STC10621-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10621-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03601-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Consuelo Congote de Colorado, Pompilio Antonio Colorado S\u00e1nchez y Diana Patricia, A\u00edda Johana y C\u00e9sar Augusto Colorado Congote contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, Javier Villalobos Caama\u00f1o, Andr\u00e9s Soto Moron, Coomeva E.P.S., la Sociedad Cesarense de Urolog\u00eda, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n.\u00b0 2017-00019. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. A trav\u00e9s de apoderado, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, a la prueba y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, manifiestan que llamaron a juicio a Coomeva EPS y los m\u00e9dicos Javier Gustavo Villalobos Caama\u00f1o y Andr\u00e9s Alberto Soto Moron, por responsabilidad m\u00e9dica, con ocasi\u00f3n de la \u00abconducta negligente, imperita y omisiva de los m\u00e9dicos tratantes demandados, quienes nunca ordenaron el examen [de cistoscopia] para obtener el diagn\u00f3stico acertado de la paciente, [lo que] trajo como consecuencia el agravamiento de la condici\u00f3n cl\u00ednica de la demandante\u00bb. <\/p>\n
Lo que antecede, debido a que habiendo acudido en el a\u00f1o 2010, Consuelo Congote de Colorado, al especialista en urolog\u00eda -adscrito a Coomeva EPS-, \u00abante la aparici\u00f3n de un cuadro de hematuria microsc\u00f3pica\u00bb, aquel galeno \u00able orden\u00f3 varios ex\u00e1menes de laboratorio y de imagen, dentro de tales ex\u00e1menes, un TAC de abdomen y pelvis (\u2026) [cuando] en los protocolos m\u00e9dicos para el cuadro cl\u00ednico que presentaba (\u2026) el examen procedente era una cistoscopia vesical\u00bb, porque \u00abhabr\u00eda podido obtener un diagn\u00f3stico temprano de alguna lesi\u00f3n incipiente en la vejiga, que pudiera generar sospecha de un eventual cuadro cl\u00ednico que, degenerara en un diagn\u00f3stico de c\u00e1ncer\u00bb; aunado que \u00abs\u00f3lo tres meses despu\u00e9s de la primera consulta, (\u2026) se orden\u00f3 la remisi\u00f3n de la paciente a un especialista en nefrolog\u00eda (\u2026), remisi\u00f3n que tampoco era la decisi\u00f3n adecuada, de acuerdo a los protocolos\u00bb, m\u00e1s cuando, aquel m\u00e9dico destinatario tampoco orden\u00f3 el examen de cistoscopia vesical echado de menos. <\/p>\n
Aducen que el estado cl\u00ednico de la paciente la \u00aboblig\u00f3 (\u2026) a consultar cada tres meses; y, ante tal situaci\u00f3n le pregunt\u00f3 al m\u00e9dico tratante si podr\u00eda presentar un tumor vesical; y, el mencionado especialista sonri\u00f3 y le reiter\u00f3 que ten\u00eda un cuadro de membrana basal delgada, [y] solo en el mes de junio de 2013, (\u2026) le orden\u00f3 una biopsia renal (\u2026), ante el cuadro de abundante sa[n]grado en la orina, examen que la paciente fue a realizarse en la ciudad de Medell\u00edn, y con m\u00e9dico especialista en nefrolog\u00eda de la Hospital Pablo Tob\u00f3n Uribe\u00bb, lugar donde finalmente le diagnosticaron tumor vesical, indic\u00e1ndole que \u00abel tumor estaba muy grande; que era necesario realizar cirug\u00eda extirpadora, en menos de un mes, ya que ten\u00eda m\u00e1s de cuatro a\u00f1os de presentar el cuadro cl\u00ednico detectado\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, afirman que \u00absi el diagn\u00f3stico hubiera sido oportuno y acertado, la paciente no hubiera sufrido durante tres a\u00f1os y medio, el crecimiento del tumor, no habr\u00eda sido necesaria la cirug\u00eda; y, tampoco hubiera tenido que someterse a largas y dolorosas sesiones de quimioterapias\u00bb, lo que de contera le ocasion\u00f3 \u00abafectaci\u00f3n fisiol\u00f3gica, psicol\u00f3gica, y da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u00bb, y en lo que ata\u00f1e al da\u00f1o moral, este se hizo extensivo a los miembros de su n\u00facleo familiar, esto es, los accionantes Pompilio Antonio Colorado S\u00e1nchez, quien es el c\u00f3nyuge y a sus hijos Diana Patricia, Aida Johana y Cesar Augusto Colorado Congote. <\/p>\n
3. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia confirm\u00f3 la emitida en primera que deneg\u00f3 sus pretensiones, incurriendo en \u00abprotuberante error de valoraci\u00f3n probatoria\u00bb, toda vez que \u00abdescarg\u00f3 en la victima la responsabilidad de tramitar una orden inexistente, puesto que lo que obra en el expediente es una remisi\u00f3n, con una nota en el reverso que el nefr\u00f3logo Andr\u00e9s Soto, no tuvo la diligencia de leer, tal como \u00e9l mismo lo confiesa. El sentido com\u00fan indica que la orden de cistoscopia se la deleg\u00f3 el ur\u00f3logo al nefr\u00f3logo, pero el nefr\u00f3logo no tuvo ni siquiera el cuidado de leer dicha instrucci\u00f3n (\u2026). Si tanto en la sentencia de primera como en la de segunda instancia hubiera aplicado el sentido natural y obvio del texto colocado en el reverso de la remisi\u00f3n, hubieran entendido los administradores de justicia, que la supuesta sugerencia de ordenar un examen de cistoscopia estaba dirigida al nefr\u00f3logo a quien se le remiti\u00f3 la paciente, no a la paciente misma\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, afirman que la providencia reprochada \u00abdesconoci\u00f3 el principio de valoraci\u00f3n racional, conjunta y sistem\u00e1tica de la prueba judicial [pues] en la valoraci\u00f3n de la prueba documental y testimonial [se dio] una interpretaci\u00f3n contraria a su sentido natural y obvio\u00bb, como quiera que consider\u00f3 el fallador colegiado, que \u00abla prueba de la omisi\u00f3n profesional de los m\u00e9dicos especialistas tratantes, en realizar un diagn\u00f3stico oportuno y acertado, se debi\u00f3 a la conducta de la v\u00edctima directa Consuelo Congote de Colorado, cuando las declaraciones de los m\u00e9dicos demandados, y los documentos que obran como prueba en el proceso, demuestran que los galenos en m\u00e1s de tres a\u00f1os y medio no ordenaron la pr\u00e1ctica de un examen especializado que condujera a un diagn\u00f3stico acertado, lo cual s\u00ed realiz\u00f3, de manera inmediata a la primera atenci\u00f3n de la v\u00edctima directa, el Hospital Pablo Tob\u00f3n Uribe, de la ciudad de Medell\u00edn (\u2026) para verificar un diagn\u00f3stico de c\u00e1ncer vesical, como efectivamente se detect\u00f3\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En consecuencia, pretenden que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, \u00abse deje sin efecto la sentencia proferida, por el TRIBUNAL [cuestionado], de fecha 4 de mayo de 2023, en el proceso declarativo de responsabilidad civil m\u00e9dica con n\u00famero de radicaci\u00f3n 20001-31-03-004-2017-00019-01\u00bb y, en su lugar, \u00abse (\u2026) profiera nueva decisi\u00f3n de segunda instancia en la cual se acojan las consideraciones de la sentencia de tutela que, en la eventual protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los actores, profiera [esta Sala] en funci\u00f3n de control constitucional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar remiti\u00f3 el enlace de acceso al proceso objeto de queja. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Coomeva EPS en liquidaci\u00f3n, aleg\u00f3 que, en atenci\u00f3n a las precisas pretensiones enarboladas en esta acci\u00f3n, carece de legitimaci\u00f3n por pasiva, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. A trav\u00e9s de apoderada, Andr\u00e9s Soto Mor\u00f3n y Javier Villalobos Caama\u00f1o se opusieron a lo pretendido por la parte actora, pues \u00aben la sentencia se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis concienzudo por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral, de los elementos que componen la responsabilidad civil, no encontr\u00e1ndose dentro del proceso prueba que