STC10634-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10634-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03640-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Alfredo Antonio Uribe Mendoza contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, los Juzgados Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y Sesenta y Ocho Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, la Fiscal\u00eda Doscientos Sesenta y Cuatro Seccional, todos ellos de esta ciudad, y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes reconocidas en el proceso penal n.\u00b0 2013-09897. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abrecta impartici\u00f3n de justicia\u2026 vida digna\u2026 dignidad e intimidad personal\u2026 buen nombre\u2026 digna vejez\u2026 a la rectificaci\u00f3n\u2026 a circular libremente por el territorio nacional sin limitaciones\u00bb, presuntamente vulnerados por las convocadas. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recaudados se extracta que contra Alfredo Antonio Uribe Mendoza, en su condici\u00f3n de representante legal de la empresa Proyectos y Servicios de Colombia Ltda., se adelant\u00f3 el proceso penal indicado en p\u00e1rrafos precedentes por el delito de omisi\u00f3n del agente recaudador, dado que para el a\u00f1o 2009 \u00abomiti\u00f3 el pago de $5.230.000, por concepto de impuesto sobre las ventas (IVA)\u00bb, estando obligado a hacerlo dentro de los plazos fijados por el Gobierno Nacional. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, el cual, en sentencia de 13 de enero de 2020, conden\u00f3 al ac\u00e1 gestor como autor de la conducta punible arriba descrita, le impuso 48 meses de internamiento penitenciario1 y una multa de $7.338.000 y le neg\u00f3 los mecanismos sustitutivos de la sanci\u00f3n corporal. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por el declarado penalmente responsable, siendo confirmada, en lo esencial, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 con fallo de 2 de marzo de 2020 en el que, adem\u00e1s, deneg\u00f3 una nulidad planteada por el defensor y concedi\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
La condena alcanz\u00f3 firmeza una vez la Hom\u00f3loga Penal, con AP4685 de 15 de septiembre de 2021, inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por el apoderado de Uribe Mendoza, por lo que la actuaci\u00f3n fue remitida a los jueces ejecutores para la vigilancia del cumplimiento de la pena, encontr\u00e1ndose en la actualidad en el despacho Veintis\u00e9is de dicha especialidad con sede en esta ciudad. <\/p>\n
3. El actor asegura que, en su caso particular, \u00abla acci\u00f3n penal no debi\u00f3 iniciarse y\/o proseguirse\u00bb en tanto que la denuncia en su contra no fue formulada por \u00abquerellante leg\u00edtimo\u00bb, al tiempo que \u00abla oportunidad para presentar la querella ya hab\u00eda fenecido\u00bb, de modo que \u00abla acci\u00f3n penal ya se hab\u00eda extinguido y no pod\u00eda iniciarse proceso penal alguno\u00bb en su contra. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, acusa una supuesta valoraci\u00f3n probatoria defectuosa por parte de los jueces de primer y segundo grado, as\u00ed como \u00abcontradicciones y\/o falta de apreciaci\u00f3n objetiva de las pruebas y\/0 desconocimiento de las mismas por\u2026 la Fiscal en el escrito de acusaci\u00f3n [sic]\u00bb pues no se tuvo en cuenta que \u00aba partir de\u2026 25 de mayo de 2010\u2026 desapareci\u00f3 de la vida jur\u00eddica de [la] empresa [Proyectos y Servicios de Colombia IC Ltda.]\u00bb habida cuenta de la cesi\u00f3n de su participaci\u00f3n accionaria a favor de \u00abLuvin Enrique Rodr\u00edguez Zuleta\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita \u00abrevocar las sentencias de primera y segunda instancia [sic]\u00bb, \u00abordenar de manera inmediata [su] libertad y la cesaci\u00f3n de todo procedimiento en [su] contra [sic]\u00bb y \u00abrestablecer\u2026 los derechos y funciones que han sido inhabilitados [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por conducto del magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia, pidi\u00f3 no acceder al resguardo en tanto que \u00abla decisi\u00f3n adoptada fue producto del an\u00e1lisis de los elementos de juicio incorporados al proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que el proceso adelantado contra el ac\u00e1 accionante se tramit\u00f3 \u00abbajo las garant\u00edas constitucionales y legales\u00bb, tanto as\u00ed que la decisi\u00f3n por \u00e9l adoptada fue refrendada por su superior funcional y alcanz\u00f3 firmeza luego de que la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal inadmitiera el libelo de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario. <\/p>\n
