STC10627-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10627-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03615-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes reconocidas en el ejecutivo rad. n.\u00b0 2017-00128. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica accionante, obrando por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que estima vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Dijo que la empresa Salud y Vida con Calidad S.A.S. formul\u00f3, ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, demanda ejecutiva en contra suya y de la Cl\u00ednica Santiago de Cali S.A.S. \u00aben virtud de los servicios de salud prestados en raz\u00f3n del contrato suscrito con esta \u00faltima\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que con auto de 10 de noviembre de 2015 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se abstuvo de librar mandamiento de pago; decisi\u00f3n ratificada por el Consejo de Estado el 11 de abril del a\u00f1o siguiente. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que las facturas que sirvieron de soporte al anterior proceso, fueron endosadas a Anderson Gaminara Angulo, quien promovi\u00f3 el compulsivo 2017-00128 buscando el recaudo de dichos t\u00edtulos valores. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 8 de febrero de 2022 se libr\u00f3 mandamiento de pago por el importe total de los documentos de cobro y que, agotado el tr\u00e1mite procesal de rigor, el 30 de noviembre siguiente el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla dict\u00f3 fallo anticipado de car\u00e1cter estimatorio. <\/p>\n
Relat\u00f3 que contra la anterior determinaci\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n aduciendo la falta de solidaridad y la cosa juzgada en tanto que el asunto fue definido por la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, pero que el pasado 26 de mayo, el Tribunal Superior de Barranquilla confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo. <\/p>\n
3. La gestora acus\u00f3 el fallo de segundo grado de adolecer de \u00abdefecto sustantivo [sic]\u2026 por no declarar la falta de solidaridad\u00bb puesto que realiz\u00f3 una \u00abinterpretaci\u00f3n irracional, caprichosa, arbitraria y subjetiva del contenido de los contratos 023 y 024[,] por la raz\u00f3n que dichos contratos no autorizaban la subcontrataci\u00f3n con terceros de las obligaciones en ellas contenidas\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se quej\u00f3 de la lesi\u00f3n al debido proceso por \u00abno reconocer la cosa juzgada\u00bb. En punto de este t\u00f3pico resalt\u00f3 que \u00ab(\u2026) la decisi\u00f3n del tribunal contencioso le puso fin al proceso, y con ello, se hab\u00eda configurado la cosa juzgada para la relaci\u00f3n jur\u00eddica objeto de este proceso. El expediente completo de la decisi\u00f3n emitida por el Consejo de Estado fue aportado en su debido momento al Juzgado 13 Civil Circuito de Barranquilla, y debi\u00f3 el Tribunal Superior de Barranquilla hacer un estudio del mismo, que no podr\u00eda llevar a otra conclusi\u00f3n que declarar la cosa juzgada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3 remover los efectos del prove\u00eddo cuestionado. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada se opuso a la prosperidad del resguardo por cuanto \u00abla conclusi\u00f3n a la que se lleg\u00f3 por parte de la Sala no fue caprichosa ni mucho menos arbitraria, sino est\u00e1 fundamentada en los elementos probatorios obrantes en el plenario, los cuales fueron interpretados de forma razonable sin desnaturalizar el contenido de los mismos\u00bb de all\u00ed que la decisi\u00f3n se hubiera ajustado \u00aba las normas aplicables al caso y los precedentes jurisprudenciales\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Trece Civil del Circuito de Barranquilla, luego de hacer un breve recuento de la actividad procesal, adujo que \u00abno se observa irregularidad en la actuaci\u00f3n de este despacho judicial, pues se ha actuado correctamente, acatado las \u00f3rdenes del superior en decisiones legalmente proferidas, que si bien no coincid\u00edan con las inicialmente tomadas por este operador, se acataron en su totalidad garantizando los principios de la buena y recta administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
