STC10609-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10609-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03620-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por la sociedad Diateco SAS, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite en el que se dispuso la citaci\u00f3n de las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo (con demanda acumulada) de radicado no. 73001310300220140011800. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Jes\u00fas Antonio Guillen Tabares promovi\u00f3 proceso ejecutivo mixto contra Alfredo Castillo Barreto, tr\u00e1mite en el que se acumul\u00f3 la demanda ejecutiva singular que adelantaba contra el mismo deudor, litigio en el que se orden\u00f3 el embargo de los inmuebles identificados con las matr\u00edculas 350-84354 y 350-93374 de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que luego de que los bienes cautelados fueran rematados y adjudicados, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en providencia de 16 de junio de 2015 realiz\u00f3 un control de legalidad por medio del cual estableci\u00f3 que el t\u00edtulo valor aportado por el se\u00f1or Guillen Tabares no reun\u00eda los requisitos formales para ser ejecutable, por lo que dispuso continuar la ejecuci\u00f3n \u00fanicamente respecto a la demanda formulada por Diateco SAS, decisi\u00f3n que recurrida en reposici\u00f3n y en subsidio en apelaci\u00f3n, por el citado acreedor, mantuvo el Juzgado y concedi\u00f3 el segundo para ante el superior. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 17 de julio de 2015, el Juzgado accionado orden\u00f3 entregar el dinero producto del remate a Diateco SAS, quien figuraba como \u00fanico ejecutante para ese momento. <\/p>\n
Expuso que, por auto de 8 de febrero de 2017, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 revoc\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n y orden\u00f3 al Juzgado de conocimiento retomar el diligenciamiento ejecutivo en el estado procesal en que se encontrara y continuarlo, \u00aben lo que no tiene en cuenta a viva voz que, el tr\u00e1mite de remate ya se encontraba ejecutado y en firme en su totalidad, pues ya se hab\u00eda realizado la adjudicaci\u00f3n de los bienes inmuebles a quienes fungieron como sus mejores postores, conforme lo dicta la ley\u00bb. (sic) <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado, sin atender lo dispuesto por el superior y de manera irregular, mediante providencias de 6 de julio de 2017, 10 de junio de 2021, 17 de marzo de 2022 y 15 de marzo de 2023, la ha requerido, as\u00ed como a su endosatario en procuraci\u00f3n, para que devuelva el dinero que le hab\u00eda sido entregado como producto del remate. <\/p>\n
Consider\u00f3 que con tales determinaciones, y en especial con la de 15 de marzo de 2023, el Despacho accionado no tiene en cuenta que el dinero le fue entregado en calidad de \u00fanico demandante, bajo la presunci\u00f3n de buena fe y confianza leg\u00edtima, y se aparta de lo dispuesto en auto de 16 de junio de 2015, por lo que afirm\u00f3 que \u00abno es procedente que se deba realizar devoluci\u00f3n de los dineros por parte de quien fungi\u00f3 como endosatario en procuraci\u00f3n; Iv\u00e1n Lorenzo Quintero Contreras y la sociedad demandantes [quien] tambi\u00e9n demostr\u00f3 tener derecho frente a los mismos mediante t\u00edtulo ejecutivo, el cual cumpl\u00eda a cabalidad con cada uno de los requisitos formales exigidos por la normatividad aplicable y vigente\u00ab (sic). <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, \u00abenmarcar su actuar \u00fanicamente a lo resuelto en el auto de fecha 8 de febrero de 2017, por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la Sala Civil \u2013 Familia Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades accionadas y a los vinculados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, adem\u00e1s de compartir el link del expediente rad. 2014-00118, inform\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela debe declararse improcedente, porque se desatendi\u00f3 el principio de la subsidiariedad, en tanto que la providencia de 15 de marzo de 2023 no fue controvertida. <\/p>\n
