STC10647-2023<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10647-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00243-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 30 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dora Emilsen Durango Calle contra el Juzgado Noveno de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la sucesi\u00f3n rad. n\u00b0 2012-01264. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
1. Dice la promotora que \u00ab[su] hermano el se\u00f1or Tiberio Durango Calle falleci\u00f3 (\u2026) el d\u00eda 5 de abril de 2.010, [y quien] contrajo matrimonio con la Se\u00f1ora Mary Zuly Cardona Munera el d\u00eda 01 de agosto de 2.009 (\u2026), uni\u00f3n de la cual no hubo hijos y cuya duraci\u00f3n fue de escasos 8 meses, durante los cuales resulta imposible que haya logrado realizar las reformas a que hace alusi\u00f3n la [mencionada] se\u00f1ora Cardona Munera, quien nunca demostr\u00f3 haber contribuido econ\u00f3micamente para realizar mejoras de ninguna clase\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. A partir de lo anterior, destaca que \u00ab[m]ediante auto de fecha 20 de febrero de 2013, se declar\u00f3 abierto y radicado el proceso sucesorio intestado del Causante [ante el juzgado cuestionado], en este se reconoce como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite a la se\u00f1ora Cardona Munera, quien opta por gananciales y se cita en calidad de hermanas del de cujus y demandadas a las se\u00f1oras Marisol, Dora Emilsen y Nora Elsy Durango Calle\u00bb; posteriormente, en prove\u00eddo de 9 de febrero de 2018 \u00abse imparte aprobaci\u00f3n a la diligencia de inventarios, aval\u00faos y deudas, teni\u00e9ndose como Activo Bruto la suma de (\u2026) $62.288.000 y un Pasivo de (\u2026) $2.000.000, [determin\u00e1ndose como] partida \u00fanica (\u2026) Un lote de terreno situado en el barrio Castilla de esta ciudad, (\u2026) Adquirido por el [causante] por compraventa al se\u00f1or Antonio Jos\u00e9 Abad Mesa, mediante la Escritura P\u00fablica No.4439 de 5 de septiembre de 1972 de Notaria Quinta de Medell\u00edn y adjudicada por sucesi\u00f3n al hoy Causante (\u2026), correspondi\u00e9ndole el veinte por ciento (20%) sobre el inmueble.\u201d Dado lo anterior queda claro, que lo \u00fanico a partir y a adjudicar es el 20% sobre ese bien inmueble que fue adquirido por el causante a t\u00edtulo de herencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Sin embargo, aduce la gestora que, en el trabajo de partici\u00f3n, \u00ab[s]e procede a liquidar la sociedad conyugal, correspondi\u00e9ndole a la c\u00f3nyuge sobreviviente (\u2026) el cincuenta por ciento (50%) del activo liquido sucesoral del \u00fanico bien relacionado. Cuando lo \u00fanico que se pod\u00eda liquidar eran las supuestas mejoras que hab\u00edan realizado (\u2026) durante la vigencia de la sociedad conyugal. Pero el bien relacionado, tal como pueden observar es el 20% que le fuera adjudicado al occiso dentro de la sucesi\u00f3n de su padre, sobre el inmueble referido en la partida \u00fanica\u00bb, por lo que, habiendo aprobado el trabajo de partici\u00f3n en esos t\u00e9rminos, \u00abse violent\u00f3 de manera ostensible el derecho leg\u00edtimo de propiedad que le asiste a los dem\u00e1s comuneros quienes ostentan la condici\u00f3n de poseedores del inmueble objeto de esa liquidaci\u00f3n sucesoral\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, indica que \u00abse han agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial a [su] alcance, pues dentro del proceso (\u2026), ante la ausencia total y falta de comunicaci\u00f3n con el apoderado que designe, intent[\u00f3] por intermedio de otra apoderada solicitar la nulidad de todo lo actuado, pero esta fue negada de plano, se surtieron todas las instancias del proceso posibles hasta que se profiri\u00f3 la sentencia de aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n y al ser un proceso de car\u00e1cter especial y por expresa disposici\u00f3n legal no procede demanda de casaci\u00f3n ante La Corte Suprema De Justicia Sala Civil \u2013 Familia\u00bb y, en cuanto al presupuesto de inmediatez, se\u00f1ala que \u00abla sentencia objeto de la acci\u00f3n de tutela fue proferida el d\u00eda trece (13) de septiembre de 2022, se rechaz\u00f3 la nulidad el d\u00eda 16 de junio de 2023, por esa raz\u00f3n se