STC10636-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10636-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2023-00266-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de agosto de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Pablo Moreno Torres contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abjusticia digna y justa\u00bb, as\u00ed como el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abrevoca[r] la providencia emanada del despacho judicial accionado\u00bb; se deje \u00absin efecto el auto de terminaci\u00f3n del proceso\u00bb; y se \u00abrestablezca el derecho con el curso normal del proceso para la garant\u00eda del pago de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Pablo Moreno Torres promovi\u00f3 proceso de efectividad de la garant\u00eda real contra Jos\u00e9 Antonio Dominguez P\u00e9rez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, despacho que libr\u00f3 mandamiento de pago y el 25 de febrero de 2022 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Con auto 29 de marzo de 2023 el referido estrado aprob\u00f3 el acuerdo de transacci\u00f3n firmado por las partes y dio por terminado el proceso, ordenando el levantamiento de las cautelas, siempre y cuando no existiera embargo de remanentes. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, el demandante solicit\u00f3 dejar sin efecto el referido prove\u00eddo de 29 de marzo, pues el demandado incumpli\u00f3 el verdadero objetivo del contrato de transacci\u00f3n que era la entrega del bien desprovisto del gravamen; y en providencia de 16 de junio siguiente se deneg\u00f3 dicho pedimento, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, pero se desestimaron el 26 de julio siguiente. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que ante la negativa del despacho de adjudicarle el bien y conforme con el principio de buena fe, suscribi\u00f3 un contrato de transacci\u00f3n con el demandado, en donde dej\u00f3 plasmado que recibir\u00eda el inmueble por el total de la liquidaci\u00f3n, exoner\u00e1ndolo del pago de costas y agencias. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que se acept\u00f3 dicha transacci\u00f3n y se orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso; que pasados unos d\u00edas fue a radicar el oficio de desembargo a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Santa Marta, en donde se encontr\u00f3 con la noticia que de no se pod\u00eda efectuar el mismo porque exist\u00eda un remanente de otro juicio ejecutivo; y que el demandado le hab\u00eda informado que hab\u00eda cancelado dicha obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Adujo que procedi\u00f3 a elevar petici\u00f3n ante el despacho acusado pidiendo dejar sin efecto el auto de terminaci\u00f3n del proceso, pues el demandado incumpli\u00f3 con el objeto del contrato que era la entrega del bien desprovisto de gravamen; que se le deneg\u00f3 su petici\u00f3n, quedando en un limbo jur\u00eddico y sin garant\u00eda para el pago de la deuda; y que recurri\u00f3 la decisi\u00f3n, pero se mantuvo. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que el estrado convocado no se pronunci\u00f3 conforme a derecho y busco una v\u00eda f\u00e1cil y sin compromiso; que la norma adjetiva buscaba garantizar el derecho sustancial; que se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho; y que este era el \u00fanico mecanismo de defensa con el que contaba. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil Municipal, hoy de Peque\u00f1as Causas Civiles y Competencias M\u00faltiples de Santa Marta indic\u00f3 que conoc\u00eda del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por Sabah Doud de Faquid, en el que se dict\u00f3 sentencia el 30 de julio de 2019 y en donde uno de los demandados era el ahora accionante; que se inici\u00f3 juicio ejecutivo, en el que se hab\u00edan desarrollado cada una de las etapas procesale; que exist\u00eda un embargo de remanentes en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad; y que remit\u00eda el link del expediente para mayor ilustraci\u00f3n. <\/p>\n
2. Jos\u00e9 Antonio Dominguez P\u00e9rez se\u00f1al\u00f3 que no se opon\u00eda a las pretensiones, pues el contrato de transacci\u00f3n suscrito \u00abno cumpli\u00f3 su objeto principal que fue la entrega del inmueble para el pago de la obligaci\u00f3n, por aparecer un remanente de otro juzgado\u00bb; que como ciudadano de bien y acatando los principios de buena fe y la b\u00fasqueda de soluciones amigables, pretend\u00eda darle soluci\u00f3n al asunto y que se normalizara el curso del proceso. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta rindi\u00f3 un informe de las actuaciones surtidas y refiri\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada se emiti\u00f3 conforme a derecho y a las solicitudes elevadas, atendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 312 del C\u00f3digo General del Proceso; y que no hab\u00eda conculcado garant\u00eda fundamental alguna. <\/p>\n
