SC367-2023 (2023-00349-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC367-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00349-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide mediante sentencia anticipada la solicitud de exequatur que elev\u00f3 M\u00f3nica Yuliana Ruiz Ocampo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante pidi\u00f3 homologar la decisi\u00f3n de 11 de enero de 2022, proferida por el Juzgado de Familia de Buin, Rep\u00fablica de Chile, en el juicio de divorcio que William Chaux R\u00edos promovi\u00f3 en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, la se\u00f1ora Ruiz Ocampo dijo haber contra\u00eddo matrimonio civil el 13 de agosto de 2011, uni\u00f3n en la que procrearon un hijo, que se encuentra bajo la custodia paterna. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Admitida la demanda por auto de 21 de febrero de 2023 se corri\u00f3 traslado a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, dependencia que sostuvo: \u00ab la demanda de exequatur presentada (…) cumple formalmente las exigencias previstas en los art\u00edculos 605 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, en relaci\u00f3n con la sentencia de divorcio por mutuo acuerdo del matrimonio que contrajo con el se\u00f1or William Chaux R\u00edos, expedida por una Jueza de Familia de Chile\u00bb. A ello agreg\u00f3 que, \u00abindependientemente de lo anterior, antes de la emisi\u00f3n del fallo es necesario que en el momento procesal oportuno se logre establecer con suficiente claridad c\u00f3mo quedaron establecidas las obligaciones de los progenitores en relaci\u00f3n con el [hijo menor de edad de la pareja], espec\u00edficamente en materia de custodia, alimentos y visitas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado. <\/p>\n
De acuerdo con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, cuando no existen pruebas pendientes de pr\u00e1ctica, como ocurre en este caso, resulta preciso definir el litigio anticipadamente1, prescindiendo de las etapas procesales que prev\u00e9 el art\u00edculo 607-4 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de exequatur. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) aunque el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201cVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u201d, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto, imponen un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 ago., entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
2. El exequatur de sentencias extranjeras. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Comoquiera que el poder de expedir normas jur\u00eddicas y velar por su cumplimiento constituye una expresi\u00f3n de la soberan\u00eda del Estado dentro de su territorio, la funci\u00f3n jurisdiccional (entendida como la potestad de aplicar esas normas con el prop\u00f3sito de resolver de manera definitiva \u2013con fuerza de cosa juzgada\u2013 conflictos intersubjetivos, asegurando el cumplimiento de lo decidido incluso a trav\u00e9s del uso leg\u00edtimo de la fuerza), tambi\u00e9n ha de entenderse circunscrita al espacio territorial de cada Estado. <\/p>\n
Ello conllevar\u00eda, prima facie, la imposibilidad de ejecutar en un pa\u00eds las decisiones adoptadas por autoridades jurisdiccionales de otro2. Sin embargo, tal soluci\u00f3n, aunque coherente con el concepto de soberan\u00eda y autonom\u00eda, no parece adecuarse a los requerimientos de una sociedad globalizada, en la que surgen constantes v\u00ednculos jur\u00eddicos de toda \u00edndole \u2013familiares, comerciales, etc.\u2013 entre personas que habitan en territorios diferentes. <\/p>\n
Ante ese panorama, los Estados han ideado mecanismos para homologar, de manera excepcional, decisiones judiciales definitivas proferidas por autoridades extranjeras. De entre esos mecanismos, el legislador patrio se decant\u00f3 por conferir \u00aba las sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria (…) la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb (art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso), a condici\u00f3n de que se cumplan ciertos requisitos previstos en las leyes procedimentales. <\/p>\n
Es decir, como punto de partida, supedit\u00f3 la posibilidad de homologar una decisi\u00f3n for\u00e1nea a la reciprocidad del trato que reciban en dicho territorio extranjero los fallos dictados por autoridades judiciales nacionales. Para la Corte, <\/p>\n
