SC365-2023 (2022-04319-00)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC365-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04319-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide en forma anticipada el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que formul\u00f3 la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A. \u2013 en liquidaci\u00f3n contra la sentencia de 27 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Pereira. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Recuento del tr\u00e1mite ordinario. <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD pidi\u00f3 declarar que Idalba Lucia L\u00f3pez Rojas y su n\u00facleo familiar \u00abson titulares del derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras en relaci\u00f3n con los predios \u201cEl Retiro\u201d, \u201cLa Miranda\u201d, \u201cLa Monta\u00f1a\u201d o \u201cAlto Bello\u201d [y] \u201cEl Lim\u00f3n\u201d, ubicados en el Corregimiento Bolivia, Veredas El Retiro, La Albania, Bolivia, La Albania, respectivamente, del municipio de Pensilvania \u2013 Departamento de Caldas\u00bb. <\/p>\n
Por auto de 5 de diciembre de 2017, se adoptaron las determinaciones que prescribe el art\u00edculo 86 de la Ley 1448 de 2011, y se orden\u00f3 tambi\u00e9n \u00abla publicaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la presente solicitud (…) en la p\u00e1gina web de la UAEGRTD y en un diario de amplia circulaci\u00f3n nacional (…), para que todas las personas indeterminadas que tengan derechos leg\u00edtimos sobre los inmuebles, as\u00ed como los acreedores de obligaciones relacionadas con los predios y las personas que se consideren afectadas con la suspensi\u00f3n de los procesos judiciales y procedimientos administrativos, comparezcan al proceso y hagan valer sus derechos\u00bb. <\/p>\n
Surtidas las etapas pertinentes, y tras verificar que no se hubieran presentado oposiciones, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Pereira reconoci\u00f3 la calidad de v\u00edctimas de abandono forzado de los solicitantes, y orden\u00f3 \u2013entre otras cosas\u2013 que se les restituyeran los inmuebles rurales rese\u00f1ados, que figuraban como de propiedad de la se\u00f1ora Pastora Rojas Guar\u00edn, ya fallecida, y de su \u00fanica hija, la reclamante L\u00f3pez Rojas. <\/p>\n
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La Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A. finc\u00f3 su impugnaci\u00f3n en el s\u00e9ptimo motivo de revisi\u00f3n, consistente en \u00ab[e]star el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad\u00bb. <\/p>\n
En sustento de su censura, sostuvo que Central de Inversiones S.A. (en adelante, CISA) tramit\u00f3 ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pensilvania un \u00abproceso ejecutivo mixto\u00bb contra las se\u00f1oras Rojas Guar\u00edn y L\u00f3pez Rojas, en el que se profiri\u00f3 sentencia ordenando seguir la ejecuci\u00f3n. Con posterioridad, la entidad ejecutante (CISA) cedi\u00f3 su cr\u00e9dito a la impugnante extraordinaria (Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.), y a esta \u00faltima termin\u00f3 adjudic\u00e1ndosele la propiedad de los fundos \u201cEl Retiro\u201d y \u201cLa Monta\u00f1a\u201d, por cuenta de la deuda insoluta. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que, a pesar de tener constancia de la cesi\u00f3n y de la adjudicaci\u00f3n, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Pereira omiti\u00f3 \u00abcorrerle traslado [a la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.] de la demanda de restituci\u00f3n\u00bb, remitiendo equivocadamente varias comunicaciones a CISA, entidad que, dada la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos referida, no tiene ning\u00fan inter\u00e9s actual en la suerte de los bienes a los que se refiere el fallo recurrido. <\/p>\n
Por \u00faltimo, anot\u00f3 que \u00abno puede tenerse a la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A. como persona indeterminada, m\u00e1xime cuando el despacho de restituci\u00f3n de tierras la nombra en la sentencia (…) confundiendo la figura de cedente con la de cesionario del cr\u00e9dito\u00bb, y que, \u00aba voces de la ley 1448 de 2011, los derechos de cr\u00e9dito de las entidades financieras y de acreedores deben ser compensados o reparados, sin que se patrocine de manera grosera una especie de extinci\u00f3n de derechos sin el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
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3. Tr\u00e1mite del recurso. <\/p>\n