3. Por conducto de apoderado, Anderson Gaminara Angulo pidi\u00f3 declarar improcedente el ruego dado que lo pretendido por la persona jur\u00eddica accionante es \u00abreabrir etapas procesales\u2026 que ya se encuentran debidamente resueltas\u2026 en el desarrollo del proceso, con una sentencia que ya est\u00e1 ejecutoriada, siendo esta inmutable, vinculante y definitiva\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si el Tribunal Superior de Barranquilla vulner\u00f3, al interior del ejecutivo 2017-00128, las garant\u00edas fundamentales del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia al confirmar el fallo estimatorio proferido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de aquella ciudad dado que, a su juicio, tal decisi\u00f3n adolece de \u00abdefecto sustantivo [sic]\u00bb pues se efectu\u00f3 una \u00abinterpretaci\u00f3n irracional, caprichosa, arbitraria y subjetiva del contenido\u00bb de las pruebas aportadas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. La razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se sustent\u00f3 la presente queja, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, se desestimar\u00e1 el resguardo deprecado al no evidenciarse la vulneraci\u00f3n alegada, pues la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura se aprecia coherente, razonable, motivada y fundada tanto en las disposiciones legales aplicables como en las pruebas practicadas. <\/p>\n
En efecto, como se advirti\u00f3, el objeto de la alzada interpuesta por la persona jur\u00eddica accionante gravit\u00f3, como en esta oportunidad, alrededor de dos situaciones puntuales: la primera, que debi\u00f3 declararse la falta de solidaridad y, la segunda, que debi\u00f3 haberse tenido como acreditada la existencia de cosa juzgada; por ello, la colegiatura accionada formul\u00f3 los siguientes problemas jur\u00eddicos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 1. \u00bfSe estructuran los presupuestos para seguir delante la ejecuci\u00f3n en contra de la parte ejecutada? <\/p>\n
2. \u00bfSe encuentran reunidos los requisitos para predicar la solidaridad de la sociedad ejecutada Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia? <\/p>\n
3. \u00bfSe re\u00fanen los requisitos para predicar la cosa juzgada? (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Seguidamente, previo a adentrarse en la resoluci\u00f3n de tales t\u00f3picos, record\u00f3 que en el caso particular se adujeron, como t\u00edtulo complejo, los siguientes documentos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) I) El contrato de prestaci\u00f3n de servicios de salud No. 023 del 2013, suscritos entre el Fondo de Pasivos Social de Ferrocarriles de Colombia y la sociedad Cl\u00ednica Santiago de Cali S.A. <\/p>\n
II) El contrato de prestaci\u00f3n de servicios de salud No. 024 del 2013, suscritos entre el Fondo de Pasivos Social de Ferrocarriles de Colombia y sociedad Cl\u00ednica Santiago de Cali S.A. <\/p>\n
III) Contrato de Prestaci\u00f3n de Servicios de Salud de fecha 1 de marzo de 2013 suscrito entre Sociedad Cl\u00ednica Santiago de Cali S.A y Salud y Vida con Calidad S.A.S. <\/p>\n
V) Las facturas de venta emitidas por la entidad Salud y Vida con Calidad S.A.S. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, dentro de apelaci\u00f3n de auto, se acompa\u00f1\u00f3 el <\/p>\n
contrato de cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos celebrado entre Salud y Vida con <\/p>\n
Calidad S.A.S. y Anderson Gaminara Angulo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, sobre la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada, realiz\u00f3 las siguientes consideraciones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien es cierto, usualmente la cosa juzgada tiene su origen en una sentencia, no menos cierto es que no siempre los procesos judiciales concluyen con este tipo de providencias. Cabe precisar que existen otro tipo de decisiones que implican que el proceso termine antes y sin sentencia, verbigracia, las providencias que reconocen la conciliaci\u00f3n, la transacci\u00f3n, el desistimiento, las cuales, tendr\u00edan los mismos efectos. <\/p>\n
