STC10624-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10624-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03603-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Idaly Bautista de Duss\u00e1n y Eder Duss\u00e1n Bautista contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, y las partes e intervinientes en los juicios de restituci\u00f3n de tierras acumulados radicado n\u00ba 2019-00042 y 2019-00106. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en sus propios nombres, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, propiedad privada, igualdad, trabajo, vivienda digna y \u00abprotecci\u00f3n de la tercera edad\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Exponen en s\u00edntesis que, mediante sentencia del 1\u00ba de agosto de 2023, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta accedi\u00f3 a la reclamaci\u00f3n elevada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD \u2013 Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio, en favor de Rosalba Cala y Carlos Arturo Ram\u00edrez Santana, respecto de los predios denominados \u00abBol\u00edvar y Golconda\u00bb ubicados en la vereda \u00abCampo 32\u00bb de Barrancabermeja. <\/p>\n
En dicha providencia, el tribunal desestim\u00f3 sus alegaciones en torno a la buena fe exenta culpa como compradores de los referidos inmuebles, los que adquirieron en 2006 bajo las denominaciones de \u00abLa Mar\u00eda\u00bb y \u00abS\u00ed se puede\u00bb y que englobaron en uno solo nombr\u00e1ndolo \u00abVilla Marcela\u00bb. <\/p>\n
Cuestionan la referida sentencia, la que acusan de constituir v\u00eda de hecho por incurrir en indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
En tal sentido, sostienen que, no se prob\u00f3 su mala fe, ni responsabilidad o culpa en la adquisici\u00f3n de los bienes, que realizaron las verificaciones del caso y no encontraron que aquellos estuvieran relacionados con grupos al margen de la ley, ni investigaciones penales, administrativas o policivas, por tanto, aseveran que debi\u00f3 considerarse su buena fe exenta de culpa, \u00abya que nuestra conducta, comparada con la de una persona avisada (sic) y diligente puesta en las mismas circunstancias externas, no ser\u00eda la falta de prudencia. Insistimos, nosotros fuimos diligentes, en tanto las personas m\u00e1s diligentes hubieran realizado la misma revisi\u00f3n de antecedentes registrales y, por lo tanto, adquirimos los predios, m\u00e1xime por las anteriores ventas y grav\u00e1menes ante entidades bancarias, que notan en cada estudio o an\u00e1lisis de los certificados de tradici\u00f3n de cada predio, lo que implica haber adquirido los bienes del propio due\u00f1o. Adem\u00e1s, est\u00e1bamos en imposibilidad de adquirir informaci\u00f3n sobre los mismos, am\u00e9n de no existir registro p\u00fablico que diera cuenta de los hechos victimizantes que sufrieron el se\u00f1or Carlos Arturo Ram\u00edrez Santana y su familia, mucho menos medidas de protecci\u00f3n por desplazamiento forzado, o que generara duda en cuanto a la titularidad del derecho de dominio del vendedor\u00bb. <\/p>\n
Agregaron que, son trabajadores honestos, sin pasado judicial, sus ingresos provienen de productos agr\u00edcolas y residen en los predios reclamados, adem\u00e1s que, Ana Daly Bautista es persona mayor de 70 a\u00f1os, sin pensi\u00f3n, que invirti\u00f3 sus ahorros en la compra de dichos inmuebles y que su vida ha girado en torno al campo y que \u00abnunca han sostenido tratos con grupo alguno al margen de la ley y que al momento de comprar los inmuebles aludidos desconoc\u00edamos totalmente los hechos ocurridos en el territorio donde est\u00e1n ubicados\u00bb, los cuales, adem\u00e1s, sucedieron once (11) a\u00f1os antes de comprarlos. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1alan que, el tribunal accionado cometi\u00f3 \u00ab(\u2026) un vicio en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las disposiciones que integran el ordenamiento jur\u00eddico [\u2026] pues no est\u00e1 teniendo en cuenta el momento jur\u00eddico o la fecha en que se materializa la relaci\u00f3n jur\u00eddica de nosotros con los predios, menos el tiempo transcurrido de la fecha de los hechos de violencia a la fecha en que compramos y aun menos el historial de los predios en el certificado de tradici\u00f3n de estos aunado a la fecha de reconocimiento de v\u00edctimas, a\u00f1os 2017-2018\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, piden