entiende que al momento de la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n hay un plazo razonable\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00abORDENAR, la revisi\u00f3n de la sentencia proferida por el JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE MEDELLIN, el d\u00eda trece (13) de septiembre de 2022 (\u2026) [y se] reconozca el derecho que [l]e asiste\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Noveno de Familia de Medell\u00edn, despu\u00e9s de hacer un recuento de las actuaciones surtidas a su cargo, arguy\u00f3 que \u00ablos hechos que ventila la accionante en sede constitucional no son m\u00e1s que la reiteraci\u00f3n de los mismos hechos y pretensiones que formul\u00f3 en el tr\u00e1mite incidental de nulidad y que ya fueron resueltos mediante auto que rechaz\u00f3 el incidente de nulidad de fecha 14 de junio de 2023, lo que erige como cosa juzgada lo ya pedido, m\u00e1s bien, podr\u00eda calificarse como un acto de temeridad, lo que pretende la accionante que se le resuelva mediante la presente tutela, que es revivir etapas y oportunidades procesales ya precluidas\u00bb y resalt\u00f3 el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, pidiendo que la misma sea negada. <\/p>\n
2. Patricia Elena Jimenes Mart\u00ednez, partidora designada en el asunto objeto de queja, inform\u00f3 que \u00ab[e]n la elaboraci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n (\u2026), [se bas\u00f3] en la diligencia de inventarios y aval\u00faos aprobada\u00bb. <\/p>\n
3. Marisol Durango Calle afirm\u00f3 lo dicho en el libelo introductor y resalt\u00f3 que \u00abel juzgado nunca tuvo en cuenta (\u2026) que le otorgamos poder a un abogado para que nos representara en el proceso, sin embargo a pesar de haberle contado a la saciedad la realidad, nunca nos inform\u00f3 el desarrollo del proceso ni su finalidad, nos enteramos ya cuando se hab\u00eda impartido aprobaci\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n, raz\u00f3n por la cual contratamos una abogada para que solicitara la nulidad, sin embargo ella despu\u00e9s de haber revisado minuciosamente el proceso se pudo dar cuenta de que el abogado al que le hab\u00edamos dado el poder, si hab\u00eda actuado, sin embargo en nada contribuyo para que se nos respetaran los derechos\u00bb. <\/p>\n
4. Cristian Durango Zapata anunci\u00f3 remitir respuesta, no obstante, en el expediente digital s\u00f3lo hay constancia de la copia de su registro de nacimiento, as\u00ed como del de John Fernady Durango Zapata. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo implorado, al advertir que se incumple el presupuesto de inmediatez, toda vez que si bien, la accionante, \u00abso pretexto de manifestar su inconformidad frente al auto proferido en junio 14 de 2023, mediante el cual la Juez accionada rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad por ella presentada, lo que pretende obtener a trav\u00e9s de la solicitud de amparo, es la declaratoria de nulidad de la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, emitida en septiembre 13 de 2022, observando la Sala que el requisito aludido no se cumple porque transcurri\u00f3 m\u00e1s de 6 meses desde la fecha de la emisi\u00f3n de la sentencia hasta agosto 18 de 2023, cuando present\u00f3 la acci\u00f3n constitucional\u00bb y agreg\u00f3 que aun cuando \u00abtrat\u00f3 de justificar la raz\u00f3n de su inactividad durante el tiempo transcurrido aduciendo \u201cla falta de comunicaci\u00f3n con el apoderado que designe (sic)\u201d, tambi\u00e9n lo es que, la acci\u00f3n de tutela tampoco es el mecanismo para ventilar la falta de gesti\u00f3n de su mandatario judicial, ya que para ello puede impetrar las acciones judiciales que estime pertinentes y por otra parte, por el hecho de contar con un representante judicial, no relevaba a la accionante de vigilar las actuaciones surtidas dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que tampoco se acredit\u00f3 el requisito de subsidiariedad, pues \u00abno objet\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n presentado por la auxiliar de la justicia, situaci\u00f3n que la legitimaba para recurrir la sentencia que aprob\u00f3 dicho trabajo (\u2026) sumado a que [no] atac\u00f3 el auto (\u2026) mediante el cual [se] rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad\u00bb y, en todo caso, no se