STC10620-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC10620-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 17001-22-13-000-2023-00141-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 30 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jhon Jairo \u00c1lzate V\u00e9lez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013IGAC-, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el estrado Primero Civil del Circuito de esa localidad y la Asociaci\u00f3n de Municipios del Altiplano del Oriente Antioque\u00f1o \u2013MASORA-, as\u00ed como las partes e intervinientes en el asunto n.\u00ba 2020-00039. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades encartadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que, en virtud de la diligencia de remate realizada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales (rad. n.\u00b0 2006-00410), le fue adjudicada \u00abla finca\u00bb denominada \u00abBellavista\u00bb la cual constaba de \u00ab3 hect\u00e1reas aproximadamente\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, Ra\u00fal Mar\u00edn Casta\u00f1o quien es propietario de \u00abun inmueble situado en adyacencia [al suyo] (PERO SEPARADO POR LA V\u00cdA PUBLICA)\u00bb, solicit\u00f3 al IGAC \u00abla correcci\u00f3n del \u00e1rea de [dicha] propiedad\u00bb; pretensi\u00f3n que fue acogida por esa entidad, mediante \u00abresoluci\u00f3n 17-001-007494-2017 de fecha 30\/10\/2017\u00bb; determinaci\u00f3n que, a su juicio, \u00abafect\u00f3 de forma directa [su] predio\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el se\u00f1or Mar\u00edn Castillo promovi\u00f3 \u00abproceso de deslinde y amojonamiento\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al estrado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad (rad. n.\u00b0 2020-00039), quien en sentencia del 23 de junio de 2023, dispuso \u00abque [su] inmueble (\u2026) deb\u00eda ser porcionado en favor del predio vecino\u00bb; ello, teniendo en cuenta el \u00abperitazgo rendido por la arquitecta Liliana Arcila\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, la referida providencia incurri\u00f3 en defecto sustantivo, por cuanto no le dio \u00abtrascendencia y eficacia jur\u00eddica a la diligencia de remate en la que al SR ALZATE se le adjudic\u00f3 el inmueble, y darle una credencial de legitimidad incontrovertible a la equivocada resoluci\u00f3n de correcci\u00f3n de \u00e1reas expedida por el IGAC\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n del IGAC [de] modificar los linderos en la propiedad del sr Ra\u00fal Mar\u00edn Casta\u00f1o, (\u2026) afect[\u00f3] ostensiblemente [su] inmueble (\u2026) desconoci\u00f3 de manera evidente el deber que recae sobre los jueces y funcionarios consistente en motivar de manera suficiente los fallos judiciales o las decisiones administrativas\u00bb. Agreg\u00f3 que, se \u00abomiti\u00f3 (\u2026) el decreto de pruebas de oficio\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos \u00abla resoluci\u00f3n proferida por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, para que se retornen los \u00e1reas y linderos que inicialmente le fueron asignados y adjudicados al SR JHON JAIRO ALZATE VELEZ\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Segundo Civil del Circuito de Manizales refiri\u00f3 que \u00abprofiri\u00f3 sentencia el 23 de junio de 2023 (\u2026) dado que no existi\u00f3 oposici\u00f3n de ninguna de las partes, en relaci\u00f3n con el deslinde efectuado\u00bb. <\/p>\n
2. El IGAC reliev\u00f3 que \u00abrespecto al predio identificado con ficha catastral 17-00-02-00-00-0010-0085-0-00-00-0000, efectivamente (\u2026) emiti\u00f3 acto administrativo n\u00famero 17-001-007494-2017 con la cual se modific\u00f3 el \u00e1rea de terreno pasando de 18 ha 6000 m2 a 21 ha 6480 m2 (\u2026) [sin embargo], dicho acto administrativo no se realiz\u00f3 con fines notariales ni mucho menos con fines registrales (\u2026) haciendo claridad que la misma no ten\u00eda el alcance de incidir sobre el \u00e1rea legal o jur\u00eddica de los predios como efectivamente se advierte de sus inscripciones en el respectivo FMI\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00abdesde el 13 de septiembre de 2021, todas las solicitudes y consultas frente a [asuntos] catastrales o de informaci\u00f3n relacionadas al municipio de Manizales son y deben ser atendidos directamente por \u00abMASORA\u00bb como gestor catastral de este municipio\u00bb. <\/p>\n
3. El despacho Primero Civil del Circuito de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el juicio rad. n.\u00b0 2006-00410 y arguy\u00f3 que, en virtud de dicho tr\u00e1mite, \u00abse adjudic\u00f3 el inmueble al se\u00f1or Jhon Jairo \u00c1lzate V\u00e9lez, seg\u00fan lo registrado en el acta de remate\u00bb. <\/p>\n
