STC10630-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10630-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01527-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 10 de agosto de 2023, que neg\u00f3 la tutela de Juan Carlos Torres Le\u00f3n frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2019-80135. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, el 5 de mayo de 2020, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia lo conden\u00f3 a la pena de 128 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado\u00bb (proceso radicado n\u00ba 2019-80135), sentencia que su defensa apel\u00f3. <\/p>\n
Sin embargo, cuestion\u00f3 que, a la fecha de la interposici\u00f3n del presente amparo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia no ha proferido la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, la se\u00f1alada mora judicial transgrede sus derechos fundamentales dado que se encuentra recluido en establecimiento penitenciario desde el 11 de noviembre de 2019. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que, ya van m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os sin que se resuelva la apelaci\u00f3n y que durante dicho interregno elev\u00f3 varias peticiones al despacho del magistrado Plinio Mendieta Pacheco, encargado de la ponencia, recibiendo siempre la misma respuesta, \u00abque est\u00e1 congestionado de trabajo\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, se ordene a la corporaci\u00f3n accionada se pronuncie \u00ablo m\u00e1s pronto posible [\u2026] frente a la apelaci\u00f3n que se interpuso, la cual lleva como finalidad: rebaja de pena o beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La magistrada Isabel \u00c1lvarez Fern\u00e1ndez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, a cargo de la ponencia del recurso de apelaci\u00f3n cuya resoluci\u00f3n aqu\u00ed se reclama indic\u00f3 que, reci\u00e9n desde el 10 de abril de 2023 asumi\u00f3 el despacho que dej\u00f3 tras su renuncia el exmagistrado Plinio Mendieta Pacheco, el cual ha sido objeto de varias medidas de descongesti\u00f3n entre ellas, una redistribuci\u00f3n de expedientes entre los 13 despachos penales del Tribunal Superior de Medell\u00edn y 2 del Tribunal de Antioquia, no obstante, \u00abaun con la implementaci\u00f3n de dicha medida, la carga laboral actual sigue siendo alta [\u2026] motivo por el cual el despacho se encuentra en un proceso complejo de depuraci\u00f3n y descongesti\u00f3n que implica la priorizaci\u00f3n de tr\u00e1mites partiendo del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de los asuntos\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente indic\u00f3 que, respeta el sistema de turnos, sin dejar de darle prioridad a los asuntos pr\u00f3ximos a prescribir; y del expediente del accionante precis\u00f3 que, no entra en esa priorizaci\u00f3n debido a que prescribe en el a\u00f1o 2029, no obstante, seg\u00fan el sistema, estar\u00eda resolvi\u00e9ndose \u00aben aproximadamente dos (2) meses. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al no advertir injustificada la mora judicial denunciada por cuanto, seg\u00fan indic\u00f3 la magistrada accionada, la dilaci\u00f3n obedece a la alta congesti\u00f3n laboral que afronta ese despacho (al que arrib\u00f3 el 10 de abril de 2023) \u00abla cual no ha podido disminuir pese a las medidas de descongesti\u00f3n implementadas\u00bb; y resalt\u00f3 que, en todo caso, la funcionaria, \u00ab(\u2026) ofrec[i\u00f3] un argumento razonable que justifica, en cierto modo la tardanza (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando los argumentos y la solicitud del escrito inicial en el sentido de demandar una resoluci\u00f3n pronta al recurso de apelaci\u00f3n que impetr\u00f3 contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si, el tribunal convocado est\u00e1 transgrediendo las prerrogativas invocadas por el quejoso al incurrir, supuestamente, en mora judicial injustificada por no haber resuelto el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia condenatoria proferida en primera instancia el 5 de mayo de 2020 (proceso radicado n\u00ba 2019-80135). <\/p>\n
2. Caso concreto \u2013 De la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, m\u00e1s no cuando \u00e9sta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso, no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC T-357\/07). <\/p>\n