(\u2026) para que opere la instituci\u00f3n de cosa juzgada en la situaci\u00f3n descrita, debe encontrarse integrado el contradictorio, es decir que, al proceso ha debido concurrir el extremo pasivo y no solo la parte demandante. Cabe advertir que la hip\u00f3tesis que describe el tratadista deviene de la revocatoria del mandamiento de pago, previa interposici\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n por parte de la parte ejecutada y no de la negativa inicial de librar la orden de pago por parte del juez. Lo anterior cobra sentido si se tiene de presente que, para tener por configurada la cosa juzga debe existir identidad de partes, es decir que, al proceso han debido concurrir los mismos sujetos que resultaron vinculados y obligados por la decisi\u00f3n, lo cual no ocurre si no se encuentra integrado el contradictorio. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, se puede afirmar que la simple negativa de mandamiento de pago, sin que medie la intervenci\u00f3n del extremo pasivo no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, como quiera que no se encontrar\u00eda configurado uno de los requisitos que exige su materializaci\u00f3n, como lo es la identidad jur\u00eddica de las partes que intervienen en uno y otro proceso. De esta forma, se requer\u00eda la integraci\u00f3n del contradictorio para tener por acreditada la figura de la cosa juzgada. Se insiste que es el auto que revoca el mandamiento de pago y no el que lo niega el que hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, toda vez que en este \u00faltimo supuesto a\u00fan no se ha integrado el contradictorio. Cabe aclarar que el presupuesto de identidad de partes no hace referencia exclusivamente a que se trate de los mismos sujetos procesales o sus causahabientes, sino que efectivamente \u00e9stos hayan adquirido la calidad de partes al interior del proceso en el que se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n, lo cual, materialmente solo se produce una vez se encuentra integrado el contradictorio. <\/p>\n
Si bien es cierto, la calidad de parte en sentido restringido se determina con la presentaci\u00f3n de la demanda, porque ser\u00e1 la parte demandante quien la promueve y la demandada aquella contra quien se dirige, materialmente el extremo pasivo solo adquiere esa condici\u00f3n una vez se vincula formalmente al proceso, es decir una vez se le notifica el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo, lo cual no ocurri\u00f3 en el tr\u00e1mite inicial. <\/p>\n
(\u2026) al momento en que se niega el mandamiento de pago por parte del juez, aun no se encuentra materialmente integrado el contradictorio, por lo cual, materialmente no se tendr\u00eda la calidad de parte, as\u00ed que una providencia inicial o antes de notificarle no tiene la virtualidad de desatar o resolver el conflicto entre ellas y mucho menos har\u00eda tr\u00e1nsito a cosa juzgada material. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, frente a la existencia o no de la solidaridad entre la ejecutada -aqu\u00ed accionante- y la Cl\u00ednica Santiago de Cali S.A.S. indic\u00f3, al amparo de las disposiciones legales que gobiernan el tema y del precedente jurisprudencial aplicable (SC15.32-2017, 22 sept.), que: <\/p>\n
En caso de la obligaci\u00f3n de pago por parte de la Administradora del R\u00e9gimen Subsidiado (ARS) y la Entidad Promotora de Salud (EPS), resulta necesario traer a colaci\u00f3n el Decreto 50 de 2003, \u201c\u2026Por medio del cual se adoptan unas medidas para optimizar el flujo financiero de los recursos del R\u00e9gimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2026y otros aspectos relacionados con el manejo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud\u2026\u201d. El art\u00edculo 41 de la disposici\u00f3n referida establece que \u201c\u2026 Ser\u00e1 solidariamente responsable la Administradora del R\u00e9gimen Subsidiado (ARS) y la Entidad Promotora de Salud (EPS) de los incumplimientos en que incurra la entidad que adelant\u00f3 la subcontrataci\u00f3n, cuando haya sido autorizada para el efecto\u2026\u201d, no hay duda que, la entidad responsable de la prestaci\u00f3n de los servicios de salud, en el marco del R\u00e9gimen de Seguridad Social en Salud, que contrate con otra empresa la prestaci\u00f3n efectiva del servicio a sus usuarios y la autorice a su vez para subcontratar con terceros el suministro de los mismos, ser\u00e1 solidariamente responsable del pago de los servicios correspondientes. <\/p>\n
De esta forma, la Administradora del R\u00e9gimen Subsidiado (ARS) responder\u00e1 solidariamente por cuenta de los incumplimientos en los que incurra la Entidad Promotora de Salud (EPS) frente al subcontratista, siempre que la primera haya autorizada la subcontrataci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) para que la Administradora del R\u00e9gimen Subsidiado (ARS) responder\u00e1 solidariamente por el incumplimiento en el que incurri\u00f3 la entidad que subcontrat\u00f3, aquella ha debido autorizar dicha subcontrataci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Partiendo de los anteriores presupuestos, procedi\u00f3 a examinar el material probatorio aportado, principalmente los \u00abcontratos Nro. 023 y 024 de febrero de 2013 suscritos entre el Fondo\u2026 y la Sociedad Cl\u00ednica\u00bb y el acuerdo de voluntades signado entre \u00e9sta \u00faltima persona jur\u00eddica -como subcontratante del Fondo- y \u00abSalud y Vida con Calidad S.A.S.