STC10625-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10625-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00898-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 15 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Elizabeth Quintero contra el Juzgado Veintinueve de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito n\u00b0 2022-00960. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que durante la convivencia marital que sostuvo con Luis Alejandro Granados, procrearon tres hijos -quienes actualmente son mayores de edad-, y adquirieron una vivienda de inter\u00e9s social seg\u00fan escritura p\u00fablica del \u00ab27-09-2002\u00bb, sobre la cual se constituy\u00f3 patrimonio de familia inembargable. <\/p>\n
Que, debido a la violencia intrafamiliar provocada por Luis Alejandro, \u00e9l \u00abse fue de la casa [y] desde el 2 de febrero de 2007, pas\u00e9 a ser cabeza de familia teniendo que asumir los gastos de mis hijos, de las cuotas del banco, gastos del hogar y educaci\u00f3n de mis hijos menores en ese tiempo\u00bb, no obstante, \u00abla violencia psicol\u00f3gica no ha cesado pues me viv\u00eda amenazando que me iba a sacar de la casa\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abcuando acab\u00e9 de pagar las cuotas de la casa [el se\u00f1or Granados] me demand\u00f3 ante el Juzgado 39 Civil Municipal, pidiendo la divisi\u00f3n, pero dicho juzgado fall\u00f3 a mi favor [el 25 de septiembre de 2019]\u00bb, al tener en cuenta la existencia del patrimonio de familia, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en segunda instancia el Juzgado Once Civil del Circuito el 11 de marzo de 2020. <\/p>\n
Que pese \u00abel 6 de octubre de 2022, Luis Alejandro hace caso omiso de las sentencias anteriores y me cita a conciliar [donde] yo expliqu\u00e9 que hab\u00eda ya fallos protegidos por cosa juzgada (\u2026), que no ten\u00edamos para d\u00f3nde irnos [y] que la casa es de inter\u00e9s social\u00bb; seguidamente impetr\u00f3 demanda de \u00abcancelaci\u00f3n de patrimonio de familia\u00bb, a cuya pretensi\u00f3n accedi\u00f3 el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1 mediante sentencia del 10 de julio de 2023, con lo cual \u00abnos viol\u00f3 los derechos a todo el n\u00facleo familia [compuesto por] mis tres hijos, mi nieta y yo, [pues] si Luis Alejandro Granados tiene deudas quedaremos sin casa\u00bb. <\/p>\n
3. Se infiere que lo pretendido es invalidar lo resuelto por la agencia judicial querellada, dentro del proceso de levantamiento de patrimonio de familia inembargable. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que, tras surtirse las etapas pertinentes, en la audiencia del 10 de julio de 2023, \u00abse dict\u00f3 sentencia, con base en las pruebas decretadas y recaudadas dentro del presente asunto (\u2026), la cual se encuentra ajustada a derecho\u00bb, por tanto, se opuso al resguardo deprecado ya que, en su sentir, \u00abno existe vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales invocados por la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La abogada Elba Gabriela Fl\u00f3rez Erazo, quien funge en el asunto ordinario como apoderada judicial de Maria Elizabeth Quintero, manifest\u00f3 \u00abcoadyuvar todas y cada una de las peticiones de la tutela\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1, refiri\u00f3 a la actuaci\u00f3n adelantada en proceso divisorio respecto del inmueble en cuesti\u00f3n, concluyendo que \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante\u00bb. <\/p>\n
4. El Juez Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n aludi\u00f3 al tr\u00e1mite dado en segunda instancia al pleito de divisi\u00f3n ad valorem, donde se desestim\u00f3 lo pretendido \u00abpor estar afectado con patrimonio de familia\u00bb. <\/p>\n
