STC10629-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10629-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Freddy Leonardo G\u00f3mez Jaramillo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-00028 (rad. Interno Corte 56369). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, en su calidad de Juez Promiscuo Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Apartad\u00f3, fue procesado por los delitos de \u00ababuso de funci\u00f3n p\u00fablica y concusi\u00f3n\u00bb, causa judicial que adelant\u00f3 en primera instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, corporaci\u00f3n que, el 2 de septiembre de 2019 profiri\u00f3 sentencia conden\u00e1ndolo por el primero de los punibles en menci\u00f3n y absolvi\u00e9ndolo del segundo, lo que supuso la imposici\u00f3n de una pena de 21 meses de prisi\u00f3n con la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria; decisi\u00f3n que apelaron su defensa y el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
Relata que, mediante sentencia del 9 de febrero de 2022, la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 en su integridad la del tribunal a quo. <\/p>\n
Refiere que, contra este \u00faltimo fallo, su defensa interpuso recurso de casaci\u00f3n, sin embargo, la Sala Especializada con auto del 21 de julio de 2022 rechaz\u00f3 dicho recurso por ser improcedente contra los veredictos que esa Sala dicta actuando como juez de segunda instancia (decisi\u00f3n que mantuvo al resolver la reposici\u00f3n el 15 de noviembre de 2022 \u2013 notificada el 8 de marzo de 2023). <\/p>\n
Es concreto en precisar que, la presente salvaguarda est\u00e1 dirigida a cuestionar las \u00faltimas determinaciones rese\u00f1adas, esto es, las que rechazaron el remedio extraordinario contra el fallo de segunda instancia emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, la Sala de Casaci\u00f3n Civil en sede de tutela, ha se\u00f1alado que la casaci\u00f3n tiene cabida tras agotarse la impugnaci\u00f3n especial (STC1008-2021; STC16778-2019; STC1048-2021 entre otras) y aduce que, \u00ablas razones que justifican la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n en el curso de la impugnaci\u00f3n especial, son las mismas que aplican frente a la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n en relaci\u00f3n a las sentencias proferidas en segunda instancia por la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb, lo cual, asevera, debe ajustarse por analog\u00eda. <\/p>\n
Critica tambi\u00e9n que, pese a que formul\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, y aun sin definirse su concesi\u00f3n, es decir, sin encontrarse en firme la providencia de segunda instancia, el Tribunal Superior de Antioquia emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n 123 de 5 de mayo de 2022 por medio de la cual se lo declar\u00f3 insubsistente del nombramiento como juez de la Rep\u00fablica por inhabilidad sobreviniente. <\/p>\n
Sostiene que la postura de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de rechazar el remedio extraordinario frente al fallo que dicta como juez de segundo grado, constituye una v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, pues, los argumentos que la soportan son \u00fanicamente \u00abde naturaleza org\u00e1nica o procedimental y no pueden representar u ostentar un mayor peso o entidad que los argumentos sustanciales representados en la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
En contraposici\u00f3n a lo anterior, alude, est\u00e1n los argumentos orientados a la viabilidad del recurso en esos eventos, pues entienden que \u00aba) negar la casaci\u00f3n para el accionante representa una infracci\u00f3n a los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia; b) negar la posibilidad del recurso extraordinario representa la ausencia de control frente a las sentencias condenatorias de segunda instancia asumi\u00e9ndose la infalibilidad de los jueces; c) los argumentos en contra del derecho de casaci\u00f3n son de naturaleza org\u00e1nica o procedimental y desconocen el in dubio pro persona y la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo\u00bb. <\/p>\n
Arguye adem\u00e1s que, existe un claro trato diferencial entre los ciudadanos no aforados y los funcionarios se\u00f1alados en el art\u00edculo 34 ley 906 de 2004, que no tiene justificaci\u00f3n y que, \u00abla condici\u00f3n de ser funcionarios no es una raz\u00f3n suficiente para otorgar un tratamiento diverso con relaci\u00f3n a los no aforados, lo que finalmente representa la disminuci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de aquellos\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, indica que, el canon 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, ley 906 de 2004, se\u00f1ala que la casaci\u00f3n procede \u00abcontra todas las sentencias de segunda instancia\u00bb, distinto a lo consagrado en el c\u00f3digo de la ley 600 de 2000, por ello, \u00abel prop\u00f3sito del nuevo r\u00e9gimen era extender el \u00e1mbito de ejercicio del recurso extraordinario. As\u00ed lo interpret\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2014. De esta manera, toda interpretaci\u00f3n del r\u00e9gimen procesal que represente una restricci\u00f3n de derechos o garant\u00edas, solo le corresponde hacerla al legislador en ejercicio de su potestad de configuraci\u00f3n legislativa\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que, \u00ab(\u2026) se admita el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, interpuesto y sustentado oportunamente, con fundamento en los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos expuestos en esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Una magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia relacion\u00f3 lo acontecido en el juicio penal que se sigui\u00f3 contra G\u00f3mez Jaramillo, en el que dict\u00f3, el 2 de septiembre de 2019, sentencia condenatoria por el delito de \u00ababuso de la funci\u00f3n p\u00fablica\u00bb imponi\u00e9ndole una pena de 21 meses de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 80 meses. <\/p>\n
