STC10656-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10656-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2023-00249-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 4 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael Augusto Rodr\u00edguez Pantale\u00f3n contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Control Urbano de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00ba 2016-00192. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. En nombre propio, el accionante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por la autoridad policiva convocada, al no suspender la diligencia de entrega que le fue comisionada. <\/p>\n
2. Como fundamento de la solicitud de amparo refiri\u00f3, en s\u00edntesis, que dentro del hipotecario seguido por Mar\u00eda Clemencia Osorio Arenas contra Juan Hernando Fonseca Monta\u00f1ez ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de C\u00facuta (2016-00192), el 21 de julio de 2022 se remat\u00f3 el inmueble identificado con la matr\u00edcula n\u00b0 260-45098, el que fue adjudicado a la cesionaria por cuenta del cr\u00e9dito, orden\u00e1ndose la respectiva entrega, diligencia que fue comisionada a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Control Urbano de esa localidad, quien se\u00f1al\u00f3 fecha para llevar a cabo la misma el 27 de junio de 2023. <\/p>\n
Refiere que, pese a que solicit\u00f3 a la autoridad policiva la suspensi\u00f3n del desalojo, su pedimento fue negado, incurriendo en v\u00eda de hecho, pues \u00abse advirti\u00f3 la existencia del proceso de pertenencia el cual se encuentra atado al bien inmueble objeto de la diligencia, ya que no puede proseguir con [\u00e9sta], pues es claro que la misma est\u00e1 supeditada a las resultas del proceso de pertenencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Inspector de Polic\u00eda de Control Urbano de C\u00facuta, luego de pronunciarse frente a cada uno de los hechos esbozados en el escrito inicial, puntualiz\u00f3 que \u00abla competencia de este despacho, se circunscribe \u00fanica y exclusivamente a materializar la orden de un juez, comprendida dentro del despacho comisorio de la referencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa urbe, tras realizar la trazabilidad del ejecutivo criticado, solicit\u00f3 denegar el amparo, habida cuenta que \u00abno ha incurrido en conducta que propenda por la vulneraci\u00f3n de derecho alguno de los deprecados por el accionante; pues las decisiones tomadas dentro del proceso, han sido el resultado del estudio y ponderaci\u00f3n de los medios probatorios que han sido allegados al mismo, y a los cuales se les han aplicado las reglas de la sana cr\u00edtica, y as\u00ed mismo, han sido valorados en conjunto, razones por las cuales considero que este Despacho Judicial ha obrado en derecho\u00bb. <\/p>\n
3. Mar\u00eda Clemencia Osorio Arenas, como cesionaria dentro del cobro revisado y a trav\u00e9s de apoderado judicial, pidi\u00f3 desestimar lo reclamado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n, pues \u00abel tutelante en su escrito hace un relato de la demanda de pertenencia y hace ver que la entrega obedece a \u00e9ste (sic) proceso, cuando en realidad la orden de entrega proviene del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de C\u00facuta dentro del proceso hipotecario, (\u2026) [donde] los acreedores hipotecarios no est\u00e1n vetados para hacer efectiva su garant\u00eda, todo lo contrario las ley los vincula al proceso para que hagan efectivo su derecho y es justamente lo que est\u00e1 solicitando la entrega del bien rematado\u00bb. <\/p>\n
