SC368-2023 (2006-00051-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC368-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-31-03-003-2006-00051-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Marina Robayo de L\u00f3pez frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el 10 de diciembre de 2020, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que instaur\u00f3 la recurrente en contra de la Universidad Cooperativa de Colombia. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Marina Robayo de L\u00f3pez pretendi\u00f3 que se declare que la Universidad Cooperativa de Colombia incumpli\u00f3, con culpa grave, el contrato de arrendamiento celebrado por las partes sobre el inmueble ubicado en la calle 23 n\u00fam. 33-42, v\u00eda Puerto L\u00f3pez, de la ciudad de Villavicencio. Como consecuencia del antedicho ruego, inst\u00f3 a que se condene a la convocada a pagar, en favor de la demandante, las siguientes sumas por concepto de perjuicios patrimoniales: a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente, el monto de $965.255.810, oo. Y, por lucro cesante, los c\u00e1nones de arrendamiento de seis meses \u00abtranscurridos a la fecha de este escrito\u00bb, los que cuantific\u00f3 en $467.437.506, oo, \u00abm\u00e1s todos los meses (futuros) que transcurran hasta la fecha en que quede en firme la sentencia con que termine el proceso\u00bb1. Por \u00faltimo, pretendi\u00f3 el reconocimiento de perjuicios extrapatrimoniales morales, equivalentes a 100 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, \u00abpor el sufrimiento sicol\u00f3gico, mental y f\u00edsico y constante padecido por la demandante con ocasi\u00f3n del incumplimiento del contrato y no entrega del inmueble arrendado en las mismas buenas condiciones en que fue recibido por la demandada y la no cancelaci\u00f3n de c\u00e1nones mensuales durante todo el tiempo transcurrido\u00bb. <\/p>\n
Como pretensiones subsidiarias2, pidi\u00f3 que se declare, por un lado, la existencia del contrato de arrendamiento entre los litigantes. Y, por el otro, que la Universidad Cooperativa de Colombia lo incumpli\u00f3. Consecuencialmente, inst\u00f3 a que se le condene a la demandada al pago del da\u00f1o patrimonial emergente ($965.255.810), lucro cesante (derivado de la falta de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del fundo por valor de $77.906.251 mensuales, contados desde el 1 de julio del 2005) y da\u00f1o extrapatrimonial moral sufrido por la demandante. <\/p>\n
2.- Causa petendi <\/p>\n
2.2. El 2 y 12 de julio de 1996, la arrendadora hizo entrega del inmueble al arrendatario, consistente en el lote, oficinas, salones, laboratorios y canchas deportivas. Adem\u00e1s, se elev\u00f3 el correspondiente inventario. Tambi\u00e9n se entregaron, en calidad de \u00abpr\u00e9stamo\u00bb, ciertos muebles tales como pupitres, cortinas, tableros, mesas de f\u00f3rmica, entre otros. Bienes que \u00abfueron entregados (\u2026) en completo buen estado y a entera satisfacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. El t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del acuerdo de voluntades fue, inicialmente, de 36 meses. Sin embargo, este se prorrog\u00f3 varias veces, por un lapso total de 9 a\u00f1os. <\/p>\n
2.4. El 1 de junio del 2002, un funcionario de la arrendataria inform\u00f3 a la se\u00f1ora Marina que deseaba dar por terminado el contrato. No obstante, \u00abno le entregaron el inmueble a mi cliente y no pod\u00edan hacerlo por el estado lamentable en que se encontraba para esa fecha, la cual presumimos contin\u00faa\u00bb. <\/p>\n
2.5. Posteriormente, el 25 de noviembre del 2004, el se\u00f1or Juan Carlos P\u00e9rez Soto -quien dijo ser el rector de la Universidad- le manifest\u00f3, nuevamente, la intenci\u00f3n de finiquitar el acuerdo celebrado sobre el predio ubicado en la \u00abcalle 33 No. 33 -42\u00bb. <\/p>\n
2.6. El 17 de mayo y el 4 de junio del 2005, la arrendadora recibi\u00f3 comunicaciones, en las cuales la convocada da por terminado de nuevo la convenci\u00f3n. A su turno, el 24 de junio del 2005, \u00abenv\u00edan escrito donde dicen que: \u201c\u2026 se sirva destinar una persona o varias personas o en su defecto, hacerse presente en esta sede, ubicada en la direcci\u00f3n calle 23 No. 33-42, Barrio San Francisco para realizar la entrega en debida forma\u00bb. Aviso que, resalta la demandante, fue enviado seis d\u00edas antes del vencimiento de la cuarta pr\u00f3rroga del negocio. <\/p>\n
2.7. Apuntal\u00f3 que la demandada pretende hacer entrega de los bienes arrendados sin haber efectuado previamente las reparaciones locativas a las que se comprometi\u00f3, seg\u00fan la cl\u00e1usula octava del contrato. Y es que, afirma, la locataria efectu\u00f3 una serie de \u00abconstrucciones, destrucciones, instalaciones y desinstalaciones\u00bb, al punto que los \u00abbienes arrendados fueron destruidos en un 70%\u00bb. Adujo, adem\u00e1s, que la nueva infraestructura fue construida \u00absin el c\u00e1lculo y estudios arquitect\u00f3nicos y de ingenier\u00eda necesarios para saber de antemano si la edificaci\u00f3n los soportar\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.8. Por su parte, se\u00f1al\u00f3 que los muebles y enseres no han sido devueltos. Y que los servicios p\u00fablicos domiciliarios de agua, alcantarillado, luz y tel\u00e9fono se encuentran suspendidos por falta de pago. Tambi\u00e9n, afirm\u00f3 que la demandada estuvo -reiteradamente- en mora en el pago de los c\u00e1nones de arriendo. <\/p>\n
2.9. Ante todas estas circunstancias, la demandante envi\u00f3 a la arrendataria comunicaci\u00f3n el 12 de julio del 2005, en que manifest\u00f3 que \u00abno recibir\u00eda los bienes arrendados mientras no est\u00e9n en el mismo buen estado en que ella los entreg\u00f3, hicieran devoluciones y otros\u00bb. Como consecuencia de la culpa grave en que incurri\u00f3 la convocada en la falta de entrega de los bienes -se dijo-, \u00abcesaron en los pagos de los c\u00e1nones de arrendamiento, todo en detrimento de los intereses econ\u00f3micos y morales de mi patrocinada, porque al no haber podido hacer entrega la demandada por las razones ya anotadas, autom\u00e1ticamente se prorrog\u00f3 el Contrato de Arrendamiento por tres (3) a\u00f1os m\u00e1s, siendo su obligaci\u00f3n la de continuar pagando los c\u00e1nones mensuales\u00bb. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n de la demandada <\/p>\n
La interpelada Universidad Cooperativa de Colombia se opuso a las pretensiones. En contraposici\u00f3n, propuso los medios defensivos que denomin\u00f3: \u00ab[e]xcepci\u00f3n de contrato no cumplido\u00bb; \u00ab[e]xcepci\u00f3n de terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual entre Arrendador y Arrendatario\u00bb; \u00ab[e]xcepci\u00f3n de improcedencia del monto pretendido como perjuicios\u00bb; y \u00ab[e]xcepci\u00f3n de los hechos que resulten legalmente probados y los dem\u00e1s medios probatorios que surjan\u00bb3. <\/p>\n
4.- Tr\u00e1mite procesal <\/p>\n
4.1. Habi\u00e9ndose integrado el contradictorio y practicadas ciertas pruebas, mediante auto del 9 de abril del 2007 se resolvi\u00f3 acumular el proceso de radicado 50001-31-03-003-2006-00072-004. En \u00e9l, la Universidad Cooperativa de Colombia demand\u00f3 a la se\u00f1ora Marina Robayo de L\u00f3pez, para obtener la declaratoria de incumplimiento del referido contrato de arrendamiento -y, por ende, su terminaci\u00f3n-. Para ello esgrimi\u00f3, en esencia, que la Universidad inform\u00f3 su voluntad de dar por terminado el contrato ocho meses antes del vencimiento definitivo, esto es, el 30 de noviembre de 2004. Pese a las reiteradas comunicaciones enviadas a la arrendadora, aquella guard\u00f3 silencio frente a la decisi\u00f3n de la locataria en las fechas en que deb\u00eda realizarse la restituci\u00f3n -25 de noviembre a 29 de junio de 2005-. En ese orden, adujo que la se\u00f1ora Marina ha incumplido la obligaci\u00f3n \u00abde recibir el inmueble al t\u00e9rmino del arrendamiento\u00bb5. Frente a ello, la convocada propuso las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abser la demandante la que incumpli\u00f3 el contrato de arrendamiento\u00bb; \u00abpr\u00f3rroga del contrato de arrendamiento\u00bb; y la gen\u00e9rica. <\/p>\n
4.2. Culminado el tr\u00e1mite correspondiente a la primera instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio profiri\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones el 11 de junio del 2014. Esto, por hallar no probada las excepciones formuladas en torno a las s\u00faplicas de la demanda principal. Por ende, declar\u00f3 que el contrato de arrendamiento a\u00fan contin\u00faa vigente; que la Universidad Cooperativa de Colombia incumpli\u00f3 \u00absus deberes de conservaci\u00f3n y vigilancia de la cosa arrendada\u00bb. Y que debe pagar en favor de la demandante las siguientes sumas: $4.320.639.816, por da\u00f1o emergente; $19.137.711.456, como lucro cesante. Y, 100 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, a t\u00edtulo de da\u00f1o moral. <\/p>\n
Por su parte, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda acumulada. <\/p>\n
4.3. El fallo fue apelado. Fue revocado parcialmente por el Tribunal de Tunja, con prove\u00eddo del 4 de noviembre del 2020. En su lugar, declar\u00f3 la prosperidad de las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la demandada \u00aby denominadas terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual entre arrendador y arrendatario, contrato no cumplido y parcialmente, la denominada como improcedencia del monto pretendido como perjuicios y los hechos que resulten legalmente probados y los dem\u00e1s medios probatorios que surjan\u00bb. En consecuencia, tuvo por terminado el contrato de arrendamiento. Tambi\u00e9n declar\u00f3 como responsable a la Universidad Cooperativa de Colombia -pero \u00fanicamente durante la vigencia del contrato-. En efecto, conden\u00f3 a la demandada a pagar la suma de $262.818.175, por concepto de da\u00f1o emergente. Por lo dem\u00e1s, se abstuvo de imponer condena a t\u00edtulo de lucro cesante y da\u00f1o moral. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El Tribunal comenz\u00f3 por estudiar la legitimaci\u00f3n en la causa de los se\u00f1ores Ovidio, Mar\u00eda Roc\u00edo y Mar\u00eda Patricia L\u00f3pez Robayo. Frente a ello, indic\u00f3 que aquellas personas no pueden \u00abconsider\u00e1rseles como interviniente litisconsorcial o legitimados para hacer parte del proceso al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 52 del C.P.C, dado que en ellos no recae la titularidad de la relaci\u00f3n sustancial surgida como ya se anotara, entre la arrendadora y la entidad arrendataria y por lo que de ahora en adelante, se deber\u00e1 entender para todos los efectos, que el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n se realizar\u00e1 respecto a la relaci\u00f3n contractual celebrada entre la se\u00f1ora MARINA ROBAYO DE L\u00d3PEZ Y LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA\u00bb. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n, analiz\u00f3 la cuesti\u00f3n relativa a la vigencia del contrato de arrendamiento. En aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, evidenci\u00f3 c\u00f3mo las partes pactaron, en la cl\u00e1usula decimosegunda del contrato, que el preaviso de la otra parte para la no renovaci\u00f3n del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n deb\u00eda efectuarse con 30 d\u00edas de antelaci\u00f3n. Por lo tanto, consider\u00f3 que la demandada \u00abmanifest\u00f3 oportunamente la voluntad de dar por terminado el referido contrato con env\u00edo de la primer (sic) comunicaci\u00f3n a la arrendataria, desde el 25 de noviembre de 2004 y en el entendido que debido a la pr\u00f3rroga del mismo anteriormente, venc\u00eda en junio 30 del a\u00f1o 2005, por lo que el anuncio de la entidad arrendataria, corresponde a una antelaci\u00f3n de siete meses a la fecha de expiraci\u00f3n del convenio, con sus respectivas reiteraciones de 17 de mayo de 2005 y 24 de junio de 2005\u00bb. Por tanto, a juicio del Colegiado, el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de avisar con la debida antelaci\u00f3n al arrendador junto con la expiraci\u00f3n del t\u00e9rmino del contrato s\u00ed da lugar a su terminaci\u00f3n. Ello, tal como lo prev\u00e9n los c\u00e1nones 2008 y 2011 del C\u00f3digo Civil. Ahora bien, advirti\u00f3 que al sitio concurrieron los directivos de la universidad y, de parte de la arrendadora, la se\u00f1ora Roc\u00edo L\u00f3pez de Robinson -hija de Marina Robayo de L\u00f3pez-. No obstante, aquella decidi\u00f3 no recibir las instalaciones. De tal hecho dio cuenta el testigo Carlos Arturo Palacio, quien tambi\u00e9n indic\u00f3 que \u00abante la inasistencia de la interesada, se procedi\u00f3 a levantar acta\u00bb. Al turno que la misma actora envi\u00f3 nota el 12 de julio del 2005 a la pasiva, \u00abprecisando que est\u00e1 presta a recibir en las condiciones que ella entreg\u00f3 y relatando unos alegados da\u00f1os sobre el bien\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, de cara a la situaci\u00f3n presentada al t\u00e9rmino de expiraci\u00f3n del contrato de arrendamiento, acudi\u00f3 al art\u00edculo 2005 del estatuto civil, para aseverar que \u00aben la diligencia de entrega y recibo, se construye el escenario ideal para que la parte arrendadora deje las constancias u anotaciones sobre el estado del bien, la forma y condiciones en que lo recibir\u00eda o se imposibilitar\u00eda hacerlo se\u00f1alando los da\u00f1os y perjuicios que alega le ocasionaron\u00bb. Derecho que tambi\u00e9n le asiste al arrendatario, quien tambi\u00e9n puede dejar constancia y observaciones del estado en que entrega lo arrendado, \u00absi lo reclamado como da\u00f1os perjuicios, destrucciones u obras no autorizadas, son aceptados, rechazados u ofreciendo las explicaciones del caso, incluyendo si esos hechos o el deterioro del bien son a su cargo o producto del uso y goce normal y leg\u00edtimo de la cosa\u00bb. Adem\u00e1s, es aquella la oportunidad para presentar elementos probatorios que sustenten sus manifestaciones y para constatar el estado del bien con las condiciones en que fue entregado seg\u00fan el acta respectiva elaborada al inicio del contrato. En ese sentido, \u00absi bien es cierto, con la demanda, (folio 44 cdno 1) se present\u00f3 un informe t\u00e9cnico sobre los da\u00f1os ocasionados a la heredad, el mismo pod\u00eda ser presentado en la mentada diligencia de entrega y recibo, para sobre el terreno efectuar las manifestaciones que fuesen del caso, en un sano ejercicio de la buena fe contractual, los principios anclados en la costumbre