STC10654-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10654-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01550-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 15 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Castilla Agr\u00edcola S.A. contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el asunto n.\u00ba 2019-00220. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad convocante, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Jos\u00e9 Herney Mart\u00ednez promovi\u00f3 ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, en procura de que se le reconociera la pensi\u00f3n de vejez, teniendo en cuenta \u00abel tiempo trabajado con (\u2026) Castilla Agr\u00edcola S.A., del 11 de julio de 1977 al 11 de agosto de 1978, y del 28 de agosto de 1978 al 12 de julio de 1979, as\u00ed como \u00ablos aportes trabajados\u00bb con la empresa Distral S.A., del 5 de junio al 17 de octubre de 1997\u00bb1. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, quien vincul\u00f3 como \u00ablitisconsorte necesario a (\u2026) Castilla Agr\u00edcola S.A.\u00bb; luego, concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n y absolvi\u00f3 a la referida empresa. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n y grado jurisdiccional de consulta en favor del fondo de pensiones, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad modific\u00f3 lo decidido por el a quo y, en ese sentido: (i) conden\u00f3 a Castilla Agr\u00edcola S.A. al pago del c\u00e1lculo actuarial; y, (ii) orden\u00f3 la actualizaci\u00f3n del retroactivo, en tanto evidenci\u00f3 que \u00abel certificado expedido por Castilla Agr\u00edcola S.A. (\u2026) en el que hizo constar que el actor labor\u00f3 para dicha empresa del 11 de julio de 1977 al 11 de agosto de 1978, y del 28 de agosto de 1978 al 12 de julio de 1979, ten\u00eda pleno valor probatorio\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, Colpensiones recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, pues advirti\u00f3 que exist\u00eda un \u00abyerro f\u00e1ctico (\u2026) [con] la entidad suficiente para casar el fallo\u00bb, sin embargo, \u00abel demandante, en todo caso, tendr\u00eda derecho a la pensi\u00f3n, [por lo que] no habr\u00eda lugar a revocar [la determinaci\u00f3n] de primer grado para absolver a Colpensiones del reconocimiento de la prestaci\u00f3n, la que fue su \u00fanica aspiraci\u00f3n en sede casacional\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la empresa tutelante incurrieron en defecto f\u00e1ctico \u00abpuesto que hubo una indebida valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas con la contestaci\u00f3n de la demanda, siendo flagrante y manifiesto el error en el cual incurri\u00f3 el Tribunal por no tener en cuenta los avisos de entrada, de salida, la novedad de retiro con los aportes realizados (\u2026) hasta el 12 de febrero de 1979, seg\u00fan se evidencia en la historia laboral, cuyas pruebas en ning\u00fan momento fueron tachadas por ninguna de las partes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que \u00abla sede casacional, no es la oportunidad procesal para mostrar su inconformidad con la condena impuesta por el Tribunal, pues bien pod\u00eda emplear los mecanismos procesales instituidos para el efecto, y como se reitera al no recurrir no se pod\u00eda resolver algo que no era pedido en el alcance de la impugnaci\u00f3n por la otra parte procesal\u00bb. <\/p>\n
2. Quien adujo ser el apoderado de Jos\u00e9 Herney Mart\u00ednez se\u00f1al\u00f3 que \u00ablo requerido es entre el fondo (\u2026) y el patrono (…) por lo cual [se] abstien[e] sobre lo pretendido\u00bb. <\/p>\n
3. Colpensiones arguy\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite alegado en la presente tutela, ya hab\u00eda sido objeto de estudio por otro Juez el cual no accedi\u00f3 a las pretensiones solicitadas por el accionante, por lo que la presente acci\u00f3n de tutela debe ser declarada improcedente ante la existencia de la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
4. El P.A.R.I.S.S. explic\u00f3 que \u00aben el (\u2026) contradictorio laboral NO se hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a este Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abla Corporaci\u00f3n accionada explic\u00f3 y justific\u00f3 las razones por las cuales, la SOCIEDAD CASTILLA AGR\u00cdCOLA S.A, deb\u00eda pagar lo correspondiente al c\u00e1lculo actuarial por concepto de la omisi\u00f3n de afiliaci\u00f3n y pago de cotizaciones correspondientes al per\u00edodo comprendido entre el 13 de febrero de 1979 al 12 de julio de 1979, que deber\u00eda trasladar a satisfacci\u00f3n de Colpensiones. (\u2026) As\u00ed, es viable concluir que (\u2026) adopt\u00f3 una decisi\u00f3n razonable\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la apoderada de la sociedad recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00abconsidera el A Quo que (\u2026) debe pagar el c\u00e1lculo actuarial por el presunto periodo omiso de febrero a julio de 1979, puesto que la informaci\u00f3n contenida en el certificado laboral es inequ\u00edvoco por cuanto el accionante labor\u00f3 con la mencionada empresa en el cargo Soldador 1A, lo cual me encuentro en desacuerdo, debido que en las consideraciones de la CSJ Sala de Casaci\u00f3n Laboral se refiere a otra empresa (\u2026) DISTRAL S.A.