aleg\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la gestora quien, de acuerdo al extracto visible del archivo digital remitido1, reproch\u00f3 \u00abla ausencia de abordaje en el fallo del aspecto basilar de la tutela, cual es la imperativa necesidad de proteger los derechos fundamentales rese\u00f1ados, dada la clara vulneraci\u00f3n por parte del Juzgado Noveno de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, por cuanto no dio cumplimiento a lo establecido en el C\u00f3digo General del Proceso Art\u00edculo 42\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple los requisitos generales de procedibilidad que pasan a examinarse, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Noveno de Familia de Medell\u00edn, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la querellante, al impartir aprobaci\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, dentro del proceso rad. n.\u00b0 2012-01264. <\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
2.1. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se extracta de las pertinentes piezas procesales, la Sala ratificar\u00e1 el fallo de primer grado, comoquiera que deviene improcedente al no satisfacer el esencial presupuesto de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan se extrae del contenido del libelo introductor, la convocante dirige su inconformidad contra la sentencia de 13 de septiembre de 2022, que decidi\u00f3 \u00abIMPARTIR APROBACI\u00d3N en todas sus partes al TRABAJO DE PARTICI\u00d3N Y ADJUDICACI\u00d3N de los bienes pertenecientes a la SUCESI\u00d3N SIMPLE E INTESTADA del se\u00f1or TIBERIO DURANGO CALLE, (\u2026)\u00bb; lo anterior, porque estima que \u00abla c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite opt\u00f3 por gananciales (\u2026) [y] [e]n el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n \u201cse procede a liquidar la sociedad conyugal, correspondi\u00e9ndole a la c\u00f3nyuge sobreviviente (\u2026) el cincuenta por ciento (50%) del activo liquido sucesoral del \u00fanico bien relacionado [-adquirido por el causante a t\u00edtulo de herencia-]. Cuando lo \u00fanico que se pod\u00eda liquidar eran las supuestas mejoras que hab\u00edan realizado los conyugal (sic) durante la vigencia de la sociedad conyugal, la cual tuvo una duraci\u00f3n de 8 meses\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, se establece que lo ahora criticado no fue refutado a trav\u00e9s de los recursos judiciales ordinarios al alcance de la interesada, pues si bien no se desconoce que su apoderado designado pidi\u00f3 complementaci\u00f3n y aclaraci\u00f3n del aval\u00fao, a efectos de que el perito manifieste si tuvo en cuenta \u00ablas recomendaciones hechas por el DAGRD (\u2026) respecto a la demolici\u00f3n (\u2026) del tercer piso\u00bb y especifique \u00abcu\u00e1l es el valor real del peritazgo, una vez deducido el valor que pueda tener aquella parte del inmueble que el DAGRD orden\u00f3 demoler\u00bb, lo cierto es que no formul\u00f3 objeci\u00f3n alguna en los t\u00e9rminos planteados en esta oportunidad, aun cuando, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 501 del estatuto procesal, aquel mecanismo se mostraba id\u00f3neo para controvertir la situaci\u00f3n tra\u00edda en sede excepcional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta improcedente el amparo deprecado, por cuanto el uso racional de la presente acci\u00f3n, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional precis\u00f3 que la tutela: \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, que \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
Conforme a lo descrito, la desidia en la interposici\u00f3n de la objeci\u00f3n que proced\u00eda contra el inventario y los aval\u00faos elaborados, inviabiliza la salvaguarda, porque cuando esta se invoca sin haber acudido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que hubiese dejado de utilizar, o se hace de manera defectuosa o incompleta, la parte accionante queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa, en raz\u00f3n a su propia incuria. <\/p>\n
2.2. De la inmediatez <\/p>\n
