STC10619-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10619-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03580-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luis Hern\u00e1n Ortiz Atuesta contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Catorce Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes reconocidas en la causa 2018-01166. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas superiores al debido proceso, \u00aba la intimidad\u2026 a [su] imagen\u2026 a [su] honra\u00bb, vida digna, \u00ablibre expresi\u00f3n\u00bb, defensa t\u00e9cnica y \u00abdem\u00e1s\u00bb que considera lesionados por las autoridades querelladas. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que contra Luis Hern\u00e1n Ortiz Atuesta se adelant\u00f3 el proceso penal distinguido en p\u00e1rrafos precedentes en el que, mediante sentencia de 6 de noviembre de 2019, el Juzgado Catorce Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medell\u00edn lo conden\u00f3 como autor responsable de los delitos de explotaci\u00f3n sexual comercial agravada con menor de 18 a\u00f1os y del concurso de accesos carnales y actos sexuales abusivos con menores de 14 a\u00f1os, imponi\u00e9ndole como pena principal 22 a\u00f1os de internamiento penitenciario. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por la defensa del promotor, siendo confirmada el 12 de marzo de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn. <\/p>\n
Contra el fallo de segundo grado, Ortiz Atuesta interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya demanda fue inadmitida con auto AP2691-2023 del pasado 6 de septiembre. <\/p>\n
3. El promotor acudi\u00f3 a este instrumento para cuestionar los fallos de primer y segundo grado, en su criterio \u00abilegales\u00bb; empero, no les atribuye defecto alguno ni concreta en qu\u00e9 consisti\u00f3 la supuesta ilegalidad, para finalmente, solicitar \u00abanular la sentencia producto de todo est irreparable perjuicio [sic]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, por conducto del Magistrado ponente del auto inadmisorio de la demanda extraordinaria, pidi\u00f3 declarar improcedente el ruego habida consideraci\u00f3n que en dicho prove\u00eddo se expusieron las razones que sirvieron de soporte a la decisi\u00f3n, sin que se hubiere evidenciado la necesidad de actuar oficiosamente a efectos de remediar alguna situaci\u00f3n an\u00f3mala. <\/p>\n
2. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, ponente de la sentencia de segunda instancia, advirti\u00f3 que cuestiones como las planteadas en este resguardo, deben ser debatidas al interior de la respectiva causa, la cual \u2013para el momento de rendir el informe\u2013 no hab\u00eda culminado, en tanto se encontraba pendiente que la Sala de Casaci\u00f3n Penal emitiera pronunciamiento frente al recurso incoado; solicit\u00f3, en consecuencia, declarar improcedente la salvaguarda ante la desatenci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
4. El Procurador 121 Judicial II Penal de Medell\u00edn resalt\u00f3, de un lado, que el actor \u00abno argumenta o da explicaci\u00f3n de cu\u00e1l es la violaci\u00f3n\u00bb que atribuye a las autoridades judiciales cognoscentes y, de otro, que \u00abla tutela no es un mecanismo de instancia para revisar los procesos judiciales seguidos en contra del accionante\u00bb. <\/p>\n
5. El abogado Hernando Hel\u00ed Grisales Garc\u00eda afirm\u00f3 haberse ocupado de la defensa del ac\u00e1 gestor, de la cual fue relevado para la presentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de Luis Hern\u00e1n Ort\u00edz Atuesta, al inadmitir la demanda extraordinaria que formul\u00f3 contra la sentencia a trav\u00e9s de la cual el Tribunal Superior de Medell\u00edn confirm\u00f3 la condena que le impuso el Juzgado Catorce Penal del Circuito de la misma ciudad por los delitos de demanda de explotaci\u00f3n sexual comercial agravada con menor de 18 a\u00f1os y el concurso de accesos carnales y actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os. <\/p>\n
