SC369-2023 (2021-04505-00)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC369-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04505-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide por sentencia anticipada, el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por Antonio Fernando Castillo Jim\u00e9nez1 frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 26 de noviembre de 2019, en el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 Ceduin Iv\u00e1n de la Cruz Gonz\u00e1lez contra el recurrente. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ceduin Iv\u00e1n de la Cruz Gonz\u00e1lez2 demand\u00f3 al aqu\u00ed actor en proceso ejecutivo singular de mayor cuant\u00eda, con el fin de que se \u00ablibre mandamiento de pago por la suma de $200.000.000\u00bb, m\u00e1s \u00ablos intereses de plazo que ser\u00e1n liquidados y pagados a la tasa estipulada entre las partes, equivalente al 1.7% mensual sobre el capital y a la tasa moratoria del 2.5% a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligaci\u00f3n\u00bb. De igual forma, exigi\u00f3, como medida cautelar, el embargo y secuestro de los veh\u00edculos de placas HGL874 y IEQ977, registrados en la ciudad de Barranquilla3. <\/p>\n
2. Repartida la demanda, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atl\u00e1ntico) \u2013con providencia del 23 de octubre de 2017- libr\u00f3 el apremio deprecado4. <\/p>\n
3. Dentro del t\u00e9rmino, la pasiva present\u00f3, como excepci\u00f3n de m\u00e9rito \u00abcontra la acci\u00f3n cambiaria\u00bb, por cuanto \u00abno recuerda haber firmado en ning\u00fan tiempo [el t\u00edtulo]\u00bb, el cual considera alterado. Y adujo la \u00abexcepci\u00f3n previa por falta de competencia\u00bb5. Esta fue rechazada por el Juzgado, con auto del 12 de marzo de 20186. <\/p>\n
4. En audiencia del 30 de julio de 2018, se decret\u00f3 la prueba \u00abgrafol\u00f3gica sobre la r\u00fabrica que indica que corresponde al demandado Antonio Fernando Castillo Jim\u00e9nez en la letra de cambio por valor de $200.000.000 creada el 11 de abril de 2016\u00bb7. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Despacho, luego de prorrogar su competencia por 6 meses para dictar fallo8, en audiencia del 22 de julio de 2019 resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab1. Declarar no probada las excepciones de m\u00e9rito denominadas no haber sido el demandado quien suscribi\u00f3 el t\u00edtulo valor y la de ausencia de carta de instrucci\u00f3n que respalde la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Seguir adelante la ejecuci\u00f3n contra Antonio Fernando Castillo Jim\u00e9nez, tal como fue decretado en el mandamiento ejecutivo de fecha octubre 23 de 2017 \u2026 <\/p>\n
3. Pract\u00edquese la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en la forma establecida por el art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el extremo pasivo interpuso recurso de apelaci\u00f3n9. <\/p>\n
5. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -con providencia del 26 de noviembre de 2019- confirm\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada10. <\/p>\n
6. Finalmente, el recurrente present\u00f3 recurso de revisi\u00f3n contra la sentencia que se viene de exponer. <\/p>\n
II. EL TR\u00c1MITE DEL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
1. El fallo atacado fue proferido el 26 de noviembre de 2019. Y el remedio propuesto se radic\u00f3 el 25 de noviembre de 2021. Por tanto, se concluye que fue presentado en t\u00e9rmino. <\/p>\n