Entre tanto, esta Corporaci\u00f3n, al estudiar acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 nov. 2016, rad. 88998) <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, esta Sala precis\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva, deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual del despacho accionado, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto, al respecto se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ STC 5 ag. 2011, rad. 1359-01; reiterada en STC10755-2015, 12 ag.). <\/p>\n
2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez revisado este asunto, como lo advirti\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, la inobservancia de los t\u00e9rminos procesales para la resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n formulada contra el fallo penal de primer grado no es resultado de un probado abandono o arbitrariedad, sino consecuencia de la alta carga laboral que padece hist\u00f3ricamente el despacho de la funcionaria tutelada. <\/p>\n
2.2.1. En este evento, se aprecia oportuno considerar las explicaciones de la magistrada a cargo de la ponencia, quien es enf\u00e1tica en informar que la supuesta dilaci\u00f3n no obedece en manera alguna a negligencia o apat\u00eda, sino a la voluminosa carga laboral. <\/p>\n
2.2.2. Indic\u00f3 que, el 10 de abril de 2023 fue nombrada en el despacho que pertenec\u00eda al magistrado Plinio Mendieta Pacheco, y que, desde entonces, para superar la congesti\u00f3n, se ha enfocado en impartirle tr\u00e1mite preferente a los procesos que est\u00e1n pr\u00f3ximos a prescribir, y aquellos otros que, por fallos de tutela, se orden\u00f3 proferir sentencia en los meses de julio y agosto. <\/p>\n
2.2.3. Explic\u00f3 que, para abordar el estudio de los procesos, respeta estrictamente el sistema de turnos, \u00abteniendo en cuenta su fecha de ingreso y el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n\u00bb, dando prioridad a los que prescriben este a\u00f1o, \u00ablos cuales ascienden a 32, pues son precisamente esas diligencias las que ameritan mayor urgencia en su resoluci\u00f3n, debido a las consecuencias tan gravosas que tiene la ocurrencia de este fen\u00f3meno procesal\u00bb. <\/p>\n
2.2.4. En relaci\u00f3n con el proceso del accionante, destac\u00f3 que fue asignado por reparto el 6 de abril de 2021 y que la prescripci\u00f3n en ese caso operar\u00eda el 12 de noviembre de 2029. <\/p>\n
2.2.5. Finalmente, sostuvo que, de acuerdo al sistema de turnos y los tr\u00e1mites que tienen prelaci\u00f3n seg\u00fan su t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, el asunto del actor estar\u00eda resolvi\u00e9ndose \u00aben aproximadamente dos (2) meses, busc\u00e1ndose en la medida de las posibilidades, darle celeridad al tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, esta Sala, luego de ponderar el escenario puesto de presente por la magistrada convocada y prohijando lo dilucidado por la Sala a quo, ratificar\u00e1 la negativa del amparo deprecado en tanto que, la mora endilgada no luce puntualmente injustificada, ya que, no se trat\u00f3 de un comportamiento flagrantemente omisivo o desidioso; es decir, la dilaci\u00f3n obedece a factores objetivos, como qued\u00f3 rese\u00f1ado. En otra ocasi\u00f3n, frente a reclamaciones de igual tenor se dijo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterada en STC11785-2017, 9 ag. 2017, rad. 01040-01) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Por lo tanto, se reitera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los plazos legales, m\u00e1xime si hasta aqu\u00ed, como se dijo, aquello no ocurri\u00f3 por dejadez del operador jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del sistema de turnos. <\/p>\n
3.1. Ahora bien, es cierto, el actor (procesado-sentenciado) no est\u00e1 obligado a permanecer en la indefinici\u00f3n, pero tampoco puede pasarse por alto que, adem\u00e1s de las explicaciones dadas por la funcionaria tutelada ya referidas, los tribunales y sus operadores judiciales est\u00e1n sometidos a un sistema de turnos determinado para fallar los procesos seg\u00fan el orden de ingreso el cual les corresponde respetar, puesto que, un obrar contrario implicar\u00eda quebrantar el derecho a la igualdad del resto de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia que se hallan en las mismas condiciones, o a\u00fan peores. <\/p>\n
En tal sentido, esta Corte ha resaltado que no es posible pretender, a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela, que se alteren esos turnos; as\u00ed lo explic\u00f3 la Sala en un caso similar, <\/p>\n
