STC10633-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10633-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-00798-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el 31 de julio de 20231, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Santiago Piedrah\u00edta Berr\u00edo contra la Corte Constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de petici\u00f3n, e igualdad, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada, toda vez que (i) no ha brindado respuesta de fondo respecto de la solicitud radicada el 10 de julio de 2023, y (ii) porque la contestaci\u00f3n que le fue remitida est\u00e1 suscrita por una persona diferente a quien se dirigi\u00f3 la consulta.<\/p>\n
2. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene a la corporaci\u00f3n accionada <\/p>\n
\u00abdar traslado de la petici\u00f3n con radicado N\u00b0 ECC-2023-5813-PET26523 de fecha 10 de julio de 2023 a la se\u00f1ora presidenta, doctora Diana Fajardo Rivera para que se sirva en responder y aclarar\u00bb las preguntas formuladas. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Corte Constitucional, por conducto de su presidenta inform\u00f3 que, el 10 de julio anterior, el convocante solicit\u00f3 a esta entidad absolver una consulta respecto del proceso administrativo sancionatorio por detecci\u00f3n de infracciones de tr\u00e1nsito con medios tecnol\u00f3gicos que se viene realizando en la ciudad de Medell\u00edn. <\/p>\n
Destac\u00f3, que en esa misma data, \u00abla Presidencia de la Corte Constitucional actuando a trav\u00e9s de la abogada sustanciadora Marinela Quintero P\u00e9rez, quien cuenta con un acto administrativo de delegaci\u00f3n para proferir respuesta a derechos de petici\u00f3n elevados ante esta Corporaci\u00f3n, remiti\u00f3 respuesta a la solicitud v\u00eda correo electr\u00f3nico, con el radicado ECC-2023-5813. En la respuesta se precis\u00f3 lo siguiente: \u201c(\u2026) Sobre su comunicaci\u00f3n, de manera respetuosa le informo que este Tribunal solo se pronuncia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales previstas en el art\u00edculo 2412 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. De conformidad con dicha norma, tales pronunciamientos se adoptan a trav\u00e9s de autos o sentencias que se profieren en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de la ley, o en ejercicio del control concreto mediante la eventual revisi\u00f3n de las acciones de tutela. <\/p>\n
Debido a lo anterior, no es posible emitir un pronunciamiento frente a su comunicaci\u00f3n, toda vez que la misma no se circunscribe a los referidos controles jurisdiccionales. Es decir, no est\u00e1 planteada en el marco de un caso particular cuyo conocimiento corresponda a la Corte Constitucional. <\/p>\n
Se recuerda igualmente que las atribuciones de este Tribunal son de orden jurisdiccional y no consultivo.\u201d\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3, que la contestaci\u00f3n ofrecida al promotor \u00abse enmarc\u00f3 dentro de las funciones asignadas a esta Corporaci\u00f3n. En efecto, el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece de manera clara y taxativa las funciones de la Corte Constitucional y \u00e9stas deben cumplirse \u201cen los estrictos y precisos t\u00e9rminos\u201d se\u00f1alados por la propia norma constitucional referida\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abdentro de las competencias que le han sido asignadas a la Corte, no se encuentra la de absolver consultas como la propuesta por el interesado, ni figura la facultad de suministrar asesor\u00edas jur\u00eddicas particulares, ni emitir conceptos con el fin de absolver consultas particulares y\/o a entes oficiales\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3, que \u00abla respuesta brindada al se\u00f1or Santiago Piedrah\u00edta Berrio fue suscrita por una funcionaria judicial (sic) que cuenta con las facultades para absolver consultas como las elevadas en el derecho de petici\u00f3n radicado el 10 de julio de 2023, en virtud de un acto administrativo de delegaci\u00f3n (\u2026) de conformidad con lo dispuesto en el citado art\u00edculo 9 de la Ley 489 de 1998 y el art\u00edculo 8 del Acuerdo 02 de 2015, \u201cPor medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional\u201d, el entonces Presidente de esta Corporaci\u00f3n en uso de sus facultades profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n 116 del 24 de marzo de 2020, en virtud de la cual deleg\u00f3 en el Abogado Sustanciador de la Sala Plena de la Corte Constitucional la atenci\u00f3n tr\u00e1mite y firma de las peticiones que le corresponda atender al Presidente de la Corte Constitucional que versen sobre asuntos de car\u00e1cter administrativo de competencia de la Presidencia de la Corte, tales como: (i) peticiones, quejas, reclamos y sugerencias; (ii) solicitudes de informaci\u00f3n acerca de las funciones de la Corte; (iii) solicitudes de copias de documentos; (iv) inconformidades con providencias judiciales de la Corte o respuestas a PQRS; (v) inconformidades por la no selecci\u00f3n de tutelas; (vi) solicitudes de publicaci\u00f3n de sentencias de la Corte; y (vii) solicitudes de revisi\u00f3n extempor\u00e1nea de tutelas\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo neg\u00f3 el auxilio el amparo argumentando que no se vulneraron las garant\u00edas esenciales reclamadas. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante reiterando lo aducido en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n acusada vulner\u00f3 las prerrogativas deprecadas por el promotor, toda vez que, supuestamente, (i) no ha brindado respuesta de fondo respecto de la solicitud radicada el 10 de julio de 2023, y (ii) porque la contestaci\u00f3n que le fue remitida fue suscrita por una persona diferente a quien se dirigi\u00f3 la consulta. <\/p>\n