mercantil y en las reglas de la experiencia, indicativos de lo ya anunciado\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo expuesto, para el ad quem es un hecho cierto que el contrato de arrendamiento termin\u00f3 desde el 30 de junio del 2005. Ello, atendiendo a lo estipulado en la convenci\u00f3n. Aunado a lo acaecido, en la diligencia de entrega y en la voluntad del arrendatario en no prorrogar el acto jur\u00eddico. En tal sentido, consider\u00f3 que no es cierto que, como lo sostuvo el a quo, \u00abadem\u00e1s del preaviso se requer\u00eda la entrega en las condiciones en que se recibi\u00f3 los inmuebles, ya que ello no hace parte ni de la cl\u00e1usula d\u00e9cima segunda del contrato ya enunciado, ni de los supuestos normativos de que trata el art\u00edculo 2008 del CC, de cara a un escenario, donde la se\u00f1ora ROBAYO, como se lee desde la comunicaci\u00f3n de 12 de julio de 2005 (pese a no comparecer el d\u00eda se\u00f1alado para la entrega), no se opone a la terminaci\u00f3n del contrato en tanto manifiesta \u00danicamente, que recibir\u00e1 el bien en las condiciones que lo entreg\u00f3\u00bb. Asimismo, destac\u00f3 que no puede tampoco aseverarse que el haber efectuado obras y modificaciones sobre el bien impida su restituci\u00f3n, \u00abpues esto lo que genera es la obligaci\u00f3n de indemnizar que tiene un tratamiento legal diferente\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, aludi\u00f3 a que el demandado entreg\u00f3 las llaves al despacho judicial. Hecho del cual tuvo conocimiento la demandante. Por ende, \u00ablas consecuencias que de esa acci\u00f3n se desprenden e imposibilitan la conclusi\u00f3n a la que se lleg\u00f3 en la primera instancia, asisti\u00e9ndole el deber de estudiar la voluntad de la ahora demandada y los actos que despleg\u00f3 para eso\u00bb. De manera que, ante la repulsa de la se\u00f1ora Robayo en acudir a la diligencia de entrega del inmueble, \u00abla pasiva dej\u00f3 las constancias del caso y ante la incomunicaci\u00f3n con la otra parte del negocio, dej\u00f3 las llaves a cuenta del proceso en una clara manifestaci\u00f3n que estuvo presto a devolver lo arrendado y por la negativa de la arrendadora, puso a disposici\u00f3n las referidas llaves a \u00f3rdenes del expediente. Al cual ten\u00eda acceso la reclamante, quien habiendo sido renuente a concurrir a la pluricitada diligencia de entrega, no puede escudarse, en que deb\u00eda iniciarse un proceso restitutorio, pues perfectamente como quiera que la arrendataria realiz\u00f3 los tr\u00e1mites de comunicaci\u00f3n oportuna para finiquitar el negocio y asisti\u00f3 a devolver la cosa, esta actuaci\u00f3n es id\u00f3nea con el fin de restituir, sin que le sea forzosamente obligatorio acudir a otro tr\u00e1mite. ya que en desarrollo del contrato su culminaci\u00f3n tiene precisamente el acto restitutorio de devoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A todo lo cual se suma que la promotora hubiera adelantado proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, rad. 2013-0456, ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio, cuya demanda \u00abfue admitida el 25 de junio de 2014 y en la cual se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de diligencia de restituci\u00f3n provisional del inmueble (folio 41, cuaderno N 3), la cual fue suspendida por solicitud de la parte demandante. Como reposa en acta de 6 de agosto de 2014 (folio 71 cuaderno N. 3)\u00bb. Tal circunstancia demuestra la voluntad de la se\u00f1ora Robayo de recibir el bien en el estado en que se encontrare. De manera que censur\u00f3 el entendimiento del a quo respecto a la continuaci\u00f3n del contrato, pues la misma demandante manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de que se practicara la diligencia de entrega provisional de la edificaci\u00f3n. Parte que, en todo caso, desde el principio del pleito de marras \u00abcentr\u00f3 su conducta procesal no en desvirtuar los efectos de las comunicaciones sobre no continuidad en el contrato y su obligaci\u00f3n de asistir a la entrega del bien, sino en argumentar que no recib\u00eda sino en las condiciones que lo entreg\u00f3, querer que reiter\u00f3 en a\u00f1o 2014, pero que mantuvo desde el a\u00f1o 2005\u00bb. As\u00ed las cosas, encontr\u00f3 que s\u00ed estaba llamada a prosperar la excepci\u00f3n de terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual desde el 30 de junio del 2005. Y la denominada como \u00abcontrato no cumplido\u00bb. <\/p>\n
3. Posteriormente, estudi\u00f3 si se configur\u00f3 la responsabilidad civil contractual deprecada a cargo de la arrendataria durante la vigencia del contrato de alquiler y hasta el 30 de junio del 2005. Frente a lo cual estim\u00f3 lo que sigue: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, acudi\u00f3 a las cl\u00e1usulas novena y d\u00e9cima primera del contrato, contentivas del acuerdo en torno a la restituci\u00f3n del bien. De donde coligi\u00f3 que era necesario verificar las condiciones del inmueble al momento de la finalizaci\u00f3n del plazo de duraci\u00f3n del arriendo, a efectos de determinar si se encontraba en similares condiciones respecto al momento en que fue entregado. <\/p>\n
3.2. Dicho esto, se volc\u00f3 en la valoraci\u00f3n del informe t\u00e9cnico rendido por el arquitecto Alberto Bol\u00edvar A; en los testimonios de Carlos Julio Burgos y Carlos Arturo Palacio; en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial del 8 de marzo del 2007; y en el informe del ingeniero Alfonso Santiago Agudelo. <\/p>\n
3.3. Ante tal situaci\u00f3n f\u00e1ctica, hall\u00f3 acreditados los elementos de la responsabilidad civil contractual. Est\u00e1 comprobada la existencia de un contrato. Tambi\u00e9n lo est\u00e1 que la arrendadora cumpli\u00f3 con sus obligaciones desde el 30 de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2005, salvo la de concurrir a la devoluci\u00f3n del inmueble. Adicionalmente, se acredit\u00f3 el incumplimiento de la arrendataria \u00abfrente a la conservaci\u00f3n, derivado ello de la cl\u00e1usula novena del pacto contractual, como del par\u00e1grafo de la cl\u00e1usula octava, que si bien es cierto resulta ser ambigua, el hecho de construir, dividir paredes, dividir salones, se constituye en una modificaci\u00f3n sustancial a la estructura y de lo pactado no emerge con claridad que se autorice hacer construcciones que implicaran ciertas destrucciones del bien\u00bb. Ahora bien, no estima del caso considerar, como lo alega la actora, que el \u00abinmueble se perdi\u00f3 por culpa del arrendatario\u00bb, en tanto que lo acreditado es la afectaci\u00f3n frente a la conservaci\u00f3n de la cosa, pero no su destrucci\u00f3n total. En ese sentido, al haberse contravenido el compromiso de no efectuar obras o reparaciones m\u00e1s all\u00e1 de las permitidas contractualmente, deviene la procedencia de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios conforme a los art\u00edculos 1614 y 1615 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.4. Ahora bien, calific\u00f3 que no hab\u00eda lugar a condenar a la demandada por lucro cesante en tanto que \u00abla obligaci\u00f3n de cancelar los c\u00e1nones de arrendamiento se honr\u00f3 hasta la fecha de terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
3.5. Asimismo, tampoco tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito la s\u00faplica por los da\u00f1os generados luego de la culminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n negocial. Y esto es as\u00ed por cuanto \u00abla parte demandante no prob\u00f3 que los da\u00f1os alegados se causaron durante la vigencia del contrato, pues contrario a ello, las experticias obrante al plenario, dan cuenta de que lo ocurrido, en parte deviene del vandalismo, de circunstancias propias de la naturaleza, el clima, la humedad, la falta de planeaci\u00f3n, ente otros\u00bb. As\u00ed dan cuenta los informes de Octavio V\u00e1squez, Alexander Ruiz y Alfonso Santiago Agudelo. A su turno, de lo aseverado por el experto Mauricio Bustos, se logra colegir que \u00abla estructura original, carece de un dise\u00f1o estructural, asimetr\u00eda y rigidez, falta de dise\u00f1o y supervisi\u00f3n estructural, y por lo que a partir de dicho an\u00e1lisis, de forma alguna, puede atribuirse tal irregularidad o afectaci\u00f3n a la entidad arrendataria, pues evidentemente esas falencias derivan desde el proceso de planeaci\u00f3n de la obra que difiere ampliamente de la fecha de celebraci\u00f3n del contrato y que no pueden ser imputables a la universidad, sino a la falta de diligencia de la se\u00f1ora ROBAYO\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que, en el acta de la diligencia de entrega, a la cual no concurri\u00f3 la actora, consta que el bien se encontraba en condiciones normales de uso. Sin que obre en el plenario probanza que acredite lo contrario, \u00abpues la inasistencia injustificada de la se\u00f1ora Robayo a ese diligencia, no permiti\u00f3 que en el escenario natural ella controvirtiera que la edificaci\u00f3n hab\u00eda sufrido los da\u00f1os y deterioros que mucho tiempo despu\u00e9s aleg\u00f3\u00bb. De manera que, para el Tribunal, es claro que la cosa estaba en condiciones normales al momento de la entrega, salvo los deterioros ocasionales generados por el uso y goce leg\u00edtimos derivados del contrato. Por otro lado, no puede afirmarse que el inmueble pereci\u00f3 en poder del arrendatario \u00abteniendo presente que como quiera que la actora o la reclamante no asisti\u00f3 al acto de devoluci\u00f3n de lo arrendado, estando obligada a ello, seg\u00fan ya se explicit\u00f3, los da\u00f1os que haya podido sufrir el bien ra\u00edz por las causas ya se\u00f1aladas son imputables a ella y su decid\u00eda, omisi\u00f3n en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y el abandono del bien, son de su responsabilidad, no pudiendo trasladar su propia culpa a su contraparte: por lo que no se abre paso el reclamo por los presuntos da\u00f1os acaecidos luego de la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual\u00bb. <\/p>\n
3.6. Frente a la cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o emergente, correspondiente a los da\u00f1os sucedidos hasta el mes de junio de 2005, acudi\u00f3 a las experticias obrantes en el plenario. Ejercicio del cual concluy\u00f3 que el valor era de $262.818.175,8. Ello, no sin antes precisar que sobre ciertos perjuicios reclamados no aparece acreditaci\u00f3n de su causaci\u00f3n. Al respecto, concret\u00f3 que frente a los denominados \u00abda\u00f1os estructurales primera y segunda planta\u00bb, seg\u00fan los dict\u00e1menes de Bol\u00edvar, Bustos y V\u00e1squez, \u00abexist\u00edan elementos externos, ampliamente explicitados que imposibilitan colegir los da\u00f1os estructurales ocurridos durante la vigencia del contrato de arrendamiento. tal como lo ense\u00f1ara el apelante, al hacer alusi\u00f3n a la falta de estudios previos que llevaran a la determinaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n reclamada, ya que no reposan los planos, del momento de la edificaci\u00f3n, como tambi\u00e9n se constata falencias de toda la estructura, que no pueden ser atribuidas a la Universidad, pues su ocurrencia data desde el dise\u00f1o inicial y por lo que no yace la prosperidad de la pretensi\u00f3n invocada en tal sentido\u00bb. <\/p>\n
Lo mismo ocurre en torno a los perjuicios denominados como \u00abconstrucci\u00f3n y demolici\u00f3n de \u00e1rea de recreaci\u00f3n. donde se incluy\u00f3 zonas verdes, talleres, fachadas, murales, reubicaci\u00f3n de elementos el\u00e9ctricos, arreglo bater\u00edas sanitarias y revisi\u00f3n, instalaciones sanitarias e hidr\u00e1ulicas\u00bb. Porque no se estableci\u00f3 que su causaci\u00f3n hubiese ocurrido en vigencia del contrato. Aunado a la culpa atribuible a la arrendadora por no presentarse en la fecha acordada para la restituci\u00f3n del bien. Adem\u00e1s de que el peritaje de Octavio V\u00e1squez imputa el mal estado de estos elementos a aspectos externos. <\/p>\n
En lo que concierne con la demolici\u00f3n de la \u00absala de profesores e isla exterior primer piso sobre fachada lateral\u00bb y la construcci\u00f3n de unidades sanitarias para mujeres y hombres en la zona recreativa demolida, indic\u00f3 que \u00abtampoco yace prueba que demuestre la construcci\u00f3n realizada y la demolici\u00f3n de esas unidades sanitarias, pues el perito ALFONSO SANTIAGO, es claro en mencionar a folio 189 C. 1.2 que la \u00fanica demolici\u00f3n que se encontr\u00f3 fueron tres salones ubicados enseguida de la bater\u00eda de ba\u00f1os de los laboratorios, donde se trat\u00f3 de construir una obra que fue iniciada, pero que est\u00e1 sin terminar, por lo que ello no da cuenta de la afectaci\u00f3n directa de las bater\u00edas de los ba\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
3.7. Finalmente, en cuanto al da\u00f1o moral reclamado, encontr\u00f3 que un testimonio no es un medio suficiente para acreditar la afectaci\u00f3n que alega la demandante. As\u00ed, pues, al no hallarse en el plenario alguna prueba de car\u00e1cter m\u00e9dico legal y de an\u00e1lisis psicol\u00f3gico, \u00abmal har\u00eda esta colegiatura en proceder a cuantificar ello. sin el soporte real de su ocurrencia y el grado de la misma, por lo que frente a ello, tampoco ha de prosperar lo pretendido en la demanda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En la demanda de casaci\u00f3n se formularon cinco cargos. Los primeros dos se resolver\u00e1n conjuntamente, al versar ambos sobre la mora de la arrendadora, el lucro cesante y el momento de terminaci\u00f3n del contrato. De manera que dichos embates se sirven de los mismos hechos para fundamentar las m\u00faltiples falencias endilgadas a la sentencia de segunda instancia. Y, asimismo, considera la Corte necesario despacharlos al un\u00edsono, por ser complementarios. Posteriormente, ser\u00e1n resueltos por separado los cargos tercero, cuarto y quinto. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 882 del C\u00f3digo de Comercio, 1605, 1606, 1607, 1608, 1610, 1613, 1614, 1615,1627, 1648, 1649, 1656, 1658, 1663, 1730, 1731, 2005, 2006, 2007, 2029, 2341 y 2342 del C\u00f3digo Civil, y del art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio, todos por falta de aplicaci\u00f3n como consecuencia del error de hecho que cometi\u00f3 el ad quem en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. Adem\u00e1s, censur\u00f3 la aplicaci\u00f3n indebida del canon 2008 del C\u00f3digo Civil. En su desarrollo, la recurrente sostuvo que la sentencia del Tribunal incurri\u00f3 en los siguientes yerros f\u00e1cticos: <\/p>\n