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1. La censura extraordinaria fue admitida por auto de 30 de enero de 2023, del cual se notificaron \u2013por conducta concluyente\u2013 la UAEGRTD y quienes fungieron como partes en el juicio de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
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2. Al descorrer el traslado del recurso, la UAEGRTD aleg\u00f3 que \u00abse desplegaron todas las gestiones necesarias para cumplir con la publicidad de la demanda; y de igual manera, en el tr\u00e1mite administrativo de restituci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo la diligencia de inscripci\u00f3n (…), pero en ning\u00fan momento en el tr\u00e1mite administrativo, ni tampoco en el tr\u00e1mite judicial, se present\u00f3 tercero interviniente (sic) manifestando su afectaci\u00f3n, a pesar de existir la debida publicaci\u00f3n y registro\u00bb. <\/p>\n
A su turno, Idalba Lucia L\u00f3pez Rojas y su c\u00f3nyuge, Rafael Alberto Gallego Casta\u00f1o \u2013reclamantes en el juicio en el que se profiri\u00f3 la sentencia censurada\u2013, presentaron sus alegatos de forma extempor\u00e1nea. <\/p>\n
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3. Por auto de 19 de abril de 2023 se decretaron las pruebas solicitadas, todas ellas de naturaleza documental. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Procedencia del pronunciamiento anticipado. <\/p>\n
De acuerdo con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, cuando no existen pruebas pendientes de pr\u00e1ctica \u2013como ocurre en este caso\u2013 resulta preciso definir el litigio anticipadamente1, prescindiendo de las etapas procesales que prev\u00e9 el art\u00edculo 607-4 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) aunque el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201cVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u201d, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto, imponen un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 ago., entre otras). <\/p>\n
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2. Causal s\u00e9ptima de revisi\u00f3n. <\/p>\n
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1. Ha dicho la jurisprudencia que la prosperidad de la causal s\u00e9ptima de revisi\u00f3n exige la configuraci\u00f3n de <\/p>\n
\u00ab(…) uno cualquiera de los siguientes eventos: \u201cindebida representaci\u00f3n, falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento\u201d. Este requerimiento implica que no toda irregularidad en la vinculaci\u00f3n al proceso da cabida al motivo de revisi\u00f3n extraordinario. Debe tratarse de aqu\u00e9lla que le impida al revisionista hacerse parte en el mismo, y con ello ejercer su derecho de defensa. S\u00f3lo as\u00ed podr\u00eda aceptarse la revisi\u00f3n de una sentencia ejecutoriada pues proferida con desconocimiento del derecho de defensa de quien debe ser vinculado, no lograr\u00eda estructurarse la cosa juzgada, y por esa v\u00eda, dar\u00eda lugar a su invalidaci\u00f3n a trav\u00e9s de ese recurso extraordinario. <\/p>\n
Por regla general, cuando el recurrente alega no haber sido notificado del inicio del proceso en el que se dict\u00f3 el fallo impugnado, es necesario satisfacer un requerimiento l\u00f3gico, consistente en acreditar la condici\u00f3n de (i) parte demandada en el proceso, o (ii) litisconsorte necesario. De lo contrario, el enteramiento no habr\u00eda sido forzoso, y, por lo mismo, no podr\u00eda deducirse ning\u00fan vicio procesal de su falta de pr\u00e1ctica; menos a\u00fan uno constitutivo del octavo motivo de nulidad, que habilita el s\u00e9ptimo de revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora bien, esa pauta debe adaptarse a las normas especiales en materia de restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de inmuebles despojados, pues all\u00ed el legislador estableci\u00f3 dos modalidades distintas de notificaci\u00f3n del inicio del tr\u00e1mite, que dependen del tipo de relaci\u00f3n jur\u00eddica existente entre la persona a enterar y el bien a restituir: <\/p>\n
