STC10617-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10617-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00831-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 9 de mayo de 20231, que neg\u00f3 la tutela de Deivis G\u00f3mez Ortiz frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, La Defensor\u00eda P\u00fablica \u2013 Direcci\u00f3n Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica y la Oficina Jur\u00eddica de la C\u00e1rcel Modelo de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-10968. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda y anexos que G\u00f3mez Ortiz fue condenado en ambas instancias procesales por los delitos de \u00abhomicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego\u00bb a la pena de 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n (rad. 2016-10968 \u2013 sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal, del 17 de agosto de 2022). <\/p>\n
El gestor del amparo y su abogado defensor, en escritos separados, interpusieron el recurso de casaci\u00f3n contra el fallo del tribunal. <\/p>\n
Cont\u00f3 el accionante que, para efectos de la sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, elev\u00f3, por intermedio de la oficina jur\u00eddica del establecimiento penitenciario en el que se halla recluido, petici\u00f3n al magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia solicitando que se le proporcionara la asistencia de un profesional del derecho adscrito a la Defensor\u00eda P\u00fablica para dicho fin, pedimento que, asegur\u00f3, data del 12 de septiembre de 2022; no obstante, asever\u00f3 que \u00absolo recibi\u00f3 respuestas evasivas\u00bb. El recurso referido fue finalmente declarado desierto por el tribunal accionado mediante auto del 8 de marzo de 2023. <\/p>\n
Aleg\u00f3 el actor que, \u00abnunca se me notific\u00f3 el traslado que contempla el art\u00edculo 183 y subsiguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, a efectos de haber tenido la oportunidad de sustentar a trav\u00e9s de apoderado\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, ya hab\u00eda formulado una tutela anterior criticando las decisiones penales que lo condenaron, pero en esta ocasi\u00f3n, su queja se dirige contra el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n que interpuso, especialmente, porque no fue enterado del mismo. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se colige que pretende que, se le amparen los derechos fundamentales invocados y que se deje sin efecto la decisi\u00f3n que declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, ponente de la decisi\u00f3n recriminada, asegur\u00f3 que el accionante previamente present\u00f3 una acci\u00f3n de tutela \u00abque guarda relaci\u00f3n con el proceso penal\u00bb aqu\u00ed cuestionado. Por lo dem\u00e1s, afirm\u00f3 que ante la ausencia de sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n lo declar\u00f3 desierto el 8 de marzo de 2023. Decisi\u00f3n notificada de forma personal el 10 de marzo siguiente. Afirm\u00f3 que G\u00f3mez Ortiz \u00abno solicit\u00f3 la designaci\u00f3n de un defensor p\u00fablico especializado en la materia\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 36 Seccional de Bucaramanga pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n al considerar que no vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
3. La oficina jur\u00eddica de la Defensor\u00eda del Pueblo inform\u00f3 que \u00abno son ciertas las afirmaciones\u00bb tendientes a calificar las respuestas dadas a los requerimientos de la parte actora como evasivas. En contraste, relacion\u00f3 cada una de las actuaciones desplegadas por los diferentes defensores que lo asistieron dentro del juicio. <\/p>\n
4. Hernando Pinto, quien fungi\u00f3 como abogado defensor \u2013 adscrito a la Defensor\u00eda P\u00fablica \u2013 de G\u00f3mez Ortiz en el proceso penal que se le adelant\u00f3, asegur\u00f3 que, le inform\u00f3 al accionante y a una hermana que \u00absi quer\u00eda pod\u00edan instaurar en el evento de producirse el fallo en su contra (lo cual evidentemente fue as\u00ed) recurso de casaci\u00f3n; pero que el suscrito no era competente para interponer dicho recurso, y que pod\u00edan hacerlo a trav\u00e9s de abogado contractual, ante esto, manifestaron que ellos conseguir\u00edan un abogado de confianza para presentar el recurso\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga pidi\u00f3 denegar el amparo por inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
