STC10639-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10639-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-01934-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 4 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Defender Asegurados SAS contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2002-00251. <\/p>\n
1. La sociedad accionante por intermedio de su representante legal, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abTUTELA JUDICIAL EFECTIVA\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3, en s\u00edntesis, que en remate virtual efectuado el 16 de diciembre de 2022, le fue adjudicado un inmueble dentro del hipotecario seguido por Central de Inversiones SA, actual cesionario Wilson Giovani Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, contra Astroca Ltda y otro (2022-00251), diligencia que fue aprobada en todas sus partes por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 el 9 de febrero de 2023. <\/p>\n
Refiere que efectuada la entrega del predio por parte del secuestre, alleg\u00f3 las constancias de pago de impuestos, servicios p\u00fablicos y cuotas de administraci\u00f3n adeudados por la sociedad demandada, y, se solicit\u00f3 la devoluci\u00f3n de \u00ab$181.523.500.oo\u00bb, a lo que accedi\u00f3 el despacho en prove\u00eddo del 16 de mayo de los corrientes, decisi\u00f3n que fue atacada en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n por el cesionario, sin que a la fecha haya habido pronunciamiento alguno, incurriendo en v\u00eda de hecho, \u00abal estar completamente il\u00edquidos por la falta d dicho dinero que obligatoriamente nos debe reintegrar el Despacho Judicial accionado\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3 ordenar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital \u00abresolver el recurso de reposici\u00f3n y materializar la ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS DINEROS CON ABONO EN CUENTA BANCARIA de la sociedad accionante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del despacho judicial accionado se\u00f1al\u00f3 que la acci\u00f3n es improcedente, habida cuenta que \u00abcualquier discrepancia [de la parte interesada] con las decisiones adoptadas en el Proceso Ejecutivo Hipotecario N\u00b0 018-2002-00251-00, no constituyen desde ning\u00fan punto de vista violaci\u00f3n a los derechos fundamentales alegados (\u2026) por cuanto esta dependencia ha tramitado el proceso conforme a derecho, desde el momento en que asumi\u00f3 su conocimiento\u00bb. <\/p>\n
2. Central de Inversiones SA solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, toda vez que \u00abadquiri\u00f3 en calidad de acreedor de buena fe de la obligaci\u00f3n No. 450018018044758 a cargo de la entidad ASTORCA LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA SIA identificada con NIT. 860078356, por compra realizada al Banco BCH, mediante Contrato de Compraventa celebrado el 24 de noviembre de 2000. De igual forma, en virtud del Contrato de Compraventa celebrado el 7 de julio de 2006 con la COMPA\u00d1\u00cdA DE GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS S.A. -CGA, la obligaci\u00f3n (\u2026) fue cedida por CISA a dicha entidad, raz\u00f3n por la cual Central de Inversiones S.A., no ostenta la titularidad de esta (sic), de modo que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda por carencia actual de objeto por hecho superado, tras advertir que \u00abla actuaci\u00f3n procesal remitida por la autoridad enjuiciada resuelve la queja elevada por el gestor constitucional, como quiera que el derecho fundamental presuntamente vulnerado, cimiento de la presente acci\u00f3n supralegal, cual es el derecho al debido proceso, se advierte satisfecho, pues como qued\u00f3 demostrado en el expediente, se emiti\u00f3 prove\u00eddo mediante el cual se super\u00f3 la mora en la que pod\u00eda estarse incurriendo, ya que se profiri\u00f3 auto el 29 de agosto de 2023, publicado en estado No. 73 del d\u00eda siguiente, en el que se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y subsidiario de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte ejecutante del proceso 018-2002-00281, en el cual el (sic) accionante act\u00faa como adjudicatario y adicionalmente, en providencia de la misma fecha se dispuso la cancelaci\u00f3n del gravamen hipotecario sobre el bien objeto de subasta y en consecuencia, la elaboraci\u00f3n de los oficios respectivos a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos \u2013 Zona Norte y Notar\u00eda 21 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La sociedad censora recurri\u00f3 la precitada providencia, se\u00f1alando que, si bien el juzgado resolvi\u00f3 el recurso interpuesto, \u00abno ha dado cabal y fiel cumplimiento a lo solicitado tanto en nuestros DIFERENTES MEMORIALES como en el AMPARO CONSTITUCIONAL, en el sentido de la MATERIALIZACI\u00d3N RESPECTO A LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS DINEROS QUE SIN EL M\u00c1S M\u00cdNIMO ASOMO DE DUDA, LE PERTENECEN \u00daNICAY EXCLUSIVAMENTE A DEFENDER ASEGURADO S.A.S. A TRAV\u00c9S DE ABONO EN CUENTABANCARIA perteneciente a la sociedad accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocada por Defender Asegurados SAS, al no resolver en tiempo los recursos interpuestos por la parte demandante contra el auto adiado 16 de mayo de 2023, dentro de la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2002-00251. <\/p>\n
2. De la mora judicial <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada en STC7680-2022, 16 jun. 2022, rad. 00142-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
Revisados los argumentos del reclamo constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala mantendr\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, toda vez que se configura una carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Esto, porque sin perjuicio del deber del despacho accionado cumplir con los t\u00e9rminos previstos dentro de un proceso judicial, lo cierto es que la presunta situaci\u00f3n de mora judicial endilgada en relaci\u00f3n con la falta de resoluci\u00f3n de los recursos interpuestos por el extremo dentro del coercitivo revisado, fue corregida por el juzgado convocado durante el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, tal y como lo inform\u00f3 y demostr\u00f3 la autoridad encartada, por auto de fecha 29 de agosto de 2023, el cual fue notificado a trav\u00e9s de estado No. 73 publicado el d\u00eda 30 del mismo mes y a\u00f1o, se resolvi\u00f3: \u00abNO REVOCAR el p\u00e1rrafo primero del auto adiado 16 de mayo de 2023 (\u2026) [y] NEGAR la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, incoado subsidiariamente\u00bb; por lo que la eventual irregularidad que se hubiera podido atribuir sobre ese particular ya se encuentra superada, resultando inocua cualquier manifestaci\u00f3n que pudiere hacerse frente a la situaci\u00f3n descrita en el libelo introductor. <\/p>\n
Lo anterior significa que el estrado encartado otorg\u00f3 al asunto el impulso requerido, el cual, se itera, tuvo lugar una vez notificada la admisi\u00f3n de esta acci\u00f3n -acaecida el 25 de agosto de 2023-, lo que conlleva una carencia actual de objeto por hecho superado al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991; y si bien el gestor en la impugnaci\u00f3n se duele de la supuesta falta de orden de pago de los dineros reclamados, con lo dispuesto se \u00abdispone la entrega a la sociedad DEFENDER ASEGURADOS S.A.S. de los dineros cancelados (\u2026)\u00bb, lo que torna innecesario pronunciamiento adicional al respecto. <\/p>\n
Sobre la referida figura jur\u00eddica, la jurisprudencia ha sostenido que da lugar a que el ruego tuitivo pierda su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia y se torne inane cualquier pronunciamiento tendiente a corregir el desafuero que motiv\u00f3 su invocaci\u00f3n, y que la misma, \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada entre otras en STC8895-2022, 13 jul. 2022, rad. 00534-01). <\/p>\n
Con fundamento en las apreciaciones precedentes, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado, toda vez que la circunstancia descrita como vulneradora del derecho fundamental invocado, se super\u00f3 durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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