STC10626-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10626-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01099-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se deciden las impugnaciones formuladas por Luis Edison Pach\u00f3n Agudelo y Juan Carlos Mahecha C\u00e1rdenas frente al fallo proferido el pasado 13 de junio por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por el primero de los nombrados contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad y el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso y libertad personal, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales convocadas al disponer y materializar su captura a pesar de no existir condena en firme en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abDEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTO, la Sentencia del\u2026 6 de marzo de 2.023, proferida por el Juzgado [atacado]\u2026, y su segunda instancia[,] expedida el\u2026 8 de mayo de 2.023\u2026[,] por el\u2026 Tribunal [recriminado]\u2026, respecto de la decisi\u00f3n de ordenar [su] captura\u00bb; y \u00abORDENAR, al Juzgado\u2026[,] que [lo] deje en libertad\u2026 y emita un fallo en el que guarde congruencia y respete el car\u00e1cter inescindible del anuncio de sentido del fallo, del\u2026 7 de julio de 2.022, y la sentencia escrita del\u2026 6 de marzo de 2.023[,] en la decisi\u00f3n de la libertad del accionante, hasta tanto se produzca ejecutoria del mismo\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Relat\u00f3 el quejoso que en el juicio penal seguido en su contra por los delitos de cohecho propio en concurso heterog\u00e9neo con tr\u00e1fico de influencias, falsedad en documento privado y enriquecimiento il\u00edcito de particulares en concurso homog\u00e9neo y simult\u00e1neo con cohecho propio, el 7 de julio de 2022 el Juzgado convocado emiti\u00f3 sentido del fallo, de car\u00e1cter condenatorio para \u00e9l, el 6 de marzo de 2023 se dio lectura a la sentencia de primer grado, la que, el 8 de mayo siguiente, el Tribunal acusado confirm\u00f3 parcialmente. Determinaci\u00f3n frente a la que se interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual se halla en curso. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, el accionante se doli\u00f3 de que con fundamento en ello se le privara de la libertad, por cuanto al emitir el sentido del fallo, adujo, se estableci\u00f3 que mantendr\u00eda su autonom\u00eda personal hasta la ejecutoria de la sentencia condenatoria, sin que all\u00ed se hiciera una exposici\u00f3n motivada para proceder en forma contraria, como lo exige el canon 450 de la Ley 906 de 2004, por lo que los juzgadores, al dictar los fallos de instancia, disponiendo su retenci\u00f3n inmediata, incurrieron en incongruencia, siendo lo acertado mantenerlo en libertad hasta tanto quede en firme el veredicto final. <\/p>\n
LAS REPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El abogado Misael Eduardo Garz\u00f3n Barreto, quien dijo actuar \u00abcomo apoderado de la v\u00edctima reconocida Ecopetrol S.A.\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la salvaguarda sin allegar el poder especial conferido por esa sociedad para intervenir en este tr\u00e1mite en su representaci\u00f3n, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tienen cuenta. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Veintis\u00e9is Delegada ante los Jueces del Circuito Especializados defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones cuestionadas y deprec\u00f3 \u00abdenegar las pretensiones del accionante[,] como quiera que no ocurri\u00f3 violaci\u00f3n de derecho fundamental alguno en la privaci\u00f3n de la libertad del condenado Luis Edison [P]ach\u00f3n Agudelo\u00bb. <\/p>\n
3. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal por carencia de \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que\u2026 no ha incurrido en acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que conduzca a la vulneraci\u00f3n alegada por el actor\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abdentro de sus funciones administrativas ha dispuesto lo correspondiente de acuerdo a los lineamientos establecidos por parte del Juzgador dentro de la sentencia\u00bb, aunado a que, \u00aba la fecha[,] no existen pendientes por resolver al accionante, por parte de [ese] Centro de Servicios\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la capital de la Rep\u00fablica rog\u00f3 su exoneraci\u00f3n de cualquier responsabilidad porque \u00ab(i) la presunta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegados por el actor, en modo alguno se erige por hechos atribuibles a [ese] estrado