2. El actor deprec\u00f3 la nulidad del prove\u00eddo anotado con fundamento en las causales primera, sexta y octava del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso. De cara a la primera, afirm\u00f3 que los intervinientes en la causa \u00abencontraron despu\u00e9s de pronunciada la sentencia de primera instancia y con posterioridad a la oportunidad legal para aportarla en la segunda instancia, el documento que contiene la prueba grafol\u00f3gica solicitada oportunamente\u00bb. Y resalt\u00f3 que, de haberse encontrado dicha prueba, \u00aby puest[a] a disposici\u00f3n de los juzgadores en forma oportuna, las decisiones de las sentencias hubieran sido de otro tenor, toda vez que los juzgadores, de ninguna manera, pod\u00edan dar vi\u00e1tico legal al pago de una suma de dinero representada en un t\u00edtulo valor espurio\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la causal 6\u00aa, recalc\u00f3 que los fraudes se \u00abpatentizan en dos fases\u00bb. Que el demandante, previo a la radicaci\u00f3n del escrito inicial, adulter\u00f3 el t\u00edtulo valor objeto de recaudo y el \u00abbeneficio econ\u00f3mico, haciendo creer como cierta una obligaci\u00f3n que no es verdadera\u00bb. As\u00ed las cosas, estim\u00f3 que se estructura una maquinaci\u00f3n fraudulenta cuando se act\u00faa con apariencia leg\u00edtima para \u00ablograr un recaudo dinerario con soportes manifiestamente irreales\u00bb. Por ello, consider\u00f3 que la parte demandante transgredi\u00f3 \u00absu deber de obrar con rectitud, lealtad y probidad en el proceso, logrando confundir al juzgador, dando al traste con intereses particulares jur\u00eddicamente protegidos\u00bb. <\/p>\n
Frente al motivo 8\u00b0, se\u00f1al\u00f3 que lo demandado se encuentra sustentado en la causal 5\u00aa de nulidad del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto fue el juez de primer grado \u00abquien oficiosamente orden\u00f3 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que realizara la prueba grafol\u00f3gica. No obstante, profiri\u00f3 sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n aun cuando la prueba grafol\u00f3gica no hab\u00eda sido practicada. Es decir, no esper\u00f3 a que se practicara para dictar sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. Reunidos los requisitos exigidos por la normatividad procesal (art\u00edculos 354 y ss., CGP), el Magistrado Sustanciador \u2013con auto del 9 de junio de 2022-, admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda y orden\u00f3 correr su traslado a todos los intervinientes en el juicio debatido11. El apoderado de Ceduin Iv\u00e1n de la Cruz Gonz\u00e1lez impetr\u00f3 recurso horizontal contra esa providencia12. Sin embargo, el Magistrado -con prove\u00eddo del 28 de marzo de 2023- mantuvo su postura13. <\/p>\n
4. El citado apoderado, al contestar la demanda14, manifest\u00f3 -en primer lugar- que el peritazgo \u00absiempre estuvo presente en el tr\u00e1mite procesal, supuestamente fue encontrado, siendo tal afirmaci\u00f3n falsa, ya con anterioridad expuse con suma claridad cu\u00e1l fue el tr\u00e1mite y la consecuencia que conllev\u00f3 el hecho de que el perito, citado por el Honorable Tribunal Superior de Barranquilla a la audiencia de sustentaci\u00f3n y juzgamiento, no asisti\u00f3 a sustentar la pericia, tampoco present\u00f3 excusa o justific\u00f3 su ausencia y m\u00e1s all\u00e1 de este acto de omisi\u00f3n y negligencia, el apoderado de la demandada presente en la audiencia no supo dar raz\u00f3n de la inasistencia del perito\u00bb. Respecto de la causal 6\u00aa, enfatiz\u00f3 que el convocante pretende por esta v\u00eda inducir en error al juzgador \u00abalarmando con una serie de acontecimientos que, si bien los narra c\u00f3mo ocultos y constitutivos de una trama perversa, se olvida que fueron vividos y discutidos a lo largo del tr\u00e1mite procesal\u00bb. En lo tocante con el motivo 8\u00b0, afirm\u00f3 que \u00absupuestamente la nulidad se gener\u00f3 en la sentencia como lo describe la causal de revisi\u00f3n invocada, desafortunadamente la recurrente confunde un recurso con una nulidad, puesto que la sentencia s\u00ed admite nulidades, as\u00ed lo prev\u00e9 el art\u00edculo 134 del C.G.P.\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que, si la \u00abparte demandada advirti\u00f3 la existencia de la causal de nulidad generada en la sentencia de \u00faltima instancia, debi\u00f3 alegarla como lo indica la norma y no pretender hoy mimetizarla o maquillarla con argumentos peregrinos que ni en aquella \u00e9poca ni hoy hacen parte de la verdad procesal, puesto que ya se expuso todo lo acaecido con la prueba pericial\u00bb. <\/p>\n