\u00ab(…) la facultad de administrar justicia dentro del territorio de la Rep\u00fablica es una funci\u00f3n reservada privativamente a los funcionarios investidos \u2013en forma permanente o transitoria\u2013 de jurisdicci\u00f3n, y por tal raz\u00f3n, en l\u00ednea de principio rector, las sentencias dictadas en otros pa\u00edses no producen efectos directos en Colombia. En forma excepcional, tales fallos pueden tener eficacia a condici\u00f3n de que exista con el pa\u00eds cuyo juez o Tribunal ha dictado la decisi\u00f3n judicial, un tratado que as\u00ed lo permita \u2013reciprocidad diplom\u00e1tica\u2013 y a falta de tal pacto internacional, que exista en tal pa\u00eds una Ley que le confiera valor, en su territorio, a las sentencias proferidas por jueces colombianos \u2013reciprocidad legislativa\u2013\u00bb (CSJ SC, 8 oct. 2004, rad. 2002-00197-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora bien, adem\u00e1s de esa reciprocidad \u2013que puede ser legislativa o diplom\u00e1tica, seg\u00fan el reconocimiento de los fallos nacionales en el extranjero provenga de la aplicaci\u00f3n de la ley, o de un acuerdo entre naciones\u2013, para conceder efectos de una decisi\u00f3n judicial extranjera en Colombia es necesaria la concurrencia de cuatro supuestos, cuya verificaci\u00f3n fue encomendada a la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de exequatur: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Que el fallo for\u00e1neo no verse sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se encontraban en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia a homologar; <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Que lo decidido no se oponga a leyes u otras disposiciones internas de orden p\u00fablico, \u00abexceptuadas las de procedimiento\u00bb; <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Que el conflicto sobre el cual recae la resoluci\u00f3n extranjera no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos; y <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Que en Colombia no exista proceso en curso sobre el mismo asunto, ni sentencia ejecutoriada previa, dictada por los jueces nacionales. <\/p>\n
Por \u00faltimo, y con el prop\u00f3sito de garantizar el car\u00e1cter definitivo de la decisi\u00f3n a homologar, la Corte debe verificar que esta se haya presentado en copia debidamente legalizada; que se encuentre ejecutoriada, de conformidad con las leyes del pa\u00eds de origen, y que se hubiera realizado la debida citaci\u00f3n del convocado, si es que el juicio donde se profiri\u00f3 la providencia fuere de naturaleza contenciosa. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso Concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Reciprocidad (diplom\u00e1tica o legislativa). <\/p>\n
Si bien las Rep\u00fablicas de Chile y Colombia signaron la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, es menester se\u00f1alar que la primera no ha ratificado ese instrumento, de manera que no existen acuerdos vigentes sobre la materia entre los dos pa\u00edses. <\/p>\n
Sin embargo, la legislaci\u00f3n chilena (puntualmente, los art\u00edculos 243 a 245 de su C\u00f3digo de Procedimiento Civil3), prev\u00e9 la posibilidad de reconocer efectos a decisiones judiciales adoptadas en el extranjero, a condici\u00f3n de que se observen ciertos requisitos formales, asimilables a los que establece la legislaci\u00f3n patria. <\/p>\n
En ese sentido, la exigencia por la que se averigua debe entenderse satisfecha, conclusi\u00f3n que armoniza con el precedente inalterado de la Sala, que sostiene: <\/p>\n
\u00abEn este caso, conviene precisar que pese a que la Rep\u00fablica de Colombia y la Rep\u00fablica de Chile son suscriptores de la \u201cConvenci\u00f3n Interamericana Sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u201d, este \u00faltimo no lo ha ratificado, por lo que no se encuentra vigente para esa naci\u00f3n. As\u00ed lo certific\u00f3 la Coordinadora del Grupo de Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de este pa\u00eds. <\/p>\n
Por lo tanto, es dable sostener la ausencia de reciprocidad diplom\u00e1tica entre ambos Estados, sobre asuntos como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. No obstante lo anterior, de las pruebas incorporadas a este tr\u00e1mite, las cuales satisfacen los condicionamientos de acreditaci\u00f3n de la ley extranjera previstos en el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso (…) se logra establecer la existencia de reciprocidad de orden legislativo. <\/p>\n
En efecto, el aparte pertinente del C\u00f3digo de Procedimiento Civil Chileno (…), prescribe en sus art\u00edculos 242 y siguientes que: Art. 242 (239). Las resoluciones pronunciadas en pa\u00eds extranjero tendr\u00e1n en Chile la fuerza que les concedan los tratados respectivos; y para su ejecuci\u00f3n se seguir\u00e1n los procedimientos que establezca la ley chilena, en cuando no aparezcan modificados por dichos tratados\u00bb. <\/p>\n