1. El primero se cimenta en que se interpret\u00f3 erradamente la demanda pues no se advirti\u00f3 que la reclamaci\u00f3n del lucro cesante se sustent\u00f3 en la falta de entrega del inmueble por parte de la arrendataria a la arrendadora. Tal afirmaci\u00f3n se corrobora con la simple lectura de las pretensiones subsidiarias, cuya acumulaci\u00f3n fue simple en tanto que \u00abla pretensi\u00f3n segunda y siguientes no son consecuenciales de la primera, es decir, su prosperidad no est\u00e1 supeditada a que se estime favorablemente esa primera pretensi\u00f3n\u00bb. Ciertamente, la indemnizaci\u00f3n reclamada por la accionante por concepto de lucro cesante \u00abproviene del ingreso que ella deja de recibir durante todo el t\u00e9rmino en que no puede explotar econ\u00f3micamente los inmuebles arrendados \u201cpor causa de la no entrega de los mismos\u201d\u00bb. Al turno que la pretensi\u00f3n primera, que alude a la vigencia del contrato, es un pedimento aut\u00f3nomo e independiente del cual no dependen las pretensiones restantes. Y es que, a su juicio, el hecho de que el contrato hubiera concluido no implicaba necesariamente la denegaci\u00f3n de los perjuicios materiales por lucro cesante, \u00abque siguieron padeci\u00e9ndose por la arrendadora, por cuanto que la obligaci\u00f3n de entregar, que persist\u00eda en cabeza de la arrendataria, continu\u00f3 vigente en el tiempo dada la desatenci\u00f3n prestacional de \u00e9sta y que justamente por perdurar sin ser asumida le impidi\u00f3 a la demandante la posibilidad de explotar el inmueble objeto de ese acuerdo prestacional\u00bb. <\/p>\n
2. En lo que toca con el segundo error de hecho enrostrado a la sentencia, el pretensor adujo que hubo equivocaci\u00f3n al afirmar que la arrendadora incurri\u00f3 en mora por no haberse presentado a recibir el inmueble en la fecha en la que unilateralmente la convoc\u00f3 la inquilina. Ello, por cuanto: <\/p>\n
2.1. Supuso que el testigo Carlos Arturo Palacio hubiese declarado que el 28 de junio del 2005 era la fecha en que las partes acordaron que acaecer\u00eda la terminaci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
2.2. Se cercen\u00f3 el contenido de la cl\u00e1usula tercera del contrato de arrendamiento seg\u00fan el cual el c\u00f3mputo de duraci\u00f3n del contrato tuvo su g\u00e9nesis en el momento en que la arrendadora hiciera entrega del inmueble debidamente adecuado. En ese orden, en su \u00faltima renovaci\u00f3n, el negocio fenec\u00eda el 12 de julio del 2005. Asimismo, se pretiri\u00f3 el acta de entrega de los inmuebles arrendados del 12 de julio de 1996. De la cual se puede deducir que la fecha pactada entre las partes para la expiraci\u00f3n del contrato y sus sucesivas pr\u00f3rrogas correspond\u00eda al 12 de julio de 2005. Si el ad quem no hubiese pasado por alto tal hecho, \u00abno habr\u00eda calificado a la arrendadora como contratante incumplida de su obligaci\u00f3n de recibir el inmueble, pues reluce que le correspond\u00eda hacerlo a la extinci\u00f3n del contrato, esto es, el 12 de julio de 2005, como ya se ha reiterado, pues fue esta la fecha convenida en ese pacto\u00bb. A su turno, destac\u00f3 que la mora accipiendi requiere que se acredite la tardanza culpable del acreedor. A lo que se suma que, en consideraci\u00f3n del casacionista, la deudora no estaba en condiciones de restituir en las mismas condiciones en que recibi\u00f3 el inmueble. <\/p>\n
2.3. Aduce que se incurri\u00f3 en yerro al distorsionar el contenido de la carta del 12 de julio del 2005, que la arrendadora remiti\u00f3 a la Universidad. Con lo que el Tribunal dej\u00f3 de advertir que la demandante opt\u00f3 por reclamar la restituci\u00f3n del predio objeto del contrato de arrendamiento al exigir, en ejercicio de su derecho, que le fuese devuelto en las condiciones en que lo entreg\u00f3. El dislate cometido por el ad quem lo llev\u00f3 a violentar los c\u00e1nones 1627, 1648 y 1649 del C\u00f3digo Civil, que consagran el principio de integridad del pago. Adicionalmente, al apreciar indebidamente tal misiva, el Colegiado no repar\u00f3 en que, mediante aquella, la acreedora constituy\u00f3 en mora a la arrendataria como deudora de su obligaci\u00f3n de entregar. De manera que se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 2007 del C\u00f3digo Civil, en tanto que el ad quem omiti\u00f3 deducir que, por haber sido enviada oportunamente la comunicaci\u00f3n a la fecha de expiraci\u00f3n del t\u00e9rmino contractual, esto comportaba un requerimiento para constituir en mora a la arrendataria. No obstante, a pesar de que se efectu\u00f3 nuevamente la petici\u00f3n el 2 de diciembre del 2005, la arrendadora no cumpli\u00f3, nunca, con su obligaci\u00f3n de restituir el predio. <\/p>\n
3. El tercer error radica en la falta de reconocimiento de la responsabilidad civil contractual de la demandada frente a la destrucci\u00f3n de los inmuebles. Al respecto, reiter\u00f3 que la demandante no estaba en mora de recibir los bienes arrendados. Por otro lado, apuntal\u00f3 que se incurri\u00f3 en yerro al considerar que no estaba probado que los inmuebles se destruyeran por culpa de la demandada. Ello, como consecuencia de la pretermisi\u00f3n de los testimonios de Luis Enrique Casas Hern\u00e1ndez, V\u00edctor \u00c1ngel Beltr\u00e1n Buitrago y Juan Fernando Suaza Restrepo; la inspecci\u00f3n judicial realizada el 8 de marzo del 2007 y el 9 de agosto del mismo a\u00f1o; los memoriales presentados por la arrendadora en los que advert\u00eda al juez del estado de abandono del inmueble -del 25 de abril de 2007, 15 y 25 de septiembre, 18 de diciembre y 9 de noviembre de 2006-. Adem\u00e1s del cercenamiento de la experticia de Alfonso Santiago Agudelo y Octavio V\u00e1squez, quienes pusieron de presente la destrucci\u00f3n total de la edificaci\u00f3n. <\/p>\n
Todos estos medios de convicci\u00f3n dan cuenta de que el demandado incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de custodiar y vigilar el inmueble, pese a mantener, en su poder, los fundos arrendados. Como consecuencia de tal abandono injustificado de sus deberes de vigilancia y custodia, acaecieron los actos de saqueo y vandalismo. As\u00ed como aparecieron humedades y dem\u00e1s circunstancias que destruyeron el bien. <\/p>\n
En suma, encontr\u00f3 que la Universidad siempre estuvo en mora de restituir, porque no entreg\u00f3 la edificaci\u00f3n ni los enseres adeudados en la \u00e9poca fijada en el contrato, a pesar de haber sido requerida para tal fin. As\u00ed como, tampoco, se ofreci\u00f3 formalmente a efectuar la consignaci\u00f3n y dep\u00f3sito de las cosas debidas. Del mismo modo, \u00abde manera negligente abandon\u00f3 la custodia de la edificaci\u00f3n, de manera que la falta de cuidado, la intemperie y los v\u00e1ndalos la destruyeron\u00bb. Y a\u00fan si el arrendatario consideraba que la arrendadora estaba obrando injustificadamente al oponerse a recibir el inmueble, debi\u00f3 acudir a la v\u00eda judicial con miras a forzar a la acreedora a recibir. Ejercicio que s\u00ed la hubiera liberado de la responsabilidad de custodiar y conservar la cosa ra\u00edz y la hubiera descargado de la obligaci\u00f3n de entregar. <\/p>\n
4. El cuarto reparo apunta a los errores de hecho cometidos al se\u00f1alar que ciertos da\u00f1os materiales reclamados no aparecen comprobados. En concreto, censur\u00f3 el cercenamiento de las experticias rendidas por Alberto Bol\u00edvar A\u00f1ez, Octavio V\u00e1squez Berm\u00fadez y Alfonso Santiago Agudelo. Adem\u00e1s, que pretermiti\u00f3 los testimonios de Fernando L\u00f3pez Guzm\u00e1n y Carlos Julio Burgos. Quienes dieron cuenta de que los deterioros se produjeron dentro del t\u00e9rmino de vigencia de la relaci\u00f3n contractual. Y que otros, si bien acontecieron despu\u00e9s de terminado el contrato, \u00ablo cierto es que tambi\u00e9n son imputables a la negligencia de la arrendataria quien, al no cumplido su obligaci\u00f3n contractual de entregar el inmueble, sigue respondiendo por los menoscabos materializados, en tanto el predio continuaba estando en sus manos\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Censur\u00f3 la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 882 del C\u00f3digo de Comercio, 1605, 1606, 1607, 1608, 1610, 1613, 1614, 1615,1627, 1648, 1649, 1656, 1663, 1730, 1731 y 2029 del C\u00f3digo Civil y del art\u00edculo 822 del C. de Co., a la vez que incidi\u00f3 en una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 2005 y 2006 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
1. Indic\u00f3 que se transgredieron los rese\u00f1ados c\u00e1nones 2005, 1627, 1648 y 1649 del C\u00f3digo Civil, pues la correcta inteligencia de tales disposiciones llevaba a concluir que \u00abcuando el deterioro del bien proviene, como en este caso acaeci\u00f3 y as\u00ed lo tuvo por probado el Tribunal, por hechos imputables a la arrendataria, el acreedor ya no tiene el deber de recibirla en las condiciones en las que aquella lo puso y, subsecuentemente, el deudor incumple su obligaci\u00f3n de entregar en la forma debida\u00bb. Por ende, al haber el Tribunal evidenciado que, en vigencia del contrato, la arrendataria efectu\u00f3 modificaciones en el bien y que, con ello, falt\u00f3 a su deber de conservaci\u00f3n de los predios, \u00abno le era dado al juzgador de segundo agrado aseverar, subsecuentemente, que dadas esas modificaciones (que admite que se hicieron al inmueble), le incumb\u00eda a la arrendadora recibirlo para demandar solamente la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, pues est\u00e1 claro que la obligaci\u00f3n de restituir el predio apareja la de hacerlo en el estado en que el arrendatario lo recibi\u00f3, correspondi\u00e9ndole al acreedor optar por recibirlo en ese estado y reclamar el resarcimiento correspondiente o, por el contrario, exigir que se restableciera al estado original, esto es, al que denotaba cuando lo entreg\u00f3\u00bb. Pues, dadas las aludidas normas, es potestad del acreedor no recibir la cosa o aceptarla, pero con indemnizaci\u00f3n de perjuicios. En ese orden, y conforme al art\u00edculo 1649 del C\u00f3digo Civil, \u00abno le era dado al Tribunal inferir que correspond\u00eda a la actora recibir por pedazos la edificaci\u00f3n o con las modificaciones no autorizadas por la arrendadora, pues, por el contrario, la restituci\u00f3n deb\u00eda hacerse indivisiblemente entregando el bien en las condiciones en que lo recibi\u00f3 la arrendataria\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, en cuanto a los deberes de conservar y custodiar la cosa debida, repar\u00f3 en los art\u00edculos 1605 y 1606 del estatuto civil. Ello, para denunciar que el ad quem err\u00f3 al aseverar que \u00abla arrendadora est\u00e9 obligada a recibir el inmueble sin importar el estado en que se encuentra, porque esa deducci\u00f3n ri\u00f1e abiertamente con lo preceptuado por el art\u00edculo 1648 (\u2026)\u00bb. Adem\u00e1s, estim\u00f3 que las obligaciones de conservar y custodiar a las que se refieren las aludidas normas se predican de la entrega en s\u00ed misma considerada, independientemente de que se trate de una obligaci\u00f3n de dar o de hacer. De manera que, a su juicio, las aludidas obligaciones subsisten hasta que la cosa arrendada sea entregada al acreedor, con independencia de la expiraci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
2. En segundo lugar, asever\u00f3 que se incurri\u00f3 en desacierto al concluir que la arrendadora estuvo en mora de recibir y que, por lo tanto, eran de su cargo las consecuencias derivadas de ello. Para lo cual destac\u00f3 que, en el caso en concreto, la cooperaci\u00f3n de la acreedora no era indispensable para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n insoluta de entrega. Adem\u00e1s, apuntal\u00f3 que para tildar a un arrendador de moroso en su deber de recibir la cosa es menester que el juzgador -en un proceso de pago por consignaci\u00f3n- se cerciore de si la oferta de cumplimiento del deudor es seria. En otras palabras, el deudor ha de comparecer a solucionar una deuda con la aptitud jur\u00eddica de hacerlo. Por consiguiente, \u00abno le bastaba a la arrendataria organizar una mara\u00f1a, acta incluida, en la que aparentaba estar dispuesta a restituir la cosa cuando es lo cierto, y as\u00ed lo reconoce el fallador de segunda instancia, que el inmueble no estaba en las mismas condiciones en las que lo recibi\u00f3, es decir que en verdad no estaba en posibilidad de cumplir\u00bb. <\/p>\n
3. En tercer lugar, critic\u00f3 el quebrantamiento del canon 1656 del c\u00f3digo civil, que consagra la forma en que el deudor puede pagar contra la voluntad del acreedor. Esta norma fue violada por el Tribunal pues, contrario a lo arg\u00fcido por el Colegiado, que \u00abno es en el acto de entrega en el que el deudor debe discutir y refutar la negativa del acreedor a recibir, sino es el aludido tr\u00e1mite y de cara al juez, que es a quien le corresponde dirimir la controversia\u00bb. Y es que, atendiendo a los art\u00edculos 1657 y 1663, la trascendencia de acudir a este tr\u00e1mite radica en que le permite al deudor \u00abdescargarse de su obligaci\u00f3n de pagar intereses y de responder por los riesgos de la cosa, todo esto a partir de la consignaci\u00f3n (no a partir de la fecha de vencimiento de la obligaci\u00f3n); al mismo tiempo que consolida, de existir, la mora creditoris\u00bb. Hizo \u00e9nfasis en c\u00f3mo en ninguna parte del art\u00edculo 2006 del c\u00f3digo civil se prev\u00e9 la posibilidad de que se dejen las llaves en manos de un tercero -v.g. un juzgado- para constre\u00f1ir al acreedor a recibir el bien. Actitud que solo muestra la deslealtad de la demandada. <\/p>\n
4. En alusi\u00f3n a los art\u00edculos 1613, 1614 y 1615 del C\u00f3digo Civil, apuntal\u00f3 que la argumentaci\u00f3n esgrimida por el ad quem respecto del lucro cesante parece indicar que \u00abseg\u00fan su parecer s\u00f3lo existe responsabilidad contractual si el contrato est\u00e1 vigente, elucidaci\u00f3n que contraviene las reglas de los art\u00edculos 1613, 1614 y 1615 del C\u00f3digo Civil, que consagran como supuesto de la indemnizaci\u00f3n el incumplimiento de la obligaci\u00f3n sin circunscribirla, pues no pod\u00eda hacerlo, a que debi\u00f3 estar vigente el contrato\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se anticipa el fracaso de los ataques. A continuaci\u00f3n, se ofrece el soporte de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En primer lugar, el censor aleg\u00f3 que el error de interpretaci\u00f3n del libelo consisti\u00f3 en que el ad quem no advirti\u00f3 que la acumulaci\u00f3n de pretensiones subsidiarias es simple. Y que la reclamaci\u00f3n del lucro cesante se sustent\u00f3 en la falta de entrega del inmueble por parte de la arrendataria a la arrendadora. De manera que este rubro no era una consecuencia de la declaraci\u00f3n de que el contrato se manten\u00eda vigente. En palabras del casacionista, \u00abest\u00e1 reclamando las sumas de dinero que ha dejado de percibir por causa del incumplimiento de la arrendataria en su obligaci\u00f3n de restituir\u00bb. <\/p>\n