\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada vulner\u00f3 los derechos de la sociedad accionante, el tr\u00e1mite laboral de la referencia (SL1499-2023, 20 jun.), por mantener en firme la decisi\u00f3n del tribunal \u2013en la que se le conden\u00f3 al pago del c\u00e1lculo actuarial\u2013, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 30 de julio de 2021 y 20 de junio de 2023, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la [disposici\u00f3n] de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar la sentencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del tribunal ad quem pues evidenci\u00f3 que, aun cuando existi\u00f3 un \u00abyerro f\u00e1ctico [con] la entidad suficiente para casar el fallo (\u2026) el demandante, en todo caso, tendr\u00eda derecho a la pensi\u00f3n, [por lo que] no habr\u00eda lugar a revocar [la disposici\u00f3n] de primer grado para absolver a Colpensiones del reconocimiento de la prestaci\u00f3n\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el \u00fanico cargo formulado por Colpensiones, por la v\u00eda indirecta \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, el Acto Legislativo 01 de 2005, que modific\u00f3 el precepto 48 superior, y el 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o\u00bb; el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abLe corresponde a la Sala determinar si el Tribunal se equivoc\u00f3 al tener en cuenta para efectos pensionales el tiempo comprendido entre el 13 de febrero y el 12 de julio de 1979, supuestamente laborado por el demandante al servicio de Castilla Agr\u00edcola S.A. Ciertamente, a folio 12 del expediente milita la certificaci\u00f3n adiada el 30 de noviembre de 2017, suscrita por Wilder Rivera M\u00e1rquez, Gerente Financiero y Administrativo de Castilla Agr\u00edcola S.A.\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, estableci\u00f3 que \u00abpara la Sala refulge la apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de los (\u2026) documentos por parte del fallador plural de la alzada, pues es evidente que el mismo funcionario aclar\u00f3 que la relaci\u00f3n laboral de la demandante con (\u2026) Castilla Agr\u00edcola S.A., estuvo vigente hasta el 12 de febrero de 1979, no hasta el 12 de julio de ese a\u00f1o\u00bb. En ese aspecto, destac\u00f3 que en \u00abel documento denominado \u00abAVISO DE SALIDA\u00bb del ISS, (\u2026) consta que la fecha de salida del trabajador fue el 12 de febrero de 1979, as\u00ed como con la relaci\u00f3n de novedades registradas (\u2026), donde tambi\u00e9n se plasm\u00f3 la novedad de retiro en la misma data\u00bb. <\/p>\n
Luego, reiter\u00f3 que \u00ablos documentos evaluados, singularizados todos por la censura, revelan los defectos de valoraci\u00f3n probatoria que le (\u2026) fueron achacados, pues brota de ellos con claridad que la vinculaci\u00f3n laboral del demandante no se extendi\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 del 12 de febrero de 1979, y por lo tanto, que la certificaci\u00f3n del 30 de noviembre de 2017 consign\u00f3 un error al indicar que el retiro se produjo el 12 de julio de ese a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que \u00aba pesar de que el yerro f\u00e1ctico advertido es protuberante y tiene la entidad suficiente para casar el fallo impugnado, lo cierto es que la providencia se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, en atenci\u00f3n a que la aspiraci\u00f3n de la recurrente planteada en el alcance de la impugnaci\u00f3n consiste en que, una vez casado el fallo del Tribunal, se revoque el del a quo y en su lugar se produzca una providencia absolutoria, pero las pruebas obtenidas en el juicio no conducen a denegar las pretensiones de la demanda\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
En ese sentido, procedi\u00f3 a estudiar los certificados obrantes en el plenario y la historia laboral del all\u00ed promotor; al respecto concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abTeniendo claro que el actor es beneficiario de la transici\u00f3n prevista en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, se advierte que seg\u00fan la historia laboral, ten\u00eda 752,72 semanas a la fecha en que entr\u00f3 en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, incluso sin contar las 19 semanas trabajadas para Distral S.A., con lo cual se colige que extendi\u00f3 los efectos del r\u00e9gimen transicional hasta el a\u00f1o 2014. Ahora bien, al contabilizar las semanas cotizadas al 31 de diciembre de 2014, la historia laboral solo refleja 972,72. A este guarismo, empero, debe adicionarse las 19 semanas laboradas por el actor a Distral S.A., m\u00e1s otros per\u00edodos que Colpensiones dej\u00f3 de contabilizar sin ning\u00fan fundamento. <\/p>\n
(\u2026) La suma de los tiempos (\u2026) arroja 286 d\u00edas, que equivalen a 40,85 semanas. Al agregarle las 19 semanas trabajadas por el actor a Distral S.A. en el a\u00f1o 1997, (\u2026) ascienden a 59,85 semanas que, al adicionarlas a las 972,72 reportadas en la historia laboral, suman un total de 1.032,57, esto es, m\u00e1s de las 1.000 exigidas por el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o para causar el derecho a la pensi\u00f3n legal de vejez. Es m\u00e1s, incluso si se omitieran las 19 semanas laboradas por el demandante a Distral S.A. entre junio y octubre de 1997, igualmente conservar\u00eda el derecho el actor, puesto que tendr\u00eda un total de 1.013,57 semanas\u00bb. <\/p>\n
Acorde con lo anterior y teniendo en cuenta que, Jos\u00e9 Herney Mart\u00ednez consolid\u00f3 su derecho pensional, la Corporaci\u00f3n enjuiciada razon\u00f3 que \u00abno habr\u00eda lugar a revocar el fallo de primer grado para absolver a Colpensiones del reconocimiento de la prestaci\u00f3n, la que fue su \u00fanica aspiraci\u00f3n en sede casacional\u00bb. De esta manera desestim\u00f3 el embate. <\/p>\n
De acuerdo con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundado o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la sociedad gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad querellada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que ata\u00f1e a los cuestionamientos sobre la \u00abindebida\u00bb valoraci\u00f3n probatoria realizada por el tribunal ad quem, se itera que dicho aspecto fue abordado en la determinaci\u00f3n que acaba de estudiarse y que defini\u00f3 el respectivo tr\u00e1mite en sede extraordinaria; de modo que, en esas condiciones, no es posible reabrir un debate que ya culmin\u00f3. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con la providencia de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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