Art. 243 (240). Si no existen tratados relativos a esta materia con la naci\u00f3n de que procedan las resoluciones, se les dar\u00e1 la misma fuerza que en ella se d\u00e9 a los fallos pronunciados en Chile. <\/p>\n
Art. 244 (241). Si la resoluci\u00f3n procede de un pa\u00eds en que no se da cumplimiento a los fallos de los tribunales chilenos, no tendr\u00e1 fuerza en Chile. <\/p>\n
Art. 245 (242). En los casos en que no pueda aplicarse ninguno de los tres art\u00edculos precedentes, las resoluciones de tribunales extranjeros tendr\u00e1n en Chile la misma fuerza que si se hubieran dictado por tribunales chilenos, con tal que re\u00fanan las circunstancias siguientes: <\/p>\n
1\u00b0 Que no contengan nada contrario a las leyes de la Rep\u00fablica. Pero no se tomar\u00e1n en consideraci\u00f3n las leyes de procedimiento a que haya debido sujetarse en Chile la substanciaci\u00f3n del juicio; <\/p>\n
2\u00b0 Que tampoco se opongan a la jurisdicci\u00f3n nacional; <\/p>\n
3\u00b0 Que la parte en contra de la cual se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada de la acci\u00f3n. Con todo, podr\u00e1 ella probar que, por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa; <\/p>\n
4\u00b0 Que est\u00e9n ejecutoriadas en conformidad con las leyes del pa\u00eds en que hayan sido pronunciadas. De manera que tal cual acontece con el ordenamiento jur\u00eddico patrio, las disposiciones chilenas prev\u00e9n el reconocimiento de las sentencias y dem\u00e1s fallos jurisdiccionales extranjeros, en condiciones generales similares a las condensadas en las preceptivas nacionales colombianas)\u00bb (CSJ SC3107-2019, 12 ago.). <\/p>\n
Consecuentemente, emerge pr\u00edstina la reciprocidad legislativa por la que se averigua. <\/p>\n
2. Verificaci\u00f3n de los requisitos del exequatur. <\/p>\n
Seg\u00fan se expuso, la homologaci\u00f3n de fallos for\u00e1neos exige tanto la prueba de la reciprocidad previamente analizada, como la satisfacci\u00f3n de los requerimientos que prev\u00e9 el canon 606 del C\u00f3digo General del Proceso, an\u00e1lisis que emprender\u00e1 la Sala seguidamente: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Dado que se trata de un juicio de divorcio, se colige que la sentencia extranjera no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. El divorcio no es un asunto de competencia exclusiva de los jueces colombianos, ni se prob\u00f3 que cursara en este pa\u00eds proceso alguno sobre el mismo punto. Aunque el juicio revisti\u00f3 car\u00e1cter contencioso, se verific\u00f3 la citaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 606-6, siendo pertinente se\u00f1alar que quien fungi\u00f3 como demandada en aquel tr\u00e1mite (allan\u00e1ndose a la pretensi\u00f3n de divorcio) es quien promueve la presente solicitud de exequatur. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Lo decidido por los jueces for\u00e1neos tampoco se opone a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico. Por el contrario, para acceder a la solicitud del reclamante, el Juzgado de Familia de Buin invoc\u00f3 el art\u00edculo 55 de la Ley de Matrimonio Civil chilena, a cuyo tenor \u00abhabr\u00e1 lugar tambi\u00e9n al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, a lo menos, tres a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Esta norma, que \u2013se insiste\u2013 obra en la p\u00e1gina web oficial del Congreso de la Rep\u00fablica de Chile, cumpliendo as\u00ed la formalidad probatoria del canon 177 del C\u00f3digo General del Proceso4, no contraviene el orden p\u00fablico patrio; al contrario, es asimilable (mutatis mutandis) a la regla que consagra el art\u00edculo 154-8, del C\u00f3digo Civil colombiano, a cuyo tenor: \u00abSon causales de divorcio: 8) La separaci\u00f3n de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por m\u00e1s de dos a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. De acuerdo con el certificado emitido por los funcionarios Rub\u00e9n Dar\u00edo Medel Leyton, ministro de fe del Juzgado de Familia de Buin, y Jorge Eduardo S\u00e1ez Martin secretario titular de la Corte Suprema de la Rep\u00fablica de Chile, la decisi\u00f3n de 11 de enero de 2022 cobr\u00f3 ejecutoria. Esa providencia, adem\u00e1s, fue aportada en copia, con sello de autenticaci\u00f3n y r\u00fabrica de la dependencia pertinente, apostillada en los t\u00e9rminos que prev\u00e9 el Convenio por el que se Suprime la Exigencia de Legalizaci\u00f3n de los Documentos P\u00fablicos Extranjeros, firmado en La Haya el 5 de octubre de 1961 (aprobado por la Ley 455 de 1998). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Es pertinente se\u00f1alar que, en su escrito inicial, la solicitante sostuvo que \u00abdurante el matrimonio naci\u00f3 un hijo (…), quien se encuentra bajo la guarda y custodia del c\u00f3nyuge William Chaux R\u00edos\u00bb. De esa circunstancia, agrega la Corte, no se dej\u00f3 registro en el fallo materia del exequatur (de hecho, no se hizo ninguna menci\u00f3n al descendiente), lo cual llam\u00f3 la atenci\u00f3n de la se\u00f1ora Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, quien sugiri\u00f3 supeditar el exequatur a la prueba de la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n del adolescente. <\/p>\n