que se ordene al tribunal accionado que \u00abprofiera una nueva decisi\u00f3n valorando e interpretando los precedentes y normas debidamente, se reconozca nuestra buena fe exenta de culpa y tomar las medidas necesarias para no causar un da\u00f1o contra la entrega del predio o en su defecto, reparar a las v\u00edctimas en la forma como lo establezca la ley (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n recriminada, de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, defendi\u00f3 lo resuelto y las razones que tuvo esa colegiatura para no reconocer a los aqu\u00ed actores como opositores-adquirentes de buena fe exenta de culpa en el juicio en cuesti\u00f3n, as\u00ed mismo, tampoco se les tuvo en cuenta como segundos ocupantes ya que pudo comprobarse que son \u00abpropietarios de varios predios adem\u00e1s del que se orden\u00f3 restituir y con los cuales, razonablemente podr\u00edan satisfacer con suficiencia sus derechos a la vivienda y m\u00ednimo vital (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Primero Civil Municipal de Barrancabermeja inform\u00f3 que fue comisionado para la diligencia de entrega de los predios Bol\u00edvar y la Golconda, ambos ubicados en la vereda \u00abCampo 32\u00bb de esa ciudad. Indic\u00f3 que los ocupantes, manifestaron entregar voluntariamente los inmuebles el 19 de septiembre de 2023, fecha en la cual, se verificar\u00e1 si los predios fueron desocupados, de lo contrario, se proceder\u00e1 al desalojo. <\/p>\n
3. El Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja destac\u00f3 que, ese despacho adelant\u00f3 la etapa de instrucci\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n promovido por la UAEGRTD en favor de Carlos Arturo Ram\u00edrez y el \u00abhaber sucesoral de la se\u00f1ora Rosalba Cala\u00bb, asunto en el que dispuso la vinculaci\u00f3n de los aqu\u00ed tutelantes en calidad de propietarios inscritos del predio reclamado. Se\u00f1al\u00f3 que esa etapa se surti\u00f3 seg\u00fan lo previsto en la ley 1448 de 2011 y que, una vez concluida la instrucci\u00f3n, profiri\u00f3 auto, el 30 de apelaci\u00f3n de 2021, ordenando la remisi\u00f3n del expediente al Tribunal Superior de C\u00facuta, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras para lo de su competencia, actuaci\u00f3n con la que finaliz\u00f3 la intervenci\u00f3n de dicho despacho en el asunto. <\/p>\n
4. Quienes fungieron como apoderados de los aqu\u00ed accionantes en el proceso de restituci\u00f3n en cuesti\u00f3n, coadyuvaron las pretensiones de la demanda tutelar pues consideran que, en efecto, el tribunal \u00abno valor\u00f3 correctamente las pruebas documentales y testimoniales, ya que con solo analizar la tradici\u00f3n de los predios, se denota su legalidad en todas las anotaciones, m\u00e1s a\u00fan cuando se verifica el transcurso del tiempo que ha pasado desde que los reclamantes vendieron sus predios a la fecha en que los adquieren los opositores, son m\u00e1s de 10 a\u00f1os, la mutaci\u00f3n de los predios Bol\u00edvar y Golconda, predios que soportaron grav\u00e1menes con entidades financieras [\u2026] as\u00ed las cosas, no tienen ninguna injerencia o relaci\u00f3n con los hechos que hicieron tal vez que los reclamantes vendieras sus predios\u00bb. <\/p>\n
5. El Personero Distrital de Barrancabermeja se\u00f1al\u00f3 que, ese ente del Ministerio P\u00fablico no ha emitido orden judicial alguna que comprometa los derechos fundamentales de los actores y explic\u00f3 que, sus funciones en los asuntos de restituci\u00f3n de tierras se limitan a acudir a las audiencias preparatorias y de entrega material del predio \u00abcon el fin de velar por el debido proceso y los derechos de las personas que se encuentren en el predio a restituir en las respectivas diligencias de las cuales se nos ordena el acompa\u00f1amiento con otras instituciones del orden territorial y nacional\u00bb. <\/p>\n