2. El Magistrado ponente de la decisi\u00f3n recriminada, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal explic\u00f3 que, el fundamento para negar la casaci\u00f3n contra los fallos que como juez de segunda instancia emite esa Sala es que, \u00aben el marco del ordenamiento jur\u00eddico interno no existen disposiciones o preceptos constitucionales o legales para establecer la procedencia de recursos contra esa decisi\u00f3n que afectan la cosa juzgada y la seguridad jur\u00eddica que emana de esta [\u2026] como as\u00ed lo ratific\u00f3 en los autos AP767-2021 y AP5097-2021\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las garant\u00edas supralegales invocadas por el quejoso al rechazar el recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia de segunda instancia \u2013 proferida por la misma Sala Especializada \u2013 dentro del proceso penal (rad. 2016-00028 \u2013 Interno Corte: 56369) confirmatoria de la condena a 21 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00ababuso de la funci\u00f3n p\u00fablica\u00bb en su calidad de juez de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Como la queja constitucional apunta esencialmente al hecho de haberse rechazado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de segunda instancia \u2013 dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 9 de febrero de 2022 \u2013 al interior de la causa penal que se le adelant\u00f3 al aqu\u00ed actor; el an\u00e1lisis de esta Sala se circunscribir\u00e1 a los pronunciamientos que abordaron dicha postulaci\u00f3n, esto es, el auto AP3252-2022 de 21 de julio de 2022 y el AP5368-2022 de 15 de noviembre de 2022 que confirm\u00f3 el anterior \u2013, escenario que concentr\u00f3 la controversia que ahora se replica por esta senda excepcional. <\/p>\n
3.2. Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al ad quem accionado para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la postura de la accionada no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores del actor. <\/p>\n
3.2.1. En ese contexto, la defensa del tutelante, adem\u00e1s de los argumentos de \u00edndole constitucional, expuso el normativo procesal, para lo cual destac\u00f3 que el art\u00edculo 181 de la ley 906 de 2004 no hace ninguna distinci\u00f3n espec\u00edfica en relaci\u00f3n con el recurso de casaci\u00f3n, ya que solo indica que procede contra \u00ablas sentencias dictadas en segunda instancia\u00bb, lo que permitir\u00eda entender que no habr\u00eda lugar a restringir su interpretaci\u00f3n respecto de las sentencias dictadas en ese grado de conocimiento por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Sin embargo, la accionada en ese sentido precis\u00f3 que, es menester que dicha normativa y el r\u00e9gimen regulatorio de ese remedio extraordinario, se lean sistem\u00e1ticamente, ya que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ese enunciado encuentra limitaciones en el hecho de que, en el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, se advierte que el \u00abrecurso se interpondr\u00e1 ante el Tribunal dentro de los cinco d\u00edas siguientes\u00bb, y luego de cumplido el tr\u00e1mite de sustentaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 184 del mismo estatuto, la \u00abdemanda se remitir\u00e1 junto con los antecedentes necesarios a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte\u00bb, lo cual significa que el recurso extraordinario procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales y no contra las de la Corte Suprema de Justicia cuando act\u00faa como juez en segunda instancia. De manera que a partir del contexto y no desde la literalidad de las disposiciones jur\u00eddicas, la idea de que el recurso de casaci\u00f3n procede contra todas las sentencias de segunda instancia, incluidas las dictadas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, es inadmisible\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, agreg\u00f3 que, los recursos de esta Corporaci\u00f3n est\u00e1n dise\u00f1ados por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de conformidad con el canon 235, siendo por esencia la Corte Suprema de Justicia un Tribunal de Casaci\u00f3n, luego, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en ese entendido, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal le corresponde garantizar el derecho a la impugnaci\u00f3n especial y a la doble instancia, m\u00e1s no le est\u00e1 permitido extender la posibilidad de resolver recursos no previstos constitucional y legalmente contra sus propias decisiones\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, recalc\u00f3 que esa Sala ya hab\u00eda tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el particular en el prove\u00eddo AP2299 de 16 de septiembre de 2020, para concluir que, <\/p>\n