Lo anterior porque, aun cuando el reclamo constitucional se dirigi\u00f3 contra los fallos de primer y segundo grado, el examen que har\u00e1 la Sala se circunscribir\u00e1 exclusivamente al auto inadmisorio del libelo casacional por ser el que defini\u00f3 la cuesti\u00f3n planteada por el quejoso, habida cuenta que, tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Corporaci\u00f3n, se torna inane detenerse en el escrutinio de la providencia de nivel inferior pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Auscultadas las razones que sirvieron de sustento a la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se advierte en el auto del pasado 6 de septiembre por medio del cual la Hom\u00f3loga Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por Ortiz Atuesta, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal providencia, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de las piezas procesales obrantes en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la Sala accionada, luego de efectuar un breve recuento de los hechos, las actuaciones adelantadas y de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias, identific\u00f3 los cargos en que se sustent\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El defensor propone tres cargos basado en la causal 1\u00aa del art\u00edculo 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal: <\/p>\n
3.1. Acusa la sentencia de estar incursa en aplicaci\u00f3n indebida de la norma contentiva del delito de demanda sexual comercial de persona menor de dieciocho a\u00f1os, agravada por cometerse sobre persona menor de catorce a\u00f1os (art\u00edculos 217A del C\u00f3digo Penal, par\u00e1grafo numeral 4). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2. (\u2026) se queja de la aplicaci\u00f3n indebida de la norma \u201crelativa al concurso real heterog\u00e9neo de delitos y consiguiente aplicaci\u00f3n de otras normas\u201d, por cuanto la sentencia no relacion\u00f3 discriminada o separadamente las conductas de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os y de actos sexuales \u00eddem; de all\u00ed que no haya se\u00f1alado cu\u00e1ndo se consumaron las primeras y cu\u00e1ndo las segundas. Las consider\u00f3 conjuntamente porque los actos sexuales pod\u00edan estar involucrados materialmente como \u201cabrebocas\u201d o complementos de los accesos carnales. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.3. Finalmente, acusa la sentencia de aplicaci\u00f3n indebida de las normas contentivas de los delitos de acceso y actos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os respecto de la menor EPAP (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, al descender al an\u00e1lisis del caso concreto, se pronunci\u00f3 respecto de cada reparo en particular. En torno al primero se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
El cuestionamiento el censor parece dirigirlo contra lo que, en su sentir, la sentencia infiere a partir de la declaraci\u00f3n de una de las menores; sin embargo, para su demostraci\u00f3n ten\u00eda la carga de desarrollar su inconformidad por la senda del error de hecho por falso raciocinio, el cual se configura cuando el Tribunal examina la prueba en su integridad, pero al valorarla \u2013asignarle un peso espec\u00edfico o m\u00e9rito- o al hacer inferencias f\u00e1cticas a partir de las proposiciones fijadas directamente de la observaci\u00f3n del medio probatorio, desconoce los postulados de la sana cr\u00edtica, es decir, una concreta ley cient\u00edfica, un principio l\u00f3gico o una m\u00e1xima de la experiencia. <\/p>\n
Para que pueda ser comprendida la censura por esta v\u00eda, el demandante, adem\u00e1s de indicar cu\u00e1l es el medio de prueba sobre el que recae el error, tiene el deber de sustentar de manera precisa y clara en qu\u00e9 consisti\u00f3 el equ\u00edvoco de la sentencia al hacer la inferencia, para cuyo efecto es imperioso se\u00f1alar: (i) la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el juzgador; (ii) la premisa menor en la que se apoya -la cual debe permanecer indiscutida7-; (iii) la premisa mayor condicional expl\u00edcita o impl\u00edcita aplicada \u2013la que al demandante le corresponde identificar y acusar de ser violatoria de alguno de los criterios de la sana cr\u00edtica-; (iv) el principio l\u00f3gico o ley de la ciencia o m\u00e1xima de experiencia que concretamente considera desconocida; (v) \u201cluego (\u2026) acreditar cu\u00e1l es el postulado l\u00f3gico, el aporte cient\u00edfico correcto o la regla de la experiencia que debi\u00f3 tenerse en cuenta para la adecuada apreciaci\u00f3n de la prueba\u201d8 y (vi) \u201cdemostrar (\u2026) la trascendencia del error\u201d 9, esto es, indicar c\u00f3mo, de haber sido correctamente realizado el razonamiento inferencial, frente al resto de medios de convicci\u00f3n, el sentido de la decisi\u00f3n habr\u00eda sido sustancialmente opuesto o diferente, obviamente a favor de los intereses