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i. Seg\u00fan el art\u00edculo 86, lit. c), de la Ley 1448 de 2011, en el auto admisorio debe ordenarse \u00abla publicaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la solicitud, en un diario de amplia circulaci\u00f3n nacional, con inclusi\u00f3n de la identificaci\u00f3n del predio y los nombres e identificaci\u00f3n de la persona quien (sic) abandon\u00f3 el predio cuya restituci\u00f3n se solicita, para que las personas que tengan derechos leg\u00edtimos relacionados con el predio, los acreedores con garant\u00eda real y otros acreedores de obligaciones relacionadas con el predio, as\u00ed como las personas que se consideren afectadas por la suspensi\u00f3n de procesos y procedimientos administrativos comparezcan al proceso y hagan valer sus derechos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. A su turno, el precepto 87 de la misma normativa establece que \u00ab[e]l traslado de la solicitud se surtir\u00e1 a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradici\u00f3n y libertad de matr\u00edcula inmobiliaria donde est\u00e9 comprendido el predio sobre el cual se solicite la restituci\u00f3n y a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Este traslado debe realizarse atendiendo las previsiones del art\u00edculo 91 del C\u00f3digo General del Proceso (a cuyo tenor \u00ab[e]l traslado se surtir\u00e1 mediante la entrega, en medio f\u00edsico o como mensaje de datos, de copia de la demanda y sus anexos al demandado, a su representante o apoderado, o al curador ad litem…\u00bb), lo cual implica notificar personalmente a quienes sean titulares de derechos inscritos en el folio de matr\u00edcula del predio sobre el que versa el tr\u00e1mite judicial de restituci\u00f3n. <\/p>\n
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3. Caso concreto. <\/p>\n
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1. Es pertinente anotar que, desde una perspectiva puramente literal, la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A. podr\u00eda incluirse en cualquiera de las dos categor\u00edas a las que se refieren las normas transcritas de la Ley 1448. De un lado, ser\u00eda acreedora con garant\u00eda real y tendr\u00eda derechos sobre dos de los predios respecto de los que versaba el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n, pues se le adjudicaron en remate por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pensilvania (aunque ese t\u00edtulo nunca lleg\u00f3 a registrarse). <\/p>\n
Pero, por otra parte, tambi\u00e9n es titular inscrita de un derecho real de hipoteca, que si bien figura a nombre del \u00abBanco Cafetero Manzanares\u00bb (anotaciones 3 y 11 de los folios de matr\u00edcula n.\u00b0 114-7237 \u2013finca \u201cEl Retiro\u201d\u2013, y 114-7426 \u2013finca \u201cLa Monta\u00f1a\u201d\u2013), debe entenderse en cabeza de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A., luego de que el cr\u00e9dito garantizado le fuera cedido por CISA, quien lo recibi\u00f3 de manos del primer acreedor hipotecario. <\/p>\n
La potencial ambivalencia de la regulaci\u00f3n no es un asunto menor, pues determina el modo en el que deb\u00eda comunicarse a la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A. la iniciaci\u00f3n del juicio que se promovi\u00f3 en favor de la se\u00f1ora L\u00f3pez Rojas y su n\u00facleo familiar. Si se asume que dicha sociedad ten\u00eda \u00abderechos leg\u00edtimos relacionados con el predio\u00bb, bastar\u00eda con el emplazamiento \u2013que se realiz\u00f3 atendiendo las pautas legales\u2013; si, en cambio, se le considerara \u00abtitul[ar] inscrit[a] de derechos en el certificado de tradici\u00f3n y libertad de matr\u00edcula inmobiliaria donde est\u00e9 comprendido el predio sobre el cual se solicite la restituci\u00f3n\u00bb, su notificaci\u00f3n deber\u00eda ser personal. <\/p>\n
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2. Para resolver la problem\u00e1tica planteada, es necesario acudir a los lineamientos hermen\u00e9uticos previstos en los art\u00edculos 27 de la Ley 1448 (\u00abel int\u00e9rprete de las normas consagradas en la presente ley se encuentra en el deber de escoger y aplicar la regulaci\u00f3n o la interpretaci\u00f3n que m\u00e1s favorezca a la dignidad y libertad de persona humana\u00bb) y 11 del C\u00f3digo General del Proceso (\u00abAl interpretar la ley procesal el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb). <\/p>\n
Dichos criterios de interpretaci\u00f3n ofrecen razones para preferir la notificaci\u00f3n personal. En efecto, esta alternativa maximiza la garant\u00eda del derecho al debido proceso y permite la realizaci\u00f3n de los principios de publicidad y contradicci\u00f3n, siendo del caso reiterar que la legitimidad de la funci\u00f3n jurisdiccional depende del cumplimiento de una serie de formalidades establecidas en salvaguardia de las libertades b\u00e1sicas ciudadanas, entre las que destaca la exigencia de que ambos extremos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica que se debate \u2013esto es, quien se atribuye la titularidad de un derecho, y a quien se le imputa la carga correlativa\u2013 sean enterados de todas las decisiones que adopten los jueces en el decurso de un tr\u00e1mite que los involucre. <\/p>\n