5. Efectuado el traslado de la demandada, el 14 de junio de 2023, sin que existieran otros medios de convicci\u00f3n por recaudar, se tuvieron en cuenta, como pruebas, las documentales aportadas al plenario. Adem\u00e1s, en aras de garantizar las prerrogativas de defensa y contradicci\u00f3n, se les corri\u00f3 traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales15. En ese orden, los extremos intervinientes allegaron sus conclusiones finales16. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso concreto, es procedente el fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia. En efecto, de acuerdo con las pruebas allegadas y la situaci\u00f3n de facto particular no son necesarios elementos de convicci\u00f3n adicionales. <\/p>\n
2.1. Sobre esta causal, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que \u00ab\u2026se refiere\u2026 a medios probatorios preexistentes desde el primer litigio y que no obran en ese plenario, ya que es de la esencia su aparici\u00f3n repentina posterior con efectos trascendentes, como producto de una recuperaci\u00f3n de lo que estaba perdido o el descubrimiento de algo que se desconoc\u00eda\u00bb. Por tanto, \u00abquedan as\u00ed por fuera de discusi\u00f3n en esta senda la adecuaci\u00f3n de elementos de convicci\u00f3n insuficientes, la producci\u00f3n de unos nuevos que modifiquen condiciones preexistentes y la valoraci\u00f3n de lo oportunamente allegado, aun cuando se les reste peso por extempor\u00e1neos, ineficaces o no cumplir los requisitos de ley\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, se ha precisado que, para la cabal estructuraci\u00f3n del referido motivo, se requiere la concurrencia de varios requisitos: \u00aba. que se trate de prueba documental. b. que el documento o documentos respectivos, no obstante, su preexistencia, no hayan podido aportarse al proceso, bien por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria. Y c. que la prueba documental sea trascendente, esto es, que, si el sentenciador hubiere podido apreciarla, el sentido de la decisi\u00f3n hubiera sido radicalmente diferente\u00bb (SC6996- 2017; SC 04 jun. 2007, rad. 2005-00185-00; SC 20 may. 2008, rad. 2006-00887-00, SC1859-2018, entre otras). <\/p>\n
2.2. Aplicados esos lineamientos al caso concreto, se advierte lo que viene. Primero, el relato expuesto por el recurrente deja ver que la prueba respecto de la cual gravitan sus alegatos no reviste la naturaleza exigida por esta causal de revisi\u00f3n. Esto es, tal dictamen pericial no podr\u00eda soportar el alegato afincado en la causal 1\u00aa del art\u00edculo 355 CGP. Ciertamente, este motivo se predica de documentos y no lo hace extensivo a otras probanzas \u2013como el dictamen pericial o los testimonios-, que, a pesar de estar plasmados en un documento escrito, no cambian su esencia. As\u00ed lo ha destacado esta Sala, entendiendo que la prueba hallada despu\u00e9s por el recurrente tiene que ser de \u00ablinaje documental, no de otra \u00edndole\u00bb (reiterado en AC294-2019, tambi\u00e9n en AC2784-2014). De manera que no puede ser la testimonial ni la pericial. Segundo, la probanza aducida no tiene el car\u00e1cter de novedosa, pues fue aportada antes del fallo que defini\u00f3 el litigio \u2013espec\u00edficamente en el tr\u00e1mite de la segunda instancia, por remisi\u00f3n del juez de primer grado-. Adem\u00e1s de que el actor ha sido enf\u00e1tico en manifestar que \u00abel d\u00eda 04 de septiembre de 2019, consiguieron (el documento) que deseaban al recibirlo, es decir, incorporarlo al expediente\u00bb. Esto es, antes del fallo recurrido -proferido el 26 de noviembre de 2019-. Y tercero, no se manifest\u00f3 la trascendencia tal que habr\u00eda variado la sentencia recurrida, aunado a que no se expuso los hechos constitutivos de \u00abfuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria\u00bb, que impidieron allegar el documento al plenario dentro del t\u00e9rmino legal. Simplemente, el censor se limit\u00f3 a endilgar a los funcionarios encargados de expedirlo la responsabilidad de ello, situaci\u00f3n que lejos est\u00e1 de armonizar con el motivo de revisi\u00f3n alegado. As\u00ed las cosas, la censura es infundada. <\/p>\n
