STC10612-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10612-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03593-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Tradeco Industrial SA de Capital Variable y Tradeco Infraestructura SA de Capital Variable, contra el Tribunal de Arbitramento administrado por la Corte de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio Internacional de Par\u00eds \u2013Francia-, integrado por los \u00e1rbitros Yves Derains, Eduardo Silva Romero y Eduardo Zuleta Jaramillo -con sede en Bogot\u00e1 Colombia-, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso CCI 21102\/ASM\/JPA\/AJP. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, las sociedades invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Indicaron que, tras presentarse distintas desavenencias entre las partes, debido a la ejecuci\u00f3n del referido contrato, fue terminado unilateralmente por SPPB, quien ejecut\u00f3 \u00abla carta de cr\u00e9dito\u00bb acordada en su totalidad, aun cuando el proyecto ten\u00eda un avance superior al 92% de la obra. <\/p>\n
Explicaron que por lo anterior, iniciaron el proceso arbitral reprochado contra SPPB, tr\u00e1mite en el que se designaron los \u00e1rbitros Yves Derains, de nacionalidad francesa, Eduardo Silva Romero y Eduardo Zuleta Jaramillo, de nacionalidad colombiana, quienes no constituyeron un tribunal imparcial, porque el primero, fue designado aun cuando se hab\u00eda pactado que los tres \u00e1rbitros fueran colombianos, y, el \u00faltimo de los nombrados, ten\u00eda lasos familiares y profesionales, de manera previa, con su contraparte, pero nunca inform\u00f3 esa situaci\u00f3n ni permiti\u00f3 que las accionantes se enteraran. <\/p>\n
Afirmaron que SPPB formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, y fijadas las audiencias correspondientes, reclamaron la suspensi\u00f3n, pero sus peticiones se negaron. <\/p>\n
Agregaron que el Tribunal arbitral igualmente se neg\u00f3 a decretar pruebas \u00abconducentes, pertinentes y \u00fatiles que demuestran los hechos\u00bb materia del litigio, con sustento en requisitos \u00abinventados\u00bb, y de esta manera, rechaz\u00f3 la exhibici\u00f3n de treinta y tres (33) documentos necesarios para acreditar materias concernientes a la ejecuci\u00f3n del contrato con fundamento en que la petici\u00f3n \u00abtendr\u00eda que haber sido circunscrita a un per\u00edodo de tiempo identificado\u00bb, presupuesto no contemplado en la normativa nacional ni internacional. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que el laudo arbitral fue proferido el 28 de febrero de 2023 para, entre otras cuestiones, i) declarar que la \u00abSociedad Portuaria Puerto Bah\u00eda S.A. estaba contractualmente facultada para terminar unilateralmente el Contrato por incumplimiento de la Fecha M\u00e1xima de Entrega de parte de Isolux Ingenier\u00eda S.A., Tradeco Industrial, S.A.C.V. y Tradeco Infraestructura S.A.C.V.\u00bb y decidir que adem\u00e1s SPPB ten\u00eda \u00abel derecho de ejecutar la Carta de Cr\u00e9dito por incumplimiento de parte de Isolux Ingenier\u00eda S.A., Tradeco Industrial, S.A.C.V. y Tradeco Infraestructura S.A.C.V. de su obligaci\u00f3n de realizar los aportes econ\u00f3micos\u00bb, ii) determinar los montos adeudados entre las compa\u00f1\u00edas involucradas y, iii) disponer la compensaci\u00f3n entre algunos de \u00e9stos. <\/p>\n
Anotaron que la determinaci\u00f3n que fue materia de la aclaraci\u00f3n proferida el 19 de mayo siguiente, en el sentido de decidir que el numeral 16 del ac\u00e1pite resolutivo del laudo se modificaba as\u00ed, \u00abPronunciar la compensaci\u00f3n entre las deudas de Sociedad Portuaria Puerto Bah\u00eda S.A., enumeradas en los par\u00e1grafos 5 a 13 (\u2026) y las deudas de Isolux Ingenier\u00eda S.A., Tradeco Industrial S.A.C.V. y Tradeco Infraestructura S.A.C.V., enumeradas en los par\u00e1grafos 14 y 15 de esta decisi\u00f3n, despu\u00e9s de haber descontado de los montos otorgados a Sociedad Portuaria Puerto Bah\u00eda S.A., el monto de la Carta de Cr\u00e9dito de USD 17.041.662, cobrado el 26 de junio de 2015, por esta \u00faltima\u00bb. <\/p>\n