6. La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos; Ecopetrol, la Alcald\u00eda de Barrancabermeja, los Ministerios de Salud y de Vivienda, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y el Servicio Nacional de Aprendizaje \u2013 Regional Santander, solicitaron la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal accionado vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por los quejosos al disponer la restituci\u00f3n de los predios que adquirieron en el 2006, en favor de Rosalba Cala y Carlos Arturo Ram\u00edrez Santana, reclamantes dentro del proceso radicado n\u00ba 2019-00042 (y 2019-00106 acumulado) (sentencia de 1\u00ba de agosto de 2023) por, supuestamente, incurrir en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria al desconocer su buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n de los bienes. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las determinaciones de los funcionarios judiciales son, por regla general, ajenas al auxilio consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica; salvo, lo que ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en los eventos donde resultan notoriamente arbitrarias, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable, y no tenga o haya desaprovechado otros remedios efectivos para conjurar el agravio. <\/p>\n
3. La providencia cuestionada. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de la corporaci\u00f3n accionada para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9lla no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
3.1. Frente a la determinaci\u00f3n atacada, insistentemente los accionantes recabaron en id\u00e9nticos reparos a los que plantearon al oponerse a la reclamaci\u00f3n, esto es, que eran adquirentes de buena fe exenta de culpa ya que obraron con lealtad y plena seguridad que adquir\u00edan un predio libre de vicios. <\/p>\n
No obstante, el tribunal fue claro en explicitar que no bastan afirmaciones de ese tenor para acreditar la buena fe que en estos asuntos se demanda de los opositores sino que, se exige una carga probatoria m\u00e1s rigurosa, como el acreditar debidamente el agotamiento de gestiones suficientes, \u00abmismas con las que actuar\u00eda una persona en mucho sensata en un entorno relativamente similar para as\u00ed obtener la debida certeza sobre la legitimidad de su adquisici\u00f3n [\u2026] que fue vivamente escrupuloso al afecto de cerciorarse acerca de lo que por entonces acontec\u00eda respecto del inmueble en el que ten\u00eda inter\u00e9s y que, a pesar de semejante aplicaci\u00f3n, dedicaci\u00f3n y precauci\u00f3n, no pudo, sin embargo, conocer, percibir o advertir alguna irregularidad que pudiere afectar el derecho en torno del bien\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3 que, el expediente no revel\u00f3 ninguna prueba indicativa de que los opositores hubieren sido verdaderamente acuciosos a la hora de la averiguaci\u00f3n de los antecedentes de los bienes que adquirieron, de hecho, en sus respectivas declaraciones, manifestaron que no realizaron diligencias encaminadas a ese prop\u00f3sito, por lo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no hay de por medio prueba eficaz que denote que los opositores apostaron a verificar con estrictez cuanto antecedente pudiere afectar sus negociaciones, esto es, no se trajo elemento de convicci\u00f3n que diere cuenta que efectivamente se adquirieron los terrenos obrando con buena fe exenta de culpa. Fundamento aquel que surge de bulto con apenas dar cuenta que en vez de aplicarse con algo de enjundia a esa tarea de explorar, escudri\u00f1ar, preguntar y confrontar qu\u00e9 pudo haber sucedido en torno de esos bienes, acaso si se conformaron con mirar los documentos y acusar que su labor estaba cumplida por cuanto nadie les dijo -antes de comprar- que mediaron actos de violencia. Lo que no es precisamente se\u00f1al de esmero cuanto que tal vez de desidia\u00bb. <\/p>\n
Y complement\u00f3 el tribunal que, de haberse aplicado algo de esmero en las indagaciones con los residentes de la regi\u00f3n por parte de los aqu\u00ed accionantes, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se habr\u00edan enterado, por ejemplo, por boca de testigos como \u00c1NGEL MAR\u00cdA CERDAS PARDO, RODRIGO LOZADA P\u00c9REZ y ALEXIS REYES HERN\u00c1NDEZ, que de veras salieron de all\u00ed desplazados los ac\u00e1 reclamantes. Sin descontar que las pruebas arriba compendiadas dejaron ver, que la zona rural de Barrancabermeja y m\u00e1s precisamente ese sector en el que se ubicaban los terrenos, hab\u00eda sido tocado por un complejo orden p\u00fablico sumamente notorio; detalles todos, particularmente el primero, que, ante su conocimiento, es harto probable que a una generalidad de personas colocadas en escenarios similares, les provocase algo de recelo o por lo menos inquietud al momento de celebrar pactos como los de marras. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que en pro de acreditar que se obr\u00f3 con suficiente prudencia y diligencia, esa esmerada gesti\u00f3n mal pod\u00eda confinarse, como aqu\u00ed dijo hacerse, a las condiciones de \u201ctranquilidad\u201d o \u201cseguridad\u201d del sector, pero s\u00f3lo las reinantes a la saz\u00f3n, esto es, para el tiempo de la adquisici\u00f3n de los terrenos. Pues que, atendiendo que se situaban en una dif\u00edcil regi\u00f3n que de anta\u00f1o notoriamente se conoc\u00eda que hab\u00eda sido afectada por diversos actores de la violencia, era apenas natural que la investigaci\u00f3n comprendiere por igual la eventual injerencia de organizaciones ilegales por esos lares y en tiempos anteriores. <\/p>\n