Destac\u00f3 que est\u00e1 dando cumplimiento a la orden impartida por su superior en auto de 9 de junio de 2020, en la que se le exhort\u00f3 para que utilizara \u00abmedidas dr\u00e1sticas y determinantes\u00bb, para obtener el reintegro del dinero en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3. El curador ad litem designado para representar a Alfredo Castillo Barreto -ejecutado en el litigio objeto de examen-, refiri\u00f3 que la demanda constitucional es improcedente, en atenci\u00f3n a que la providencia de 15 de marzo de 2023 alcanz\u00f3 ejecutoria, frente al silencio de la sociedad accionante. <\/p>\n
4. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, afirm\u00f3 que \u00aben el presente caso no se cumple con la inmediatez como requisito general de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, pues han trascurrido m\u00e1s de seis a\u00f1os desde la fecha en que se emiti\u00f3 el mentado auto hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud de amparo constitucional, super\u00e1ndose con creces el t\u00e9rmino prudencial de seis meses que se tiene establecido por la jurisprudencia constitucional para promover acci\u00f3n de tutela en contra de decisiones judiciales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Fiscal\u00eda Cuarenta y Nueve Seccional \u2013 Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica inform\u00f3 que, \u00ab[e]n este despacho se adelanta la indagaci\u00f3n con NUNC 730016099355202157559 contra el Dr. IVAN LORENZO QUINTERO CONTRERAS por el delito de fraude a resoluci\u00f3n judicial. Dentro de tal actuaci\u00f3n se solicit\u00f3 audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y se est\u00e1 a la espera para que se fije fecha y hora para llevarla a cabo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, cuandoquiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad, o de un particular -en casos excepcionales-, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que concurran los requisitos de la subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
2. El asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se centra en determinar si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 desconoce sus garant\u00edas constitucionales y los principios de buena fe y confianza leg\u00edtima, al requerir en providencia de 15 de marzo 2023 a la sociedad accionante, para que haga devoluci\u00f3n del dinero que le fue entregado producto del remate llevado a cabo en el proceso ejecutivo objeto de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
3. Inicialmente ha de tenerse presente, que a trav\u00e9s de las decisiones aqu\u00ed cuestionadas por la accionante, el Juzgado de conocimiento ha pretendido dar cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 en autos de 8 de febrero de 2017, por medio del cual dej\u00f3 sin efectos la providencia de 16 de junio de 2015 y le orden\u00f3 \u00abretomar el diligenciamiento ejecutivo en el estado procesal que se encuentre, y continuar con el mismo\u00bb y de 9 de junio de 2020 en el que, \u00abexhorta al juzgado de origen para que a fin de lograr la protecci\u00f3n de los derechos del acreedor con garant\u00eda real, adopte medidas m\u00e1s dr\u00e1sticas y determinaciones para obtener el cumplimiento de la orden de reintegro de la suma de $310\u00b4436.593 por parte del Dr. Iv\u00e1n Lorenzo Quintero Contreras, quien funge como endosatario para el cobro judicial de la sociedad Diateco SAS, dictada en auto de 6 de julio de 2017, de conformidad con lo expuesto\u00bb. <\/p>\n
Decisiones que no pueden tacharse de arbitrarias o caprichosas, menos cuando se encuentran debidamente sustentadas y motivadas, respetan el ordenamiento jur\u00eddico, se acompasan con el acontecer f\u00e1ctico del proceso bajo examen y aplican las reglas legales del caso, quedando vedado el juez de tutela para intervenir en cualquier sentido, destacando que la diferencia de criterio, por s\u00ed solo, no permite deducir la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ. STC4705-2016 y STC1043-2023, entre otras). <\/p>\n
