STC10635-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10635-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00419-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de agosto de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Leonardo Acu\u00f1a Daza contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Simit\u00ed, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abse ordene al accionado proceda a impartir el tr\u00e1mite procesal que en derecho corresponda, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentra la actuaci\u00f3n judicial materia de esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Leonardo Acu\u00f1a Daza promovi\u00f3 proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad contra Leidy Patricia Salamanca Talero, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 inicialmente al Jugado Segundo de Familia de Cartagena, siendo asignado al Juzgado Promiscuo de Familia de Simit\u00ed. <\/p>\n
2.2. El 25 de abril de 2023 el demandante elev\u00f3 diversas solicitudes, entre estas, se oficiara al Instituto Nacional de Medicina legal para que practicara la prueba de ADN ordenada, pues la instituci\u00f3n privada no ten\u00eda conocimiento de la misma, adem\u00e1s que se remitera el proceso al juzgado que segu\u00eda en turno por la perdida de competencia del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.3. En auto de 21 de junio de 2023 el despacho deneg\u00f3 la solicitud de remitir el juicio al siguiente estrado, advirti\u00f3 que el tr\u00e1mite que se encontraba pediente de resolver era la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, la que estaba en cabeza de las partes, por lo que deber\u00edan retirar los oficios y pedir cita para la toma de la muestra, adem\u00e1s orden\u00f3 la expedici\u00f3n de nuevos oficios para la realizaci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que el asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, el que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de falta de competencia y lo remiti\u00f3 al despacho acusado; que como no hab\u00eda pronunciamiento, el 18 de enero de 2022 solicit\u00f3 por correo electr\u00f3nico informaci\u00f3n; y que ese mismo d\u00eda se le inform\u00f3 que se recibi\u00f3 su mensaje y que se le dar\u00eda el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que instaur\u00f3 una tutela porque transcurrieron 4 meses sin pronunciamiento; que el juzgado convocado avoc\u00f3 el conocimiento del asunto e indic\u00f3 que se deb\u00eda constatar la plataforma tyba a fin de verificar los estados, empero, no se permit\u00eda la visualizaci\u00f3n por tratarse de un menor de edad; y que el 20 de mayo siguiente envi\u00f3 una solicitud al despacho acusado para que informara el estado del proceso, en tanto no hab\u00eda \u00abun pronunciamiento de fondo sobre la admisi\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.6. Adujo que se fij\u00f3 el 29 de junio de 2022 para la audiencia de que trata el art\u00edculo 472 del C\u00f3digo General del Proceso, en donde se determin\u00f3 que se deb\u00eda efectuar nuevo examen de ADN a fin de comprobar su paternidad; y que el 11 de octubre pidi\u00f3 que se ordenara dicha prueba, haciendo advertencia a las partes de la consecuencia de su renuencia. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que \u00abal no existir contrastaci\u00f3n a la solicitud elevada\u00bb, interpuso nueva petici\u00f3n de resguardo, pero el estrado acusado inform\u00f3 que ya hab\u00eda decretado esa prueba, por lo que se neg\u00f3 el amparo; que revisando los estados no encontr\u00f3 evidencia de esa situaci\u00f3n, raz\u00f3n por la que present\u00f3 solicitud ante el despacho y el 3 de diciembre de 2022 le remitieron el auto; que pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n y\/o complementaci\u00f3n y, posteriormente, otra tutela ante la falta de pronunciamiento, en donde se inform\u00f3 que el auto de 29 de noviembre no pudo ser notificado por estado electr\u00f3nico, pero el 30 de noviembre se hizo lo propio y se dirigi\u00f3 un oficio al laboratorio Higuera Escalante, raz\u00f3n por la que se deneg\u00f3. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que dicho laboratorio le indic\u00f3 que no le constaban los hechos y que en su sistema no estaba registrado su nombre; que su abogado present\u00f3 dos solicitudes, una pidiendo copia de los oficios enviados al laboratorio y otra, deprecando que se oficiara al Instituto de Medicina Legal para que practicara la prueba, adem\u00e1s de advertir el vencimiento de t\u00e9rminos del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.9. Asever\u00f3 que el 3 de mayo de 2023, el fallador acusado, por medio de correo electr\u00f3nico, remiti\u00f3 a su apoderado el oficio dirigido al laboratorio Higuera Escalante para la realizaci\u00f3n de la prueba de ADN, sin embargo, la fecha del mismo no coincide con lo manifestado en los descargos de las reiteradas acciones constitucionales. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Procurador 10 Judicial II de Familia de Cartagena indic\u00f3 que el accionante elevaba distintas peticiones que se refer\u00edan a tr\u00e1mites procesales ordinarios dentro de la causa, por lo que el juzgado de conocimiento deber\u00eda examinar la posibilidad de aplicar el principio de subsidiariedad al decidir sobre las mismas. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia Adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Centro Zonal Simit\u00ed- se\u00f1al\u00f3 que coadyubava lo manifestado y lo dispuesto para la debida realizacion de la prueba de ADN. <\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo de Familia de Simit\u00ed realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y adujo que no orden\u00f3 la prueba de ADN en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pues la Defensora de Familia le inform\u00f3 que desde agosto de 2019 no hab\u00eda sido posible ser incluidos nuevamente en la programaci\u00f3n de toma de dichas pruebas, en desarrollo de un convenio interadministrativo; que por ello y por celeridad procesal se dispuso su pr\u00e1ctica en el laboratorio Higuera Escalante, asociado a la Fundaci\u00f3n Ardila Lule de Bucaramanga, el que se encontraba legalmente autorizado para este tipo de tr\u00e1mites; que dicha decisi\u00f3n fue enterada a las partes, remiti\u00e9ndoles el oficio que deb\u00edan llevar; que dicha carga no estaba en cabeza del despacho; que el 21 de junio de los corrientes se pronunci\u00f3 frente a la solicitud del gestor; que el promotor actuaba de forma temeraria y de mala fe; y que se materializaba un uso inadecuado de la tutela, en donde se pretend\u00eda que el juez constitucional dirimiera una controversia que escapaba de su \u00f3rbita. Remiti\u00f3 el link del proceso criticado. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se advert\u00eda acreditada la omisi\u00f3n alegada como hecho vulnerador, en tanto que el accionante afirmaba que no se hab\u00eda resuelto la solicitud de adici\u00f3n que elev\u00f3 el 27 de junio de 2023, pero no aport\u00f3 copia de la misma, ni se encontraba al revisar el expediente digital del proceso allegado; y que ello le imped\u00eda determinar si se presentaba situaci\u00f3n de mora judicial. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que no obra escrito con el que el ahora accionante pidiera adici\u00f3n del auto del 21 de junio de 2023. <\/p>\n
Ciertamente, no encuentra la Corte en la referida actuaci\u00f3n compromiso alguno de las garant\u00edas esenciales del tutelante, que imponga la adopci\u00f3n de medidas urgentes a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pues lo cierto es que, se repite, en el expediente criticado no se encontr\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n, ni tampoco se aport\u00f3 copia de la misma. <\/p>\n
En efecto, si la queja radicaba en que no se procedi\u00f3 conforme a la p\u00e9rdida de competencia, se advierte que el promotor del resguardo no recurri\u00f3 el prove\u00eddo de 21 de junio de 2023 que resolvi\u00f3 desfavorablemente su solicitud de remitir el proceso al despacho que segu\u00eda en turno, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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