3. Por otro lado, el actor -en sustento de la causal 6\u00aa de revisi\u00f3n- acus\u00f3 que los \u00abfraudes de la parte demandante se patentizan en dos fases\u00bb. La primera, \u00ab\u2026al adulterarse un t\u00edtulo valor, como quiera que alguna persona extendi\u00f3 a su favor una letra de cambio por $200.000.000, con una r\u00fabrica adulterada del [ejecutado]\u00bb. Y la segunda, en la medida que \u00abpersiste [el] actuar enga\u00f1oso procesal de la parte actora, consistente en perseverar en el ilegal recaudo del capital representado en un documento ileg\u00edtimo, activando, al efecto, el aparato judicial. Tal enga\u00f1o se traduce en obtener un beneficio econ\u00f3mico haciendo creer como cierta una obligaci\u00f3n que no es verdadera\u00bb. Por ello, adujo que la parte demandante transgredi\u00f3 \u00absu deber de obrar con rectitud, lealtad y probidad en el proceso, logrando confundir al juzgador, dando al traste con intereses particulares jur\u00eddicamente protegidos\u00bb. <\/p>\n
3.1. Sobre este motivo, la Sala ha sostenido que de \u00e9l se desprenden tres supuestos. A saber: (i) la evidencia de una \u00abmaniobra fraudulenta\u00bb, con entidad suficiente para incidir en la sentencia censurada. (ii) la ilicitud destacada debe envolver un perjuicio para el recurrente. Y (iii) la ilegalidad debe cumplirse por fuera del juicio. Es decir, no haber sido materia de controversia (se resalta). Precisamente, se ha se\u00f1alado que, para su configuraci\u00f3n resulta necesario que \u00ablas partes, o una de ellas, despliegue una actividad deliberada, consciente e il\u00edcita, encaminada a falsear la verdad, con miras a inducir en error al juzgador, malogrando los derechos que la ley concede a terceros o a los otros sujetos procesales, comportamiento que, obviamente debe aparecer plenamente probado, pues la presunci\u00f3n de buena fe\u2026 debe, en todo quebrarse\u00bb (CSJ SC, 30 jul. 1997, Exp. 5407, reiterada, entre otras, en CSJ SC4669-2021). Adem\u00e1s, \u00ab\u2026constituye requisito inherente a dicha causal que las maniobras fraudulentas se hayan conocido con posterioridad al pronunciamiento del fallo impugnado, toda vez que es obvio que, de haberse notado su presencia con anterioridad al mismo, ese discernimiento habr\u00eda permitido la utilizaci\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n ordinarios que, en modo alguno, pueden ser suplidos por el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb (CSJ SC, 29 oct. 2004. Exp. 03001, reiterada en CSJ SC4669-2021). <\/p>\n
3.2. Al respecto, se insiste en que las maniobras fraudulentas de una de las partes deben recaer sobre hechos externos al proceso, que no fueron materia de controversia. Por supuesto, esta ajenidad no podr\u00eda predicarse del t\u00edtulo materia del recaudo en la acci\u00f3n ejecutiva, no solo porque la viabilidad de la ejecuci\u00f3n est\u00e1 directamente ligada a la validez y alcance obligacional del documento, sino tambi\u00e9n porque la autenticidad de este fue expresamente debatida por la parte interesada al interior del juicio. T\u00e9ngase en cuenta que cualquier \u00abmaniobra fraudulenta\u00bb, en el contexto del sexto motivo de revisi\u00f3n, debe \u00ab\u2026corresponder a situaciones ajenas al pleito y que no se hayan controvertido dentro del mismo o que pudi\u00e9ndolo hacer se dejaron pasar, pues, de ser as\u00ed se estar\u00eda reabriendo la discusi\u00f3n como si se tratara de su replanteamiento o un reexamen de los puntos desatados, lo que se aleja de los fines propios de esta impugnaci\u00f3n extraordinaria\u00bb (CSJ SC3955-2019, reiterada en CSJ SC1367-2022). <\/p>\n
