STC10651-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10651-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01491-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 3 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Manuel Hoyos contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-00133. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda, se adelanta en su contra proceso penal por el delito de \u00abacceso carnal abusivo agravado con menor de catorce a\u00f1os\u00bb, en el cual, en la audiencia preparatoria (iniciada el 13 de octubre de 2020), cuando intervino la fiscal\u00eda, su delegado enunci\u00f3 que una de las pruebas a solicitar era el testimonio de la presunta menor v\u00edctima (el que acompa\u00f1ar\u00eda con la Comisaria de Familia o la Psic\u00f3loga adscrita a esa entidad), para hacerlo valer en el juicio oral. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, su defensor se opuso a la se\u00f1alada solicitud probatoria bajo el argumento que, dicha prueba no hab\u00eda sido relacionada en el escrito de acusaci\u00f3n y tampoco adicionada por el fiscal en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, por lo que hab\u00eda preclu\u00eddo la oportunidad procesal para introducirla al juicio, \u00aby no era la audiencia preparatoria el escenario para hacerlo [\u2026] sin antes haberla socializado con la contraparte\u00bb. <\/p>\n
Cont\u00f3 que, no obstante, el juez decidi\u00f3 admitir el testimonio de la menor, presunta v\u00edctima, en los t\u00e9rminos pretendidos por el ente fiscal, decisi\u00f3n que apel\u00f3 su apoderado. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, mediante auto del 21 de marzo de 2023, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del juez a quo indicando que, \u00absi bien es cierto la menor v\u00edctima no figura relacionada como testigo ni en el anexo al escrito de acusaci\u00f3n, s\u00ed aparece relacionada la entrevista rendida por la menor, y que ello era suficiente para inferir que la fiscal\u00eda la iba a llamar a testificar sobre la base de esa entrevista\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 su inconformidad con la rese\u00f1ada decisi\u00f3n, pues considera que vulner\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales porque, sorprendi\u00f3 a su abogado oblig\u00e1ndolo a modificar su estrategia defensiva que, en principio, no estaba orientada a abordar el testimonio de la presunta afectada, ya que no hab\u00eda sido anunciada por el ente persecutor para declarar. <\/p>\n
Sostuvo que, la omisi\u00f3n de la menci\u00f3n del testimonio de la v\u00edctima en el escrito y en la audiencia en realidad obedeci\u00f3 a la impericia de los funcionarios delegados de la fiscal\u00eda que actuaron en aquella vista p\u00fablica, \u00abcaso en el cual, el acusado no tiene porqu\u00e9 cargar con las consecuencias de ello\u00bb, y que se trat\u00f3 de un \u00absalvavidas\u00bb que le lanz\u00f3 el juez al fiscal al interrogarlo sobre el testimonio de la menor y con qu\u00e9 funcionaria lo ir\u00eda a acompa\u00f1ar. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que, la decisi\u00f3n que ataca, desconoci\u00f3 precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en torno a la preponderancia del descubrimiento probatorio como aspecto determinante en el ejercicio del derecho a la contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En suma, manifest\u00f3 que, \u00abla omisi\u00f3n cometida por la fiscal\u00eda [\u2026] despoj\u00f3 a la defensa de la posibilidad de actuar con miras a estructurar su teor\u00eda del caso impactando en forma negativa y de manera trascendente los intereses del procesado, advirtiendo as\u00ed configurada la violaci\u00f3n al derecho a la defensa t\u00e9cnica, a la contradicci\u00f3n y al debido proceso probatorio\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se dejen sin efecto \u00ablas decisiones tomadas por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda y la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, y en su defecto, se ordene rechazar el testimonio en juicio de la menor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia recriminada, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, en primera medida, exculp\u00f3 la dilaci\u00f3n para resolver lo pertinente en la profusa carga laboral que padece su despacho; y, de otro lado, defendi\u00f3 la postura de esa corporaci\u00f3n para confirmar la decisi\u00f3n del a quo, la cual \u00abfue adoptada en un proceso en curso, lo que torna improcedente el mecanismo, que no es constitutivo de instancia adicional o alterna al tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado \u00danico Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda hizo un recuento pormenorizado de la actuaci\u00f3n en cuesti\u00f3n y de las decisiones que se reprochan y afirm\u00f3 que, \u00abno hay razones para acceder a las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela, pues, contrario a lo que solicita el accionante, las actuaciones de los jueces est\u00e1n revestidas del principio de legalidad y su actuar, al ser motivado, no debe ponerse en tela de juicio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal 32 Seccional de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda y el Procurador 151 Judicial II Penal de Pereira describieron lo acontecido en el juicio en discusi\u00f3n e hicieron hincapi\u00e9 que no han vulnerado los derechos fundamentales que estima conculcados el actor. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad por cuanto, \u00ab(\u2026) el proceso penal objeto de cuestionamiento se encuentra vigente y ello supone, per se, que toda situaci\u00f3n presuntamente lesiva de derechos deba plantearse al interior del tr\u00e1mite ordinario, atendido el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado del querellante reiterando los argumentos del escrito introductor. Refut\u00f3 el fallo de la Sala a quo y el criterio de soluci\u00f3n adoptado y arguy\u00f3 que, lo que busca con la presente acci\u00f3n es \u00abevitar un da\u00f1o mayor [\u2026] es evitar que el testimonio pretendido por la fiscal\u00eda [\u2026] a todas luces ilegal, sea practicado en juicio, ya que existe la posibilidad de que se profiera sentencia condenatoria [\u2026] sobre la base de ese testimonio; y no resulta justo que tenga que esperar a que se profiera sentencia condenatoria en su contra para poder alegar una irregularidad sustancial como la que se est\u00e1 revelando (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el quejoso al admitir \u2013 en la audiencia preparatoria \u2013 una solicitud probatoria de la fiscal\u00eda (testimonio de la presunta menor v\u00edctima), que supuestamente, no fue descubierta ni anunciada en el momento procesal oportuno, sorprendiendo a la defensa y perturbando el ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
El car\u00e1cter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en \u00e9l donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite judicial que a\u00fan transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. Al respecto esta Sala ha dicho: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Anticipa la Sala que ratificar\u00e1 el fallo de primer grado por cuanto la demanda no satisface el requisito de subsidiariedad conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, al encontrarse el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde al promotor del resguardo le corresponde defender las prerrogativas que estima afectadas. <\/p>\n
As\u00ed entonces, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional impetrada, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior de la causa y, hall\u00e1ndose vigente la etapa del juicio en este caso, subsisten las posibilidades jur\u00eddicas para reformular los cuestionamientos en torno a las inconsistencias e irregularidades se\u00f1aladas por el actor a la acusaci\u00f3n y respecto de las solicitudes probatorias de la fiscal\u00eda, y ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n planteando, por ejemplo, dicha argumentaci\u00f3n en el escenario de los alegatos de conclusi\u00f3n o, a trav\u00e9s de los recursos que el ordenamiento procesal penal contemple, si es que la sentencia le es desfavorable. <\/p>\n
Y es que ha sido postura definida y reiterada de la Sala, que no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en los litigios en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores. <\/p>\n
En esas circunstancias, pretender que el Juez de amparo revise la razonabilidad de las determinaciones aqu\u00ed atacadas, ser\u00eda no solo una injerencia impertinente en la competencia del fallador, sino anticipar un debate que tiene su propio escenario de confrontaci\u00f3n, y no a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite expedito y sumario como la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar el fallo impugnado, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, en todo caso, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Deviene improcedente el resguardo si el proceso penal se encuentra en curso, dado que el actor cuenta con instrumentos al interior del mismo para procurar la defensa de sus derechos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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