2. El derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
La garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, detenta estirpe fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas; por ello, al haberse presentado una solicitud en inter\u00e9s particular, surge el derecho a obtener un pronunciamiento de fondo. Sobre el tema la Corte ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita\u00bb (CSJ STC de 19 de marzo. 2014, Rad. 00053-01, reiterado en STC1336 13 feb de 2015). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n la Sala indic\u00f3 que: \u00ab(\u2026) el derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, reiterada en STC3233-2018, 8 mar. 2018, rad. 00005-01, entre otras). <\/p>\n
3. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
4. El caso concreto. <\/p>\n
El convocante censura, que respecto de la petici\u00f3n formulada el 10 de julio anterior ante la Corte Constitucional no obtuvo respuesta de fondo, aunado a que la comunicaci\u00f3n ofrecida no hubiese sido atendida por la persona a quien se dirigi\u00f3 la consulta. <\/p>\n
\u00ab1. Respetada presidenta Diana Fajardo Rivera, dada la importancia del asunto y en vista de las violaciones a las garant\u00edas m\u00ednimas del debido proceso constitucional, como lo son presunci\u00f3n de inocencia, el principio de legalidad en las actuaciones administrativas y el principio hito en materia sancionatoria de tr\u00e1nsito de individualizar plenamente al infractor, se le solicita que conozca personalmente el caso y revise detalladamente el proceso administrativo sancionatorio por detecci\u00f3n de infracciones de tr\u00e1nsito por medios tecnol\u00f3gicos que se viene realizando dentro de la jurisdicci\u00f3n del municipio de Medell\u00edn. <\/p>\n
2. As\u00ed mismo, como presidenta de la corte constitucional, m\u00e1xima guardi\u00e1n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, se cuestiona: \u00bfEs legal que los agentes de tr\u00e1nsito adscritos a la alcald\u00eda de Medell\u00edn est\u00e9n suscritos a un toquen digital, que les permite firmar y validar autom\u00e1ticamente las ordenes de comparendo sin conocer de fondo los elementos y componentes de la misma? <\/p>\n
3. Qu\u00e9 una vez agotadas las instancias administrativas, penales y disciplinarias, sin que surta efecto alguno; trat\u00e1ndose de que estas dependencias est\u00e1n cobijadas bajo un Estado Social de Derecho y que aun as\u00ed no le atribuyen inter\u00e9s alguno a la protecci\u00f3n de las garant\u00edas m\u00ednimas que tienen todos los ciudadanos en el debido proceso y en especial en el principio de legalidad en las actuaciones administrativas, la presunci\u00f3n de inocencia y la plena identificaci\u00f3n del infractor en materia sancionatoria, se pregunta: \u00bfCu\u00e1l ser\u00eda la forma de defenderme como ciudadano de las actuaciones contrarias a ley y a la constituci\u00f3n pol\u00edtica de Colombia, de cara al mal procedimiento administrativo sancionatorio por detecci\u00f3n de infracciones de tr\u00e1nsito por medios tecnol\u00f3gicos que se viene realizando dentro de la jurisdicci\u00f3n del municipio de Medell\u00edn?\u00bb <\/p>\n
No obstante, al constatar la respuesta ofrecida al peticionario, se observa que la corporaci\u00f3n accionada, el 10 de julio hoga\u00f1o, tras relacionar las funciones encomendadas a la luz del canon 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, puntualiz\u00f3 que no se encontraba dentro de sus facultades emitir conceptos o asesor\u00edas relacionadas con la defensa del ciudadano ante el r\u00e9gimen sancionatorio del sistema de tr\u00e1nsito; comunicaci\u00f3n que fue suscrita por la abogada sustanciadora de Sala Plena, quien se encuentra facultada para el efecto, conforme a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 02 de 2015, y en la Resoluci\u00f3n 116 de 2020 de esa entidad. <\/p>\n
Por lo tanto, se advierte la improcedencia del instrumento constitucional en la medida que no se encuentra acreditada la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n reclamado, ya que como se evidenci\u00f3 en l\u00edneas anteriores, la solicitud que formul\u00f3 el 10 de julio de 2023 fue atendida en esa misma data, por una empleada judicial a quien se le deleg\u00f3 esa funci\u00f3n, sin que ello implique que los requerimientos efectuados por el petente debieran haber sido acogidos por la autoridad fustigada, ya que mal har\u00eda en entenderse que la obligaci\u00f3n de proferir la respuesta implique la aceptaci\u00f3n de lo solicitado, en la medida que, el deber se concreta justamente en que las solicitudes que se formulen reciban de su destinatario el tr\u00e1mite adecuado, y por consiguiente la resoluci\u00f3n a la que haya lugar, como efectivamente acaeci\u00f3 en el presente caso. <\/p>\n
De manera que, no se evidencia la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas esenciales invocadas a trav\u00e9s de este mecanismo, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio, \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, la protecci\u00f3n propuesta resulta inviable ya que no se acredit\u00f3 la afectaci\u00f3n de los derechos invocados por el gestor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que el expediente fue remitido a esta Sala para surtir el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n, el 13 de septiembre de 2023, seg\u00fan se constata en el acta de reparto correspondiente. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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