judicial, mismo que\u2026, desde que recibi\u00f3 la actuaci\u00f3n[,] ha impartido tr\u00e1mite a la misma sin descuidarla en momento alguno; (ii) ya se adelant\u00f3 toda la etapa de juicio, se emiti\u00f3 sentido de fallo de car\u00e1cter condenatorio contra el precitado ciudadano, adicional a ello se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia condenatoria por las partes\u2026[,] EN EL EFECTO SUSPENSIVO, desconoci\u00e9ndose las razones por las que se expidi\u00f3 una orden de captura en su contra por parte del Centro de Servicios Judiciales sin haberse declarado la ejecutoria de la sentencia y (iii) la existencia de otros mecanismos ante el juez natural para entrar a ventilar su postulaci\u00f3n liberatoria\u00bb. <\/p>\n
5. El profesional del derecho, Juan Carlos Mahecha C\u00e1rdenas, quien refiri\u00f3 haber ejercido como apoderado de la defensa en la causa fustigada, enfatizando los argumentos del accionante, solicit\u00f3 acceder a su ruego constitucional. <\/p>\n
6. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales de\u2026 Pach\u00f3n Agudelo, debido a que su actuaci\u00f3n se limit\u00f3 a la expedici\u00f3n de la providencia del 8 de mayo de 2023, la que se adopt\u00f3 en derecho, en un plazo razonable y se presume acertada y legal\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que \u00aben el recurso de apelaci\u00f3n el accionante no expuso inconformidad con la decisi\u00f3n del despacho de primera instancia, relativa a la emisi\u00f3n de la orden de captura en su contra y es claro que el juzgado estaba habilitado para librarla cuando profiri\u00f3 la sentencia condenatoria que el tribunal confirm\u00f3 parcialmente\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda al encontrar ajustado al ordenamiento jur\u00eddico el proceder de las autoridades encausadas, comoquiera que \u00ab[e]l despacho le permiti\u00f3 al accionante continuar en libertad hasta la expedici\u00f3n del fallo condenatorio, lo cual sucedi\u00f3 el 6 de marzo de 2023, oportunidad en la cual, como era procedente, emiti\u00f3 la orden de captura para ejecutar la prisi\u00f3n en establecimiento carcelario impuesta\u00bb, de donde, \u00abtanto en el sentido del fallo, como en la sentencia, el juzgado actu\u00f3 legal y consecuentemente conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004\u00bb, el cual \u00abhabilita al juez a permitirle al procesado que no se halle detenido al momento de anuncio del sentido del fallo, que contin\u00fae en libertad \u00abhasta el momento de dictar sentencia\u00bb. O lo que es lo mismo, a suspender la expedici\u00f3n de la orden de captura hasta la emisi\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Las formularon el actor y el interviniente Juan Carlos Mahecha C\u00e1rdenas, insistiendo en sus planteamientos iniciales, en su orden, contenidos en la demanda de tutela y en la contestaci\u00f3n dada a la misma, agregando que lo determinado por el fallador supralegal de primer grado contrar\u00eda lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia T-082\/23, en la que, en su sentir, en un caso sim\u00e9trico al aqu\u00ed tratado, se accedi\u00f3 al reclamo tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. En este asunto, de los documentos obrantes en el expediente, advierte la Corte que el amparo incoado estaba llamado al fracaso, por lo cual debe confirmarse la determinaci\u00f3n impugnada, comoquiera que lo pretendido por el promotor es obtener su libertad, bajo el supuesto de que ilegalmente se le priv\u00f3 de ella, de donde es evidente que cuenta con otros mecanismos judiciales, id\u00f3neos y eficaces, para obtener tal cometido, los cuales debe agotar antes de acudir a este medio excepcional de protecci\u00f3n y no son otros que la solicitud directa, en aquel sentido, frente al juez natural de la causa penal, la cual no demostr\u00f3 haber efectuado, y en caso de resultarle adversa la decisi\u00f3n que all\u00ed se adopte, una vez agotados infructuosamente los recursos ordinarios procedentes respecto de la misma, podr\u00e1 acudir a la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del censor, se muestra incuestionable la configuraci\u00f3n de las causales de improcedencia que de este resguardo supralegal expresamente contemplan los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, a saber, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb o \u00ab[c]uando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus\u00bb. <\/p>\n