Advirtieron que con los anteriores pronunciamientos les fueron vulnerados los derechos que reclaman, por defectos sustantivos y f\u00e1cticos que no pueden ser materia de alegaciones a trav\u00e9s de las causales de anulaci\u00f3n previstas frente a los laudos arbitrales internacionales, lo cual, en su criterio, las releva de la interposici\u00f3n de tal mecanismo y abre paso a esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sostuvieron en concreto, que en el asunto criticado \u00ablos \u00c1rbitros vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva, al no garantizar su imparcialidad y neutralidad durante el proceso. Por un lado, al pasar por alto la existencia de v\u00ednculos familiares, acad\u00e9micos y profesionales con una de las partes, uno de ellos no se inhibi\u00f3 de conocer el caso. Y, por el otro, a pesar de tomar un caso como contra parte de una compa\u00f1\u00eda de las demandantes, el otro \u00e1rbitro no se apart\u00f3 del caso\u00bb, situaci\u00f3n, que, en su sentir, \u00abexplica, en parte, la vulneraci\u00f3n de otros derechos fundamentales durante el proceso, como: el principio constitucional de habilitaci\u00f3n, al violar el procedimiento establecido en la cl\u00e1usula arbitral para designar un \u00e1rbitro no habilitado por las partes; la arbitraria valoraci\u00f3n de las pruebas; el rechazo injustificado de pruebas pertinentes; la violaci\u00f3n del principio de buena fe al omitir la aplicaci\u00f3n de garant\u00edas, normas y jurisprudencia pertinente frente al contrato y la reducci\u00f3n de la pena en proporci\u00f3n al cumplimiento del contrato; entre otras\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los defectos \u00abf\u00e1cticos y sustantivos del laudo\u00bb, se\u00f1alaron que los mismos se evidenciaban porque el Tribunal de arbitramento, \u00ab(i) viol\u00f3 directamente los art\u00edculos 29, 228 y 230 de la Constituci\u00f3n, as\u00ed como el art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos al violar el principio de imparcialidad; (ii) viol\u00f3 directamente el principio constitucional de habilitaci\u00f3n y al debido proceso de las Accionantes, al modificar, sin facultad para ello, el Acuerdo de arbitraje; (iii) produjo un defecto f\u00e1ctico al desconocer la naturaleza del Contrato EPC \u201cllave en mano\u201d y los efectos de la NC-9; (iv) incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico al no decretar las pruebas solicitadas por las Accionantes que demostraban los hechos que dieron origen al proceso arbitral; (v) provoc\u00f3 un defecto sustantivo al no aplicar la reducci\u00f3n de la cl\u00e1usula penal como lo ordenan los art\u00edculos 867 del C\u00f3digo de Comercio y 1596 del C\u00f3digo Civil; (vi) produjo un defecto sustantivo o material por la violaci\u00f3n del art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n de aplicaci\u00f3n imperativa y, (vii); desconoci\u00f3 el precedente de la Corte Suprema de Justicia sobre el preaviso para terminar unilateralmente los contratos; y (vii) el Tribunal Arbitral\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicitaron que \u00abse DEJE SIN EFECTOS el Laudo Arbitral proferido el 28 de febrero de 2023 y su aclaraci\u00f3n mediante el Addendum de fecha 19 de mayo del mismo a\u00f1o, en el Caso CCI 21102\/ASM\/JPA\/AJP administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio Internacional\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La representante legal de Sociedad Portuaria Puerto Bah\u00eda SA, se opuso a la prosperidad del amparo, toda vez que, en su sentir, los \u00e1rbitros accionados no vulneraron los derechos de las sociedades accionantes, quienes debieron proponer el recurso de anulaci\u00f3n frente al laudo para cuestionar las protestas que ahora presenta. <\/p>\n
2. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Inicialmente debe se\u00f1alarse que la Sala est\u00e1 facultada para definir la presente acci\u00f3n constitucional en primera instancia, toda vez que la misma se dirige frente a un tribunal arbitral internacional con sede en Bogot\u00e1, lo que permite evidenciar en los t\u00e9rminos del numeral 2\u00ba, art\u00edculo 111 de la Ley 1563 de 2012, que el laudo censurado y dem\u00e1s decisiones \u00abse consideran (\u2026) nacionales\u00bb1 y esa circunstancia permite, asimismo, aplicar las reglas de competencia contempladas en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 68 \u00eddem2, y en el numeral 9\u00ba, art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 20213, que indican que para la acci\u00f3n de tutela frente a Tribunales de Arbitramento el competente es el juez que conoce del recurso de anulaci\u00f3n (CSJ. SC5288-2021). <\/p>\n