6. Sandra Patricia Uribe Meneses, abogada adscrita a la Defensor\u00eda P\u00fablica, simplemente realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n, sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar. <\/p>\n
7. La Direcci\u00f3n de la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Media Seguridad de Bucaramanga dijo que el 13 de septiembre de 2022, el \u00e1rea de correspondencia env\u00edo correo electr\u00f3nico con destino a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga que conten\u00eda el recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado por el accionante. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al no encontrar acreditada la vulneraci\u00f3n denunciada. En cuanto a la presunta falta de respuesta a la solicitud de designaci\u00f3n de un abogado defensor, \u00ab(\u2026) los medios de convicci\u00f3n allegados al tr\u00e1mite constitucional no dan cuenta de su presentaci\u00f3n. Por el contrario, tanto el Tribunal como la Defensor\u00eda indicaron que no reposa alguna petici\u00f3n del accionante con ese particular prop\u00f3sito\u00bb. <\/p>\n
Y, frente a la presunta pretermisi\u00f3n de t\u00e9rminos para sustentar el recurso de casaci\u00f3n, \u00abbasta con referir que en el expediente se hizo constar que el t\u00e9rmino para presentar la demanda de casaci\u00f3n venci\u00f3 en silencio\u00bb, provocando la decisi\u00f3n de declararlo desierto, \u00absin que el interesado presentara ninguna objeci\u00f3n contra la misma\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, reiterando los alegatos del escrito inicial relacionados con la supuesta falta de respuesta a la petici\u00f3n que impetr\u00f3 ante el tribunal tutelado solicitando la designaci\u00f3n de un defensor p\u00fablico para la sustentaci\u00f3n de la casaci\u00f3n y su inconformidad frente a la decisi\u00f3n del tribunal accionado de declarar desierto aquel recurso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la presente demanda atiende el requisito de la subsidiariedad; y de superarse lo anterior, si la colegiatura convocada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el quejoso al: (i) declarar desierto el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de segunda instancia (proceso radicado 2016-10968 \u2013 auto de 8 de marzo de 2023); (ii) no atender la petici\u00f3n que elev\u00f3 de designaci\u00f3n de defensor p\u00fablico para la casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Caso concreto. <\/p>\n
2.1. La subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del se\u00f1alado principio, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza y, por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
De la incuria. <\/p>\n
En armon\u00eda con dicho postulado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esas v\u00edas ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, la viabilidad de la acci\u00f3n se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos jur\u00eddicos puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los presupuestos que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; ratificada el 2 mar. 2011, rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
En el caso que se revisa, advierte la Corte que la solicitud de amparo no atiende dicho requisito, pues el aqu\u00ed actor, en el proceso objeto de la queja constitucional, y en concreto frente al auto que declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de segunda instancia, tuvo a su alcance la posibilidad de impugnarlo, pero no lo hizo, conforme pudo verificarse. <\/p>\n
Ciertamente, el tutelante no refut\u00f3 la referida determinaci\u00f3n \u2013 la cual le fue notificada personalmente el 10 de marzo de 2023, seg\u00fan constancia que reposa en el expediente del proceso, contrario a lo que manifest\u00f3 \u2013 a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, habilitado para atacar ese tipo de decisiones, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 183 de la normativa adjetiva penal \u2013 ley 906 de 2004 \u2013: \u00ab[e]l recurso [de casaci\u00f3n] se interpondr\u00e1 ante el Tribunal dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la \u00faltima notificaci\u00f3n y en un t\u00e9rmino posterior com\u00fan de treinta (30) d\u00edas se presentar\u00e1 la demanda que de manera precisa y concisa se\u00f1ale las causales invocadas y sus fundamentos. Si no se presenta la demanda dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado se declara desierto el recurso, mediante auto que admite el recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, cabe reiterar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