3.3. En una palabra, se destaca que la \u00abmaniobra fraudulenta\u00bb, anunciada por el recurrente, coincide con un aspecto que se debati\u00f3 profusamente en las instancias \u2013la validez del t\u00edtulo ejecutivo-, y que fue definido por los funcionarios competentes. Esto, por cierto, descarta la causa eficiente para dar lugar a la revisi\u00f3n, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas en el proceso, este remedio no es procedente. Aceptar lo contrario, ser\u00eda permitir que el juez de revisi\u00f3n se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, examine de nuevo el litigio. <\/p>\n
4. Finalmente, el recurrente \u2013alrededor de la causal 8\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso- aleg\u00f3 que la nulidad se origin\u00f3 en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2019, por infringirse el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 133, ib\u00eddem. Para ello, estim\u00f3 que fue el juez de primer grado quien orden\u00f3 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizar la prueba grafol\u00f3gica de la firma del ejecutado. Y, por haber sido arrimada de manera tard\u00eda al expediente, el Juez la remiti\u00f3 al Tribunal para lo pertinente. No obstante, esa autoridad \u2013en audiencia- \u00abno tuvo en cuenta la prueba grafol\u00f3gica expedida por una entidad p\u00fablica\u2026, el Tribunal no practic\u00f3 ni valor\u00f3 la prueba, muy a pesar de lo pertinente que es esta para demostrar que el t\u00edtulo valor era fraudulento\u00bb. En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que lo acontecido \u00abdemuestra una clara violaci\u00f3n al debido proceso y al derecho de defensa, incurriendo el Tribunal en una v\u00eda de hecho, salt\u00e1ndose el procedimiento establecido en la normatividad, configurando un defecto f\u00e1ctico que vicia de nulidad la sentencia\u00bb. <\/p>\n
4.1. El citado motivo hace referencia al momento procesal de dictar el fallo definitorio del juicio, bajo la premisa de improcedencia de alg\u00fan recurso. Esto pues, si existe la posibilidad, el yerro debe alegarse al momento de la sustentaci\u00f3n del recurso o herramienta procesal procedente para que se analicen los aspectos reprochados. As\u00ed lo ha sostenido la Corte, al considerar que <\/p>\n
\u00ab\u2026no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en \u00e9ste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso\u00bb. (CXLVIII, 1985; en el mismo sentido: CSJ SR, 30 de sep. de 1996, rad. 5490, reiterada en CSJ SC4156-2021, entre otras). <\/p>\n
En igual sentido, la jurisprudencia pacifica de la Sala ha venido aclarando que la nulidad emanada del fallo ha de ser de naturaleza estrictamente procesal, pues \u00ab\u2026es indudable que los t\u00e9rminos en que se halla concebida la causal 8\u00aa de revisi\u00f3n del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u2026, indican que el vicio que emerge del fallo impugnado constitutivo de nulidad debe ser de naturaleza estrictamente procesal, lo que evidentemente excluye los errores de juicio ata\u00f1ederos con la aplicaci\u00f3n del derecho sustancial, la interpretaci\u00f3n de las normas y la apreciaci\u00f3n de los hechos y de las pruebas que le puedan ser imputados al sentenciador. En realidad, dicho motivo de revisi\u00f3n tiene por finalidad abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u2026\u00bb (citada en CSJ SC4156-2021). Adem\u00e1s, \u00ablos motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que – a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil- \u2026se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u00bb (CSJ SR, 29 de oct. de 2004, rad. 03001. Reiterada en CSJ SC7121-2017 y en CSJ SC674 de 2020). <\/p>\n