4. Ahora, y teniendo en cuenta los puntuales t\u00e9rminos en que la sociedad accionante formul\u00f3 su inconformidad, es necesario recordar el presupuesto de la inmediatez, sobre el que esta Corte ha sostenido que el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la decisi\u00f3n y el reclamo constitucional, no puede superar los seis meses, con el objeto de que la acci\u00f3n extraordinaria no pierda su raz\u00f3n de ser (CSJ. STC. 14 septiembre 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC4535-2020, STC3457-2021, STC6747-2022, STC9625-2022, STC11145-2022 y, STC4915-2023 entre muchas otras). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, en consideraci\u00f3n a que, como bien lo menciona Diateco SAS, el primer requerimiento que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 le hizo para que devolviera el dinero que le fue entregado, se realiz\u00f3 el 6 de julio de 2017, orden que se reiter\u00f3 en providencias de 10 de junio de 2021, 17 de marzo de 2022 y 15 de marzo de 2023, esta \u00faltima objeto de reproche, es evidente que se super\u00f3 el t\u00e9rmino razonable del que se viene hablando, porque la demanda constitucional se radic\u00f3 el 1\u00ba de agosto de 2023, es decir, m\u00e1s de seis a\u00f1os despu\u00e9s de que se profiri\u00f3. <\/p>\n
Sea oportuno aclarar, que si bien el requerimiento que en las primeras decisiones cuestionadas se hizo al abogado, tiene su origen en el \u00abMEMORIAL PODER\/AUTORIZACI\u00d3N\u00bb que fue otorgado por la sociedad accionante para que, \u00abretire y cobre lo t\u00edtulos judiciales ordenados por su se\u00f1or\u00eda mediante auto dentro del proceso de la referencia (\u2026) en consecuencia, h\u00e1gase entrega de los t\u00edtulos, as\u00ed como el cobro de los mismas, a favor del abogado Iv\u00e1n Lorenzo Quintero Contreras (\u2026)\u00bb, es decir, que las actuaciones que el apoderado judicial realiz\u00f3 en el tr\u00e1mite del proceso, en especial, la de cobrar el dinero del cual se busca su reintegro, las ejecutaba por cuenta y obra de Diateco SAS. <\/p>\n
En ese orden, no es de recibo lo afirmado por la sociedad accionante, en cuanto a que solo hasta el 15 de marzo de 2023, el Juzgado accionado la requiri\u00f3 para que cumpliera la orden impartida el 6 de julio de 2017, pues \u00e9sta fue dirigida a la sociedad. <\/p>\n
Entonces, como la accionante debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, se reitera, el extenso tiempo transcurrido entre el hecho amenazante y la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, impiden que se aborde el estudio de fondo de estos inconformismos. <\/p>\n
5. Adem\u00e1s, si lo anterior fuera poco, no puede pasarse por alto que contra las providencias de 6 de julio de 2017 y 15 de marzo de 2023 la sociedad accionante no formul\u00f3 reparo alguno, lo que evidencia, igualmente, la improcedencia del amparo, pues cont\u00f3 con la oportunidad procesal de exponer en el escenario dispuesto por el legislador a la autoridad judicial las razones de su inconformidad y no lo hizo, por cuanto se abstuvo de promover los recursos a su alcance, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Omisi\u00f3n que imposibilita y descarta la procedencia de este medio extraordinario, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario que no puede utilizarse como una instancia adicional para subsanar la falta de interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
La Sala ha explicado que este instrumento constitucional, no se instituy\u00f3 en busca de oportunidades adicionales o con el fin de que se revivan t\u00e9rminos o etapas procesales para la formulaci\u00f3n de mecanismos ordinarios, ya que la falta de proposici\u00f3n de los legalmente establecidos evidencia una desidia procesal que no puede sanearse por esta v\u00eda. Al dejar las partes de utilizar los recursos previstos por el orden jur\u00eddico para controvertir las decisiones judiciales, quedan sujetas a las consecuencias que de estas se desprendan con ocasi\u00f3n a su propia incuria (CSJ. STC11177-2018, STC10847-2020, STC1560-2022, STC6025- 2022, STC1793-2023, STC4913-2023 y STC5564-2023 entre muchas entre otras). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Diateco SAS, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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