La Sala resalta que tambi\u00e9n se incumple el presupuesto de inmediatez de la acci\u00f3n, pues las providencias censuradas, esto es, los autos mediante los cuales el Juzgado endilgado resolvi\u00f3 \u00ab[aprobar la] diligencia de inventario, aval\u00faos y deudas de esta sucesi\u00f3n, teniendo entonces como activo bruto la suma de (\u2026) $62.288.000.00 y un pasivo de (\u2026) $2.000.000\u00bb, \u00abimpartir aprobaci\u00f3n en todas sus partes al trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes pertenecientes a la sucesi\u00f3n\u00bb y su correspondiente correcci\u00f3n, datan del 9 de febrero de 2018 y, 13 y 28 de septiembre de 2022, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 18 de agosto de 2023; es decir, sobrepasado el semestre establecido como razonable por el precedente de esta Corte para proponer el resguardo. <\/p>\n
Sobre el tema, establecido se tiene que esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presunta afectada con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas. <\/p>\n
3. Consideraciones adicionales <\/p>\n
1. De extenderse el reclamo de la accionante al prove\u00eddo de 14 de junio de 2023 que \u00ab[rechaz\u00f3] de plano la solicitud de nulidad presentada\u00bb, cabe decir que tampoco puede abrirse paso el resguardo incoado, habida consideraci\u00f3n que al ser enterada en debida forma, la promotora pudo haber hecho uso del recurso de reposici\u00f3n, por virtud de la regla general contenida en el primer inciso del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como, del de apelaci\u00f3n, al tenor de lo previsto en el canon 321 \u00eddem; no obstante, se abstuvo de hacerlo, con lo que mostr\u00f3 igualmente su aquiescencia en ese sentido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Finalmente, como la querellante pretende justificar su desidia en la \u00abausencia total y falta de comunicaci\u00f3n con el apoderado que design[\u00f3]\u00bb, la Sala reitera que el comportamiento incurioso de la actora y con ello la improcedencia del ruego tuitivo, no encuentra respaldo jur\u00eddico en tales explicaciones, pues al contar con representante judicial, no es atribuible a la autoridad accionada las posibles falencias en que pudo incurrir el abogado en el ejercicio de sus deberes legal y convencionalmente establecidos. <\/p>\n
El anterior aserto ha sido convalidado por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n al se\u00f1alar que: \u00abno es excusa aceptable la ignorancia de la ley de los ciudadanos o la falta de idoneidad de sus apoderados judiciales, \u201cporque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal\u201d, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 14 feb. 1997, exp. 3836, citada, entre otras muchas, en STC, 14 mar. 2001, exp. 01214-01, y STC, 9 jun. 2004, exp. 00448-01). <\/p>\n
En ese sentido, tambi\u00e9n se ha insistido en que al otorgar poder a un profesional del derecho para que atienda un juicio, \u00abno se puede \u201cdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u201d [STC, 29 ene. 2007, exp. 00282-01], ni tampoco puede perderse de vista que \u201cexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u201d\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 00365-01), y que \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene., rad. 2015-02887-01, citada en STC12206-2022, 14 sep., rad. 00409-01, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00ab[h]a sido criterio reiterado (\u2026), la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago., rad. 00282-01, citada entre otras en STC13954-2021, 19 oct., rad. 00261-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio por no superar el requisito de la subsidiariedad, en tanto que la actora no hizo uso oportuno y adecuado del medio judicial legalmente previsto para rebatir la actuaci\u00f3n censurada, y tampoco se cumple el presupuesto de inmediatez de la acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo 16ImpugnacionAccionante.pdf. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10647-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10647-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00243-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76076","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76076","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76076"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76076\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76076"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76076"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76076"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}