\u2026se advierte que el accionante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial para invocar la protecci\u00f3n del derecho fundamental que estima le fue vulnerado por las autoridades judiciales con las providencias que profirieron, como lo es la acci\u00f3n constitucional de h\u00e1beas corpus, la cual est\u00e1 prevista en la ley como un mecanismo de salvaguarda id\u00f3neo para proteger la garant\u00eda que por esta v\u00eda reclama. <\/p>\n
En efecto, como quiera que el reclamante pretende que a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, se ordene la libertad condicional que le fue negada por los falladores accionados, es plausible que puede acudir al referido mecanismo judicial conforme lo dispone el art\u00edculo 30 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que establece: \u201cquien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por s\u00ed o por interpuesta persona, el h\u00e1beas corpus\u201d. <\/p>\n
Resulta, entonces, ostensible, conforme lo concluy\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, que si el promotor del amparo considera que los juzgadores con las determinaciones proferidas, est\u00e1n prolongando ilegalmente la privaci\u00f3n de su libertad, \u2026debe acudir a la referida acci\u00f3n, medio judicial id\u00f3neo para propender la protecci\u00f3n aludida, adem\u00e1s porque el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 en su numeral 2\u00ba establece la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela cuando para proteger el derecho presuntamente vulnerado se pueda invocar el recurso de h\u00e1beas corpus (CSJ STC, 22 nov. 2012, rad. 2012-02302-01; reiterada en CSJ STC, 28 feb. 2014, rad. 2014-00185-01; y STC19000-2017, 16 nov., rad. 2017-01596-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en un caso que se muestra an\u00e1logo, cuyas conclusiones, mutatis mutandis, resultan extensivas al ac\u00e1 tratado, en el que, incluso, tambi\u00e9n se deprec\u00f3 la aplicaci\u00f3n del pronunciamiento T-082\/23 de la Corte Constitucional, para ratificar el despacho adverso de aquel ruego, in extenso, recientemente dej\u00f3 dicho esta Sala: <\/p>\n
2. En el presente caso el actor critica la decisi\u00f3n de 3 de diciembre de 2020, adicionada el 18 de diciembre de esas calendas, con la que la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal conden\u00f3 al promotor, y dispuso librar orden de captura para el cumplimiento inmediato de la pena impuesta; orden de aprehensi\u00f3n que considera incongruente, pues, en su sentir, en la audiencia de sentido de fallo se indic\u00f3 que continuar\u00eda en libertad hasta tanto el fallo quedara ejecutoriado, situaci\u00f3n que no ha ocurrido, comoquiera que, est\u00e1 en tr\u00e1mite de alzada. <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que el tr\u00e1mite est\u00e1 cursando la impugnaci\u00f3n especial formulada contra el fallo condenatorio ac\u00e1 censurado, el cual ingres\u00f3 al despacho por reparto el 4 de febrero de 2021, seg\u00fan se verifica en el sistema de gesti\u00f3n judicial; de ah\u00ed que cualquier tipo de reparo lo debe formular ante el fallador natural, incluso, lo de la aplicaci\u00f3n del precedente que por esta v\u00eda, deduce, debe emplearse en su caso. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En un asunto, en punto al principio de subsidiariedad, la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026al margen del problema jur\u00eddico planteado, como fue destacado por la Sala Hom\u00f3loga Penal, la improcedencia de la protecci\u00f3n deriva del incumplimiento del presupuesto que viene resalt\u00e1ndose, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, mientras el proceso penal en cuesti\u00f3n est\u00e9 activo, no es viable la intromisi\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
Ante la invariable posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n y del estudio de los hechos expuestos por el reclamante, se torna inviable el resguardo invocado, comoquiera que, al consultarse el historial del proceso\u2026, pudo verificarse que actualmente se encuentra surtiendo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya sustentaci\u00f3n fue presentada el 14 de agosto de 2018 y remitido a la Corte Suprema de Justicia el 22 siguiente (ff. 4 y 5, cd. Corte), por lo que ser\u00e1 la Sala de Casaci\u00f3n Penal la que inspeccione los contornos y el fondo del debate, an\u00e1lisis que involucra incluso las prerrogativas que alega vulneradas el actor en relaci\u00f3n con la falta de defensa t\u00e9cnica y el puntual reparo de no haber sido citado a las audiencias realizadas. <\/p>\n