2.1. El ejercicio hermen\u00e9utico del fallador, al apreciar la demanda, est\u00e1 supeditado a que del texto se muestre oscuro. La opacidad habilita la interpretaci\u00f3n. En ese orden, avizora esta Corporaci\u00f3n que el error de hecho que se le atribuye al Tribunal no se configur\u00f3. <\/p>\n
2.2. Las pretensiones planteadas en el escrito tienen por prop\u00f3sito atribuir la responsabilidad civil de la demandada. Ello, a efectos de que se le condene al pago de los perjuicios causados a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente, lucro cesante y da\u00f1o moral. Sobre el lucro cesante, la s\u00faplica principal tercera es diciente al instar a que, \u00abcomo consecuencia\u00bb de la declaratoria de incumplimiento del contrato a cargo de la Universidad Cooperativa de Colombia, se le condene al pago de los \u00abc\u00e1nones de arrendamiento de seis (06) meses transcurridos a la fecha de este escrito (\u2026) m\u00e1s todos los meses (futuros) que transcurran hasta la fecha en que quede en firme la sentencia con que termine este proceso\u00bb. Esto es, para la arrendadora, \u00abal no haber podido hacer entrega la demandada por las razones ya anotadas, autom\u00e1ticamente se prorrog\u00f3 el Contrato de Arrendamiento por tres (3) a\u00f1os m\u00e1s, siendo su obligaci\u00f3n la de continuar pagando los c\u00e1nones mensuales\u00bb. <\/p>\n
La manera en que los pedimentos principales se plantearon revela que la promotora del litigio censura la conducta de su contraparte -deudor-, de manera principal, por haber cesado en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento de un contrato que se prorrog\u00f3 y, de esta circunstancia, fija los perjuicios. Por tanto, fue la demandante misma quien circunscribi\u00f3 la controversia a que, de manera principal, el lucro cesante se determinara por el valor de los frutos civiles que se generaron de la propia pr\u00f3rroga del convenio. Y que la demandada no pag\u00f3. <\/p>\n
2.3. Ahora bien, es cierto que la activa reform\u00f3 la demanda para a\u00f1adir pretensiones subsidiarias. En ellas, se pidi\u00f3 que se declarara la existencia del contrato de arrendamiento, que este fue incumplido por la demandada. Y que \u00abcomo consecuencia de las anteriores declaraciones\u00bb, se condene a la universidad al pago del lucro cesante derivado de \u00ablas sumas de dinero que ha dejado de producirle durante todo el t\u00e9rmino en que no ha sido posible su explotaci\u00f3n econ\u00f3mica por causa de la no entrega de los mismos y los bienes muebles y enseres en el mismo buen estado en que le fueron entregados a la Arrendataria por parte de la Arrendadora (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Lo primero que se advierte es que la redacci\u00f3n de las peticiones no es clara, pues, por un lado, pide la declaratoria de subsistencia del contrato. Y, por otro lado, pretende que, como consecuencia de ello, se condene al pago de lucro cesante generado a causa de la falta de entrega del bien. No obstante, no se avizora que la interpretaci\u00f3n del sentenciador de segundo grado haya sido esa que expone el casacionista. En efecto, si bien es cierto, la sentencia s\u00ed se\u00f1ala que \u00abel lucro cesante que se demanda corresponde a los c\u00e1nones de arrendamiento insolutos en cuanto que el contrato de arrendamiento no se ha extinguido\u00bb, el Colegiado lo hizo para referirse a las peticiones principales -que no para las subsidiarias-. Con respecto a estas, como ya se vio, el lucro cesante se limit\u00f3 a los c\u00e1nones causados, pero no pagados. <\/p>\n
Valga aclarar, frente a las subsidiarias, la falta de condena de perjuicios se debi\u00f3 a la culpa de la arrendadora en no recibir el inmueble a la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento. Y no, como lo aduce el impugnante, por la indebida interpretaci\u00f3n de la demanda. De manera que es claramente desenfocado el cargo, por cuanto distorsiona el hilo conductor de la decisi\u00f3n del ad quem, haci\u00e9ndolo decir algo que en realidad no dijo. Ciertamente, para el Tribunal \u00abno tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito la s\u00faplica por da\u00f1os presuntamente generados luego que culminara la pluricitada relaci\u00f3n negocial\u00bb, puesto que, en s\u00edntesis, \u00abcomo quiera que la actora o la reclamante no asisti\u00f3 al acto de devoluci\u00f3n de lo arrendado, estando obligada a ello, seg\u00fan ya se explicit\u00f3, los da\u00f1os que haya podido sufrir el bien ra\u00edz por las causas ya se\u00f1aladas son imputables a ella\u00bb. Y se agreg\u00f3 que esa \u00abomisi\u00f3n en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y el abandono del bien, son de su responsabilidad, no pudiendo trasladar su propia culpa a su contraparte: por lo que no se abre paso el reclamo por los presuntos da\u00f1os acaecidos luego de la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual\u00bb. As\u00ed las cosas, se estima que el litigio se dirimi\u00f3 teniendo como p\u00e1bulo la demanda. <\/p>\n
3. De otro lado, en cuanto a la controversia que plantea el casacionista con respecto a la fecha de terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento, el 12 de julio del 2005, observa la Sala que tal planteamiento se constituye como un medio nuevo. V\u00e9ase que, a lo largo del pleito, para ambas partes siempre fue pac\u00edfico que la expiraci\u00f3n de la cuarta pr\u00f3rroga habr\u00eda ocurrido el 30 de junio del 20056. Tal como lo dictaminaron los jueces de primera y segunda instancia. Por ende, el arg\u00fcir que la fecha fenecimiento del plazo contractual era un d\u00eda distinto de aquel constituye un argumento novedoso, que no fue discutido en ninguna de las instancias. E, incluso, se manifiesta contrario a las afirmaciones de la demandante a lo largo de la litis. Por ende, no es una fecha imaginada por el ad quem, sino el propio reflejo de las manifestaciones de las partes.7 <\/p>\n
4. Ahora bien, en adelante, el casacionista se enfoca en cuestionar algunas de las afirmaciones bajo las cuales el Tribunal dict\u00f3 la sentencia de segundo grado. Estas son: i) que la arrendadora efectu\u00f3 en debida forma el preaviso para impedir la pr\u00f3rroga del contrato; ii) que el arrendatario puso a disposici\u00f3n del arrendador el inmueble, que estaba en condiciones normales para su entrega; iii) que la locadora no asisti\u00f3 al acto de devoluci\u00f3n de lo arrendado, estando obligada a ello; por ello, los da\u00f1os que haya podido sufrir el bien ra\u00edz por su abandono son imputables a ella y a su desidia; y, iv) que, con todo, sobre el inmueble se efectuaron modificaciones y construcciones sin autorizaci\u00f3n de la demandante \u00aby que van m\u00e1s all\u00e1 de las reparaciones meramente locativas y que por ende, constituyeron en afectaci\u00f3n de la propiedad inmueble\u00bb. <\/p>\n
Para el actor, se incurri\u00f3 en error de hecho al dar por probado, sin estarlo, que la arrendataria cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de entrega del inmueble a la terminaci\u00f3n del contrato. En tanto que este no se encontraba en condiciones para ser entregado. Correlativamente, increpa la tercera conclusi\u00f3n, es decir, aquella seg\u00fan la cual existi\u00f3 mora en la arrendadora en su obligaci\u00f3n de recibir. As\u00ed, insiste en que la demandada, de manera negligente, abandon\u00f3 la custodia de la edificaci\u00f3n. Y de ello devino su destrucci\u00f3n por la falta de cuidado. <\/p>\n
5. El Tribunal estim\u00f3 que la diligencia de entrega del inmueble arrendado a la terminaci\u00f3n del contrato se \u00abconstruye el escenario ideal para que la parte arrendadora deje las constancias u anotaciones sobre el estado del bien, la forma y condiciones en que lo recibir\u00eda o se imposibilitar\u00eda hacerlo, se\u00f1alando los da\u00f1os y perjuicios que alega le ocasionaron. Empero, este derecho tambi\u00e9n le asiste al arrendatario, quien all\u00ed puede dejar constancia y observaciones del estado en que entregar\u00e1 lo arrendado, si lo reclamado como da\u00f1os perjuicios, destrucciones u obras no autorizadas, son aceptados, rechazados u ofreciendo las explicaciones del caso, incluyendo si esos hechos o el deterioro del bien son a su cargo o producto del uso y goce normal y leg\u00edtimo de la cosa\u00bb. Ello, en ejercicio de la buena fe contractual, los principios anclados en la costumbre mercantil y en las reglas de la experiencia. De manera que, si en el caso en concreto no se realiz\u00f3 el pago de la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n, ello obedeci\u00f3 a una causa no imputable a la demandada. En efecto, fue la se\u00f1ora Robayo qui\u00e9n se neg\u00f3 a concurrir a la diligencia, citada oportunamente para \u00aben ella efectuar las observaciones, sin que pueda confundirse que el hecho de haber efectuado obras y modificaciones al bien, impida la restituci\u00f3n pues esto lo que genera es la obligaci\u00f3n de indemnizar que tiene un tratamiento legal diferente\u00bb. <\/p>\n
6.- No se advierte en dicho raciocinio la incursi\u00f3n de ninguno de los yerros in iudicando denunciados por el censor. Es impreciso, como lo pretende sentar el impugnante, que, con la declaratoria de responsabilidad civil, el ad quem hubiera considerado que el locatario no estuviera en condiciones de cumplir con la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n. Ciertamente, contrario a ello, el juez de segundo grado asegur\u00f3 que, al momento de la terminaci\u00f3n del pacto negocial, el bien \u00abestaba en condiciones normales para su entrega\u00bb. Afirmaci\u00f3n con la cual interpret\u00f3 la cl\u00e1usula novena del contrato, que compulsaba a la arrendataria a \u00abrestituir[a] el inmueble a la arrendadora a la terminaci\u00f3n del contrato en el mismo estado que lo reciba, salvo el deterioro por su uso normal\u00bb. En el sentido de entender que dicha obligaci\u00f3n se circunscrib\u00eda a que el inmueble estuviera en condiciones normales de uso. Con independencia de las modificaciones que hubieran variado el bien, aspecto que a la postre habr\u00eda de dilucidarse en el escenario del proceso de responsabilidad civil contractual. <\/p>\n
Ahora, frente al tema, es menester hacer las siguientes acotaciones: la interpretaci\u00f3n otorgada por el Tribunal respecto de la cl\u00e1usula novena de la citada convenci\u00f3n se halla plausible8. Puesto que consider\u00f3 que la heredad deb\u00eda encontrarse en condiciones normales de uso. Que fue, a su turno, el estado en que lo recibi\u00f3. Tal modo de entender la obligaci\u00f3n cabe destacar, no puede ser reprochada, m\u00e1xime cuando -en la demanda- se atribuy\u00f3 la renuencia a recibir el pago por haberse incumplido la cl\u00e1usula atinente a las reparaciones locativas9. Mas no por la falta de atenci\u00f3n de la estipulaci\u00f3n novena. <\/p>\n
Por su parte, tal ex\u00e9gesis no resulta transgresora de los art\u00edculos 1627, 1648 y 1649 del C\u00f3digo Civil. Al respecto, el casacionista intenta convencer de que el Colegiado transgredi\u00f3 las normas relativas a la integridad del pago, en tanto que \u00abno le era dado al Tribunal inferir que correspond\u00eda a la actora recibir por pedazos la edificaci\u00f3n o con las modificaciones no autorizadas por la arrendadora, pues, por el contrario, la restituci\u00f3n deb\u00eda hacerse indivisiblemente entregando el bien en las condiciones en que lo recibi\u00f3 la arrendataria\u00bb. Sin embargo, tal inferencia no fue efectuada de manera alguna por el juzgador de segundo grado. Lo que aqu\u00e9l dijo, y no se refut\u00f3 -valga destacarlo-, fue que, al momento de la entrega, el bien se encontraba en condiciones normales de uso. Tal como se deriv\u00f3 del \u00abacta suscrita por los intervinientes y luego protocolizada en Notar\u00eda y los testimonios de este hecho, entre los cuales resalta el testimonio del celador presente\u00bb. Lo cual se halla en consonancia con el estado de funcionamiento en que el objeto en comento se encontraba al momento en que fue entregado, seg\u00fan se desprende del acta suscrita por los contratantes el 12 de julio de1996, seg\u00fan la cual se \u00abRECIBE EN CALIDAD DE ARRIENDO, DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA QUE LO RECIBIMOS EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO\u00bb10. Otra cosa es que a las construcciones se le hubieren efectuado modificaciones no autorizadas. Situaci\u00f3n que no desacredita que el arrendatario hubiere estado en condiciones de cumplir lo estipulado en la cl\u00e1usula novena del contrato de arrendamiento. As\u00ed las cosas, el Colegiado evidenci\u00f3 que el inquilino se pleg\u00f3 a la norma y al contrato, que prescriben que la entrega del inmueble se realizar\u00e1 poni\u00e9ndolo a disposici\u00f3n del arrendador. <\/p>\n
En este punto, se debe se\u00f1alar tambi\u00e9n la incompletitud del cargo. Y es que v\u00e9ase que el esfuerzo argumentativo del censor estuvo dirigido a evidenciar el supuesto error del Tribunal en torno a lo que deb\u00eda considerarse como el pago completo de la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n. Sin embargo, no efectu\u00f3 ning\u00fan comentario frente al estado de funcionamiento del inmueble al momento de la cita agendada por el arrendatario. En tal sentido, dej\u00f3 inc\u00f3lume la consideraci\u00f3n de que el bien se encontraba \u00aben condiciones normales para su entrega\u00bb. <\/p>\n