De manera que, la no utilizaci\u00f3n de los medios de contradicci\u00f3n procedentes, implica la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n
2.2. Ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, tampoco se abre paso la protecci\u00f3n constitucional a trav\u00e9s de esta v\u00eda frente a la queja por la supuesta falta de respuesta a la petici\u00f3n que elev\u00f3 el tutelante, seg\u00fan afirm\u00f3, el 12 de septiembre de 2022 a la magistratura accionada a fin de que le fuera asignado un defensor p\u00fablico que lo asistiera en la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que interpuso. <\/p>\n
Al respecto, proh\u00edja esta Sala lo deducido por la Hom\u00f3loga a quo, en tanto que, de acuerdo a lo revisado en el expediente y de conformidad con lo manifestado por el tribunal al contestar en estas diligencias, no encontr\u00f3 acreditada la transgresi\u00f3n denunciada. <\/p>\n
En efecto, en el informe allegado por el magistrado accionado, fue enf\u00e1tico en destacar que, luego de examinar en detalle el cuaderno del proceso, no hall\u00f3 memorial o escrito alguno contentivo de la solicitud a la que alude el precursor del amparo. <\/p>\n
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, no ser\u00eda posible se\u00f1alarle una actitud omisiva y\/o conminarlo a responder por un asunto que no tuvo la oportunidad de conocer; de suerte que, no se aprecia un proceder que lleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional en los t\u00e9rminos demandados, es decir, que resulte indudable el comportamiento omisivo atribuido a la colegiatura accionada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se ha dicho que al margen de que este instrumento excepcional se caracterice por ser un medio expedito y eficaz, con limitaci\u00f3n temporal en las instancias para su definici\u00f3n, el promotor no est\u00e1 exento de desplegar aunque sea una incipiente actividad probatoria, es decir, que allegue las acreditaciones respectivas dirigidas a demostrar la afectaci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales, m\u00e1xime si se trata de acusaciones que comprometen el correcto proceder de un despacho o de un funcionario judicial. <\/p>\n
Al respecto, en materia de la \u00abcarga probatoria\u00bb en acciones de tutela, esta Corporaci\u00f3n en anterior oportunidad dijo: <\/p>\n
\u00ab[Q]uien pretende la protecci\u00f3n judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos f\u00e1cticos en que se funda su pretensi\u00f3n, comoquiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el da\u00f1o o la amenaza de afectaci\u00f3n\u201d (Sentencia T-835 de 2000). <\/p>\n
En aplicaci\u00f3n de lo antes citado, es claro que en el sub judice no puede el juez constitucional, ante la ausencia de elementos probatorios, arribar a una decisi\u00f3n distinta que la denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n solicitada, pues correspond\u00eda a los accionantes aportar por lo menos elementos sumarios para sustentar su solicitud de amparo\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2011, rad. 01271-00. Reiterada, entre otras providencias, en CSJ STC10494-2017, 19 jul. 2017, rad. 2017-01746-00). <\/p>\n
De manera que, a partir de lo indicado, es posible concluir que la circunstancia de afectaci\u00f3n denunciada no ocurri\u00f3, o por lo menos no fue acreditada por el accionante ya que ni siquiera alleg\u00f3 con la tutela copia de la solicitud que refiere, ni constancia de remisi\u00f3n o radicaci\u00f3n de la misma ante la corporaci\u00f3n enjuiciada, lo que impide la verificaci\u00f3n de su reclamo. <\/p>\n
3. Conclusiones. <\/p>\n
3.1. El tutelante actu\u00f3 con incuria al no recurrir por v\u00eda de reposici\u00f3n la providencia que declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n, medio de defensa procedente de conformidad con los art\u00edculos 176 y 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u2013 Ley 906 de 2004. <\/p>\n
3.2. No se advierte la afectaci\u00f3n de las prerrogativas invocadas pues, de conformidad con las evidencias e informes allegados a este tr\u00e1mite tutelar, el actor no demostr\u00f3 la presentaci\u00f3n o radicaci\u00f3n del pedimento cuya tramitaci\u00f3n reclama. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 12 de septiembre de 2023. \u2013 Ingreso al despacho del ponente, 13 de septiembre de 2023. <\/p>\n
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