\u00abla tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque \u2026la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ STC, 5 ag. 2011, rad. 1359-01; reiterada en STC16975-2015, 10 dic. rad. 02027-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 19981 dispone, que \u00abes obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelaci\u00f3n legal\u00bb, y si bien el canon 16 de la Ley 1285 de 20092 – que modific\u00f3 el 63A de la Ley 270 de 1996 \u2013 permite a los jueces dar prelaci\u00f3n cuando se percaten de \u00abrazones de seguridad nacional o para prevenir la afectaci\u00f3n grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de cr\u00edmenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social\u00bb o \u00abasuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su soluci\u00f3n sea de inter\u00e9s p\u00fablico o pueda tener repercusi\u00f3n colectiva\u00bb, son caracter\u00edsticas que no se evidencian en el sub-examine. <\/p>\n
De igual forma, sobre el tema, la Corte Constitucional sostuvo: <\/p>\n
Dado que el principio del respeto de turno de fallo no es absoluto, pues las circunstancias especiales del caso pueden autorizar un trato prioritario, resulta necesario indicar que la ley confiere al funcionario judicial la valoraci\u00f3n de las circunstancias que permitir\u00edan modificar ese orden de decisi\u00f3n. Los criterios fijados por el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998, \u201cla naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio P\u00fablico en atenci\u00f3n a su importancia jur\u00eddica y trascendencia social\u201d, ofrecen al juez un marco de discrecionalidad importante para definir cu\u00e1ndo un asunto puesto a su consideraci\u00f3n puede ser resuelto sin atenci\u00f3n al turno de respuesta que le ha sido fijado. <\/p>\n
Por ello, debe entenderse que es el juez de la causa el \u00fanico funcionario habilitado por la ley para evaluar las condiciones especiales del caso y autorizar un posible cambio en el turno de resoluci\u00f3n del pleito. Los principios de autonom\u00eda e independencia judicial obligan a considerar que el \u00fanico autorizado para modificar el orden regular de soluci\u00f3n de los asuntos puestos a consideraci\u00f3n es el juez que tramita el proceso correspondiente. La Corte ha defendido este principio al advertir que el juez de tutela est\u00e1 inhabilitado, en principio, para subvertir el orden de prelaci\u00f3n de los fallos judiciales, pues tal determinaci\u00f3n hace parte de la \u00f3rbita de decisi\u00f3n del juez natural. (CC. T-945A\/08) Se resalta. <\/p>\n
As\u00ed entonces, es el magistrado encargado quien debe fijar el orden en que abordar\u00e1 los expedientes que le son asignados y s\u00f3lo cuando medien circunstancias excepcional\u00edsimas, podr\u00eda variarse ese mecanismo por esta v\u00eda, dado el car\u00e1cter subsidiario de esta acci\u00f3n constitucional, improcedente para desplazar la competencia en ese \u00e1mbito de quien est\u00e1 habilitado para fijar la prelaci\u00f3n de los procesos. <\/p>\n
En suma, no hay lugar a otorgar la s\u00faplica bajo el supuesto de una tardanza injustificada de la corporaci\u00f3n accionada, teniendo en cuenta que no se demostraron los componentes previamente indicados en la jurisprudencia referida que permitir\u00edan al fallador constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando la soluci\u00f3n de los juicios se prolonga sin aparente raz\u00f3n v\u00e1lida. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis del retraso judicial recriminado, as\u00ed como de las exculpaciones ofrecidas por la funcionaria tutelada, no puede atribu\u00edrsele a una actitud ap\u00e1tica o negligente dado que, como lo demostr\u00f3 en estas diligencias, aqu\u00e9l se explica a partir de circunstancias objetivas que justifican el contexto particular de su despacho puesto a consideraci\u00f3n; de suerte que, no resulta viable proveer el auxilio en los t\u00e9rminos reclamados por el actor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Por la cual se adoptan como legislaci\u00f3n permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del C\u00f3digo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongesti\u00f3n, eficiencia y acceso a la justicia. <\/p>\n
2\u0002 Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia. <\/p>\n
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