4. Sabah Daoud de Faquih adujo que no se hab\u00eda vulnerado ning\u00fan derecho fundamental; que la decisi\u00f3n criticada se encontraba sustentada conforme al ordenamiento jur\u00eddico; y que no exist\u00eda omisi\u00f3n alguna. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que quien hac\u00eda una transacci\u00f3n sobre un bien afectado con una medida cautelar, sab\u00eda que su alcance quedaba sometido al levantamiento de ella, y que dentro de las probabilidades estaba que se le negara o incluso que se suspendiera su eficacia ante la existencia de embargos de remanentes, como ocurri\u00f3 y lo advirti\u00f3 expresamente la juez, por lo que el gestor conoc\u00eda de antemano la condici\u00f3n para proceder de conformidad; que si el promotor no estaba de acuerdo con ello, debi\u00f3 interponer en contra de esa parte de la providencia, los recursos previstos por el legislador, lo que no hizo, por ende no pod\u00eda ser sorpresiva para \u00e9l, como ahora lo alega; que era improcedente dejar sin efectos aquella determinaci\u00f3n bajo el argumento de que el demandado incumpli\u00f3 el contrato; y que si bien el despacho deneg\u00f3 la petici\u00f3n de dejar sin efecto el prove\u00eddo que aprob\u00f3 la transacci\u00f3n, los argumentos all\u00ed expuestos no eran caprichosos ni absurdos, sino ajustados a la realidad procesal. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no hab\u00eda un verdadero acceso a la justicia; que se conculcaban sus derechos porque estaba expuesto a la p\u00e9rdida del cobro de una obligaci\u00f3n, quedando desprovisto de una garant\u00eda real y efectiva; y que no se lograba el objetivo del derecho sustancial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el estrado criticado, en la providencia de 26 de julio de 2023, mediante la que resolvi\u00f3 los recursos interpuestos contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la solicitud de dejar sin efecto el auto que termin\u00f3 el proceso por transacci\u00f3n, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026como fue se\u00f1alado en el auto objeto de reproche, dicha decisi\u00f3n, se encuentra debidamente ejecutoriada, al no haberse presentado recurso alguno en su contra y sin que exista facultad procesal de la suscrita para dejar sin valor dicha decisi\u00f3n por los argumentos de la parte demandante, en tanto estos no invalidan la transacci\u00f3n allegada y suscrita por las partes. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que la decisi\u00f3n adoptada en el auto de fecha 29 d marzo de 2023, se encuentra acorde con lo dispuesto en el art\u00edculo 312 del C\u00f3digo General del Proceso, que dispone… <\/p>\n
Ahora bien, frente a los argumentos esgrimidos atinentes a la nulidad del contrato de transacci\u00f3n, obs\u00e9rvese que dicha nulidad no es procedente decretarla en esta instancia, estando en libertad el recurrente de solicitarla a trav\u00e9s del proceso declarativo respectivo, para que se definan sus alegaciones. El legislador procesal, solo instituy\u00f3 la procedencia de la ejecuci\u00f3n del contrato de transacci\u00f3n ante el mismo juez en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 306 del C.G.P., no el conocimiento de la recisi\u00f3n del contrato o nulidad del mismo, pudiendo iniciar las respectivas acciones que estime pertinentes la parte demandante. <\/p>\n
M\u00e9rito de lo cual, las alegaciones presentadas no pueden ser tenidas en cuenta para revocar la decisi\u00f3n impugnada y declarar sin valor ni efecto la terminaci\u00f3n del proceso por transacci\u00f3n, en tanto dichas providencias se encuentran ajustadas a derecho. Por lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada en el auto de fecha diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023), se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se negar\u00e1 el recurso de apelaci\u00f3n impetrado, como quiera que, dicha providencia no es susceptible de recurso, en los t\u00e9rminos dispuestos en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10636-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10636-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2023-00266-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76068","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76068"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76068\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}