2. Fijado lo anterior, se recuerda que s\u00f3lo las providencias judiciales injustas con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, las sociedades accionantes reprochan, el laudo arbitral proferido el 28 de febrero de 2023 y su aclaraci\u00f3n de 19 de mayo siguiente, en el arbitramento CCI 21102\/ASM\/JPA\/AJP, porque, en su criterio, los \u00e1rbitros accionados les vulneraron los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, toda vez que incurrieron en m\u00faltiples defectos f\u00e1cticos y sustantivos que le abren paso a este amparo. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la norma en menci\u00f3n establece, <\/p>\n
\u00abCausales de anulaci\u00f3n. La autoridad judicial podr\u00e1 anular el laudo arbitral a solicitud de parte o de oficio: <\/p>\n
1. A solicitud de parte, cuando la parte recurrente pruebe: <\/p>\n
a) Que para el momento del acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es v\u00e1lido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley colombiana; o <\/p>\n
b) Que no fue debidamente notificada de la designaci\u00f3n de un \u00e1rbitro o de la iniciaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n arbitral o no pudo, por cualquiera otra raz\u00f3n, hacer valer sus derechos; o <\/p>\n
c) Que el laudo versa sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los t\u00e9rminos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo est\u00e1n, s\u00f3lo se podr\u00e1n anular estas \u00faltimas; o <\/p>\n
d) Que la composici\u00f3n del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposici\u00f3n de esta secci\u00f3n de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron a las normas contenidas en esta secci\u00f3n de la ley. <\/p>\n
2. De oficio, cuando: <\/p>\n
a) Seg\u00fan la ley colombiana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o, <\/p>\n
b) El laudo sea contrario al orden p\u00fablico internacional de Colombia\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
5. Visto lo anterior, se advierte que entre los ataques de las sociedades accionantes al laudo y su adici\u00f3n, se contemplan asuntos relativos a la composici\u00f3n del tribunal de arbitramento, referentes a la nacionalidad e idoneidad de los \u00e1rbitros, circunstancias relacionadas con el desconocimiento de las normas nacionales, e, incluso, un posible desbordamiento de los l\u00edmites del pacto arbitral, cuestionamientos todos ellos que, podr\u00edan verse insertos en las causales que comprende el numeral 1\u00ba antes citado y que pudieron ser materia del recurso de anulaci\u00f3n omitido por las accionantes. <\/p>\n
6. A lo anterior se suma que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala, en asuntos que guardan simetr\u00eda con el presente, ha previsto que frente a arbitrajes internacionales el requisito de la subsidiariedad debe ser m\u00e1s estricto, pues se cuenta con una causal espec\u00edfica que \u00abpermite que en sede de anulaci\u00f3n se analicen defectos que desbordan quebrantamientos in procedendo, siempre y cuando estos se enmarquen dentro de eventuales violaciones al orden p\u00fablico internacional de Colombia\u00bb (C.C. T-354 de 2019). <\/p>\n
Se destaca que la causal contenida en el literal b) del numeral 2 \u00eddem, remite al concepto de orden p\u00fablico categor\u00eda que, seg\u00fan indic\u00f3 esta Sala en un tr\u00e1mite de reconocimiento de laudo internacional, \u00abengloba situaciones o conceptos como: que no se incurra en un ejercicio abusivo de derechos, se cometan actos de mala fe, o se pueda ver afectada la imparcialidad del tribunal arbitral o el derecho al debido proceso de las partes (\u2026) Del mismo modo, que [no], haya una vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales de las partes, se violenten intereses pol\u00edticos, sociales o econ\u00f3micos del Estado4\u00bb (CSJ. SC4481-2021) y, en el mismo sentido, en otro caso en el que esta Sala defini\u00f3 un recurso de anulaci\u00f3n frente a un laudo internacional, se expres\u00f3 que \u00abintegran el orden p\u00fablico internacional el principio de buena fe y los est\u00e1ndares que salvaguardan un m\u00ednimo de moralidad en la sociedad\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como en esta oportunidad, se ataca un laudo arbitral por el supuesto desconocimiento de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los involucrados, la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente al omitirse el agotamiento del nombrado recurso de anulaci\u00f3n por la causal indicada, porque \u00e9sta, aunque se prev\u00e9 de oficio, les impone a los interesados acudir a la jurisdicci\u00f3n nacional y formular la demanda correspondiente. <\/p>\n
