STC10632-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10632-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03634-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria Estella Raigoza Londo\u00f1o contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 y las partes e intervinientes reconocidas en el proceso penal 2023-00523. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Refiri\u00f3, en s\u00edntesis, que en su contra se adelanta el proceso penal indicado en p\u00e1rrafos precedentes, por los delitos de concierto para delinquir agravado e inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que en curso de la audiencia del pasado 10 de julio, en la que se realizar\u00eda control de legalidad a un preacuerdo que celebr\u00f3 con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de su defensor, impugn\u00f3 la competencia del estrado cognoscente, aduciendo dos situaciones puntuales: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [La] primer[a], respecto de la errada conexidad que habr\u00eda realizado la Fiscal\u00eda\u2026 lo que conllevaba que\u2026 debiera ser juzgada por un juez distinto al de los dem\u00e1s procesados, particularmente el Juez Especializado de Buga\u2026 [La] segund[a], que en caso de desestimar dicho argumento principal y se estimara procedente la conexidad, el juzgador deb\u00eda ser el Juez Especializado de Manizales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Dijo que mediante auto AP2346-2023 del 9 de agosto siguiente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00abresolvi\u00f3 el conflicto [sic]\u00bb asign\u00e1ndole la competencia al Juez Penal del Circuito Especializado de Manizales (reparto); sin embargo, agreg\u00f3, no emiti\u00f3 pronunciamiento alguno en torno al primer alegato arriba indicado, de all\u00ed que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la argumentaci\u00f3n de la H. Sala de Casaci\u00f3n Penal\u2026 incurri\u00f3 en un yerro argumentativo que hace que persista la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso\u2026 que le asiste\u2026 pues no solo no resolvi\u00f3 un punto objeto de petici\u00f3n, sino que erradamente adujo que no se peticion\u00f3 nada en contrario, cuando la memoria de la audiencia da cuenta de una situaci\u00f3n totalmente contraria. <\/p>\n
En ese sentido, es claro que\u2026 en la parte motiva de la providencia no se resuelve [sic] de fondo una de las peticiones elevadas\u2026 concerniente al juez natural que debe conocer su proceso penal (\u2026)\u00bb <\/p>\n
4. Acus\u00f3 entonces al prove\u00eddo de adolecer de una insuficiente motivaci\u00f3n, por lo que solicit\u00f3 \u00abse revoque\u2026 estableciendo que la competencia para adelantar el juzgamiento\u2026 recae en el juzgado penal especializado del circuito al que se encuentre adscrito el municipio de Alcal\u00e1, Valle del Cauca [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VUNCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese estrado dado que \u00abninguna actuaci\u00f3n suya compromete los derechos fundamentales invocados por la accionante\u00bb. <\/p>\n
2. Similar petici\u00f3n formul\u00f3 el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Manizales quien advirti\u00f3 que, una vez recibida la actuaci\u00f3n penal seguida contra la ac\u00e1 gestora, conforme la definici\u00f3n de competencia realizada por la Hom\u00f3loga Penal, procedi\u00f3 a programar la audiencia de \u00abverificaci\u00f3n de allanamiento\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal Noventa y Cuatro Especializada contra la Corrupci\u00f3n, se opuso a la prosperidad del resguardo habida cuenta que lo pretendido por la gestora es utilizar esta herramienta de protecci\u00f3n para remediar la falencia argumentativa evidenciada en el decurso ordinario, pues las consideraciones aqu\u00ed esbozadas \u00abnunca fueron expuestas\u00bb ante la autoridad competente, comportamiento, a su juicio, \u00abcontrario a la lealtad procesal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada por la promotora dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por concierto para delinquir agravado e inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos por cuanto, al momento de definir a qu\u00e9 juez le correspond\u00eda el asunto, no emiti\u00f3 pronunciamiento alguno en torno a la solicitud de ruptura de unidad procesal que formul\u00f3 al impugnar la competencia del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
La gestora acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera quebrantado con el auto AP2346-2023, del pasado 9 de agosto, a trav\u00e9s del cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 el incidente de definici\u00f3n de competencia, asign\u00e1ndola al Juez Penal del Circuito Especializado de Manizales (reparto) por cuanto, seg\u00fan dijo, no emiti\u00f3 pronunciamiento alguno en torno a la solicitud de ruptura de unidad procesal que formul\u00f3 en audiencia de 10 de julio anterior. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre si se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria o cuando a\u00fan existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos o las mismas est\u00e1n siguiendo su curso. En el caso que se revisa, se configuran ambas modalidades, como pasa a verse: <\/p>\n
4.1. En primer lugar, el resguardo desatiende la aludida exigencia, por v\u00eda de incuria, habida cuenta que la promotora tuvo a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, pero injustificadamente lo desaprovech\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, habida cuenta que, si consideraba que la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el auto cuestionado omiti\u00f3 resolver alguna cuesti\u00f3n sobre la que correspond\u00eda emitir pronunciamiento, debi\u00f3 haber solicitado la adici\u00f3n del prove\u00eddo tal como lo dispone el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable al caso particular por integraci\u00f3n normativa seg\u00fan el canon 25 de la Ley 906 de 2004; no obstante, ninguna manifestaci\u00f3n realiz\u00f3, mostr\u00e1ndose as\u00ed conforme con lo resuelto. <\/p>\n
Entonces, como esta Sala ha enfatizado, la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
4.2. En segundo lugar, atendiendo el mismo criterio de procedibilidad (subsidiariedad), se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que se expone teniendo en cuenta que la causa penal no ha finalizado, sino que, por el contrario, sigue su curso normal, de all\u00ed que sea al interior de la misma donde la gestora deba poner de presente las presuntas irregularidades que considere. <\/p>\n
De manera que no es la acci\u00f3n supralegal la v\u00eda id\u00f3nea para debatir el tema propuesto por Raigoza Londo\u00f1o por cuanto no puede utilizarse como si fuera una instancia paralela a las consagradas en el ordenamiento procedimental, y mucho menos para pretermitir etapas procesales, obviar procedimientos o desconocer la competencia legalmente atribuida a los jueces ordinarios para la decisi\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Proceder como lo plantea la demandante implicar\u00eda asumir que esta acci\u00f3n es un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciar\u00eda un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el que se encuentre en tr\u00e1mite la causa penal convierte en anticipada la salvaguarda; lo que quiere decir que no puede abrirse paso ni siquiera como mecanismo transitorio, ya que, en un evento como el aludido, la interesada debe esperar la conclusi\u00f3n del asunto puesto a consideraci\u00f3n de los jueces, en este caso los penales especializados, encargados de dirimir el fondo del asunto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
El resguardo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad toda vez que la gestora obr\u00f3 con incuria al no agotar en debida forma las herramientas procesales para buscar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, al tiempo que cuenta con instrumentos al interior de la actuaci\u00f3n penal que no ha culminado, para proponer las inquietudes que formula a trav\u00e9s de esta especial\u00edsima senda, lo que hace que el resguardo tambi\u00e9n sea prematuro. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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