del recurrente (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la argumentaci\u00f3n del demandante resultaba insuficiente para demostrar la incursi\u00f3n en el yerro denunciado, habida cuenta que \u00abno indica cual [sic] es el par\u00e1metro de valoraci\u00f3n por este acogido\u2026, ni mucho menos por qu\u00e9 el mismo es violatorio de alguno de los criterios que integran la sana cr\u00edtica. Tampoco realiza alg\u00fan esfuerzo\u2026 dirigido a demostrar c\u00f3mo, de acreditarse el yerro, la decisi\u00f3n no se sostiene con los dem\u00e1s componentes probatorios de la sentencia\u00bb, de all\u00ed que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cargo care[zca] de la correcci\u00f3n material y argumentaci\u00f3n suficiente para aspirar a obtener un fallo de fondo en casaci\u00f3n, pues ni siquiera atina a confrontar la estructura probatoria en la que realmente se apoya la decisi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Frente a la segunda y tercera censuras, dijo que el libelo part\u00eda de una inadecuada formulaci\u00f3n pues, \u00abignora[ba] la estructura f\u00e1ctica del fallo (dado que) (i)ngenuamente acude a las descripciones del cap\u00edtulo de \u201cantecedentes\u201d de la sentencia, cuyo contenido fue tomado por el Tribunal de \u201cla acusaci\u00f3n\u201d\u00bb pero deja de lado la realidad declarada en las instancias, evidenci\u00e1ndose que \u00ablo afirmado en los\u2026 cargos sobre la decisi\u00f3n recurrida, no se ajusta a lo que objetivamente la actuaci\u00f3n revela\u00bb, y concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Con esa manera de \u201csustentar\u201d, el libelista desconoce tanto la naturaleza del recurso de casaci\u00f3n como los reales fundamentos del fallo impugnado y pretende que la Sala convalide su lectura subjetiva o reexamine todas las cuestiones que menciona, sin asumir la carga de demostrar la existencia cierta de alg\u00fan error determinante en la providencia, en detrimento de las presunciones de acierto y legalidad que la cobijan. <\/p>\n
Pasa por alto que en sede de casaci\u00f3n se est\u00e1 obligado a desvirtuar las mencionadas presunciones, lo cual impone el deber, entre otros, de desarrollar un ejercicio de deconstrucci\u00f3n objetiva de los fundamentos de la sentencia. <\/p>\n
De manera que los reproches examinados carecen de la autonom\u00eda, claridad, coherencia, objetividad y desarrollo necesarios para ser resueltos de fondo en casaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada, dado que en ella se advirtieron las razones jur\u00eddicas que no permitieron el estudio de fondo de la demanda de casaci\u00f3n, observ\u00e1ndose que las discrepancias aqu\u00ed planteadas son incompatibles con la salvaguarda constitucional pues lo que se busca es hacer prevalecer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada a modo de tercera instancia. <\/p>\n
De tiempo atr\u00e1s la Sala ha sostenido que la acci\u00f3n supralegal no es el instrumento adecuado para atacar el ejercicio valorativo y sind\u00e9resis de los jueces ordinarios, comoquiera que tal actividad encuentra soporte en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en el art\u00edculo 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que esta herramienta no es una instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario y a ella no es dable acudir para censurar la forma en que el juzgador aplic\u00f3 las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto o estim\u00f3 las pruebas llevadas a su conocimiento, menos aun cuando los supuestos defectos no pasan de ser \u2013como en este caso\u2013 meras discrepancias pues, ante tales divergencias, debe prevalecer la realizada por la autoridad jurisdiccional, por estar cobijada por la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad. <\/p>\n
Se aprecia, entonces, que la intenci\u00f3n de Ortiz Atuesta es que se valoren los elementos de juicio obrantes en la actuaci\u00f3n y se interprete el ordenamiento jur\u00eddico, seg\u00fan su personal convicci\u00f3n, pero ello implicar\u00eda una nueva revisi\u00f3n de instancia que har\u00eda al juez de amparo alejarse de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, situaci\u00f3n que no puede ser prohijada por esta Corporaci\u00f3n, porque: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01) <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas adosadas al proceso y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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