\u00bb, consistente en un \u00abcontrato de prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos a los usuarios del SGSSS a cargo del\u2026 Fondo\u00bb, e indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Al examinar el contrato de prestaci\u00f3n de servicios de salud Nro. 023 del 2013 suscritos entre el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia y Sociedad Cl\u00ednica Santiago de Cali s.a. y el Contrato de prestaci\u00f3n de servicios de salud Nro. 024 del 2013 suscritos entre el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia y Sociedad Cl\u00ednica Santiago de Cali s.a., la Sala advierte que al interior de estos se otorg\u00f3 por parte de la ejecutada la facultada para subcontratar. As\u00ed, por ejemplo, en la cl\u00e1usula 5\u00b0 de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios de salud Nro. 023 y 024 del 2013, se dispuso que, para cumplir con el objeto contractual, el contratista, deb\u00eda cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones: <\/p>\n
h. Cumplir con las obligaciones contractuales que asuma con sus subcontratistas y proveedores en forma oportuna de manera tal que los servicios no sufran afectaci\u00f3n. <\/p>\n
r. Pagar oportunamente a su subcontratista y dem\u00e1s proveedores vinculados a la prestaci\u00f3n de los Servicios Integrales de salud las obligaciones y dem\u00e1s compromisos que adquieran con ocasi\u00f3n del cumplimiento del presente contrato. <\/p>\n
u. en los casos en los que se presenten deficiencias en el desarrollo del contrato por estimaci\u00f3n defectuosa o demoras en la prestaci\u00f3n del servicio integral de salud por causa del personal contratado o subcontratado, correr\u00e1n por cuenta y riesgo de El Contratista los recursos que este deber\u00e1 adicionar para cumplir a cabalidad lo establecido para la ejecuci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
(\u2026) Las anteriores disposiciones claramente evidencian la autorizaci\u00f3n por parte del Fondo para subcontratar la prestaci\u00f3n de servicios de salud por parte de la entidad Sociedad Cl\u00ednica Santiago de Cali S.A. <\/p>\n
Ahora bien, la parte ejecutada alega que no se concedi\u00f3 expresa facultad para subcontratar, alegando la aplicaci\u00f3n de la cl\u00e1usula 5.2.1 y la cl\u00e1usula d\u00e9cimo sexta del contrato 024 (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) Las disposiciones referidas no consagran en s\u00ed misma la prohibici\u00f3n de subcontratar, sino la limitaci\u00f3n para hacerlo bajo la modalidad de capitaci\u00f3n y subcapitaci\u00f3n, sin que se encuentra acreditado que las obligaciones que se ejecutan en el presente caso deriven de una subcontrataci\u00f3n bajo esta modalidad. As\u00ed, no puede entenderse que la proscripci\u00f3n de la facultad para subcontratar bajo la modalidad descrita se ampl\u00ede para todo tipo de modalidades. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la cl\u00e1usula de indemnidad, la Sala debe precisar que \u00e9sta en s\u00ed mismo no conduce una prohibici\u00f3n de subcontrataci\u00f3n, por el contrario, al interior del ella se ratifica esa facultad al hacerse referencia expresa a \u201csus subcontratistas\u201d. Aunado a ello, la Sala debe precisar que la cl\u00e1usula de indemnidad consagrada no impide el nacimiento de la obligaci\u00f3n solidaria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo visto, para esta Sala la providencia emanada del Tribunal Superior de Barranquilla no adolece del yerro atribuido, descart\u00e1ndose el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, habida consideraci\u00f3n que encuentra sustento no solo en las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto y en el precedente jurisprudencial aplicable, sino tambi\u00e9n en un an\u00e1lisis juicioso de los elementos demostrativos acopiados. <\/p>\n
No se evidencia, pues, la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales dado que la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada porque la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y lo pretendido por la gestora es hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las disposiciones legales y jurisprudencia aplicable, as\u00ed como de las pruebas acopiadas, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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