STC10618-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10618-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-01315-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Consultores T\u00e9cnicos y Econ\u00f3micos S.A.S. frente al fallo proferido el pasado 9 de agosto por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los actualmente intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin valor y efecto el Auto de\u2026 24 de mayo (sic) de 2023, proferido\u2026 por el JUZGADO [encausado]\u2026, por medio del cual se mantuvo la admisi\u00f3n de la demanda, y como consecuencia de ello, ordenar al Juez accionado resolver dicho recurso aplicando el precedente judicial sobre la materia y en su lugar, REPONER el Auto de\u2026 11 de noviembre de 2022, ordenando el RECHAZO de la demanda por encontrase evidentemente caducada la acci\u00f3n judicial\u00bb; dar por \u00abterminado el proceso\u00bb; y disponer \u00abel archivo del expediente\u00bb. <\/p>\n
2. La siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio declarativo instaurado por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio contra la accionante y Siga Ingenier\u00eda y Consultor\u00eda S.A. – Sucursal Colombia (como integrantes del consorcio VIP), con miras a obtener la declaraci\u00f3n de existencia e incumplimiento por parte de las demandadas de un contrato de interventor\u00eda celebrado entre \u00e9stas y aqu\u00e9lla, con el consecuencialmente reconocimiento de la cl\u00e1usula penal pactada y la liquidaci\u00f3n de tal convenio; el 11 de noviembre de 2022 el Juzgado acusado admiti\u00f3 la demanda, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n la quejosa aduciendo, en lo medular, que conforme a la sentencia SU-242\/15 de la Corte Constitucional y pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en caso sim\u00e9trico, el libelo debi\u00f3 rechazarse al estar \u00abacreditada la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno procesal de CADUCIDAD\u00bb de que trata el literal j) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 164 de la Ley 1437 de 2011; sin embrago, con auto calendado 19 de abril de 2023, el estrado acusado mantuvo su decisi\u00f3n inicial bajo el argumento central de que lo rogado era inviable porque \u00aben el caso concreto no operaba el fen\u00f3meno de la caducidad debido a que las normas contend\u00edas en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no son aplicables en la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, En concreto, la accionante se doli\u00f3 de que con esa decisi\u00f3n el Juzgado \u00abdesconoce el precedente judicial sobre la materia e incurre en un defecto sustancial\u00bb, en tanto que resolvi\u00f3 \u00absin siquiera dar respuesta clara, concisa y de fondo a los argumentos planteados en el recurso, y mucho menos el precedente judicial\u00bb, pues \u00abno se\u00f1al\u00f3 ni desarroll\u00f3 los motivos por [los] cuales se apart\u00f3 del precedente judicial del m\u00e1ximo tribunal Constitucional Colombiano, en Sentencia SU-242 del 30 de abril de 2015, y el Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u00bb, seg\u00fan los cuales, en su sentir, el contrato sobre el que reca\u00eda el juicio ten\u00eda el car\u00e1cter de p\u00fablico y, por ende, le era aplicable el referido t\u00e9rmino de caducidad. <\/p>\n
3. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad de la salvaguarda destacando que en el auto cuestionado, al cual se remit\u00eda, sustent\u00f3 \u00aben debida forma la posici\u00f3n del Despacho[,] acorde con la normatividad vigente de \u00e9l porque, hab\u00eda lugar a la admisi\u00f3n de la demanda y consecuencial improsperidad del recurso propuesto\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00ab[e]l hecho de que el accionante considere en su tesis que se configura la caducidad alegada, contrariando la posici\u00f3n del estrado judicial, no es suficiente para aducir la conculcaci\u00f3n de derechos fundamentales al debido proceso por incursi\u00f3n en defectos f\u00e1cticos, pues n\u00f3tese, como se memor\u00f3 en el auto por el que se resolvi\u00f3 el recurso, que en el contrato de interventor\u00eda materia de la Litis no aparece pactado un lapso de tiempo en el que se pueda o no realizar una conducta o procedimiento, lo que hace impeditivo una contabilizaci\u00f3n de t\u00e9rminos a fin de verificar la configuraci\u00f3n de la caducidad para los efectos se\u00f1alados en el art\u00edculo 90 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del 28 de julio \u00faltimo (ATC852-2023); deneg\u00f3 el resguardo al considerar razonable la determinaci\u00f3n fustigada al Juzgado recriminado, comoquiera que \u00abcontiene un pronunciamiento expreso frente a los argumentos expuestos por el recurrente en relaci\u00f3n con la caducidad de la acci\u00f3n, pues debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo normado en los art\u00edculos 13 y 15 de la ley 1150 de 2007, el r\u00e9gimen jur\u00eddico de contrataci\u00f3n de Enterritorio es el del derecho privado. Por lo tanto, le es (sic) aplicable las disposiciones del C\u00f3digo Civil, C\u00f3digo de Comercio, el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, C\u00f3digo General del Proceso y dem\u00e1s que le sean pertinentes en consideraci\u00f3n a su naturaleza jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la parte actora insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Por ese sendero, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Del escrito de tutela se desprende que la reclamante cuestiona, en concreto, que no se accediera al recurso de reposici\u00f3n que, aduciendo la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno de la caducidad, propuso frente al auto admisorio de la demandada entablada en su contra; con lo que, adujo, se incurri\u00f3 en defecto sustancial y desconocimiento del precedente sobre la materia, \u00faltimo respecto del cual, aunque oportunamente lo puso en conocimiento del juzgador acusado, no se emiti\u00f3 pronunciamiento alguno. <\/p>\n