7. Sentado lo anterior, esto es, que el arrendatario s\u00ed estuvo en las condiciones y dispuesto a cumplir la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n, se debe estudiar los argumentos esgrimidos en torno a la mora creditoris. Frente al tema, el censor aduce, en esencia, que \u00abla arrendadora no estaba en mora de recibir los inmuebles arrendados, toda vez que la diligencia de entrega del 28 de junio de 2005 obedeci\u00f3 a un acto unilateral de la inquilina que no corresponde a la fecha contractualmente prevista para tal efecto, esto es, el 12 de julio de ese mismo a\u00f1o o, en todo caso, seg\u00fan lo dedujo el Tribunal, el 30 de junio de esa anualidad. Es decir que la elecci\u00f3n de esa fecha no tiene efectos vinculantes para la arrendadora en cuanto no se comprometi\u00f3 a recibir los predios ese d\u00eda sino en data posterior\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, el esfuerzo argumentativo del impugnante en tal punto responde a un ejercicio hermen\u00e9utico alternativo al desarrollado por el sentenciador de segundo grado. Por lo que no es posible imponer el suyo frente al del ad quem. Aunado a que, en todo caso, para esta Sala, si bien es cierto que la fecha de terminaci\u00f3n del contrato era el 30 de junio del 2005 y la entrega se pretendi\u00f3 llevar a cabo dos d\u00edas antes, las partes modificaron consensualmente el momento de cumplimiento de tal obligaci\u00f3n. Esto es, acordaron t\u00e1citamente que esta habr\u00eda de ocurrir el 28 de junio del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Se reitera, el contrato de arrendamiento es un acto jur\u00eddico consensual -regla general de los contratos-. De all\u00ed que las partes puedan v\u00e1lidamente modificarlo con su conducta rec\u00edproca, reiterada, consentida y tolerada. Recu\u00e9rdese que el contrato es un todo l\u00f3gico \u2013\u00abun todo completo\u00bb11-, una unidad que somete a los contratantes. Como primera medida, \u00abla intenci\u00f3n de las partes al celebrar los contratos puede desentra\u00f1arse tomando en consideraci\u00f3n la naturaleza del contrato y las cl\u00e1usulas claras y admitidas del mismo\u00bb12. Desde luego, en el C\u00f3digo Civil se consagran varias \u00abpautas\u00bb13 o \u00abreglas auxiliares de interpretaci\u00f3n\u00bb -arts. 1619 a 1624 CC.14. En efecto, \u00ab[p]ara averiguar el querer de los obligados, a m\u00e1s del tenor literal de sus cl\u00e1usulas y las directrices establecidas en los art\u00edculos 1618 a 1624 del C\u00f3digo Civil, 5\u00b0 y 823 del C\u00f3digo de Comercio, debe tener en cuenta el int\u00e9rprete diversos factores que inciden en el acuerdo, tales como las condiciones particulares de los intervinientes y su proceder en los diferentes momentos contractuales, esto es, antes, durante y despu\u00e9s de su celebraci\u00f3n, de tal manera que se refleje de manera precisa el \u00e1nimo que los inspir\u00f3 a vincularse\u00bb (CSJ SC del 24 de julio de 2012, rad. n.\u00b0 2005-00595-01; se subraya). En ese orden, habr\u00e1 de atenderse al desenvolvimiento negocial de los contratantes para determinar su real intenci\u00f3n en cuanto a la interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas negociales15. Siendo tambi\u00e9n factible, por supuesto, la modificaci\u00f3n de las condiciones contractuales por la conducta de los contratantes16. <\/p>\n
En el caso en concreto se present\u00f3, en efecto, la variaci\u00f3n del momento en que habr\u00eda de cumplirse la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n pues, hecho oportunamente el preaviso, la arrendataria solicit\u00f3 a la arrendadora que acudiera el 28 de junio del 2005 para efectuar la entrega del bien. Y, atendiendo a dicho requerimiento, aquella envi\u00f3 a su hija, quien se neg\u00f3 a recibir al aducir que era su madre la indicada para se\u00f1alar el estado en que se encontraba el inmueble al momento en que fue entregado17. Ahora, v\u00e9ase que frente al ofrecimiento de cumplir el compromiso en comento en fecha anterior al momento de terminaci\u00f3n del contrato nada dijo la impugnante. Quien, \u00fanicamente, vino a efectuar tales reclamos al momento de sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Sin embargo, no existe prueba de que aquella haya rechazado la propuesta de entrega anticipada. Por el contrario, estuvo de acuerdo con ella, mas no en la forma en que habr\u00eda de efectuarse. De tal circunstancia da cuenta, por un lado, la asistencia de la se\u00f1ora Roc\u00edo L\u00f3pez de Robinson a la diligencia. Y, por el otro, la comunicaci\u00f3n remitida por la arrendadora a su contraparte el 12 de julio del 2005, con la siguiente aseveraci\u00f3n: \u00abrecibir\u00e9 el inmueble en donde funcionaba esa Instituci\u00f3n, inmediatamente ustedes hayan cumplido los t\u00e9rminos del contrato de arrendamiento en lo relacionado al estado del predio (\u2026). Ustedes recordar\u00e1n que el inmueble lo entregu\u00e9 en perfectas condiciones en todas sus \u00e1reas, en consecuencia, les solicito comedidamente devolverlo en el mismo estado y a nuestra entera satisfacci\u00f3n\u00bb18. <\/p>\n
As\u00ed pues, como la obligaci\u00f3n s\u00ed pod\u00eda ser cumplida el 28 de julio del 2005. Y, paralelamente, la demandada tambi\u00e9n estaba en condiciones de efectuar la entrega a la luz de lo pactado en la cl\u00e1usula novena del contrato de arrendamiento, para esta Sala no es un error haber considerado que la acreedora se constituy\u00f3 en mora de la obligaci\u00f3n de recibir el inmueble. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el principio de la buena fe, que \u00absignifica que cada uno debe guardar fidelidad a la palabra dada y no defraudar la confianza o abusar de ella\u00bb19, es transversal a todo el an\u00e1lisis contractual. En el caso concreto, a prop\u00f3sito de la denominada mora accipiendi, esta resistencia de la acreedora a recibir el retorno de la tenencia del inmueble se conect\u00f3 con plurales contenidos del contrato. Con su cr\u00e9dito obligacional, porque frustr\u00f3 el pago – \u00absatisfacci\u00f3n esperada\u00bb20, cuyo acreedor no podr\u00eda \u00aboponerse a recibirlo\u00bb-21. Y someti\u00f3 al deudor a la penumbra del cumplimiento de esa obligaci\u00f3n22-que englobaba \u00abotras como aquella de conservaci\u00f3n\u00bb23-. En efecto, \u00abel deudor hab\u00eda de tener un leg\u00edtimo inter\u00e9s en liberarse\u00bb24. Principio este de la buena fe \u00abirrenunciable\u00bb25, que, a prop\u00f3sito de la citada mora accipiendi podr\u00eda recibirse como una carga-deber. Se tratar\u00eda, primero, de la \u00abgesti\u00f3n de un inter\u00e9s personal\u00bb26: el acreedor \u00ab[e]n virtud de esta conducta se perjudica todo lo m\u00e1s as\u00ed mismo\u00bb27. Y, segundo, tambi\u00e9n podr\u00eda reconocerse como la trasgresi\u00f3n de un d\u00e9bito o conducta debida per se -sin correlativo directo-. Esto es, su necesaria consecuencia podr\u00eda ser la reducci\u00f3n o eliminaci\u00f3n de la responsabilidad del deudor: \u00abpodr\u00eda liberarse a despecho del acreedor\u00bb28, con respecto a \u00ablos efectos posibles de la mora solvendi\u00bb29. <\/p>\n
De manera puntual, se reconoci\u00f3 la desatenci\u00f3n de la demandante de su carga-deber de colaboraci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n y la anunciada terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento. De tal circunstancia dan cuenta los distintos medios de prueba obrantes en el plenario. V\u00e9ase que la Universidad, desde el 25 de noviembre del 2004, estuvo remitiendo comunicaciones a la arrendadora en las que le manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de no continuar con el contrato de arrendamiento en tanto que \u00abnuestra Instituci\u00f3n adquiri\u00f3 el terreno para la construcci\u00f3n de la sede y en los pr\u00f3ximos meses estaremos unificados a este\u00bb30. <\/p>\n
A su turno, llegado el d\u00eda en que se le inform\u00f3 que iba a efectuarse la entrega del bien -dos d\u00edas antes del fenecimiento del lapso contractual- la demandante decidi\u00f3 no asistir, as\u00ed como tampoco manifest\u00f3 a los arrendatarios las modificaciones o mejoras que deb\u00edan hacer sobre el inmueble para su entrega. Tal como lo testific\u00f3 Carlos Arturo Palacio Echeverry, quien relat\u00f3 que \u00aben julio 28 de 2005 que fue cuando la citamos, gravamos, citamos testigos estuvo do\u00f1a ROCIO LOPEZ, se convers\u00f3 telef\u00f3nicamente con do\u00f1a MARINA para que la hija le dijera s\u00ed hab\u00eda que hacerle algunas mejoras y la Universidad pues obviamente deber\u00eda [responder porque la cl\u00e1usula dice que la universidad respond\u00eda por esas mejoras pero nunca nos quisieron recibir y yo no puedo mentir c\u00f3mo se recibi\u00f3 en 1996 la sede, necesit\u00e1bamos de la presencia de ella para que nos dijera c\u00f3mo se recibi\u00f3 en esa \u00e9poca la sede\u00bb31. Solo fue hasta el 12 de julio del 2005, despu\u00e9s de fenecido el t\u00e9rmino contractual, que la arrendadora manifest\u00f3 su negativa a recibir el bien en \u00abraz\u00f3n a las m\u00faltiples demoliciones de algunas \u00e1reas construidas, como salones, canchas de voleibol, dos (2) canchas de baloncesto, destrucci\u00f3n de jardines y zonas verdes, destrucci\u00f3n de laboratorios de f\u00edsica, qu\u00edmica, mec\u00e1nica dental, modificaciones de aulas de clase, da\u00f1os causados a la cafeter\u00eda y alrededores, da\u00f1os al edificio en general, as\u00ed mismo los cambios causados al enchape de la fachada que desmejoran y perjudican notablemente su est\u00e9tica\u00bb. Y, pese a ello, seg\u00fan las pruebas obrantes en el plenario, solo fue hasta el 2 de diciembre del 2005 que la se\u00f1ora Robayo le indic\u00f3 a la Universidad las modificaciones que deseaba se efectuaran en el bien. Ello, pese a los m\u00faltiples esfuerzos llevados a cabo por la propia arrendataria para finiquitar la entrega del fundo32. En ese sentido, all\u00ed indic\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [l]os perjuicios materiales que se me han causado, y que deben cubrirse son entre otros: <\/p>\n
1.- Construcci\u00f3n de 3 salones demolidos, construcci\u00f3n de unidades sanitarias para damas y varones zona recreativa demolida, aulas de clase primer piso y laboratorios, sala de profesores e isla exterior primer piso sobre fachada lateral, salones segundo piso, \u00e1rea de recreaci\u00f3n, zonas verdes, talleres, fachadas, murales, reubicaci\u00f3n de elementos el\u00e9ctricos, arreglo bater\u00edas sanitarias y revisi\u00f3n, instalaciones sanitarias e hidr\u00e1ulicas, etc. (seg\u00fan presupuesto de obra elaborado el 2 de noviembre de 2005 por el Arg. ALBERTO BOLIVAR A\u00d1EZ)\u00bb. <\/p>\n
El testigo Alberto Bol\u00edvar A\u00f1ez asever\u00f3 que \u00fanicamente asisti\u00f3 a las instalaciones hasta el 2 de noviembre del 2005, por petici\u00f3n de la arrendataria. Al respecto, indic\u00f3 que \u00abfui invitado por do\u00f1a MARINA para el recibo de la planta f\u00edsica, encontrando la propietaria ciertas variaciones del inmueble entregado hac\u00eda varios a\u00f1os, no recuerdo exactamente cu\u00e1nto duraron ellos creo que pasa de 10 a\u00f1os. (\u2026) que no est\u00e1n cuantificados dentro del presupuesto que do\u00f1a MARINA ROBAYO me solicit\u00f3 ese d\u00eda que ejecutara debido a que ella no estaba en condiciones de recibir el inmueble hasta tanto no se evaluara las modificaciones que hizo el arrendatario sin autorizaci\u00f3n del arrendador. En t\u00e9rminos generales ese fue el inicio de lo que posteriormente se empez\u00f3 a ejecutar como fue el presupuesto respectivo y la corroboraci\u00f3n digamos de los espacios que seg\u00fan testimonios de do\u00f1a MARINA y de un funcionario anterior de la misma universidad. Estoy hablando del 2 de noviembre que no se recibi\u00f3 por esas razones\u00bb33. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, a trav\u00e9s de un derecho de retenci\u00f3n de los frutos existentes de la cosa arrendada y de su amueblado, el arrendador habr\u00e1 de asegurar el pago de las obligaciones a cargo del arrendatario (art. 2000 CC). De manera que tal oposici\u00f3n a recibir no constituye m\u00e1s que una falta al deber-carga de colaboraci\u00f3n en el pago de la obligaci\u00f3n. Sin mencionar, tambi\u00e9n, que hace imposible el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de entrega por oponerse a realizar los actos preparatorios necesarios para la satisfacci\u00f3n de la deuda. Lo que, sin duda, da lugar a la configuraci\u00f3n de la mora del acreedor. <\/p>\n
Tampoco son de recibo las alegaciones esgrimidas en lo que concierne con la ausencia de ejercicio de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 426 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -hoy 385 del CGP-. En tanto ello no expurga la mora de la demandante en recibir el bien. Por ende, no es posible considerar, en el caso en concreto, que los da\u00f1os surgidos con posterioridad al ofrecimiento de restituci\u00f3n del inmueble puedan ser atribuidos al demandado. Pues, como lo ha se\u00f1alado esta Sala, \u00abes natural que si el hecho de la restituci\u00f3n no se realiza por culpa del arrendador, el arrendatario se salva de responsabilidad comprobando que estuvo listo a hacer la entrega de la cosa arrendada\u00bb34. <\/p>\n
8. Por otro lado, los da\u00f1os reclamados con posterioridad a la terminaci\u00f3n del contrato tampoco podr\u00edan ser concedidos. Y ello es as\u00ed debido a la desatenci\u00f3n de la arrendadora en abogar por la conservaci\u00f3n del inmueble dado en arriendo, tras la extinci\u00f3n del contrato por el cumplimiento del plazo. En efecto, v\u00e9ase c\u00f3mo, pese a que las llaves fueron puestas a disposici\u00f3n del juzgado desde el 8 de noviembre del 2006, ninguna actuaci\u00f3n efectu\u00f3 para evitar los hurtos y la destrucci\u00f3n del inmueble. Ciertamente, tan solo se limit\u00f3 a poner en conocimiento del Despacho tal situaci\u00f3n35, para que se ordenara a la demandada \u00abque refuerce la vigilancia existente en el inmueble donde funcion\u00f3 la U.C.C. en esta ciudad, ya conocido de autos, hasta que por sentencia se dirima este asunto\u00bb. Frente a lo cual el Juzgado manifest\u00f3 que tal actuaci\u00f3n \u00abno es del resorte de este Despacho; y en su lugar se le recuerda al profesional que representa a la actora, el derecho que les asiste de acudir ante las autoridades penales y\/o policivas respectivas, para denunciar los hechos que atenten contra la seguridad y protecci\u00f3n a la propiedad\u00bb. No obstante, no se halla en el plenario prueba de que hubiera efectuado alguna actuaci\u00f3n tendiente a garantizar la seguridad y estabilidad del bien. Mem\u00f3rese que, al respecto, esta Sala ha prohijado por la denegaci\u00f3n del lucro cesante futuro ante la inobservancia del deber-carga de mitigar o atenuar el da\u00f1o. Sobre la materia, en CSJ SC282-2021, memor\u00f3 que \u00ab[e]l se\u00f1alado comportamiento, que muchos tratadistas elevan a la categor\u00eda de deber de conducta al paso que otros lo identifican con una carga, encuentra su raz\u00f3n de ser en el principio de buena fe, hoy de raigambre constitucional (art. 83, C.P.)\u00bb. <\/p>\n
9. En cuanto a los errores endilgados al Tribunal \u00abal se\u00f1alar que ciertos da\u00f1os materiales reclamados no aparecen comprobados, basamento sobre el cual deneg\u00f3 su indemnizaci\u00f3n\u00bb, esta Sala evidencia que lo arg\u00fcido no es m\u00e1s que un alegato de instancia. Al respecto, se observa: <\/p>\n