Usualmente, ambas partes se notifican acudiendo al mismo mecanismo comunicativo (v. gr., por anotaci\u00f3n en el estado, o en estrados); pero no ocurre lo mismo con la decisi\u00f3n que marca el hito inicial del proceso (el auto admisorio de la demanda, o el mandamiento de pago, por ejemplo), pues esta es esperada por el convocante, pero suele ser ajena a su contraparte. Para superar esa inicial asimetr\u00eda de informaci\u00f3n, la ley consagr\u00f3 un m\u00e9todo especial y exigente de publicidad, consistente en la notificaci\u00f3n personal del inicio del proceso al demandado. <\/p>\n
\u00abConforme a la doctrina jur\u00eddica, la notificaci\u00f3n judicial es un acto procesal mediante el cual se hacen saber o se ponen en conocimiento de las partes o de terceros las decisiones adoptadas por los funcionarios respectivos, con las formalidades se\u00f1aladas en las normas legales. En virtud de esta funci\u00f3n, dicho acto es un instrumento primordial de materializaci\u00f3n del principio de publicidad de la funci\u00f3n jurisdiccional consagrado en el Art. 228 superior. Por efecto de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que est\u00e9n en desacuerdo con ellas y ejercer su derecho de defensa. Por esta raz\u00f3n, el mismo constituye un elemento b\u00e1sico del debido proceso previsto en el Art. 29 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
El C\u00f3digo (…) contempla varias modalidades de notificaci\u00f3n, as\u00ed: personal, por aviso, por estado, por edicto, en estrados y por conducta concluyente. De dichas modalidades la personal es la que ofrece una mayor garant\u00eda del derecho de defensa, en cuanto permite en forma clara y cierta el conocimiento de la decisi\u00f3n por la parte o el tercero que la recibe. Por esta raz\u00f3n [se] establece que deber\u00e1n hacerse personalmente las notificaciones: i) al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto que confiere traslado de la demanda o que libra mandamiento ejecutivo, y en general la de la primera providencia que se dicte en todo proceso; ii) la primera que deba hacerse a terceros. Ello se explica porque con dichas providencias el destinatario queda vinculado formalmente al proceso como parte o como interviniente y queda sometido a los efectos jur\u00eddicos de las decisiones que se adopten en \u00e9l, en particular a la sentencia que le pone fin\u00bb (CC, C-783-2004). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, esta Sala ha insistido en que el derecho fundamental al debido proceso exige <\/p>\n
\u00ab\u201cser enterado de la actuaci\u00f3n judicial iniciada en contra y, por esa senda, acceder al abanico de posibilidades de contradicci\u00f3n que brinda el ordenamiento jur\u00eddico, pues, de no darse aquella, queda cercenada de tajo cualquier posibilidad ulterior de ejercicio de esos privilegios\u201d (CSJ SC7882-2018, criterio reiterado en CSJ SC4064-2020, 20 oct.). Y es que del principio general del Derecho \u201cNadie puede ser condenado sino es o\u00eddo\u201d, se derivan un sinn\u00famero garant\u00edas a favor del enjuiciado, entre ellas, el derecho a resistir las pretensiones del demandante. As\u00ed que, las legislaciones deben contemplar varios mecanismos con el prop\u00f3sito de alcanzar la audiencia de quien ha sido llamado a juicio, a fin de que acuda a afrontar su defensa, porque de no lograrse ello por cualquier raz\u00f3n, la providencia judicial podr\u00eda ser calificada como injusta\u00bb (CSJ SC4854-2021). <\/p>\n
La referida soluci\u00f3n es igualmente aplicable en los procesos de restituci\u00f3n de tierras, pues si bien el art\u00edculo 93 de la Ley 1448 prescribe que \u00abLas providencias que se dicten se notificar\u00e1n por el medio que el Juez o Magistrado considere m\u00e1s eficaz\u00bb, la jurisprudencia ha entendido que ello no puede suponer \u00abuna restricci\u00f3n ileg\u00edtima al derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abcuando la providencia judicial a notificar es el auto admisorio de la demanda (…) la notificaci\u00f3n personal goza de plena eficacia y es por tanto apropiada para ejercer los derechos de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb (CSJ AC3799-2015). <\/p>\n