Con base en tales premisas, concluye la Corte que el resguardo de que se trata estaba llamado a prosperar pero, con alcance parcial, lo que impone revocar la determinaci\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a explicar: <\/p>\n
3.1. Evidentemente el estrado judicial encartado transgredi\u00f3 el derecho al debido proceso de la actora porque no se pronunci\u00f3 frente a cada uno de los argumentos que \u00e9l exterioriz\u00f3 como apoyo de su censura horizontal, espec\u00edficamente en cuanto a los pronunciamientos judiciales que invoc\u00f3 como aplicables al caso, entre ellos, una sentencia de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional (SU-242\/15), incurriendo en una evidente carencia de motivaci\u00f3n, desafuero que amerita la injerencia del juzgador supralegal. <\/p>\n
3.2. En efecto, se observa que al sustentar el recurso de reposici\u00f3n propuesto frente al auto de 11 de noviembre de 2022, admisorio de la demanda, la accionante, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, como soporte central de su censura, anot\u00f3 que, acorde con lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia SU-242\/15, aplicado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en casos sim\u00e9tricos (rad. 009-2018-00403-01), a los cuales deb\u00eda estarse el juzgador acusado, \u00absi bien es cierto, por suerte de lo establecido en el numeral primero (1\u00b0) del art\u00edculo 105 de la Ley 1437 de 20111, la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativa no es competente para conocer de la acci\u00f3n judicial impetrada por ENTERRITORIO, teniendo en cuenta su condici\u00f3n de entidad p\u00fablica de car\u00e1cter de instituci\u00f3n financiera, el giro ordinario de sus negocios, y otros aspectos; tambi\u00e9n es cierto que, por tratarse de una controversia contractual de la que es parte una entidad estatal, le aplican las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en materia de caducidad y no las del C\u00f3digo Civil (prescripci\u00f3n)\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
3.3. Sin embargo, al definir tal reposici\u00f3n, el fallador accionado no efectu\u00f3 ninguna consideraci\u00f3n frente a los argumentos referidos a espacio, esto es, los concernientes a la aplicaci\u00f3n del precedente sobre la materia, ni siquiera lo aludi\u00f3 al compendiar los motivos en que se edific\u00f3 el recurso a desatar, pues all\u00ed simplemente consign\u00f3: <\/p>\n
Inicia su exposici\u00f3n aduciendo que se debe revocar el auto que admiti\u00f3 la demanda en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n contractual en favor dela demandante se encuentra caducada, esto en raz\u00f3n a que las pretensiones de la demanda se fundamentan en la ejecuci\u00f3n del contratado (sic) de interventor\u00eda No 2132125 suscrito el 2 de julio de 2013, entre FONADE hoy ENTERRITORIO y el CONSORCIO VIP y aunque es cierto que por la naturaleza jur\u00eddica de la demandante este asunto en (sic) de conocimiento de la jurisdicci\u00f3n ordinaria[,] tambi\u00e9n lo es, que le aplican las normas del CPCA, por lo que es claro que el t\u00e9rmino que se debe tener en cuenta para contar la caducidad es el que dispone el numeral 2, del art\u00edculo 164 de la Ley 1437 de 2011, literal f) (dos a\u00f1os), norma procesal vigente al momento de la suscripci\u00f3n de (sic) interventor\u00eda y dela ocurrencia de los hechos en que se basa la demandan (sic) y venci\u00f3 el 30 de mayo de 2018 y solo fue hasta junio de 2022 que se interpuso esta demanda. <\/p>\n
3.4. Y para mantener el prove\u00eddo fustigado, luego de referirse gen\u00e9ricamente al alcance de la censura propuesta, las particularidades de la figura de la caducidad, el objeto de la demanda sometida a su conocimiento y los reparos de la recurrente, el estrado encartado tan s\u00f3lo consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026es claro que no es (sic) aplicable las normas del C\u00f3digo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo (sic) como para entrar a estudiar los t\u00e9rminos y\/o caducidad del contrato anexado con la demanda, como mal lo entiende el impugnante, recuerde que al estar regido por la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el juez debe apegarse a lo regulado por el C\u00f3digo General del Proceso, ir m\u00e1s all\u00e1 se torna improcedente y contrario a la ley, esto significa entonces que al no haber una causal para el rechazo de la demanda, no era viable tal decisi\u00f3n. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, se debe dejar en claro que\u2026 nuestro ordenamiento procesal civil regula de manera espec\u00edfica los procesos en los que rigen (sic) el fen\u00f3meno de la caducidad y entre ellos no se encuentra el verbal -declarativo, es decir, que no cuenta con un tiempo espec\u00edfico para ser interpuesto y los asuntos de fondo del litigio deben ser abordados a trav\u00e9s de los medios exceptivos pertinentes y en las etapas procesales que corresponden y sustentados con el cardumen probatorio del caso. <\/p>\n