\u00ablo expuesto reafirma que el dise\u00f1o constitucional de los recursos judiciales no autoriza el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra sentencias de segunda instancia proferidas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en las que no est\u00e1 de por medio la garant\u00eda de la doble conformidad\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. En el auto de 15 de noviembre de 2022 \u2013 que desat\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto frente a la anterior determinaci\u00f3n \u2013, la Sala accionada aclar\u00f3 que, no obstante que la Sala de Casaci\u00f3n Civil, en sede de tutela, defendi\u00f3 la tesis de la procedencia de la casaci\u00f3n contra las sentencias que resuelven la impugnaci\u00f3n especial (seg\u00fan lo aleg\u00f3 el recurrente), resalt\u00f3 que, aquellas decisiones de tutela fueron revocadas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tras considerar que no existe en el ordenamiento jur\u00eddico ninguna norma que autorice el recurso de casaci\u00f3n contra decisiones dictadas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de sus otras competencias, como es el caso de las sentencias proferidas en sede de segunda instancia. <\/p>\n
Por citar un ejemplo, en el fallo de tutela CSJ STL4038- 2021, que revoc\u00f3 el STC1008-2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral explic\u00f3 que en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y el Acto Legislativo 01 de 2018 que modific\u00f3 la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia no se plante\u00f3 la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a las decisiones que adopte la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el marco de la impugnaci\u00f3n especial, o como juez de segunda instancia\u00bb. Subrayas fuera de texto. <\/p>\n
Seguidamente a\u00f1adi\u00f3 que, no se trata de una discusi\u00f3n novedosa, que no sufri\u00f3 variaci\u00f3n alguna con la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2018 y que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [t]ampoco se ha promulgado ninguna otra norma que autorice a la Corte a revisar, por virtud del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sus propias sentencias. De ah\u00ed que la postura que sobre el particular ha venido sosteniendo la jurisprudencia conserva plena vigencia. As\u00ed, por ejemplo, en el auto CSJ AP, 10 nov. 2004, rad. 16023, se dijo: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, si no es procedente el recurso ordinario de apelaci\u00f3n, con mayor raz\u00f3n resulta desatinada la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual, en su modalidad com\u00fan solamente es viable, contra las sentencias proferidas por el Tribunal Nacional, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en segunda instancia, por los delitos que tengan se\u00f1alada pena privativa de la libertad cuyo m\u00e1ximo sea o exceda de seis (6) a\u00f1os, a\u00fan cuando la sanci\u00f3n impuesta haya sido una medida de seguridad’. (Inciso 1o. Art. 218 C de P. P., reformado por la ley 81 de 1993). <\/p>\n
No es que se est\u00e9 interpretando esta norma de manera restrictiva, es que siendo la casaci\u00f3n un recurso extraordinario, los fallos contra los cuales procede est\u00e1n previstos de manera taxativa, y por la propia naturaleza del derecho procesal, no es posible, so pretexto de una interpretaci\u00f3n extensiva, pretender aplicarlo contra decisiones que la ley no ha se\u00f1alado. Los recurrentes desconocen este elemental principio al afirmar que, ‘…si bien es cierto que no contempla las sentencias proferidas en \u00fanica instancia, tampoco existe prohibici\u00f3n expresa en tal sentido, \u201cy lo que no est\u00e1 prohibido por la ley est\u00e1 permitido\u201d <\/p>\n
Estas mismas consideraciones se pueden corroborar, incluso, en pronunciamientos m\u00e1s recientes, como el auto AP5097-2021 en el que la Sala neg\u00f3 por improcedente el recurso de casaci\u00f3n promovido contra la sentencia de segunda instancia proferida por esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n reprochada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela; as\u00ed lo ha indicado en precedencia esta Sala, puntualizando que no ser\u00e1 viable la injerencia de esta justicia excepcional, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015 y STC1496-2016). <\/p>\n
De otro lado, se ha dicho que no resulta viable acudir a esta senda tutelar con el \u00fanico prop\u00f3sito de hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n de la normativa aplicable o del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento del juzgador; al respecto, se ha expuesto de forma reiterada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01); <\/p>\n
Adicionalmente, en ese mismo sentido, se ha resaltado que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. rad. 00052-01). <\/p>\n
Ahora, el que el gestor del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00; STC1558-2015 y STC4705-2016, 13 abr. rad. 00077-01). <\/p>\n
Y es que, m\u00e1s all\u00e1 de la diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Sala Especializada accionada apreci\u00f3 la discusi\u00f3n propuesta, observa la Corte que en realidad lo que hace el actor, por intermedio de sus apoderados, es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo en ese escenario; es decir, lo que contienen sus argumentos es un recurso, utilizando la tutela como una instancia adicional, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada, no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por el accionante es anteponer su propio criterio al de la Sala Especializada convocada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10629-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10629-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Freddy Leonardo G\u00f3mez Jaramillo contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76061","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76061","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76061"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76061\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76061"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76061"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76061"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}