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3. Precisado lo anterior, cabe se\u00f1alar que la juez que adelantaba el procedimiento de restituci\u00f3n tambi\u00e9n arrib\u00f3 a una conclusi\u00f3n similar a la expuesta acerca de la modalidad de enteramiento pertinente, solo que no lo hizo al momento de admitir la demanda, sino algunos meses m\u00e1s tarde. Puntualmente, el 18 de junio de 2020, cuando dispuso, como medida de saneamiento procesal, <\/p>\n
\u00ab(…) vincular al proceso a la entidad rematante de los predios denominados El Retiro y La Monta\u00f1a, efectuado dentro del proceso ejecutivo con acci\u00f3n mixta que se tramito en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pensilvania, promovido por el Banco Cafetero de Manzanares Caldas, cesionario Central de Inversiones CISA, quien a su vez cedi\u00f3 el cr\u00e9dito a favor de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos Ltda., en contra de Idalba Lucia L\u00f3pez Rojas y Pastora Rojas de L\u00f3pez. <\/p>\n
Por tanto, se ordena vincular a Inversiones S.A. (sic), como cesionaria de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos Ltda., entidad a la cual se le adjudicaron por remate los predios denominados El Retiro y La Monta\u00f1a, para que, se pronuncie con relaci\u00f3n a la demanda indicando al despacho las razones por las cuales no inscribieron el remate en los respectivos folios de matr\u00edcula inmobiliaria. Por Secretar\u00eda h\u00e1gasele llegar copia del presente prove\u00eddo y traslado de la demanda y anexos correspondientes para que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, ejerza la defensa de sus intereses y presente las pruebas que pretenda hacer valer\u00bb. <\/p>\n
La necesidad de notificar personalmente a la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A., entonces, era evidente incluso para la funcionaria a cargo del proceso de restituci\u00f3n. No obstante, al adoptar las medidas correctivas, y debido a un lapsus calami, troc\u00f3 al cedente y al cesionario del cr\u00e9dito hipotecario, y termin\u00f3 por vincular al proceso a \u00abInversiones S.A.\u00bb, refiri\u00e9ndose con ello a CISA. Naturalmente, el citatorio del art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso no se dirigi\u00f3 a la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A., sino al buz\u00f3n de notificaciones electr\u00f3nicas de CISA (a saber, notificacionesjudiciales@cisa.gov.co). <\/p>\n
Incluso, fue CISA quien compareci\u00f3 al tr\u00e1mite y se notific\u00f3 del auto admisorio. Tambi\u00e9n present\u00f3 un breve memorial, afirmando desconocer la existencia de cr\u00e9ditos insolutos a su favor, lo cual sirvi\u00f3 de apoyo a la juez de la causa para que, al proferir su sentencia, hiciera las afirmaciones que siguen: <\/p>\n
\u00abExiste plena prueba de que la solicitante Idalba Lucia L\u00f3pez Rojas y su se\u00f1ora madre Pastora Rojas Guar\u00edn (Q.E.P.D.), son las leg\u00edtimas propietarias de los predios en com\u00fan y proindiviso, sin limitaci\u00f3n alguna, pues sobre los mismos no existe ning\u00fan tipo de gravamen o medida vigente que restrinja el pleno ejercicio de sus derechos como tal. <\/p>\n
Lo anterior, en atenci\u00f3n a que si bien dentro del proceso se vincul\u00f3 a Inversiones S.A., como cesionaria de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos Ltda., como entidad a la cual se le adjudicaron por remate los predios denominados El Retiro y La Monta\u00f1a, remate efectuado dentro del proceso ejecutivo con acci\u00f3n mixta que se tramito en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pensilvania, promovido por el Banco Cafetero de Manzanares Caldas, cesionario Central de Inversiones CISA, quien a su vez cedi\u00f3 el cr\u00e9dito a favor de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos Ltda., en contra de Idalba Lucia L\u00f3pez Rojas y Pastora Rojas de L\u00f3pez. <\/p>\n
Lo cierto es que, la entidad vinculada Central de Inversiones S.A., a trav\u00e9s de su apoderado judicial (\u2026), manifest\u00f3 en su contestaci\u00f3n de demanda, que CISA es una sociedad comercial de econom\u00eda mixta del orden nacional, sujeta en la celebraci\u00f3n de todos sus actos y contratos al r\u00e9gimen de derecho privado (…)\u201d. En respuesta al requerimiento realizado por el juzgado, aclara el estado actual de las obligaciones adquiridas por el demandado; conforme a lo dispuesto respectivamente el se\u00f1or Rafael Alberto Gallego Casta\u00f1o (…) no presenta obligaciones suscritas con CISA, de modo tal que respectivamente en el proceso instaurado por la se\u00f1ora Idalba Lucia L\u00f3pez Rojas y el se\u00f1or Rafael Alberto Gallego Casta\u00f1o ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Pereira (…) la compa\u00f1\u00eda CISA no