sustente los hechos narrados en el libelo introductorio, ni culpa en [su] actuar (\u2026), ni mucho menos relaci\u00f3n de causalidad entre [su] actuar y los da\u00f1os alegados por los accionantes\u00bb; as\u00ed mismo, a\u00f1adieron que \u00abla controversia planteada (\u2026), en esta ocasi\u00f3n no gira en torno al alcance, aplicaci\u00f3n y\/o desarrollo de un derecho fundamental, sino frente a la mera inconformidad con la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal (\u2026), al no valorar la documental de acuerdo con la interpretaci\u00f3n caprichosa de la parte actora\u00bb, lo que hace inviable la procedencia del amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El abogado V\u00edctor Manuel Cabal se\u00f1al\u00f3 que \u00abparticip[\u00f3] como apoderado judicial de la entonces COOMEVA EPS, dentro del proceso verbal de los hoy tutelantes (\u2026), [pero] a ra\u00edz del proceso de liquidaci\u00f3n que afect\u00f3 a la EPS, fue terminado el respectivo contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales [por lo que] no es posible que (\u2026) represente los intereses procesales de este accionado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal encartado lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por los convocantes, incurriendo en el defecto f\u00e1ctico que le endilgan, por cuanto decidi\u00f3 confirmar el fallo del a quo, quien resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR probadas las excepciones de adecuada pr\u00e1ctica m\u00e9dica, cumplimiento de la lex artis ad hoc, ausencia de da\u00f1os y perjuicios, ausencia de culpa atribuible al doctor Andr\u00e9s Soto Moron y Javier Villalobos, inexistencia del nexo causal, obligaci\u00f3n de medios, y dem\u00e1s presentadas por las partes demandadas en este asunto [y], en consecuencia, (\u2026) Desestimar las pretensiones de la demanda presentada\u00bb, en el asunto rad. n.\u00b0 2017-00019. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no se advierte la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, se observa que la magistratura empez\u00f3 por definir que \u00abel problema jur\u00eddico [a] resolver, se contrae en determinar si obra raz\u00f3n en los reparos de la parte demandante, quienes insisten en que los demandados incumplieron con sus obligaciones y protocolos m\u00e9dicos en el transcurso del tratamiento de la se\u00f1ora Consuelo Congote de Colorado, ante la falta de un diagn\u00f3stico acertado, pertinente y oportuno originado en la omisi\u00f3n de la orden y pr\u00e1ctica de examen denominado \u201ccistoscopia\u201d, a trav\u00e9s del cual, afirman, se hubiese detectado de manera temprana su patolog\u00eda; o, si por el contrario, fue acertada la decisi\u00f3n del a quo, al determinar que existi\u00f3 una adecuada pr\u00e1ctica m\u00e9dica, y en tal sentido, ausencia de culpa atribuible a los galenos demandados\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, habiendo determinado que \u00abes la cistoscopia, el centro de todo el litigio planteado, puesto que en todo momento se ha puesto su discusi\u00f3n, en el ordenamiento, autorizaci\u00f3n y pr\u00e1ctica de dicho examen por los especialistas demandados quienes trataron a la paciente entre los a\u00f1os 2009 y 2010, cuando esta inici\u00f3 sus estudios cl\u00ednicos por presentar hematurias en su orina\u00bb, estableci\u00f3 el tribunal que si bien \u00abno obra (\u2026) orden individualizada para el mencionado examen especializado, (\u2026) tampoco se vislumbra, de igual manera, de la remisi\u00f3n a Nefrolog\u00eda que s\u00ed se practic\u00f3 [y que] lo que s\u00ed puede verse del acervo documental es [la] Historia Cl\u00ednica membretada por la Sociedad Cesarense de Urolog\u00eda LTDA, con fecha diciembre 10 del 2019 en su parte superior, dentro de la cual, a reverso se registra de manera manuscrita: \u201cUROTAC (\u2026) CITA NEFROLOG\u00cdA POST CISTOCOPIA\u201d en fecha 04 de febrero del 