De otra parte, como ya se dijo\u2026[,] todo lo concerniente con la relaci\u00f3n contractual que ac\u00e1 se propone, sus reglas, leyes y dem\u00e1s componentes debe ser debatido y propuesto y decido (sic) cuando corresponda y siguiendo las etapas del proceso, de ah\u00ed entonces que no se aborde ning\u00fan tema relacionado a las leyes y normas que regulan el acuerdo de voluntades[,] ya que no es la etapa procesal pertinente, t\u00e9ngase en cuenta que el recurso de reposici\u00f3n se interpone con el objeto de hacer ver o corregir alg\u00fan defecto que presente la demanda, sin que se puedan abordar m\u00e1s al respecto. <\/p>\n
3.5. En ese orden, de tales consideraciones se desprende que, para arribar a la conclusi\u00f3n fustigada, el juzgador recriminado nada dijo frente al precedente cuya aplicaci\u00f3n reclam\u00f3 la accionante, ya para acogerlo ora para, motivadamente, apartarse de \u00e9l, a pesar de que ten\u00eda la obligaci\u00f3n de hacerlo, con lo cual incurri\u00f3 en la anunciada carencia de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
En punto a la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de la carencia de argumentos suficientes en la decisi\u00f3n, se tiene por sentado que trasgrede las garant\u00edas fundamentales de los coasociados porque \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00); y que, en lo relativo a los precedentes judiciales, esta Sala tiene dicho que \u00abcuando sobre un determinado punto se ha estudiado y resuelto de manera id\u00e9ntica, si la autoridad accionada se aparta de esa soluci\u00f3n sin mediar suficiente y valedera justificaci\u00f3n, incursiona en el defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial, como derivaci\u00f3n del orden sustantivo o material\u00bb (CSJ STC10187-2021); a la vez que la Corte Constitucional ha enfatizado que, \u00abprima facie, los funcionarios judiciales est\u00e1n vinculados por la obligaci\u00f3n de aplicar el precedente sentado por los \u00f3rganos encargados de unificar jurisprudencia. No obstante, si pretenden apartarse del mismo en ejercicio de la autonom\u00eda judicial, pesa sobre los mismos una carga de argumentaci\u00f3n m\u00e1s estricta. Es decir deben demostrar de manera adecuada y suficiente las razones por las cuales se apartan\u00bb (se destac\u00f3 – CC T-330\/05) <\/p>\n
4. La anotada contingencia, sin duda, compromete el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, lo cual impone infirmar el fallo impugnado para, en su lugar, acceder al resguardo constitucional pero, con alcance parcial, ordenando al Juzgado accionado dejar sin efectos la decisi\u00f3n atacada y proceder nuevamente a resolver el recurso de reposici\u00f3n incoado por aqu\u00e9lla contra el auto admisorio de la demanda, atendiendo los razonamientos aqu\u00ed condensados, sin que ello implique que su pronunciamiento deba dictarse en determinado sentido. <\/p>\n
5. Finalmente, como lo concluido trae consigo la carencia de firmeza del prove\u00eddo que mantuvo la admisi\u00f3n de la demanda en el asunto fustigado, por sustracci\u00f3n de materia, resulta inviable que por ahora la Corte se ocupe de los restantes cuestionamientos de la reclamante, en tanto que no le es dable anticiparse al veredicto motivado que al respecto y por ley le corresponde emitir al fallador natural. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede, con alcance parcial, el resguardo al derecho al debido proceso de la accionante Consultores T\u00e9cnicos y Econ\u00f3micos S.A.S., por la incursi\u00f3n en carencia de motivaci\u00f3n por parte de la autoridad judicial acusada. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin efecto alguno su prove\u00eddo calendado 19 de abril de 2023, junto con todas las actuaciones que de \u00e9l dependan, proceda a desatar nuevamente el recurso de reposici\u00f3n incoado por la ac\u00e1 accionante frente a su auto de 11 de noviembre de 2022, admisorio de la demanda instaurada por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio contra Consultores T\u00e9cnicos y Econ\u00f3micos S.A.S. y Siga Ingenier\u00eda y Consultor\u00eda S.A. – Sucursal Colombia (rad. 11001-31-03-013-2022-00195), con plena observancia de los razonamientos condensados en la parte motiva de este veredicto. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Segundo. En lo dem\u00e1s, se confirma la determinaci\u00f3n del Tribunal a-quo, en tanto deneg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada, pero, por sustracci\u00f3n de materia, no por los motivos expuestos por aqu\u00e9l. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC10618-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10618-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-01315-03 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Consultores T\u00e9cnicos y Econ\u00f3micos S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76051","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76051","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76051"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76051\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76051"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76051"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76051"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}