Se insiste, la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, en casos similares, ha exigido el agotamiento del anotado recurso para proceder al estudio de fondo de la solicitud de tutela, por tanto, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n solicitada, pues las peticionarias aceptan la falta de formulaci\u00f3n de ese mecanismo y aunque pretenden anteponer su criterio sobre la impertinencia del recurso que no han ejercido para soslayar el presupuesto de la subsidiariedad, sus manifestaciones no le abren paso a este amparo, porque, se reitera, el supuesto quebranto de sus garant\u00edas sustanciales es una cuesti\u00f3n aneja al orden p\u00fablico. <\/p>\n
V\u00e9ase como, la Corte Constitucional en la sentencia T-354 de 2019, sobre lo antes se\u00f1alado y aludiendo al criterio de esta Sala, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Se advierte que la causal oficiosa incluida en el literal b) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 108 de la Ley 1563 de 2012, que contempla que el laudo puede ser anulado cuando sea contrario al orden p\u00fablico internacional de Colombia, es una causal de anulaci\u00f3n que no se encuentra concebida en la normativa del arbitraje nacional y que, como se ver\u00e1, incide en el alcance de la regla adicional de procedencia sobre la cual se hicieron precisiones en el numeral 2.2.2., que atiende al criterio de subsidiariedad. <\/p>\n
En desarrollo de lo anterior, la Sala estima preciso recordar el alcance que la jurisprudencia le ha conferido al concepto de orden p\u00fablico internacional de Colombia. Sobre el particular, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia sostuvo en providencia de 2011: <\/p>\n
\u201cSe limita a los principios b\u00e1sicos o fundamentales de las instituciones, a lo cual servir\u00eda de ilustraci\u00f3n: la prohibici\u00f3n del ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe, la imparcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido proceso. Por lo tanto, en principio, el desconocimiento de una norma imperativa propia del \u2018foro\u2019 del juez del exequatur, per se, no conlleva un ataque al mencionado instituto, lo ser\u00e1, si ello trae como consecuencia el resquebrajamiento de garant\u00eda de linaje superior, como las antes anunciadas\u201d (Sentencia del 27 de julio de 2011, Rad. 2007-01956-01) (\u2026) <\/p>\n
Y agreg\u00f3 en una sentencia del 2019: \u201cIntegran el orden p\u00fablico internacional los derechos fundamentales, los bienes jur\u00eddicos tutelados por los tipos penales, el principio de la buena fe, la prohibici\u00f3n de abuso del derecho y otros est\u00e1ndares que salvaguardan un m\u00ednimo de moralidad en la sociedad (Cfr. SC12467,7 sep. 2016, rad. n\u00aa2014-02737-00) (\u2026) <\/p>\n
As\u00ed mismo, la Sala precis\u00f3 que comprende (\u2026) garant\u00edas procesales pertinentes a este asunto, tales como la imparcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido proceso (SC5207, 18 ab. 2017, rad. n\u00aa 2016-01312-00). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En suma, el orden p\u00fablico internacional se refiere a las nociones m\u00e1s b\u00e1sicas de moralidad y justicia, que sirven de sustrato a las instituciones jur\u00eddicas patrias, tanto sustanciales como procesales, vistas de forma restrictiva (SC9909, 12 jul. 2017, rad. n\u00aa 2014-01927-00)\u201d (Sentencia del 15 de enero de 2019, Rad. 2016-03020-00). <\/p>\n