9.1. En torno a los da\u00f1os estructurales, el impugnante asever\u00f3 que el ad quem distorsion\u00f3 el peritaje de Alberto Bol\u00edvar A\u00f1ez, quien nunca dijo \u00abque el da\u00f1o no hab\u00eda existido\u00bb. Y el de Mauricio Bustos Gonz\u00e1lez, en el cual jam\u00e1s se dedujo que \u00ablos da\u00f1os de la edificaci\u00f3n se originaron desde su propia construcci\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, critic\u00f3 el cercenamiento de la experticia de Octavio V\u00e1squez Berm\u00fadez. <\/p>\n
V\u00e9ase c\u00f3mo el censor omiti\u00f3 efectuar el necesario ejercicio de comprobaci\u00f3n del error de hecho denunciado. El cual consiste en realizar un cotejo entre lo que dedujo el ad quem de los medios suasorios supuestamente tergiversados o cercenados y lo que objetivamente se extrae de la prueba. Por el contrario, a la manera de un alegato, \u00fanicamente se content\u00f3 con se\u00f1alar los apartes que le convenian para efectos de sostener su postura. Proceder que es inadmisible en casaci\u00f3n. <\/p>\n
En adici\u00f3n, se advierte que el reparo es desenfocado, pues el Tribunal no se\u00f1al\u00f3 que el da\u00f1o no hubiera existido. Lo que s\u00ed dijo es que era imposible colegir si los da\u00f1os estructurales hab\u00edan acaecido durante la vigencia del contrato de arrendamiento. Esto, por cuanto los expertos fueron coincidentes en extra\u00f1ar los estudios previos \u00abque llevaran a la determinaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n reclamada, ya que no reposan los planos, del momento de la edificaci\u00f3n, como tambi\u00e9n se constata falencias de toda la estructura, que no pueden ser atribuidas a la Universidad, pues su ocurrencia data desde el dise\u00f1o inicial\u00bb. <\/p>\n
9.2. El mismo yerro en la elaboraci\u00f3n del motivo de casaci\u00f3n se evidencia en lo criticado en torno a la apreciaci\u00f3n efectuada sobre los da\u00f1os \u00abdenominados como construcci\u00f3n y demolici\u00f3n de \u00e1rea de recreaci\u00f3n, donde se incluy\u00f3 zonas verdes, talleres, fachadas, murales, reubicaci\u00f3n de elementos el\u00e9ctricos, arreglo bater\u00edas sanitarias y revisi\u00f3n, instalaciones sanitarias e hidr\u00e1ulicas\u00bb. En el entendido de que, exclusivamente, alude al cercenamiento y tergiversaci\u00f3n de la prueba, pero sin efectuar el necesario ejercicio de comprobaci\u00f3n. Por el contrario, el \u00fanico esfuerzo va dedicado a transcribir apartes que le funcionan para su postura, sin que ello signifique necesariamente la equivocaci\u00f3n del ad quem en la valoraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
9.3. Acerca de la \u00abdemolici\u00f3n de sala de profesores e isla exterior primer piso sobre fachada lateral\u00bb, es menester apuntalar que el cargo es desenfocado. Y ello es as\u00ed pues, en lo que tiene que ver con el peritaje de Alfonso Santiago, si bien aquel s\u00ed dijo que hab\u00edan existido otras demoliciones, lo cierto es que el estudio efectuado en el aparte que critica se encontraba circunscrito exclusivamente a las unidades sanitarias para damas y varones, zona recreativa. Por el contrario, los apartes que trae de presente el censor aluden a una \u00abconstrucci\u00f3n realizada en el primer piso, sal\u00f3n y una bater\u00eda de ba\u00f1os\u00bb, \u00ab[c]onstrucci\u00f3n de aproximadamente 10,0 m2 para posible oficina\u00bb, \u00ab[u]n sal\u00f3n contiguo al laboratorio\u00bb y dos muros. Sin referirse, espec\u00edficamente, a la demolici\u00f3n de bater\u00edas de ba\u00f1os de la zona recreativa. Por tal raz\u00f3n, el Tribunal no hall\u00f3 probado ese perjuicio. Por ende, el yerro denunciado no tiene la virtualidad de derruir la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que cobija la providencia de segundo grado. <\/p>\n
9.4. Respecto de la \u00abconstrucci\u00f3n de unidades sanitarias para damas y varones zona recreativa demolida\u00bb, el actor aduce que se pretermiti\u00f3 el testimonio de Burgos Jaimes. No obstante, no es posible imputar error al Tribunal por haber preferido el dicho de un experto frente a la prueba testifical. De manera que no es cierto que el ad quem haya pretermitido la declaraci\u00f3n. Lo que ocurre es que otorg\u00f3 mayor m\u00e9rito convictivo a lo expresado por el perito. <\/p>\n
10. Esto es, los cargos primero y segundo fracasan. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 1605, 1606, 1648, 1649, 1656 y 1663 del C\u00f3digo Civil y de los c\u00e1nones 518, 524 y 822 del C\u00f3digo de Comercio. Y, por aplicaci\u00f3n indebida, de los art\u00edculos 2005, 2006, 2008 y 2011 del C\u00f3digo Civil, debido a los siguientes yerros en la apreciaci\u00f3n probatoria: <\/p>\n
1. Asever\u00f3 que el ad quem cercen\u00f3 las declaraciones de Carlos Arturo Palacio Echeverri, pues si bien desde el 2002 la Universidad enviaba comunicados a la arrendadora en los que le manifest\u00f3 su deseo de terminar el contrato, lo cierto es que persever\u00f3 en el mismo al no haber restituido el bien. <\/p>\n
2. Por otro lado, estim\u00f3 que en la demanda ordinaria que inco\u00f3 la Universidad Cooperativa, aquella pretendi\u00f3 que se declarara que hubo incumplimiento de la arrendadora y que, por consiguiente, se tuviera por terminada la referida convenci\u00f3n. En ese orden, si el \u00absentenciador no hubiese omitido ese documento, habr\u00eda visto que para la arrendataria el contrato no termin\u00f3 por el aviso que le envi\u00f3 a la arrendadora, sino, mucho despu\u00e9s, esto es, por el supuesto incumplimiento de aquella en recibirlo\u00bb. De manera que es claro que ambas partes, adem\u00e1s de culparse rec\u00edprocamente del incumplimiento, \u00abtienen de presente que el contrato no ha terminado por el aviso enviado por la arrendataria, motivo por el cual reclaman su terminaci\u00f3n por el incumplimiento del otro\u00bb. <\/p>\n
3. A su turno, hizo hincapi\u00e9 en que, conforme a las normas mercantiles, la expiraci\u00f3n del plazo pactado no es causal de terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento cuando el inquilino lo ha ocupado por m\u00e1s de dos a\u00f1os. En consecuencia, \u00aben trat\u00e1ndose de arrendamientos regidos por los preceptos mercantiles y dado el derecho legal e imperativo del arrendatario a la renovaci\u00f3n del contrato, la falta de entrega del inmueble debe entenderse como la manifestaci\u00f3n de la renovaci\u00f3n ipso iure de \u00e9ste, como as\u00ed lo impone la ley\u00bb. En ese orden, consider\u00f3 que, como la renovaci\u00f3n es un derecho unilateral del arrendatario que se le impone forzosamente al arrendador, el vencimiento del t\u00e9rmino previsto para la duraci\u00f3n del contrato no apareja su terminaci\u00f3n. Ello es as\u00ed en tanto que es del arbitrio del arrendatario proseguir con el negocio o restituir el bien. Aunado a ello, destac\u00f3 que si \u00abel locatario no restituye el inmueble, carece el arrendador de instrumentos para impetrar su devoluci\u00f3n porque el ordenamiento se lo proh\u00edbe, a menos que acuda a alguna de las hip\u00f3tesis del art\u00edculo 518 del C. de Co., que no vienen al caso pues la arrendadora no las activ\u00f3 en este caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como se vio en precedencia, el censor aduce que, en lo que respecta a la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento mercantil, el juzgador incurri\u00f3 en yerro de hecho en la valoraci\u00f3n de la demanda presentada por la Universidad Cooperativa de Colombia y en el testimonio de Carlos Arturo Palacio Echeverri. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 la indebida utilizaci\u00f3n de las normas del C\u00f3digo Civil relacionadas con la extinci\u00f3n de los contratos, comoquiera que, en los casos en los que el arrendatario ha ocupado el bien por m\u00e1s de dos a\u00f1os, \u00abla expiraci\u00f3n del t\u00e9rmino convenido en el contrato no es causal de terminaci\u00f3n de \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
2. Se advierte la incompletitud del cargo, pues pas\u00f3 por alto las consideraciones del ad quem en torno a las diversas comunicaciones enviadas por la demandada a la arrendadora en las que manifestaba su clara intenci\u00f3n de dar por finiquitado el contrato. Al respecto, para el juzgador de segundo grado, \u00abla UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, manifest\u00f3 oportunamente la voluntad de dar por terminado el referido contrato, con env\u00edo de la primer comunicaci\u00f3n a la arrendataria, desde el 25 de noviembre de 2004 y en el entendido que debido a la pr\u00f3rroga del mismo anteriormente, venc\u00eda en junio 30 del a\u00f1o 2005, por lo que el anuncio de la entidad arrendataria, corresponde a una antelaci\u00f3n de siete meses a la fecha de expiraci\u00f3n del convenio, con sus respectivas reiteraciones de 17 de mayo de 2005 y 24 de junio de 2005 y por lo que atendiendo lo antes ilustrado, el cumplimiento de dicha condici\u00f3n junto con la expiraci\u00f3n del t\u00e9rmino del contrato, contrario a lo concluido por el a-quo, s\u00ed da lugar a la terminaci\u00f3n del contrato, tal como lo indica el apelante; pues reit\u00e9rese que se parte de la existencia de un contrato escrito, formal y las consecuencias que de \u00e9l emergen, del mismo lo cual debe analizarse en su integralidad, imponi\u00e9ndose analizarlo en su integralidad\u00bb. De forma tal que dicha conclusi\u00f3n qued\u00f3 inc\u00f3lume: no se atac\u00f3 el fundamento de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, tampoco se comparte la conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual \u00abla falta de entrega del inmueble debe entenderse como la manifestaci\u00f3n de la renovaci\u00f3n ipso iure de \u00e9ste, como as\u00ed lo impone la ley\u00bb. Esta aseveraci\u00f3n se enfrenta a protuberantes deficiencias t\u00e9cnicas. Por ejemplo, a prop\u00f3sito de hip\u00f3tesis tan disimiles como la pr\u00f3rroga de un mismo contrato y la formaci\u00f3n de uno nuevo -renovaci\u00f3n, incluso aquella renovaci\u00f3n t\u00e1cita-. Sobre la primera, el demandante \u00abes quien debe suministrar la prueba, y no el arrendatario, que niega dicha pr\u00f3rroga\u00bb36. Con respecto a la segunda, el escenario ser\u00eda el de aquella situaci\u00f3n en d\u00f3nde \u00abambas partes hubieran manifestado por cualquier hecho igualmente inequ\u00edvoco su intenci\u00f3n de perseverar en el arriendo\u00bb37. En el caso concreto, desde la ant\u00edpoda factual de las instituciones relatadas, la ausencia de entrega del bien se produjo por la mora de la parte acreedora de esa obligaci\u00f3n38. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, es necesario traer de presente que, para el Tribunal, \u00abquien manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de no pr\u00f3rroga del contrato, fue la entidad arrendataria, y por lo que en atenci\u00f3n al principio de autonom\u00eda de la voluntad de las partes, anclada en el art. 1602 del CC a efectos de determinar si se configur\u00f3 la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica del contrato o terminaci\u00f3n, se debe acudir a la cl\u00e1usula decima segunda del documento contractual, donde se extrae \u201c\u2026la expiraci\u00f3n del t\u00e9rmino pactado para su duraci\u00f3n\u201d, con preaviso a la otra parte, con treinta (30) d\u00edas de antelaci\u00f3n (folio 7 Cdno 1), esto tambi\u00e9n en consideraci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 1602 citado en tanto que los contratos legalmente celebrados, se convierten el ley para los contratantes, no pudi\u00e9ndose invalidar sino por consentimiento mutuo o causas legales\u00bb. No obstante, aquella consideraci\u00f3n tampoco fue cuestionada por el censor. De manera que aparece el embate como un alegato de instancia, en tanto no es claro en d\u00f3nde radic\u00f3 el yerro del juzgador en su apreciaci\u00f3n probatoria o en las normas bajo las cuales fundament\u00f3 su postura. Por el contrario, la argumentaci\u00f3n aparece como una visi\u00f3n alternativa a la controversia, pero sin que ello desvirt\u00fae la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que cobija la providencia de segundo grado. <\/p>\n
4. Por tales razones, el cargo debe desestimarse. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Con apoyo en la causal segunda de casaci\u00f3n, se censur\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1613, 1614, 2341 y 2342 del C\u00f3digo Civil, por causa de errores de apreciaci\u00f3n probatoria incurridos por considerar, el Colegiado, que Ovidio, Mar\u00eda Roc\u00edo Esperanza y Mar\u00eda Patricia L\u00f3pez Robayo no estaban legitimados en la causa por activa para ser reconocidos como litisconsortes de la parte activa. Afirm\u00f3 que el Tribunal omiti\u00f3 el memorial allegado por los intervinientes el 10 de mayo del 2011, del cual se desprende que el da\u00f1o cuya reparaci\u00f3n pretenden aquellos no concierne con el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la demandada. Sino, m\u00e1s bien, tiene que ver con el detrimento que han sufrido sus predios. Y es que se debi\u00f3 atender a que en la demanda se reclaman los perjuicios provenientes de la demolici\u00f3n y alteraci\u00f3n parcial de las edificaciones; menoscabos que afectan patrimonialmente a los propietarios. En ese orden y si el ad quem hubiera cumplido con su deber de interpretar la demanda, habr\u00eda advertido que se le reproch\u00f3 a la convocada su descuido al emprender la construcci\u00f3n de nuevas obras sin cerciorarse si la estructura as\u00ed lo permit\u00eda. Criterio de atribuci\u00f3n que s\u00ed ata\u00f1e a los litisconsortes. Por ello, consider\u00f3 trasgredidos los c\u00e1nones 2341 y 2342 del C\u00f3digo Civil, \u00abcomo quiera que la Universidad demandada, en un acto il\u00edcito que no tuvo venero en el contrato (en cuanto este no la autorizaba para tal efecto) procedi\u00f3 transformar el inmueble para adecuarlo a sus intereses lesionando los derechos patrimoniales de los intervinientes quienes, por consiguiente, deben ser reparados\u00bb. De ah\u00ed que les surge un inter\u00e9s de resarcimiento propio -extracontractual-, diverso al de la arrendadora, pero derivada de la omisi\u00f3n de la demandada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El impugnante reprocha la violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales, al considerar que Ovidio, Mar\u00eda Roc\u00edo Esperanza y Mar\u00eda Patricia L\u00f3pez Robayo no estaban legitimados en la causa para ser reconocidos como litisconsortes de la parte activa. Frente al tema, el Tribunal -en efecto- asever\u00f3 que aquellos no pod\u00edan ser considerados como intervinientes litisconsorciales al tenor del art\u00edculo 52 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00abdado que en ellos no recae la titularidad de la relaci\u00f3n sustancial surgida como ya se anotara, entre la arrendadora y la entidad arrendataria\u00bb. Y, en torno a la posibilidad de concurrencia en un mismo proceso de pretensiones de \u00edndole contractual y extracontractual, indic\u00f3 que no se avizora que este \u00faltimo tipo de s\u00faplicas \u00abhayan sido presentadas en tal forma y menos que diera lugar al entendimiento de la conformaci\u00f3n de un litisconsorcio cuasinecesario (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Ning\u00fan yerro de hecho se observa respecto de la consideraci\u00f3n esbozada por el ad quem sobre la intervenci\u00f3n de los propietarios del inmueble. En efecto, v\u00e9ase que en la demanda se ejerci\u00f3 la acci\u00f3n de responsabilidad civil contractual, derivada del incumplimiento del contrato de arrendamiento suscrito entre Marina Robayo de L\u00f3pez y la Universidad Cooperativa de Colombia. As\u00ed fue anunciado en el libelo inicial, en que asegur\u00f3 que, haciendo uso del poder especial conferido por la se\u00f1ora Robayo de L\u00f3pez, \u00abmediante este escrito en forma muy respetuosa, presento ante Usted Se\u00f1or Juez, demanda en contra de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, (\u2026) para que por los tr\u00e1mites del PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE MAYOR CUANT\u00cdA, se acceda a las siguientes declaraciones y condenas\u00bb. Y, a continuaci\u00f3n, esboz\u00f3 tres pretensiones principales y tres subsidiarias, todas dirigidas a que se declarase el incumplimiento de la convenci\u00f3n por parte de la demandada. Y que, \u00abcomo consecuencia de las anteriores declaraciones\u00bb, se procediera a ordenar la correspondiente indemnizaci\u00f3n de perjuicios a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente, lucro cesante y da\u00f1o moral. De manera que la controversia qued\u00f3 circunscrita al \u00e1mbito del contrato: no se elev\u00f3 s\u00faplica alguna fundada en la responsabilidad extracontractual. <\/p>\n