Pues bien, aunque no se desconoce la relevancia que tiene la definici\u00f3n de tal cuesti\u00f3n para la vida familiar, la Sala destaca que incluir pautas atinentes a la regulaci\u00f3n de la custodia de los hijos menores de edad en un fallo de divorcio no constituye realmente una exigencia del orden p\u00fablico nacional, y por lo mismo, no puede erigirse como talanquera de la solicitud que ahora se estudia. <\/p>\n
En efecto, resulta posible que, de mutuo acuerdo entre los c\u00f3nyuges, o con intervenci\u00f3n de los jueces, se reglamente la custodia y cuidado personal de los hijos con antelaci\u00f3n a un eventual fallo de divorcio o cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio religioso, tornando inane cualquier mediaci\u00f3n o pronunciamiento judicial adicional, si es que el tema no se disputa. A ello se agrega que la presentaci\u00f3n de acuerdos privados relativos a la situaci\u00f3n de la prole solo es de rigor (tanto en Chile, como en Colombia) cuando de divorcios de mutuo acuerdo se trata, naturaleza que no cabe predicar de aquel que decret\u00f3 el juez extranjero en el asunto sub-lite. <\/p>\n
Finalmente, se advierte que, dadas las particularidades de este juicio, resulta injustificado realizar un escrutinio oficioso acerca de la situaci\u00f3n del hijo de los exc\u00f3nyuges (quien cumplir\u00e1 la mayor\u00eda de edad el 1 de marzo de 2024), pues sobre el punto no existe oscuridad alguna. La solicitante reconoce que la custodia de su descendiente es ejercida por su contraparte, quien reside con el adolescente en la Rep\u00fablica de Chile, afirmaciones que no debati\u00f3 el se\u00f1or Chaux R\u00edos durante el t\u00e9rmino de traslado que se le concedi\u00f3 (y durante el cual permaneci\u00f3 silente). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
Reunidos los presupuestos legales, se homologar\u00e1 la providencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el exequatur de la sentencia de 11 de enero de 2022, proferida por la por el Juzgado de Familia de Buin, Rep\u00fablica de Chile, en el proceso de divorcio promovido por William Chaux R\u00edos contra M\u00f3nica Yuliana Ruiz Ocampo. <\/p>\n
SEGUNDO. INSCRIBIR este fallo, junto con la providencia homologada, tanto en el respectivo folio del Registro Civil de Matrimonio asentado en Colombia, como en el de nacimiento de los esposos (de nacionalidad colombiana). La Secretar\u00eda librar\u00e1 las reproducciones y comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ SC4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, la doctrina patria ha reconocido que \u00absiendo la jurisdicci\u00f3n una emanaci\u00f3n de la soberan\u00eda del pueblo aplicada a la funci\u00f3n de administrar justicia, podemos decir que los l\u00edmites de aquella son los mismos de esta; es decir, l\u00edmites en cuanto al territorio y l\u00edmites en cuanto a las personas\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 88. <\/p>\n
3\u0002 Que puede consultarse en la p\u00e1gina web oficial de la Biblioteca del Congreso (https:\/\/www.bcn.cl\/leychile\/navegar?idNorma=22740). <\/p>\n
4\u0002 Que reza: \u00abEl texto de normas jur\u00eddicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducir\u00e1 en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. La copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds. Tambi\u00e9n podr\u00e1 adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed. Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podr\u00e1 probarse con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial en los t\u00e9rminos del inciso precedente. Estas reglas se aplicar\u00e1n a las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no ser\u00e1 necesaria su presentaci\u00f3n cuando est\u00e9n publicadas en la p\u00e1gina web de la entidad p\u00fablica correspondiente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC367-2023 (2023-00349-00) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente SC367-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00349-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76028","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76028","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76028"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76028\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76028"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}