Tampoco las declaraciones de Luis Francisco Rugeles Sierra, Salom\u00f3n Celis Araque Y Miguel \u00c1ngel Mart\u00ednez Jim\u00e9nez apuntalan esas alegaciones pues a la postre nada dicen en torno de esas previas gestiones averiguativas cuanto suficientes de los opositores para hacerse con los respectivos predios que en realidad era cuanto importaba acreditar\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 el accionado que, los opositores no eran merecedores de la compensaci\u00f3n que autoriza la ley, as\u00ed como tampoco del reconocimiento como segundos ocupantes ya que, de lo obrante en el plenario, y especialmente de lo extra\u00eddo del informe de caracterizaci\u00f3n que se les realiz\u00f3 a fin de dar luces sobre si era procedente tenerlos como tales, si bien se hallaban en el registro \u00fanico de v\u00edctimas del conflicto armado por la muerte de su esposo y padre en el a\u00f1o 1995, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Respecto de los ingresos del n\u00facleo familiar se determin\u00f3 que proven\u00edan de un tienda de v\u00edveres en la que vend\u00edan los productos cosechados en la finca que les reportaba una suma aproximada de $500.000.oo y que con la explotaci\u00f3n de los predios aqu\u00ed pretendidos a trav\u00e9s de agricultura, ganader\u00eda y aves de corral, lograban un monto equivalente a $3.000.000.oo, adem\u00e1s que por concepto de arriendos de unos bienes de su propiedad percib\u00edan un valor de $1.000.000.oo, todos los cuales eran utilizados para suplir sus necesidades b\u00e1sicas as\u00ed como gastos relacionados con los terrenos solicitados y el pago de cuotas de cr\u00e9ditos financieros por $2.697.000.oo. En punto de la dependencia frente a las heredades pretendidas en el proceso y su posible vulnerabilidad, se consider\u00f3 que se ubicaban en niveles moderados de 47,1 y 40,2%, respectivamente, pues no presentaban un v\u00ednculo fuerte con los terrenos dado que no pend\u00edan completamente de ellos y que, si bien podr\u00edan verse amenazados econ\u00f3micamente por alg\u00fan evento inesperado, contaban en general con mayores capacidades socioecon\u00f3micas para responder ante posibles afectaciones\u00bb. <\/p>\n
3.3. Conforme con lo transcrito, la decisi\u00f3n recriminada, como se anticip\u00f3, contiene un leg\u00edtimo ejercicio de interpretaci\u00f3n de la situaci\u00f3n controvertida soportada en los elementos de juicio revisados en dicho tr\u00e1mite, mediante los cuales pudo llegar a la conclusi\u00f3n de que resultaba procedente la reivindicaci\u00f3n del derecho reclamado al verificarse cumplidos los presupuestos normativos establecidos en la Ley 1448 de 2011, a partir de los elementos de conocimiento analizados en el proceso. <\/p>\n
Adicionalmente, consider\u00f3 no probadas las alegaciones de los opositores, descartando la \u00abbuena exenta de culpa\u00bb en relaci\u00f3n con la adquisici\u00f3n de los inmuebles objeto del litigio as\u00ed como la posibilidad de reconocer la compensaci\u00f3n; es decir, la colegiatura accionada actu\u00f3 leg\u00edtimamente dentro de su \u00f3rbita de independencia y autonom\u00eda en el campo de la valoraci\u00f3n de las pruebas y les dio el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta o desfasada, de todas formas distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer por sobre la del juzgador una determinada apreciaci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, resta destacar que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este evento. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Los razonamientos contenidos en la sentencia criticada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituy\u00e9ndolo, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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