De manera que ning\u00fan error manifiesto se evidencia en la apreciaci\u00f3n de la demanda por parte del Tribunal. Por cuanto la interpretaci\u00f3n que propone la censora no es suficiente para aseverar que hubo un dislate protuberante entre lo que se desprende naturalmente de dicho documento y lo concluido por el juzgador de segundo grado. <\/p>\n
3. Por otro lado, aun cuando se reconociera que existe un inter\u00e9s de los propietarios en accionar en contra de la Universidad de Colombia por los detrimentos sufridos en el inmueble objeto del contrato de arrendamiento, lo cierto es que debieron ellos haber elevado una s\u00faplica independiente. Y, si se quiere, haber intentado la acumulaci\u00f3n de procesos a trav\u00e9s de la integraci\u00f3n del litisconsorcio -facultativo-. Sin embargo, as\u00ed no se hizo. Por cuanto, tal como se desprende del memorial radicado el 11 de mayo del 2011, los convocantes \u00fanicamente instaron a que fueran reconocidos \u00aben sus calidades de propietarios inscritos del inmueble ubicado en esta ciudad en la Calle 23 No. 33 \u2014 42, Barrio San Francisco, ya conocido de autos, como intervinientes litisconsorciales de la demandante Se\u00f1ora MARINA ROBAYO DE L\u00d3PEZ, de conformidad con el art\u00edculo 52 del C. P. C.\u00bb. Ello, para efectos de que \u00ables sean pagados ya directamente o a trav\u00e9s de la Arrendadora Se\u00f1ora MARINA ROBAYO DE LOPEZ, todos los da\u00f1os materiales causados en las modalidades de da\u00f1o emergente, y lucro cesante presentes y futuros, con su debida correcci\u00f3n monetaria, de conformidad con los Peritazgos ya obrantes en el expediente y los cuales se encuentran en firme y los dem\u00e1s que se causen hasta su pago total\u00bb. Para lo cual dijeron coadyuvar \u00abtodas las Pretensiones y Hechos de la demanda Principal y Reforma\u00bb. Es decir, en momento alguno elevaron pretensi\u00f3n alguna relacionada con la responsabilidad civil extracontractual que alega el casacionista39. <\/p>\n
4. En ese orden de ideas, el embate no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Pues, se insiste, ning\u00fan error se evidencia en la valoraci\u00f3n de la demanda ni del memorial radicado el 11 de mayo del 2011 -que, en todo caso, no puede ser considerado un medio de prueba-. Y es que de ninguna manera los propietarios estaban legitimados para participar en el proceso como litisconsortes, habida cuenta de que las pretensiones esbozadas en la demanda y su reforma se ubicaron en el \u00e1mbito contractual. Del cual estaban excluidos los se\u00f1ores Ovidio, Mar\u00eda Roc\u00edo Esperanza y Mar\u00eda Patricia L\u00f3pez Robayo. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, se censur\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1615 del C\u00f3digo Civil y 16 la Ley 446 de 1998, por causa de error de derecho como consecuencia del quebrantamiento de los c\u00e1nones 175, 37 numeral 4, 174, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cometido al desestimar la pretensi\u00f3n indemnizatoria por el da\u00f1o moral. <\/p>\n
Especific\u00f3 que el yerro se configur\u00f3. Pues, el Tribunal indic\u00f3 que la prueba testimonial no era id\u00f3nea para comprobar los sentimientos de tristeza, dolor y abatimiento padecidos por la demandante. Consideraci\u00f3n que \u00abdestronca paladina e ileg\u00edtimamente el principio de libertad probatoria (art\u00edculos 174 y 175 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y, 164 y 165 del C\u00f3digo General del Proceso) que es cardinal en punto del derecho a probar en los litigios, a la vez que crea, per se y veleidosamente, una desatinada regla de \u201ctarifa legal\u201d, que en manera alguna est\u00e1 prevista en el \u00e1mbito normativo para gobernar o regular el tema de la probanza del perjuicio moral\u00bb. Con tal pifia, el sentenciador dej\u00f3 de ver que \u00abde la mano de lo depuesto por Fernando L\u00f3pez Guzm\u00e1n, s\u00ed fueron acreditadas afecciones psicol\u00f3gicas de la demandante, testimonio sobre el cual le incumb\u00eda al juez colegiado, en ejercicio del arbitrio judicial que gobierna la materia, desplegar su labor\u00edo de aquilatamiento para proceder a imponer la compensaci\u00f3n pecuniaria que corresponde a favor de aqu\u00e9lla derivada de la afectaci\u00f3n que le fue causada en el \u00e1mbito extrapatrimonial\u00bb. Aunado a lo anterior, el referido error implic\u00f3 que el ad quem omitiera que, a\u00fan desde antes de la formulaci\u00f3n de la demanda, la se\u00f1ora Marina -en escrito del 2 de diciembre de 2005- puso en conocimiento de la Universidad que hab\u00eda padecidos da\u00f1os extrapatrimoniales. <\/p>\n
Adicionalmente, incurri\u00f3 en transgresi\u00f3n de los art\u00edculos 37 numeral 4, 174, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil ante la falta del ejercicio de sus deberes oficiosos. En efecto, el Tribunal debi\u00f3 proceder al decreto oficioso de las pruebas que creyera pertinentes para acreditar el aludido perjuicio. A su turno, destac\u00f3 la labor probatoria desplegada por la demandante en funci\u00f3n de acreditar el da\u00f1o. Para lo cual, \u00abal plenario se alleg\u00f3 prueba testimonial y documental en pro de obtener la correspondiente compensaci\u00f3n por la aflicci\u00f3n que padece al d\u00e1rsele un uso harto descomedido e irresponsable a los inmuebles que dio en renta a la demandada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al hecho de que en el poder no se hubiera facultado al apoderado para solicitar perjuicios morales, indic\u00f3 que tal aspecto no est\u00e1 \u00abperfilado en las aristas materiales del Derecho, sino mera y contingentemente en las de \u00edndole procesal, siendo que esa invocaci\u00f3n, por dem\u00e1s, alberga menosprecio a la primac\u00eda del derecho sustancial sobre el adjetivo, que perennemente ha de observarse\u00bb. Afirm\u00f3 que los errores denunciados resultaban trascendentes pues, al realizar tales consideraciones, \u00abpretiri\u00f3 y dej\u00f3 de lado lo referente a la ponderaci\u00f3n del documento 2 de diciembre de 2005, as\u00ed como tambi\u00e9n acerca de la circunstancia de que no se propuso la excepci\u00f3n previa correspondiente ni tampoco se formul\u00f3 la nulidad que se impon\u00eda, todo lo cual depara una falencia adicional en la sentencia cuestionada que, c\u00f3mo no, se aun\u00f3 para infringir las normas sustanciales invocadas como quebrantadas en tanto no vio que un asunto de ese resorte procesal tiene manera de ser conjurado a trav\u00e9s de la utilizaci\u00f3n de los mecanismos rituales al efecto establecidos para ello\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El cargo adolece de un vicio formal que amerita su inmediata desestimaci\u00f3n. En efecto, pese a invocarse la causal segunda de casaci\u00f3n, se omiti\u00f3 mencionar al menos una norma de \u00edndole sustancial40 que, constituyendo la base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada. Tal exigencia es cardinal porque a partir de all\u00ed se despliega la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica y de tutela del derecho objetivo que la ley asigna en sede casacional a la Corte. En el reparo se censur\u00f3 la sentencia de segunda instancia por ser violatoria indirectamente de los art\u00edculos 1615 del C\u00f3digo Civil y 16 la Ley 446 de 1998, por causa de error de derecho como consecuencia del quebrantamiento de los c\u00e1nones 175, 37 numeral 4, 174, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Sin embargo, ninguna de las mentadas disposiciones es de car\u00e1cter sustancial. El canon 1615 CC se\u00f1ala el momento en que comienza a deberse la indemnizaci\u00f3n de perjuicio. Sin embargo, dicha norma no consagra derechos ni obligaciones concretas a las partes, ligadas por un v\u00ednculo especial. En efecto, \u00ablos art\u00edculos 1613, 1614 y 1615 (\u2026) no son sustanciales pues tan s\u00f3lo hacen una clasificaci\u00f3n y explicaci\u00f3n de dos modalidades de da\u00f1os resarcibles\u00bb (AC2506-2016, AC3597-2018, ambos mencionados en AC2117-2020). El art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 tampoco \u00abdeclara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta (\u2026) (CSJ. AC. 18. Dic. 2014, rad. 2008-00267-01)\u00bb (CSJ AC5525-2015). <\/p>\n
2.- Aunado a lo anterior, se observa una mixtura de los tipos de errores que pueden ser alegados bajo la causal segunda de casaci\u00f3n. Y es que, si bien el censor invoc\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de la norma sustancial por pifias de derecho -al imponerse supuestamente una tarifa legal y al no decretar pruebas de oficio-, lo cierto es que a la postre termin\u00f3 denunciando yerros de hecho. En efecto, en varias oportunidades se critic\u00f3 la pretermisi\u00f3n de medios suasorios al efectuar la valoraci\u00f3n de los da\u00f1os morales. En particular, indic\u00f3 que se \u00abdej\u00f3 de ver que aun desde antes de la formulaci\u00f3n del libelo demandatorio, la se\u00f1ora Marina Robayo de L\u00f3pez, mediante escrito adiado 2 de diciembre de 2005 (fol. 48, cdno. 1.1.), dirigido a C\u00e9sar P\u00e9rez Garc\u00eda en su calidad de representante legal de la Universidad Cooperativa de Colombia, ya hab\u00eda puesto de presente que, entre otros, hab\u00eda padecido da\u00f1os extrapatrimoniales que ped\u00eda resarcir\u00bb. Entremezclamiento que se repiti\u00f3 al final del embate, cuando afirm\u00f3 -respecto a la falta de mandato se\u00f1alada por el Tribunal-, que el ad quem \u00abpretiri\u00f3 y dej\u00f3 de lado lo referente a la ponderaci\u00f3n del documento 2 de diciembre de 2005\u00bb. <\/p>\n
3.1. No obstante, las consideraciones enarboladas sobre el punto en concreto por el ad quem est\u00e1n muy alejadas de ser consideradas como impositivas de una tarifa legal. De igual manera, tampoco es cierto que hubiera desestimado el testimonio por inconducente. En puridad, la deposici\u00f3n no ofreci\u00f3 el m\u00e9rito persuasivo para demostrar la afectaci\u00f3n moral y psicol\u00f3gica. No fue eficaz: no condujo a \u00abdarle al juez la convicci\u00f3n que necesita\u00bb41. <\/p>\n
3.2. Recu\u00e9rdese, por lo dem\u00e1s, que el da\u00f1o moral aducido se fundament\u00f3 en padecimientos psicol\u00f3gicos y mentales42. Vista la declaraci\u00f3n, aflora que aquella no dio cuenta sobre \u00abel dolor, la pesadumbre, perturbaci\u00f3n de \u00e1nimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicci\u00f3n, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbaci\u00f3n an\u00edmica, desolaci\u00f3n, impotencia u Otros signos expresivos\u00bb. Tampoco acredit\u00f3 las circunstancias de tiempo, modo o lugar en que se produjo tal afectaci\u00f3n a la esfera sentimental y afectiva de la convocante.43Por el contrario, tan solo se asever\u00f3 que \u00abnunca se le ha recibido a la universidad porque no lo han entregado en las condiciones en que le fue arrendado, esa situaci\u00f3n ha generado da\u00f1os materiales, da\u00f1os econ\u00f3micos, a nivel psicol\u00f3gico se puede decir porque es un trabajo de toda una vida y ver que se lo van a entregar en mal estado, por eso nunca se le ha recibido a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA\u00bb44. Adem\u00e1s, tal aserto es una opini\u00f3n subjetiva -que no la descripci\u00f3n de un hecho45-; consideraci\u00f3n que, adicionalmente, se esboza como una deducci\u00f3n de la propia pena sufrida por el declarante. Quien m\u00e1s adelante indica que \u00abtambi\u00e9n me duele a m\u00ed, trabaj\u00e9 ah\u00ed hasta que se le arrend\u00f3 a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA yo tambi\u00e9n aport\u00e9 mi granito de arena, a uno tambi\u00e9n como empleado le duele ver el estado en que esta ese predio, por tal motivo puedo dar fe porque no se le ha recibido a la universidad, porque no lo entrego nunca en las condiciones que deb\u00edan entregarse\u00bb. <\/p>\n
4.- Finalmente, el yerro de iure se presenta cuando el juez no se sirve de las facultades oficiosas, pese a la presencia de motivos serios para ello. Situaci\u00f3n que, tal como lo ha decantado esta Sala, ocurre cuando: i) la ley le impone el decreto oficioso de ciertos medios de prueba -v.g., la experticia de ADN en los procesos de filiaci\u00f3n-; ii) sean necesarias \u00aben la verificaci\u00f3n de \u201clos hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u201d, sin que ello conlleve suplir las cargas desatendidas por estas y que le son propias, sino el esclarecimiento de aquellas situaciones que obstruyen el deber de administrar pronta y cumplida justicia, pero siempre y cuando esa omisi\u00f3n tenga relevancia en la forma como se desat\u00f3 el pleito\u00bb46; iii) impidan fallos inhibitorios y para evitar nulidades; iv) o que, despu\u00e9s de la demanda, sobrevengan sucesos que alteren o extingan la pretensi\u00f3n inicial y se pretenda demostrar con una prueba que no fue legal ni oportunamente practicada dentro del proceso. O, finalmente, v) si \u00abexisten elementos de juicio suficientes que indican con gran probabilidad la existencia de un hecho que reviste especial trascendencia para la decisi\u00f3n, de suerte que solo falte completar las pruebas que lo insin\u00faan (CSJ SC, 27 Ago. 2015, Rad. 2004-00059-01)\u00bb47. <\/p>\n