2010\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, y aun cuando algunos de los all\u00e1 demandantes \u00abhan hecho afirmaciones encaminadas a determinar que tal anotaci\u00f3n no exist\u00eda o fue estampada con posterioridad\u00bb, destac\u00f3 que \u00abno se ha demostrado de manera alguna, falsedad o alteraci\u00f3n de dicho documento, por lo que es dicho folio la prueba, no solo de que s\u00ed se vislumbr\u00f3 la mencionada cistoscopia, sino que se indic\u00f3 de manera coet\u00e1nea con la remisi\u00f3n a Nefrolog\u00eda\u00bb y, bajo ese entendido, tal como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo, dijo que \u00absi bien son los galenos quienes tienen el conocimiento para determinar qu\u00e9 tipo de procedimientos, y ex\u00e1menes deben practicarse los pacientes para llegar a un diagn\u00f3stico atinado, es al paciente el que le toca (sic) tramitar la orden impartida\u00bb, frente a lo cual, resalt\u00f3 que \u00abexiste y obra historia cl\u00ednica suscrita por el doctor Villalobos de haber dictaminado como plan de manejo no solo el UROTAC, sino que para que la segunda consulta del 04 de febrero del 2010, remiti\u00f3 a la se\u00f1ora CONGOTE a Nefrolog\u00eda, sincr\u00f3nicamente con la orden de la plurimencionada cistoscopia\u00b8[sin que obre] que, en fecha posterior, la paciente haya regresado a tratarse con dicho especialista, ni que tampoco haya realizado alguna reclamaci\u00f3n de origen m\u00e9dico o administrativo a la IPS a la que se encontraba adscrito tal profesional, como fue confirmado por la representante de la llamada en garant\u00eda SOCIEDAD CESARENSE DE UROLOG\u00cdA\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, acerca de la procedencia del aludido examen de cistoscopia, desde la primera consulta llevada a cabo, consider\u00f3 que adem\u00e1s de que \u00abno existe dentro del proceso prueba o concepto m\u00e9dico, con entidad suficiente para derribar los criterios de los distintos especialistas que coincidieron en que el manejo dado para la temporalidad estudiada, haya sido inadecuada y negligente, m\u00e1s all\u00e1 de las afirmaciones de los mismos demandantes, quienes no son profesionales en medicina, y se apoyan en lo que seg\u00fan su dicho, efectuaron los galenos de la ciudad de Medell\u00edn, despu\u00e9s de un lapso de 3 a\u00f1os\u00bb, aparece igualmente lo indicado por el galeno Correa Monroy, quien precis\u00f3 que \u00abal ser un examen invasivo, que est\u00e1 contraindicado en pacientes con infecci\u00f3n activa del sistema urinario, era necesario descartar una patolog\u00eda urinaria del tracto superior (ri\u00f1ones), record\u00e1ndose en este punto, que ya se contaba con una impresi\u00f3n diagn\u00f3stica anterior de nefritis, y unos resultados normales del UROTAC. (\u2026) De all\u00ed, debe decirse que si bien el doctor ANDR\u00c9S SOTO reconoci\u00f3 no haber visto la anotaci\u00f3n del ur\u00f3logo VILLALOBOS donde efectu\u00f3 la remisi\u00f3n, esto no quiere decir que haya desconocido los estudios m\u00e9dicos previos realizados a la paciente, y menos a\u00fan sus resultados, por cuanto explic\u00f3 que el plan de manejo que dictamin\u00f3, se realiz\u00f3 con base en dichos datos, partiendo que de la ecograf\u00eda y el UROTAC se hab\u00edan obtenido resultados negativos, por lo que se enfoc\u00f3 en la hematuria, de origen glomerular, al contar con concepto urol\u00f3gico que no encontr\u00f3 hallazgos en la v\u00eda urinaria, por lo que mantuvo la vigilancia a trav\u00e9s de ex\u00e1menes y consultas de control peri\u00f3dicas, hasta que se reportaron niveles de proteinuria en la orina, que deber\u00edan estudiarse a trav\u00e9s de una biopsia renal. Dicho actuar m\u00e9dico tambi\u00e9n fue evaluado a trav\u00e9s de perito, siendo objeto de apreciaci\u00f3n por el dictamen pericial del especialista en medicina interna y nefrolog\u00eda, Hildebrando Leguizam\u00f3n. En tal sentido, el profesional indic\u00f3 que la paciente hab\u00eda sido remitida porque presentaba una microhematuria y ya a trav\u00e9s de urolog\u00eda se hab\u00eda realizado un UROTAC con resultado normal y hab\u00eda encontrado una disminuci\u00f3n en la tasa de filtraci\u00f3n glomerular y una ecograf\u00eda que informaba de una posible nefritis, se efectu\u00f3 la mentada remisi\u00f3n por posible origen renal de la hematuria, por lo que coincidi\u00f3 en tal sentido con las declaraciones hechas por el nefr\u00f3logo SOTO MOR\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