5. La Registradora Principal de la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 -zona norte, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite procesal, porque \u00abno ha incurrido en conducta alguna que implique la vulneraci\u00f3n [alegada]\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio porque \u00abla Sala no observa que la autoridad judicial demandada haya incurrido en ninguna \u201cv\u00eda de hecho\u201d como lo sostiene la accionante, que amerite la irremediable intervenci\u00f3n del juez constitucional con miras a adoptar una determinaci\u00f3n que salvaguarde sus derechos fundamentales. Por el contrario, emerge que la providencia cuestionada est\u00e1 soportada en argumentos que atienden a claras reglas de razonabilidad jur\u00eddica y obedecen a la labor hermen\u00e9utica propia de esa clase de asuntos, la que no deviene caprichosa o antojadiza, por lo que es inviable acceder a la protecci\u00f3n pretenda, pues seg\u00fan lo tiene decantado la jurisprudencia, el presente mecanismo constitucional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del ruego tuitivo para insistir en que debe perdurar el patrimonio de familia, ya que \u00abno porque mis hijos sean mayores de edad dejamos de ser un n\u00facleo familiar, [ni porque] en el momento de crear el patrimonio familiar mi nieta no exist\u00eda\u00bb, y que debe respetarse lo resuelto por los jueces de instancia en el litigio divisorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al acceder al levantamiento de patrimonio de familia inembargable dentro del litigio radicado bajo el n\u00b0 2022-00960, o si, por el contrario, tal decisi\u00f3n denota razonabilidad que impida la injerencia del fallador constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La decantada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas, en particular la sentencia proferida por el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1 el 10 de julio de 2023, esta Corporaci\u00f3n ratificar\u00e1 el fallo impugnado, por cuanto la resoluci\u00f3n refutada no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, aunado a que, lo pretendido es utilizar el amparo como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. Contextualizando el asunto, se advierte que la querellante atribuye a dicha providencia vulneraci\u00f3n a sus prerrogativas iusfundamentales, porque, en su sentir, incursion\u00f3 en yerro f\u00e1ctico al no valorar las pruebas adosadas al expediente, concretamente, al desconocer los fallos proferidos por los Juzgados 39 Civil Municipal y 11 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que denegaron la divisi\u00f3n del predio afectado con patrimonio de familia, empero, la Sala observa que dicho reparo es infundado, comoquiera que, para resolver el pleito, el accionado se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n suficiente en la que tuvo en cuenta la normativa aplicable al sub j\u00fadice, y respecto de los medios de convicci\u00f3n recaudados, realiz\u00f3 una ponderaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
En efecto, para \u00abdeclarar no probada la excepci\u00f3n propuesta por la parte demandada y que denomin\u00f3 cosa juzgada\u00bb, y como consecuencia \u00abdecretar el levantamiento del patrimonio de familia que pesa sobre el bien inmueble (\u2026), identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-20374904, constituido mediante la escritura p\u00fablica No. 3168 del 27 de septiembre de 2002 suscrita ante la Notar\u00eda 52 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1\u00bb, refiri\u00f3 que conforme a la Ley 70 de 1931 y las regulaciones posteriores, entre ellas la Ley 495 de 1999, adem\u00e1s de la constituci\u00f3n voluntaria del patrimonio de familia a favor de los c\u00f3nyuges, compa\u00f1eros permanentes e hijos menores de estos, el gravamen es obligatorio \u00abpara la vivienda de inter\u00e9s social\u00bb, cuyo valor no exceda la suma de 250 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Enseguida precis\u00f3 que todos los hijos de las partes ya hab\u00edan rebasado su minor\u00eda de edad, en tanto que los registros civiles allegados con la demanda daban cuenta de que: \u00abWilson Alonso Granados Quintero, quien naci\u00f3 el 21 de julio de 1997, contando actualmente con la edad de 25 a\u00f1os (\u2026); Yeimy Alexandra Granados Quintero, con fecha de nacimiento 27 de abril de 1995, actualmente con 28 a\u00f1os de edad, y Ricardo Alejandro Granados Quintero, nacido el 24 de agosto de 1996, contando con la edad de 24 a\u00f1os\u00bb. Tambi\u00e9n, que estaba demostrada la constituci\u00f3n del patrimonio de familia y su respectiva inscripci\u00f3n en el folio inmobiliario, y que se hab\u00edan recaudado las declaraciones de parte, de las cuales destac\u00f3 que mientras el demandante refiri\u00f3 la necesidad de disponer del inmueble, la demandada su inter\u00e9s de permanecer residiendo en \u00e9l. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que del material probatorio se establec\u00eda que \u00ablos se\u00f1ores Luis Alejandro Granados Rodr\u00edguez y Mar\u00eda Elizabeth Quintero [se] encuentran separados hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os [por tanto] ya no mantienen una convivencia [marital]\u00bb, y en cuanto a los hijos, \u00abes obvio que ya todos son mayores de edad (\u2026), en consecuencia, no existe el objeto por el cual se constituy\u00f3 el patrimonio de familia\u00bb, precisado que si bien en el inmueble resid\u00eda una menor de edad, lo cierto es que ella \u00abes hija de la se\u00f1ora Yeimy Alexandra Granados Quintero [y] nieta de las partes, frente a la [quien], de acuerdo a la prueba documental allegada al proceso no se observa que el beneficio se haya constituido en favor de los nietos\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, conforme lo anot\u00f3 el tribunal a-quo, en el asunto bajo examen, \u00abno se encuentra acreditado que los se\u00f1ores Mar\u00eda Elizabeth Quintero y Luis Alejandro Granados Rodr\u00edguez hayan declarado su uni\u00f3n marital de hecho, y que, como consecuencia de ella, haya sido reconocida la existencia de una sociedad patrimonial de hecho entre las partes, por lo que, en principio no existir\u00eda ninguna sociedad por liquidar\u00bb, sino una comunidad en la que cada uno \u00abes titular del 50% del inmueble, luego su derecho a la vivienda no est\u00e1 siendo afectado\u00bb, y que -adem\u00e1s de los constituyentes-, quienes fung\u00edan como beneficiarios, \u00abya son mayores de edad\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que cuando uno de los constituyentes no consiente el levantamiento del gravamen v\u00eda notarial, el otro est\u00e1 legitimado para solicitar la intervenci\u00f3n judicial de cara a dicho prop\u00f3sito; esto, porque si bien el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 70 de 1931 [modificado por la Ley 495 de 1990 y Decreto 2817 de 2016 -compilado en el Decreto 1069 de 2015-], dispone que el \u00abpatrimonio de familia, salvo que se diga lo contrario en el acto constitutivo, se considera establecido no s\u00f3lo a favor del beneficiario designado, sino de su c\u00f3nyuge y de los hijos que lleguen a tener\u00bb, el canon 29 ibidem prev\u00e9 que \u00abcuando todos los comuneros lleguen a la mayor\u00eda se extingue el patrimonio de familia y el bien que lo constituye queda sometido a las reglas del derecho com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
3.2. En este orden, los planteamientos contenidos en la providencia censurada se muestran ajustados a la normativa que rige la tem\u00e1tica, pues tras un suficiente debate, el accionado zanj\u00f3 la controversia jur\u00eddica, emergiendo de ello que las discrepancias nuevamente esbozadas por la all\u00ed demandada, demuestran que lo perseguido es hacer prevalecer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los hechos y del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio del fallador de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en tanto que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC7318-2023, 27 jul., rad. 00637-01, entre otras). <\/p>\n
Sobre el reparo en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala ha dicho constantemente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada, entre otras, en STC3437-2023, 13 abr., rad. 01235-00). <\/p>\n
En ese sentido, reit\u00e9rase que esta acci\u00f3n procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, comoquiera que este extraordinario remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC4631-2023, 17 may., rad. 00314-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, ya que la determinaci\u00f3n censurada a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga la aptitud para lesionar las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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