3. El Juez Sesenta y Ocho Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 advirti\u00f3 desconocer los pormenores \u00abde las actuaciones adelantadas\u2026 y de las solicitudes que pudo haber elevado la parte actora, en relaci\u00f3n con extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal que hoy reclama\u00bb comoquiera que, una vez agotado el objeto de su competencia con la celebraci\u00f3n de la audiencia preliminar de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, se desprendi\u00f3 del conocimiento del asunto. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda 264 Seccional, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica resalt\u00f3 que la causa censurada se adelant\u00f3 \u00abcon observancia y cumplimiento de garant\u00edas constitucionales y legales de las cuales es titular [e]l se\u00f1or Alfredo Antonio Uribe Mendoza\u00bb por lo que solicit\u00f3 no acceder a la protecci\u00f3n implorada. <\/p>\n
5. El apoderado de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales dijo que el presente resguardo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, por v\u00eda de incuria, comoquiera que \u00abel actor tuvo a su disposici\u00f3n el recurso de casaci\u00f3n el cual fue inadmitido y tuvo el mecanismo de insistencia, por lo cual, dej\u00f3 de acudir a los mecanismos ordinarios se\u00f1alados por el ordenamiento jur\u00eddico para controvertir la decisi\u00f3n adoptada\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, recalc\u00f3 que lo pretendido con la interposici\u00f3n de la presente tutela es convertir esta herramienta en una tercera instancia \u00abpara reabrir una discusi\u00f3n que ya fue resuelta en sede ordinaria\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si en el presente asunto se cumplen las exigencias de inmediatez y subsidiariedad, caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Solo de superarse lo anterior se proceder\u00e1 a examinar si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el aqu\u00ed accionante al declararlo penalmente responsable del delito de omisi\u00f3n del agente recaudador porque, seg\u00fan dice, pasaron por alto que, en su caso particular, la acci\u00f3n penal no pod\u00eda iniciarse o proseguirse dada la \u00abcaducidad de la querella [sic]\u00bb y realizaron una inadecuada valoraci\u00f3n de las pruebas practicadas en la actuaci\u00f3n, que daban cuenta que no era responsable de recaudar y pagar el impuesto a las ventas, al no ser representante legal de la empresa Proyectos y Servicios de Colombia IC Ltda. <\/p>\n
2. Del caso concreto <\/p>\n
2.1. De la inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que la presente salvaguarda desatiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que la \u00faltima decisi\u00f3n judicial proferida al interior del proceso adelantado contra Uribe Mendoza (auto CSJ SCP AP4685-2021), data del 15 de septiembre de 2021, en tanto que la presente tutela fue radicada el pasado 8 de agosto de acuerdo con el auto de 12 de septiembre siguiente proferido por la Corte Constitucional2, es decir superado con amplitud el semestre establecido jurisprudencialmente como razonable para acudir al resguardo. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, no se adujeron razones v\u00e1lidas que sirvan de justificaci\u00f3n para la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del actor que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la salvaguarda, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
Ahora bien, aunque el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda ser\u00eda criterio suficiente para no acceder a las s\u00faplicas, observa la Corte que, en este caso, el amparo tampoco consulta el requisito de procedibilidad que pasa a estudiarse. <\/p>\n
2.2. Sobre la subsidiariedad <\/p>\n
La inobservancia de este presupuesto se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n cuando a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya tutela reclama, o incluso porque el interesado haya acudido a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelaci\u00f3n frente al funcionario competente. <\/p>\n
Por virtud de la \u00faltima modalidad mencionada, se ha dicho que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su formulaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
En el presente caso, la solicitud de amparo ri\u00f1e con la se\u00f1alada exigencia dado que Uribe Mendoza a\u00fan tiene a su alcance un medio de defensa id\u00f3neo, como es la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, para plantear el alegato que trae a esta senda excepcional. <\/p>\n