Ante ese panorama, concluy\u00f3 el ad quem endilgado, que adem\u00e1s de que \u00abexistieron estudios urol\u00f3gicos que no arrojaron ninguna clase de hallazgo en la vejiga y en las v\u00edas urinarias de la paciente para finales del 2009 y comienzos del 2010, y que por el contrario se\u00f1alaban una posible nefritis; (\u2026) el examen de cistoscopia, s\u00ed fue contemplado y anotado por el ur\u00f3logo (\u2026) [y] consecuentemente, seg\u00fan lo analizado por los peritos especialistas, el plan de manejo en nefrolog\u00eda, no actu\u00f3 en contrav\u00eda de la lex artis, ni de la adecuada pr\u00e1ctica m\u00e9dica\u00bb, aun cuando ello difiera de las conclusiones planteadas por el m\u00e9dico Ciro Francisco Zuleta, quien adem\u00e1s de no contar con las especialidades de los otros profesionales escuchados dentro del proceso, \u00absu peritazgo (\u2026) no pone de presente, ni siquiera, las documentales utilizadas para emitir su an\u00e1lisis y conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, encontr\u00f3 que no hab\u00eda omisi\u00f3n reprochable en la conducta m\u00e9dica desplegada por los galenos convocados, frente a la pr\u00e1ctica de la cistoscopia reclamada, pues insisti\u00f3 en que \u00abobra anotado en la historia cl\u00ednica emitida por el demandado ur\u00f3logo, el cual solo plante\u00f3 su manejo posterior a la valoraci\u00f3n por nefrolog\u00eda de conformidad a los estudios que se le hab\u00edan practicado previamente, no obstante de dicho concepto no se surti\u00f3 ning\u00fan tipo de tr\u00e1mite por la paciente quien tampoco regres\u00f3 a valoraci\u00f3n urol\u00f3gica. No se cont\u00f3 con ninguna clase de concepto m\u00e9dico, ni mucho menos especializado, que constatara, afirmara, o estableciera que el manejo m\u00e9dico del cuadro cl\u00ednico de la paciente por los especialistas demandados haya sido err\u00f3neo, o negligente, ni que haya producido, ni tampoco contribuido a la progresi\u00f3n, de la calamitosa enfermedad que se tradujo en el da\u00f1o del que se busca el pretendido resarcimiento [y] si bien (\u2026) no se desconoce, que la se\u00f1ora CONSUELO CONGOTE haya atravesado por una lamentable, incomoda y terrible situaci\u00f3n m\u00e9dica, no se observa del despliegue probatorio analizado dentro del proceso, que existiera alguna culpa de la que constituyera el nexo de causal, entre el procedimiento m\u00e9dico practicado y el da\u00f1o producto de la enfermedad de la actora\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al tribunal convocado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente caso. <\/p>\n
Sobre tal tem\u00e1tica, la Sala ha dicho en precedencia que \u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC10621-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10621-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03601-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Consuelo Congote de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76054","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76054","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76054"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76054\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76054"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76054"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76054"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}