ostenta la titularidad de la misma (sic), raz\u00f3n por la cual carece de legitimaci\u00f3n para hacerse parte\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En el contexto descrito refulge la incorrecci\u00f3n denunciada, pues a pesar de identificar la obligatoriedad de notificar y dar traslado de la demanda a la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A., el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Pereira orden\u00f3 \u2013por un yerro involuntario\u2013 la vinculaci\u00f3n de una persona jur\u00eddica diferente (CISA), que ya no ten\u00eda relaci\u00f3n con la materia debatida, al punto que termin\u00f3 siendo desvinculada por falta de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
Al notificar a CISA, y no a la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A. \u2013siendo esta \u00faltima la verdadera destinataria del acto de comunicaci\u00f3n (por su condici\u00f3n de acreedora hipotecaria y adjudicataria en remate de dos de los bienes reclamados)\u2013, se incurri\u00f3 en un vicio procedimental grave, que compromete el derecho al debido proceso de la recurrente, comoquiera que su situaci\u00f3n se vio afectada por determinaciones que se adoptaron en un juicio tramitado a sus espaldas. <\/p>\n
A ello cabe a\u00f1adir que, en este caso particular, el juzgado tom\u00f3 varias decisiones relevantes con base en la informaci\u00f3n que le proporcion\u00f3 CISA, cuando en realidad debi\u00f3 haber considerado las alegaciones y evidencias aportadas por la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A., lo cual pone de manifiesto la transgresi\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la impugnante extraordinaria. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En el juicio de restituci\u00f3n de tierras que promovieron Idalba Lucia L\u00f3pez Rojas y su n\u00facleo familiar, era forzosa la notificaci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A., no solo porque as\u00ed lo disponen las pautas constitucionales y legales que integran el debido proceso, sino tambi\u00e9n porque as\u00ed lo orden\u00f3 la juez de conocimiento, mediante providencia que cobr\u00f3 ejecutoria. <\/p>\n
Ese enteramiento no se realiz\u00f3. A cambio se notific\u00f3 a una persona jur\u00eddica distinta (CISA), a quien, de hecho, se le reconoci\u00f3 la condici\u00f3n de tercero en el fallo recurrido en revisi\u00f3n; no obstante, al mismo tiempo la juez de esa causa le atribuy\u00f3 a su dicho la fuerza de confesi\u00f3n sobre hechos que eran importantes para establecer con certeza la situaci\u00f3n f\u00e1ctica de los reclamantes y, por lo mismo, para dise\u00f1ar el plan a seguir para restablecer sus derechos. <\/p>\n
La recurrente extraordinaria, entonces, se encuentra en un caso de falta de notificaci\u00f3n, debi\u00e9ndose precisar que (i) esa incorrecci\u00f3n no fue saneada, pues la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A. nunca particip\u00f3 en el tr\u00e1mite judicial o administrativo de restituci\u00f3n de tierras, y que (ii) la demanda de revisi\u00f3n fue promovida en tiempo; por tanto, el cuestionamiento presentado se declara fundado. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Necesidad de modular los efectos de este fallo. <\/p>\n
A voces del art\u00edculo 359 del C\u00f3digo General del Proceso, la prosperidad de la causal s\u00e9ptima de revisi\u00f3n impone anular \u00ablo actuado en el proceso que dio lugar a la revisi\u00f3n\u00bb a partir de la fecha en la que se materializ\u00f3 el defecto de notificaci\u00f3n identificado. Esto implicar\u00eda, en el caso sub ex\u00e1mine, dejar sin efectos el fallo que puso fin a la instancia ordinaria del juicio de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
Sin embargo, tal determinaci\u00f3n resulta demasiado gravosa para la se\u00f1ora L\u00f3pez Rojas y su n\u00facleo familiar. En la providencia referida am\u00e9n de las decisiones relativas a los inmuebles que otrora le fueron adjudicados a la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A., se orden\u00f3 la afiliaci\u00f3n de los solicitantes al r\u00e9gimen subsidiado del SGSSS; se les reconocieron alivios de pasivos tributarios; se prioriz\u00f3 la asignaci\u00f3n de asistencias sociales en su favor, y se autoriz\u00f3 el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de un proyecto productivo, entre otras disposiciones orientadas a proteger sus derechos como v\u00edctimas del conflicto armado interno, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Anular la sentencia recurrida, por tanto, implicar\u00eda dar al traste con todo ese esfuerzo institucional, generando enormes costos a los distintos sistemas estatales que se han articulado en beneficio de los solicitantes de protecci\u00f3n. Y m\u00e1s inicuo pareciera tan dram\u00e1tico resultado si se tiene en cuenta que, luego de rehacer la actuaci\u00f3n, terminar\u00edan renov\u00e1ndose todas y cada una de las \u00f3rdenes dispuestas en la sentencia recurrida, pues ninguna de ellas est\u00e1 supeditada al resultado de la participaci\u00f3n en el proceso de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A. <\/p>\n
