peritaje). <\/p>\n
De suerte que ninguna experticia se requiere para concluir que la amenaza de ruina para el edificio de parqueaderos es la misma que se cierne sobre los puentes peatonales, porque apoyados, empotrados o anclados a la torre de parqueaderos, es apenas l\u00f3gico que ante el derrumbamiento del primero los segundos caer\u00edan en movimiento conjunto, por estar \u00edntimamente unidos. (Subraya intencional). <\/p>\n
Adem\u00e1s, ning\u00fan sentido tendr\u00eda valorar los dichos de la ingeniera Adriana Toro de manera irreflexiva y sin ninguna armon\u00eda con lo dictaminado por el colega que rindi\u00f3 dictamen para su contraparte, porque aceptar simplemente que la losa de parqueaderos debe ser correctamente impermeabilizada, para evitar que el agua se siga filtrando sin ninguna aparente consecuencia ante la falta de tal medida correctiva, ser\u00eda tanto como desconocer el proceso natural y obvio que el agua causa en las propiedades f\u00edsicas del acero, y cerrar los ojos ante la evidente realidad que el ingeniero Upegui describi\u00f3 como \u201cafectaci\u00f3n de la adherencia del acero al concreto\u201d y el consecuente rendimiento deficiente de la estructura. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, al referirse a los reparos acerca de la relaci\u00f3n estructural entre los puentes peatonales y la torre de parqueaderos, tras analizar las pruebas t\u00e9cnicas y testimoniales allegadas al juicio, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Entonces, ll\u00e1mese anclaje, pernado o empotramiento, lo cierto es que los puentes peatonales est\u00e1n ligados a la estructura de parqueaderos, lo que per se no es inadecuado, siempre que se haga de la manera a la que se refiere el ingeniero Upegui, cuando como soluci\u00f3n propone que \u201cen este caso tenemos ambos deterioros, uniones del puente con edificios y los del puente mismo. <\/p>\n
Hay que desmontar el puente, reparar uniones y volverlo a montar Hecho eso, reparo las uniones del puente como tal\u201d (min. 48.00 ampliaci\u00f3n). As\u00ed las cosas, c\u00f3mo aceptar simplemente que los puentes peatonales est\u00e1n \u201capoyados\u201d de manera superficial en la torre de parqueaderos sin riesgo alguno, pues ninguna de las partes niega que ese anclaje existe, pero la diferencia es la misma que anteriores oportunidades: la perito y los testigos de la parte demandada aceptan lo afirmado por la demandante sobre la pr\u00e1ctica constructiva inadecuada, en este caso consistente en una err\u00f3nea instalaci\u00f3n de los puentes que desconoce el sistema de transferencia de fuerzas, guardando absoluto silencio sobre las posibles consecuencias. <\/p>\n
En tal supuesto, ninguna l\u00f3gica tiene para la Sala que en efecto se identifique un problema, se acepte en parte que la demandante tiene raz\u00f3n sobre la inescindibilidad estructural del edificio de parqueaderos y la torre 1 de apartamentos, se acredite t\u00e9cnicamente la amenaza de ruina que se cierne sobre el mentado edificio si no se corrigen las fallas de filtraci\u00f3n de aguas, para finalmente concluir que ning\u00fan error constructivo han cometido las demandadas y ning\u00fan riesgo existe para la copropiedad, incluso si ninguna obra de correcci\u00f3n se realiza. Entonces, razonar de la manera que propone la parte demandada, equivale a llevar el proceso cognoscitivo hasta la mitad del camino. <\/p>\n
En las descritas circunstancias, el an\u00e1lisis del material demostrativo realizado por el Tribunal para dar respuesta al motivo de apelaci\u00f3n relacionado con la verificaci\u00f3n del supuesto de hecho de la amenaza de ruina deducido por el a quo, deja al descubierto que la alegada suposici\u00f3n de la prueba en ese sentido es a todas luces contraevidente, pues el razonamiento que sirve de base a esas inferencias acompasa con lo que emerge de las probanzas all\u00ed analizadas. <\/p>\n
3.- En s\u00edntesis, de acuerdo con las consideraciones que preceden, el Tribunal valor\u00f3 las pruebas recopiladas, sin que en ese labor\u00edo se detecte alteraci\u00f3n de su contenido objetivo, por el contrario, sus conclusiones guardan correspondencia con lo que real y materialmente se desprende de ellas, por lo que no es factible calificarlas de irrazonables para resolver la Litis del modo que lo hizo. <\/p>\n
Por lo anterior, el cargo no se abre paso. <\/p>\n
4.- Como la decisi\u00f3n es adversa a las recurrentes, se les condenar\u00e1 en costas, de conformidad con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 e inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la parte demandada replic\u00f3 el recurso extraordinario. <\/p>\n
XI.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: No casar la sentencia proferida el 25 de agosto de 2020, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso en referencia. <\/p>\n
Segundo: Condenar en costas a los impugnantes. Por concepto de agencias en derecho, se fija la suma de diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fls. 240-255, c. 1 <\/p>\n
2\u0002 Fls. 703 a 719, c. 1 <\/p>\n
3\u0002 Fls. 732 a 746, c. 1 <\/p>\n
4\u0002 Folios 839-840. C. 1A. <\/p>\n
5\u0002 Ordinal 5\u00b0 de la parte resolutiva del fallo. <\/p>\n
6\u0002 Teor\u00eda General de la Prueba Judicial, Tomo I. 5\u00b0 ed. Temis, Bogot\u00e1, 2006, p\u00e1g. 263. <\/p>\n
7\u0002 Op. Cit. P\u00e1g. 107 <\/p>\n
8\u0002 Op. Cit. P\u00e1g. 115 <\/p>\n
9\u0002 Folios 207 a 216, cuaderno 1. <\/p>\n
10\u0002 Folios 749 a 760, cuaderno 1A <\/p>\n
11\u0002 Folios 761 a 762, cuaderno 1A <\/p>\n
12\u0002 Folios 763 a 765, cuaderno 1\u00aa. <\/p>\n
13\u0002 Cfr. Folio 770. C. 1A <\/p>\n
14\u0002 Folio 811, c. 1A <\/p>\n
15\u0002 Folios 812 a 815, cuaderno 1A. <\/p>\n
16\u0002 Art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
17\u0002 Audiencia de fallo. Hora: 13.10 <\/p>\n
18\u0002 Cfr. Folios 23-50 cuaderno 1. <\/p>\n
19\u0002 Cfr. Minuto 57.19 audiencia reanudada. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC354-2023 (2019-00009-01) Magistrada Ponente SC354-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-013-2019-00009-01 (Aprobado en Sala del diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por Constructora Monserrate de Colombia S.A.S. y Constructora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76025","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76025","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76025"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76025\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76025"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76025"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76025"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}