La Asociaci\u00f3n de Derecho Internacional en la Resoluci\u00f3n Nro. 2 de 2002, formul\u00f3 algunas recomendaciones en torno a la interpretaci\u00f3n del concepto de orden p\u00fablico internacional, las cuales fueron recogidas por la misma Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de 2018. En las mismas, se reconoce que el orden p\u00fablico internacional tiene una dimensi\u00f3n sustantiva y otra procesal: \u201cDentro de la categor\u00eda de \u00aborden p\u00fablico internacional sustantivo\u00bb se encontrar\u00edan los principios de \u00abno abuso de los derechos\u00bb, \u00abbuena fe\u00bb, \u00abfuerza obligatoria del contrato\u00bb, \u00abprohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n y expropiaci\u00f3n sin indemnizaci\u00f3n\u00bb y \u00abprohibici\u00f3n de actividades contrarias a las buenas costumbres, como la proscripci\u00f3n de la pirater\u00eda, el terrorismo, el genocidio, la esclavitud, el contrabando, el tr\u00e1fico de drogas y la pedofilia\u00bb. <\/p>\n
Y en la de \u00aborden p\u00fablico internacional procesal\u00bb se incluyen las garant\u00edas fundamentales que permitan asegurar la defensa y un juicio ecu\u00e1nime, como el derecho a recibir una adecuada notificaci\u00f3n, una oportunidad razonable de defensa, igualdad entre las partes y un procedimiento justo ante un juzgador imparcial\u201d (Sentencia del 23 de marzo de 2018, Rad.2017-00080-00). <\/p>\n
La violaci\u00f3n al derecho internacional p\u00fablico de Colombia es, por tanto, una causal de anulaci\u00f3n que sobrepasa errores in procedendo y puede implicar, inclusive, el planteamiento de nuevos hechos y pruebas. <\/p>\n
En este entendido, esta causal limita las posibilidades de acudir directamente a la acci\u00f3n de tutela contra laudos internacionales por no satisfacer el requisito de subsidiariedad. Cuando se interpone una tutela contra un laudo internacional que aplic\u00f3 al menos parcialmente ley colombiana y el accionante formula pretensiones que pueden encasillarse dentro de un alegato de violaci\u00f3n del orden p\u00fablico internacional, se torna indispensable agotar el medio judicial, puesto que, aunque la causal sea oficiosa, nada obsta para que una parte la formule en sede de anulaci\u00f3n. <\/p>\n
En suma, la causal contenida en el literal b) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 108 de la Ley 1563 de 2012 permite que en sede de anulaci\u00f3n se analicen defectos que desbordan quebrantamientos in procedendo, siempre y cuando estos se enmarquen dentro de eventuales violaciones al orden p\u00fablico internacional de Colombia. <\/p>\n
Lo anterior implica que, en materia de laudos internacionales, la exigencia de agotar el recurso de anulaci\u00f3n se vea reforzada\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha sostenido que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ. STC6580-2021, STC12011-2021 y, STC8881-2023 entre muchos otros). <\/p>\n
8. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Tradeco Industrial Sociedad An\u00f3nima de Capital Variable y Tradeco Infraestructura Sociedad An\u00f3nima de Capital Variable contra el Tribunal de Arbitramento administrado por la Corte de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio Internacional de Par\u00eds \u2013Francia-, integrado por los \u00e1rbitros Yves Derains, Eduardo Silva Romero y Eduardo Zuleta Jaramillo -con sede en Bogot\u00e1 D.C., Colombia-. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abLos laudos dictados en arbitrajes internacionales cuya sede sea Colombia se considerar\u00e1n laudos nacionales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abLa anulaci\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 108 y el reconocimiento y ejecuci\u00f3n previstos en el art\u00edculo 113, ser\u00e1n de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Tribunales de Arbitraje ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la autoridad judicial que conoce del recurso de anulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 CSJ Sala Civil. Sentencia del 7 de septiembre de 2016. <\/p>\n
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STC10612-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC10612-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03593-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Tradeco Industrial SA […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76045","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76045","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76045"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76045\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76045"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76045"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76045"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}