Ciertamente, la herramienta jur\u00eddica indicada resulta pertinente considerando que una de las censuras formuladas estuvo dirigida a cuestionar que la acci\u00f3n penal, en el asunto particular, no debi\u00f3 iniciarse ni proseguirse por \u00abcaducidad de la querella [sic]\u00bb, de all\u00ed que tal postulaci\u00f3n pueda enmarcarse en la causal segunda del art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal seg\u00fan la cual, la aludida acci\u00f3n extraordinaria procede: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por falta de querella o petici\u00f3n v\u00e1lidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como lo pretendido por el gestor es cuestionar unas sentencias ejecutoriadas que, a su juicio, se profirieron en un proceso que no pod\u00eda iniciarse por extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal3, el instrumento defensivo arriba indicado resulta id\u00f3neo y efectivo pues, como lo ha indicado la Sala de Casaci\u00f3n Penal: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00ab\u00ab[L]a invalidez de la decisi\u00f3n recurrida puede tener lugar porque la verdad procesal declarada es bien diversa a la verdad hist\u00f3rica del acontecer objeto de juzgamiento o investigaci\u00f3n, o cuando la acci\u00f3n penal no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n o ante la presencia de cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, o porque despu\u00e9s del fallo aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates que acrediten la inocencia o la inimputabilidad del condenado, o se demuestre con sentencia en firme que el fallo fue determinado por conducta t\u00edpica del juez o de un tercero o se bas\u00f3 en prueba falsa y tambi\u00e9n cuando la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 de sustento a la sentencia condenatoria, demostraci\u00f3n que s\u00f3lo es posible jur\u00eddicamente dentro del marco que delimitan las causales taxativamente se\u00f1aladas en la ley . <\/p>\n
Actualmente, de acuerdo con la sentencia C-004 de 2003 de la Corte Constitucional, tambi\u00e9n procede la acci\u00f3n de revisi\u00f3n en los casos de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n, cesaci\u00f3n de procedimiento o sentencia absolutoria, cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, siempre que se den las espec\u00edficas circunstancias all\u00ed se\u00f1aladas\u00bb (CSJ SP16944-2016, 23 nov. 2016, Rad. n\u00ba. 31186). <\/p>\n
Por su parte, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es posible acceder al amparo, ni siquiera de manera transitoria, porque [la acci\u00f3n] de revisi\u00f3n a [la] que se ha hecho referencia, se muestra id\u00f3ne[a] para solventar las quejas de la accionante, en la medida en que fue justamente dise\u00f1ado para analizar vicisitudes como las que en su demanda de amparo expone, sin que se evidencie la necesidad de intervenir anticipadamente en tal determinaci\u00f3n (\u2026) [debe] acudir a la justicia ordinaria en pos de una soluci\u00f3n a sus reparos\u00bb (CSJ STC 15701, 26 oct. 2016, rad. 00378-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad refuerza la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, comoquiera que es deber del interesado hacer uso de todas las herramientas de defensa a su alcance antes de ejercer la acci\u00f3n tuitiva. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
3.1. El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, respecto de los prove\u00eddos que censura; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
3.2. La censura desatiende el presupuesto de la subsidiariedad en tanto que el gestor cuenta con un mecanismo procesal pertinente e id\u00f3neo para obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales, como lo es la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acompa\u00f1ado de la sanci\u00f3n accesoria de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo lapso. <\/p>\n
2\u0002 El escrito fue presentado directamente ante la Corte Constitucional la cual, a trav\u00e9s del referido auto de orden\u00f3 su remisi\u00f3n a esta Corporaci\u00f3n en atenci\u00f3n a las reglas de reparto. <\/p>\n
3\u0002 El art\u00edculo 77 de la Ley 906 de 2004 establece que la caducidad de la querella es una de las formas de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal <\/p>\n
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STC10634-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10634-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03640-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Alfredo Antonio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76066","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76066\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}