4.2. Aplicando las argumentaciones expuestas para la estructuraci\u00f3n de la causal octava, es imperativo la concurrencia de dos requisitos: la sentencia debe resolver de manera definitiva el litigio. Y no ser susceptible de impugnaci\u00f3n mediante apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n. En el caso concreto, dada la naturaleza coercitiva del proceso, la providencia dictada en segunda instancia por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla qued\u00f3 en firme, si en cuenta se tiene la improcedencia de alg\u00fan recurso ordinario. Lo anterior, sin perjuicio de desconocer la viabilidad de interponer la impugnaci\u00f3n \u00abextraordinaria de revisi\u00f3n\u00bb, factible en relaci\u00f3n con fallos ejecutoriados, precisamente formulada ahora y objeto del presente pronunciamiento. <\/p>\n
En el punto, importa recordar que el proceso ejecutivo termina cuando se declara la prosperidad de los medios defensivos esgrimidos. No as\u00ed, cuando -como en el caso- se ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, cuya determinaci\u00f3n tiende a la satisfacci\u00f3n de la acreencia reclamada, raz\u00f3n por la cual el primero de los requisitos mencionados no se cumple. As\u00ed lo ha entendido la Corte, al explicar que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [L]o normal y corriente es que el proceso ejecutivo termine, no con una sentencia como sucede en la casi totalidad de los procesos, sino con el pago de la acreencia; \u00fanicamente cuando en ella se acogen las excepciones propuestas por el demandado termina el proceso por sentencia, esta s\u00ed recurrible en revisi\u00f3n. <\/p>\n
La causal invocada por la recurrente fue establecida por el legislador a fin de que pudiere impetrarse la nulidad originada en la sentencia que ponga fin al proceso cuando contra ella no proceda recurso alguno, porque al terminarse el litigio desaparece la oportunidad para solicitarla como incidente o de alegarla por medio de los recursos extraordinarios. Por lo tanto, no hay duda que en la especie en estudio no cabe la invocaci\u00f3n de dicha causal para pretender la revisi\u00f3n del fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, pues la sentencia que confirm\u00f3 la orden de seguir con la ejecuci\u00f3n, no es una sentencia que le pone fin al proceso ejecutivo. As\u00ed, por lo dem\u00e1s lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n al considerar que la causal de revisi\u00f3n mencionada, \u00abs\u00f3lo surge cuando la nulidad se origina en la sentencia que pone fin al proceso, caracter\u00edstica que es ajena a la providencia que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, ya que en este caso es \u00fanicamente un paso, aunque muy importante, en el camino que lleva al pago de la obligaci\u00f3n, fin verdadero y \u00faltimo del proceso ejecutivo (Sent. de Rev. 17 de noviembre de 1993)\u00bb (Criterio expuesto en CSJ SR de 30 de septiembre de 1999, exp. 7245. reiterado el 10 de marzo de 2009, rad. 11001020300020040088500 y exp. 7480 de 29 de junio de 2000). <\/p>\n
En lo pertinente, se sigue la regla de esta Sala, seg\u00fan la cual, al recurso de revisi\u00f3n no puede acudirse para conjurar cuestiones procesales adversas a las partes de un determinado proceso, cuando proferida la sentencia, al interior de este se cuentan con medios ordinarios de defensa judicial (CSJ SC 114 de 21 de julio de 2000). Esto acaece en los juicios ejecutivos a la luz del art\u00edculo 134 del CGP, que establece: \u00abLas nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. \u201cLa nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse en la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades. \u201cDichas causales podr\u00e1n alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier otra causa legal. \u201cEl juez resolver\u00e1 la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas que fueren necesarias\u2026\u00bb (se destaca). <\/p>\n