En efecto, lo que la recurrente pretende debatir en el juicio de restituci\u00f3n, seg\u00fan ella misma lo acepta, es la viabilidad de que se le reconozca el derecho a \u00abser compensados o reparados, sin que se patrocine de manera grosera una especie de extinci\u00f3n de derechos sin el debido proceso\u00bb; se trata, pues, de un reclamo patrimonial, que nada tiene que ver con las medidas restaurativas que adopt\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Pereira en la sentencia de 27 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Dadas estas particularidades, la Sala no dispondr\u00e1 la anulaci\u00f3n del tr\u00e1mite, pues ello no contribuye a superar la transgresi\u00f3n del debido proceso de la recurrente en revisi\u00f3n, y a cambio compromete seriamente la situaci\u00f3n de personas que merecen especial protecci\u00f3n del Estado (dada su condici\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto armado interno), y respecto de las cu\u00e1les ha venido avanz\u00e1ndose en la consolidaci\u00f3n de su proceso de justicia restaurativa. <\/p>\n
Por tanto, se ordenar\u00e1 que, una vez se materialice la vinculaci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A., se habilite una v\u00eda incidental para discutir all\u00ed, con plenitud de garant\u00edas, cualquier eventual oposici\u00f3n que dicha sociedad eleve dentro del t\u00e9rmino de ley. De ser necesario, en la decisi\u00f3n que se adopte en ese incidente podr\u00e1 ordenarse tambi\u00e9n la correcci\u00f3n de cualquier aparte del fallo de 27 de noviembre de 2020 que pueda tornarse incoherente o incompatible, salvaguardando, en la medida de lo posible, los derechos adquiridos de los solicitantes y sus situaciones jur\u00eddicas consolidadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que formul\u00f3 la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A. \u2013 en liquidaci\u00f3n contra la sentencia de 27 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Pereira. <\/p>\n
SEGUNDO. ABSTENERSE DE DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado en el juicio en el que se dict\u00f3 ese fallo recurrido, por las razones expuestas en la quinta de las consideraciones que antecede. <\/p>\n
TERCERO. Para rehacer el proceso a la mayor brevedad, el juez de la causa deber\u00e1 asegurar la adecuada vinculaci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A., y tramitar por v\u00eda incidental cualquier oposici\u00f3n que esta eleve en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 88 de la Ley 1480 de 2011. En ese incidente se practicar\u00e1n las pruebas solicitadas y se decidir\u00e1 lo que corresponda, con plenas garant\u00edas de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los interesados. <\/p>\n
De ser necesario, en la decisi\u00f3n que se adopte en ese incidente podr\u00e1 ordenarse tambi\u00e9n cualquier correcci\u00f3n, adici\u00f3n o complementaci\u00f3n del fallo de 27 de noviembre de 2020, que resulte pertinente, garantizando, en todo caso, el respeto por los derechos adquiridos de los solicitantes y sus situaciones jur\u00eddicas consolidadas. <\/p>\n
CUARTO. SIN COSTAS, dada la prosperidad del recurso. <\/p>\n
QUINTO. Rem\u00edtase el expediente del proceso en el que se dict\u00f3 la sentencia objeto de revisi\u00f3n a la autoridad judicial correspondiente, anejando copia de esta providencia. Cumplido lo anterior, arch\u00edvense las diligencias. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ SC4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
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SC365-2023 (2022-04319-00) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC365-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04319-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76027","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76027"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76027\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76027"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}