4. Ra\u00fal Mar\u00edn Casta\u00f1o indic\u00f3 que \u00abel accionante (\u2026) en diversas oportunidades dejo vencer los t\u00e9rminos para la imposici\u00f3n de los medios id\u00f3neos y ordinarios para la solicitud de sus derechos, a saber recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n frente a la respuesta brindada por el IGAC en el a\u00f1o 2017, en caso de ser negadas sus pretensiones medio de control de nulidad con restablecimiento del derecho sobre la negativa recibida\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda tras advertir que se incumpli\u00f3 con el presupuesto de la subsidiariedad, pues \u00abla decisi\u00f3n que fij\u00f3 el deslinde y amojonamiento fue notificada en debida forma sin que la parte aprovechara para impugnar la decisi\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos judiciales dispuestos para ello\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, el debate sobre la \u00ablegalidad\u00bb del acto administrativo \u00abse debe adelantar ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00abfue sorprendido con una resoluci\u00f3n que pr\u00e1cticamente revocabas (sic) una sentencia aprobatoria del remate, y de all\u00ed que qued\u00f3 a expensas de un proceso que no remedi\u00f3 el error del IGAC\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, razon\u00f3 que \u00abuna reforma de linderos y \u00e1reas ante el IGAC, indujo tanto a un juez como a la se\u00f1ora perito para que la sentencia sustentada en tales dict\u00e1menes produjera efectos no queridos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades encartadas vulneraron la garant\u00eda fundamental del gestor, por cuanto: (i) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales declar\u00f3 en firme el deslinde y amojonamiento; en consecuencia, dispuso \u00abque [el] inmueble [del promotor] (\u2026) deb\u00eda ser porcionado en favor del predio vecino\u00bb (rad. n.\u00b0 2020-0039); y (ii) el IGAC \u00abemiti\u00f3 [el] acto administrativo n\u00famero 17-001-007494-2017 con [el] cual se modific\u00f3 el \u00e1rea de terreno [de Ra\u00fal Mar\u00edn]\u00bb afectando \u00abde forma directa [la propiedad del querellante]\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado que el resguardo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
En efecto, el convocante censura la sentencia que declar\u00f3 en firme el deslinde y amojonamiento realizado en el tr\u00e1mite rad. n.\u00b0 2020-00039, sin embargo, se observa que el estrado Segundo Civil del Circuito de Manizales adopt\u00f3 dicha determinaci\u00f3n tras advertir que \u00abno existi[\u00f3] oposici\u00f3n de ninguna de las partes\u00bb. Adicional a ello, la aludida providencia no fue refutada a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, el cual, se mostraba id\u00f3neo para controvertir la situaci\u00f3n tra\u00edda en sede excepcional, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Esto, por cuanto el uso racional de la presente acci\u00f3n, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional precis\u00f3 que la tutela \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, dijo que \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
Conforme a lo descrito, la desidia en la interposici\u00f3n del remedio que proced\u00eda contra la determinaci\u00f3n del 23 de junio de 2023, inviabiliza el auxilio, porque cuando este se invoca sin haber acudido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que hubiese dejado de utilizar, o se hace de manera defectuosa o incompleta, la parte accionante queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa, en raz\u00f3n a su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para debatir asuntos propios del litigio ordinario, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las [providencias] de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC425-2023, 25 ene., rad. 2022-01290-01, entre otras). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional <\/p>\n
De otra parte, en lo que ata\u00f1e a los reparos respecto de la \u00abresoluci\u00f3n 17-001-007494-2017 de fecha 30\/10\/2017\u00bb proferida por el IGAC, advierte la Sala que, en principio, la salvaguarda resulta inviable para cuestionar un acto administrativo, puesto que para ello el legislador estableci\u00f3 diversas acciones ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo; de manera que, si el gestor considera que existi\u00f3 alguna irregularidad en la expedici\u00f3n de dicha decisi\u00f3n, nada obsta, para que la controvierta1 a trav\u00e9s de los mecanismos de defensa previstos para tal fin. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo decidido en primera instancia, pues: (i) el querellante no hizo uso oportuno y adecuado del medio judicial legalmente previsto para rebatir el fallo proferido el 23 de junio de 2023; y (ii) este resguardo resulta inviable para censurar la legalidad de la \u00abresoluci\u00f3n 17-001-007494-2017\u00bb del IGAC. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Previo cumplimento de los requisitos dispuestos para ello. <\/p>\n
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STC10620-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA STC10620-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 17001-22-13-000-2023-00141-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76053","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76053","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76053"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76053\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76053"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76053"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76053"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}