4.3. El precepto citado se ajusta con la reiterada jurisprudencia de la Corte, en lo tocante con la improcedencia de alegar por este sendero un motivo de nulidad cuando se omiti\u00f3 hacerlo en los ritos procesales del proceso, como en el caso del ejecutivo -antes de concurrir al medio extraordinario de revisi\u00f3n-. De modo tal que, la solicitud de nulidad era pertinente alegarla o agotarla, \u00abmientras no haya[n] terminado por el pago total a los acreedores, o por causa legal\u00bb en el compulsivo. Por lo expuesto, se advierte la improcedencia de alegar como motivo de nulidad aquello que debi\u00f3 ser debatido en el juicio correspondiente. Esto es, el alegato expuesto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
5. Por las consideraciones expuestas, se declarar\u00e1 infundado el recurso de revisi\u00f3n. En aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 359 del C\u00f3digo General del Proceso se condenar\u00e1 en costas y perjuicios al recurrente -las agencias en derecho se tasar\u00e1n por el magistrado ponente-. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Antonio Fernando Castillo Jim\u00e9nez frente a la sentencia dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 26 de noviembre de 2019, en el proceso ejecutivo referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: CONDENAR en costas y perjuicios de la revisi\u00f3n al recurrente. Incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de seis (6) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, que fija el Magistrado Ponente -para su cuantificaci\u00f3n se tendr\u00e1n en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura-. Liqu\u00eddese los perjuicios conforme al art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
TERCERO: DEVOLVER el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen, junto con copia de esta providencia. Por secretar\u00eda, proc\u00e9dase de conformidad y d\u00e9jense las constancias del caso. Cumplido lo anterior, archivar las diligencias. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N GONZ\u00c1LEZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 A trav\u00e9s de su apoderada judicial y conforme al poder conferido. <\/p>\n
2\u0002 Edilberto Escobar Cortes, actu\u00f3 como endosatario en procuraci\u00f3n del demandante. <\/p>\n
3\u0002 Folios 2 a 6 del archivo PDF \u00ab00ExpDigitalizadoCuaderno#1\u00bb. Consecutivo 7. Archivo \u00ab0013Expediente_remitido\u00bb. Expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 24 a 27. Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folios 51 a 54. Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folios 60 a 61. Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 96 a 97. Ib\u00eddem. <\/p>\n
9\u0002 Folio 21 del archivo PDF \u00ab01ExpDigitalizadoCuaderno#2\u00bb. Consecutivo 7. Archivo \u00ab0013Expediente_remitido\u00bb. Expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 Folios 44 a 45. Ib\u00eddem. <\/p>\n
11\u0002 Consecutivo 10. Archivo \u00ab0019Documento_actuacion\u00bb. Expediente digital. <\/p>\n
12\u0002 Consecutivo 20. Archivo \u00ab0033Memorial\u00bb. Expediente digital. <\/p>\n
13\u0002 Consecutivo 27. Archivo \u00ab0046Auto\u00bb. Expediente digital. <\/p>\n
14\u0002 Consecutivo 21. Archivo \u00ab0036Memorial\u00bb. Expediente digital. <\/p>\n
15\u0002 Consecutivo 30. Archivo \u00ab0049Auto\u00bb. Expediente digital. <\/p>\n
16\u0002 Consecutivo 32. Archivo \u00ab0052Memorial\u00bb. Expediente digital. Y, consecutivo 33. Archivo \u00ab0053Memorial\u00bb. Expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
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SC369-2023 (2021-04505-00) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC369-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04505-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide por sentencia anticipada, el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76030","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76030","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76030"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76030\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76030"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76030"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76030"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}