Sin embargo, no se observa que el caso en concreto se enmarque en ninguna de las aludidas circunstancias. Aunado a ello, no es patente que la parte demandante hubiera efectuado un esfuerzo probatorio dirigido a acreditar el da\u00f1o moral sufrido. Puesto que solo aport\u00f3, para el efecto, un testimonio de un empleado -y sobrino del exesposo- de la propia se\u00f1ora Robayo. Declaraci\u00f3n que, como ya se vio, \u00fanicamente es una opini\u00f3n frente a la posible afectaci\u00f3n sufrida, pero que no permite constatar la existencia cierta del da\u00f1o cuya reparaci\u00f3n se reclama. Por lo dem\u00e1s, en la demanda se pidi\u00f3 \u00abdesignar Perito Psicol\u00f3gico de la Lista de Auxiliares de la Justicia, para que establezca las consecuencias psicol\u00f3gicas, afectivas, mengua de personalidad y dem\u00e1s que viene padeciendo mi patrocinada con ocasi\u00f3n de los da\u00f1os morales que viene padeciendo con ocasi\u00f3n del Incumplimiento del contrato por parte de la demandada\u00bb, prueba que luego fue decretada en el auto del 31 de agosto del 200648. Empero, no aparece que tal pericia se hubiese practicado -evidente carga de la demandante-. <\/p>\n
5.- En una palabra, el cargo fracasa. <\/p>\n
6.- En aplicaci\u00f3n del inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, se impondr\u00e1 condena en costa en contra de la recurrente. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n por el magistrado ponente -se tomar\u00e1 en cuenta la r\u00e9plica de la opositora-. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso sub examine. <\/p>\n
Condenar en costas al recurrente. Incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n de las costas la suma de $10.000.000, por concepto de agencias en derecho, que fija el Magistrado Ponente. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 67 y ss. del archivo \u00abC0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 A\u00f1adidas en la reforma de la demanda obrante en la p\u00e1gina 120 y ss. del archivo \u00abC0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 111 y ss. del archivo \u00abC0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gina 5 y ss. del archivo \u00abC0009CuadernoPrimeraInstanciaParte2\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1gina 31 y ss. del archivo \u00abC0019CuadernoPrincipalDemandaAzumulada200600072\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 La propia demandante al interior del proceso efectu\u00f3 manifestaciones sobre dicha fecha. Por ejemplo, en el hecho 14 de la demanda, se asever\u00f3 que: \u00ab14. Esa comunicaci\u00f3n (la del 24 de junio del 2005) donde hablan de la entrega la hacen seis (6) d\u00edas antes al vencimiento de la cuarta pr\u00f3rroga del Contrato de Arrendamiento\u00bb P\u00e1g. 72 del PDF \u00abC0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1.pdf\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Al respecto, frente a los argumentos novedosos, en casaci\u00f3n, \u00abse tutelan los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los no recurrentes, quienes podr\u00edan verse sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma f\u00e1ctica que var\u00ede la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de controvertirlo y, menos a\u00fan, hacer pedidos probatorios para su desestimaci\u00f3n.\u201d (CSJ, SC1732 del 21 de mayo de 2019, rad. 2005-00539-01)\u00bb (CSJ SC2779-2020, 10 ago.)\u00bb (CSJ SC948-2022). <\/p>\n
8\u0002 Mem\u00f3rese que \u00ab[p]ara que se produzca esa clase de error -como lo ha pregonado la Corte en constante jurisprudencia- que la equivocaci\u00f3n del sentenciador haya sido de tal magnitud que sin mayor esfuerzo en el an\u00e1lisis de las probanzas se debe a que la apreciaci\u00f3n probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad del proceso. La duda que genera el punto de hecho o la pluralidad de interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la naturaleza indicada\u00bb (CSJ SC de 16 de agosto de 2005, expediente 1999-00954-01). <\/p>\n
10\u0002 P\u00e1gina 13 del archivo \u00abC0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 Capitant, Henri. De la cause des obligations. Dalloz, Par\u00eds, 1927, p\u00e1g. 103. <\/p>\n
12\u0002 Colombia. CSJ. Sentencia del 3 de junio de 1946. G.J. LX, p. 661. <\/p>\n
13\u0002 CSJ, Sala Civil, 19 de diciembre de 2008, rad. n.\u00b0. 11001-3103-012-2000-00075-01. <\/p>\n
14\u0002 Cfr. SC del 5 de julio de 1983, SC139-2002 de ag. 1\u00b0 2002, rad. n.\u00b0 6907; SC127-2008 de dic 19 2008, rad. n.\u00b0 11001-3103-012-2000-00075-01; SC038-2015, de feb 2 de 2015, rad. 1100131030192009002980l, entre otras <\/p>\n
15\u0002 \u00abEsa b\u00fasqueda \u2013o rastreo ex post- de la intenci\u00f3n com\u00fan, por lo dem\u00e1s, no debe ser erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los contratantes reflejen, prima facie, claridad y precisi\u00f3n, pues no hay que olvidar que si la voluntad com\u00fan de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse m\u00e1s que al tenor literal, el que, in radice, en precisas circunstancias, puede llegar a eclipsar y, por ende, desfigurar, la verdadera voluntad de los convencionistas, ratio medular del labor\u00edo hermen\u00e9utico.\u00bb (CSJ SC de 28 de febrero de 2005, exp. 7504). <\/p>\n
16\u0002 En cuanto al consentimiento t\u00e1cito, mutatis mutandis, esta Sala ha expuesto que el: \u00abconsentimiento impl\u00edcito, entonces, se manifiesta por actos del destinatario de la propuesta que denoten total conformidad con la misma\u2026 Deben ser actos de valor positivo, que demuestren inequ\u00edvocamente una voluntad determinada de aceptar\u00bb <\/p>\n
(CSJ SC, 12 Ago. 2002, Rad. 6151)\u00bb (CSJ SC054-2015). <\/p>\n
17\u0002 De esto dio cuenta Carlos Arturo Palacios, quien narr\u00f3 lo siguiente: \u00ab[e]n junio se le volvi\u00f3 a enviar otra carta, que el 28 de junio le entreg\u00e1bamos la sede y que se hiciera presente ese d\u00eda para poderla entregar, sin embargo, se hizo presente solamente la hija que se llama ROCIO, ella adujo que no pod\u00eda recibirlo porque la mam\u00e1 era la que sab\u00eda en qu\u00e9 condiciones la hab\u00eda entregado\u00bb. P\u00e1gina 150 del archivo \u00abC0001CuadernoPrimeraInstancia\u00bb. <\/p>\n
18\u0002 P\u00e1gina 62 del archivo \u00abC0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1\u00bb. <\/p>\n
19\u0002 Larenz, Karl. Derecho de obligaciones. Editorial Revista de Derecho. Madrid, 1958, p. 142. <\/p>\n
20\u0002 Stark, B., Roland, H. y Boyer, L. Obligations. T.3. Litec, Par\u00eds, 1992, p\u00e1g. 67. <\/p>\n
21\u0002 CSJ. SC del 13 de julio de 1907. G.J. XXIII, p\u00e1g. 118. <\/p>\n
22\u0002 \u201cToda obligaci\u00f3n puede engendrar mora del acreedor, por cuanto debe entenderse que si el deudor est\u00e1 obligado a cumplir, el acreedor debe estar obligado a facilitar ese cumplimiento (\u2026) El mero hecho de no recibir sin un motivo leg\u00edtimo constituye mora del acreedor. Nada m\u00e1s es necesario, ni requiere un acto culposo especial, sino que debe mirarse como culpa el solo hecho de no recibir o no cooperar al cumplimiento (\u2026)\u201d. Arturo Valencia Zea. Derecho Civil. Tomo III. Editorial Temis. Bogot\u00e1: 1974. P\u00e1g. 383-385. <\/p>\n
23\u0002 Malaurie, Ph. y Aynes, L. Droit Civil. Les contrats sp\u00e9ciaux. Cujas, Par\u00eds, 1998, p\u00e1g. 390. <\/p>\n
24\u0002 Baudry-Lacantinerie, G. Pr\u00e9cis de Droit Civil. Recueil Sirey. Par\u00eds, 1925, p\u00e1g. 170. <\/p>\n
25\u0002 Larenz, Karl. Derecho de obligaciones. Editorial Revista de Derecho. Madrid, 1958, p. 144. <\/p>\n
26\u0002 Von Tuhr, A. Tratado de las obligaciones. T.I. Madrid, 1959, p\u00e1g. 5. <\/p>\n
27\u0002 Larenz, Karl. Derecho de obligaciones. Revista de Derecho. Madrid, 1958, p\u00e1g. 376. <\/p>\n
28\u0002 Delvincourt, C. \u00c9. Cours de Droit Civil. Gueffier, Par\u00eds, 1813, p\u00e1g. 163. <\/p>\n
Desde antiguo, en una hip\u00f3tesis algo pr\u00f3xima, el jurista Marcelo precisaba que \u00abno es justo que responda del dinero perdido, porque no lo estar\u00eda, si el acreedor hubiese querido recibirlo\u00bb. D. 46, 3,72. El Digesto de Justiniano. Cuerpo de Derecho Civil Romano. T.III. Garc\u00eda del Corral, I. Arkhe, Barcelona, 1897, p\u00e1g. 611. <\/p>\n
29\u0002 Giordi, J. Teor\u00eda de las Obligaciones. Reus. Madrid, 1977, p\u00e1g. 126. <\/p>\n
30\u0002 P\u00e1gina 10 del archivo \u00abC0019CuadernoPrincipalDemandaAcumulada200600072\u00bb. Manifestaciones que reiter\u00f3 el 17 de mayo del 2005. <\/p>\n
31\u0002 P\u00e1gina 152 del archivo \u00abC0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1\u00bb. <\/p>\n
32\u0002 Los cuales se reflejan en las audiencias de conciliaci\u00f3n llevadas a cabo entre los meses de julio y noviembre del 2005. <\/p>\n
33\u0002 P\u00e1gina 195 del archivo \u00abC0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1.pdf\u00bb. <\/p>\n
34\u0002 CSJ, SC, sentencia del 6 de mayo de 1952. GJ. Tomo LXXII n\u00b0. 2115, p\u00e1gs. 53 a 59. <\/p>\n
35\u0002 P\u00e1gina 176 del archivo \u00abC0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1\u00bb. <\/p>\n
36\u0002 CSJ. Sentencia de 8 oct. de 1927, G.J. XXXV, p\u00e1g. 63. <\/p>\n
37\u0002 CSJ. Sentencia de 3 agos. de 1937. G.J. 1927, p\u00e1g. 409. Por lo dem\u00e1s, sobre la denominada t\u00e1cita reconducci\u00f3n, recu\u00e9rdese que es regla general que esta \u00abno se produzca, como se desprende del inciso 1.\u00bb [art. 2014 C.C.]. Contardo, J. Comentario hist\u00f3rico-dogm\u00e1tico al libro IV del C\u00f3digo Civil de Chile. Director Amun\u00e1tegui, C. Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, p\u00e1g. 1283. <\/p>\n
38\u0002 Adem\u00e1s, recu\u00e9rdese que: \u00ablas relaciones jur\u00eddicas no pueden estructurarse sobre una base de indiferencia o esterilidad de los actos humanos, sino mirando por el contrario, la intenci\u00f3n y los fines perseguidos por quien los ejecuta\u00bb (CSJ. SC del 23 de sep. 1974. G.J. CXLVIII, p\u00e1g. 246). <\/p>\n
39\u0002 Esto se ve tambi\u00e9n ratificado con los fundamentos de derecho esbozados en dicho escrito, dentro de los cuales no se hallan los art\u00edculos 2341 y siguientes del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
40\u0002 Mem\u00f3rese que las normas sustanciales son aquellas que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2019, sin que, por ende, ostenten tal car\u00e1cter las disposiciones materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a detallar los elementos estructurales de los mismos, o las puramente enunciativas o enumerativas, o los interpretativas, o las procesales\u00bb (CSJ AC280-2021). <\/p>\n
41\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda. Teor\u00eda General de la prueba judicial. Primera edici\u00f3n. Tomo I. Biblioteca jur\u00eddica Dik\u00e9. P\u00e1g. 341. <\/p>\n
42\u0002 P\u00e1g. 68 C.1 \u00abprimera instancia\u00bb. <\/p>\n
Esto es, ha de ser \u00abdemostrable preferentemente por la v\u00eda del dictamen m\u00e9dico-legal, que permite a la vez establecer su origen y alcance, porque no es dable la suposici\u00f3n de heridas, perturbaciones funcionales, traumas s\u00edquicos o lesiones de los bienes de la personalidad, extra\u00eddas del mero aserto del interesado sin la percepci\u00f3n de ellas\u201d (casaci\u00f3n octubre 23 de 1936, XLIV, 449\/53; marzo 23 de 1943, LV, 252; septiembre 3 de 1941, LII, 36\/46; febrero 5 de 1945, LVIII, 582\/84\u00bb (Subrayado aparte. Sentencia SC del 4 de abril de 1968). <\/p>\n
43\u0002 Recu\u00e9rdese, que \u00ab[l]a apreciaci\u00f3n racional de la prueba en su singularidad se establece a partir de su consistencia y coherencia: una prueba es valiosa si la informaci\u00f3n que suministra explica la realidad a la que se refiere y no contiene contradicciones\u00bb (SC9193-2017). <\/p>\n
44\u0002 P\u00e1gina 208 del Archivo \u00abC001CuadernoPrimeraInstanciaParte1\u00bb. <\/p>\n
45\u0002 \u00abEs cierto, como principio general, que en trat\u00e1ndose de la prueba de linaje testimonial, la misi\u00f3n y \u00f3rbita propia de los testigos es la deponer sobre hechos concretos, por ellos percibidos, antes que la de emitir opiniones o sacar consecuencias de los hechos por ellos presenciados\u00bb (CSJ. SC del 16 de mar. de 1996). <\/p>\n
47\u0002 CSJ SC8456-2016. <\/p>\n
48\u0002 Al respecto, se decidi\u00f3 que: \u00ab[e]n los t\u00e9rminos solicitados en el ac\u00e1pite de pruebas numeral 5-2 env\u00edese a Medicina Legal de esta ciudad a la se\u00f1ora LUZ MARINA ROBAYO DE L\u00d3PEZ, a fin de que determinen lo all\u00ed solicitado\u00bb. P\u00e1gina 125 del archivo \u00abC0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1\u00bb. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se expidi\u00f3 el Oficio n\u00fam. 1798, en el que la Secretar\u00eda del Juzgado remiti\u00f3 al Instituto Nacional de Medicina Legal \u00aba la se\u00f1ora MARINA ROBAYO DE LOPEZ (\u2026) a fin de que establezca las consecuencias psicol\u00f3gicas, afectivas, mengua de personalidad y dem\u00e1s que viene padeciendo con ocasi\u00f3n de los da\u00f1os morales causados por el incumplimiento del contrato de arrendamiento del inmueble de su propiedad ubicado en la Calle 23 n\u00famero 33-42, Barrio San Francisco de esta ciudad, por parte de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA\u00bb. <\/p>\n
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SC368-2023 (2006-00051-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC368-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-31-03-003-2006-00051-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Marina Robayo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76029","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76029","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76029"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76029\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76029"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76029"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76029"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}