Y es que el alcance y finalidad del examen que en sede de casaci\u00f3n penal se ejecuta, implica tambi\u00e9n un escrutinio del cumplimiento de garant\u00edas procesales y derechos fundamentales al interior de la causa y un estudio exhaustivo e integral de lo sometido a revisi\u00f3n. Sobre este medio de control, en materia penal, la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u00abY respecto al recurso de casaci\u00f3n, recu\u00e9rdese que la ley adjetiva penal le tiene asignada como finalidad la efectividad del derecho material, entre otras, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes y la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos\u00bb (CSJ, STP17202-2014, 16 dic. 2014, rad. 77387). <\/p>\n
Y en otro pronunciamiento, esta Sala al resolver una demanda de tutela de perfiles id\u00e9nticos resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00abTal realidad descarta por completo la acci\u00f3n constitucional, toda vez que la Corte al resolver el recurso podr\u00e1 estudiar, si existe o no violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales, siendo \u00e9ste el mecanismo id\u00f3neo de defensa judicial, e impide que la Sala emita cualquier pronunciamiento sobre la legalidad de las decisiones adoptadas en dicho fallo, so pena de incurrir en manifestaciones de prejuzgamiento, que m\u00e1s adelante podr\u00edan constituir motivos de recusaci\u00f3n o impedimento. <\/p>\n
Ello, por cuanto de conformidad con el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la casaci\u00f3n tiene por fines \u201cla efectividad del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia\u201d. <\/p>\n
Si lo anterior es as\u00ed, surge clara la improcedencia del amparo en tanto no constituye un mecanismo alternativo o supletorio al que las partes puedan acudir el ejercicio de sus derechos. (\u2026)\u00bb (CSJ. Sentencia 4 may. 2010, Rad. T-47710) (Negrillas fuera de texto) (CSJ, STC12182-2018, 19 sep, rad. 2018-01324). <\/p>\n
4. A lo anterior debe agregarse que, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como irregular. <\/p>\n
5. Aunado a lo anterior, la salvaguarda tambi\u00e9n incumple el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que, acorde con lo acreditado en este tr\u00e1mite, el pedimento dirigido a conservar la libertad hasta que el fallo condenatorio cobre ejecutoria a\u00fan no ha sido planteado ante el funcionario de conocimiento del asunto, menos la aplicaci\u00f3n del mencionado precedente, autoridad a quien legalmente compete hacer un pronunciamiento al respecto, por lo que el presente ruego tuitivo se torna inviable, dado que al juez constitucional le est\u00e1 vedado usurpar atribuciones que el legislador defiri\u00f3 al fallador ordinario. <\/p>\n
6. Finalmente, al margen de lo expuesto anteriormente, debe precisarse que respecto a la solicitud de aplicaci\u00f3n del precedente invocado por el actor en un caso en que la Corte Constitucional concedi\u00f3 la salvaguarda por falta de congruencia entre lo dicho en el sentido del fallo y la sentencia emitida (T-082 de 2023), basta se\u00f1alar que las determinaciones all\u00ed adoptadas son \u00abinter partes [y] que no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01); destacando que los supuestos f\u00e1cticos all\u00e1 auscultados son diferentes a los ahora planteados. <\/p>\n
7. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado, pero por las razones ac\u00e1 expuestas (CSJ STC7506-2023, 2 ag., rad. 2023-01077-01). <\/p>\n
3. Lo as\u00ed considerado exige ratificar el veredicto del a-quo constitucional, pero solamente por las razones aqu\u00ed consignadas. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese este fallo a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de las presentes impugnaciones, las cuales concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 6 de septiembre, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a la Secretar\u00eda de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 11 de septiembre de 2023, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 al d\u00eda siguiente y el 13 posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10626-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10626-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01099-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se deciden las impugnaciones formuladas por Luis Edison Pach\u00f3n Agudelo y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76058","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76058","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76058"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76058\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76058"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76058"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76058"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}