4. Mar\u00eda Consuelo Cruz, secuestre dentro del coercitivo en comento, se\u00f1al\u00f3 que se atiene a lo consignado en el acta de la diligencia de secuestro del bien perseguido llevada a cabo el 28 de septiembre de 2017, comoquiera que, la diligencia fue atendida por Rafael Augusto Rodr\u00edguez Pantale\u00f3n, aqu\u00ed interesado, \u00abPERSONA QUE SE LE INFORMO EL OBJETO DE LA COMISION Y COMO TAL NO HISO (sic) OPOSICION A LA PRACTICA DE LA DILIGENCIA\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo deneg\u00f3 el resguardo por incumplir el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto que, del informe rendido por el juez del conocimiento y las probanzas allegadas se pudo extraer, que \u00abel suplicante constitucional ha tenido la oportunidad de reclamar la protecci\u00f3n de sus derechos ante el Juez conocedor del asunto, pero no lo ha hecho, asumiendo una actitud pasiva que imposibilita la utilizaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de amparo subsidiaria y residual\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, para insistir en que, \u00ablo \u00fanico que pretende es que se suspenda la diligencia de entrega del bien inmueble hasta tanto no se resuelva el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto dentro del proceso de radicado 2020-00047 emanado del Juzgado Tercero Civil del circuito de C\u00facuta y que hoy se encuentra en (sic) al Despacho de la Doctora Giovanna Carre\u00f1o para el correspondiente tr\u00e1mite de dicho recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas esenciales del gestor, como supuesto poseedor del inmueble perseguido, al no suspender la entrega dentro del proceso ejecutivo con garant\u00eda real promovido por C\u00e9sar Corredor Corredor y otra, hoy cesionaria Mar\u00eda Clemencia Osorio Arenas, contra Juan Hernando Fonseca Monta\u00f1ez (n\u00ba 2016-00192), hasta tanto no se profiera sentencia de segunda instancia al interior de la pertenencia seguida por el interesado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito en Oralidad de C\u00facuta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre otras en STC2667-2023, 22 may. 2023, rad. 00030-01-01). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que cuando el juez profiere una decisi\u00f3n trascendental en el proceso obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jur\u00eddico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda excepcional resulta id\u00f3nea para conjurar o prevenir el perjuicio. <\/p>\n
3. El caso concreto -Inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio, y con observancia de las pruebas allegadas al plenario, ha de precisarse que esta Corporaci\u00f3n refrendar\u00e1 el fallo que declar\u00f3 improcedente el resguardo, por cuanto el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su quebrantamiento ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad, dado que el querellante adopt\u00f3 una actitud negligente en el tr\u00e1mite del precitado juicio coercitivo, puesto que, (i) aunque fue quien atendi\u00f3 la diligencia de secuestro del bien materia de garant\u00eda realizada el 28 de septiembre de 2017, ninguna oposici\u00f3n present\u00f3 en aras de alegar la posesi\u00f3n que dice tener sobre el inmueble; (ii) y s\u00f3lo fue hasta el 12 de mayo de 2021 cuando, a trav\u00e9s de apoderada, solicit\u00f3 la no realizaci\u00f3n de la subasta del bien \u00aben calidad de poseedor\u00bb, lo que le fue negado por auto del 2 de julio siguiente, sin que tampoco hubiera cuestionado dicha decisi\u00f3n; adem\u00e1s, (iii) tambi\u00e9n guard\u00f3 silencio frente a las dem\u00e1s determinaciones tomadas, es decir, el prove\u00eddo del 30 de septiembre de 2022 que aprob\u00f3 el remate realizado el 21 de julio de ese mismo a\u00f1o, en el que se adjudic\u00f3 el inmueble a la cesionaria; y, el auto del 12 de diciembre siguiente que comision\u00f3 la entrega ahora reprochada. <\/p>\n
Al respecto, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC1431-2023, 22 feb. 2023, rad. 00382-01). <\/p>\n
4. Improcedencia de la tutela para obtener la suspensi\u00f3n de diligencias judiciales <\/p>\n
Basta con se\u00f1alar que, la citada orden de entrega se produjo luego del agotamiento de todas las etapas legales dentro del precitado tr\u00e1mite, lo que hace inviable la solicitud, dado que la realizaci\u00f3n de este tipo de diligencias \u00ab(\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016), m\u00e1xime cuando, a diferencia de lo considerado por el actor, la circunstancia aqu\u00ed tra\u00edda como fundamento de su pretensi\u00f3n, no impide de modo alguno la realizaci\u00f3n de la entrega dispuesta. <\/p>\n
En tal medida, resulta claro que no puede ser acogida la petici\u00f3n formulada por el accionante con miras a que se suspenda la diligencia de entrega, debido a que, seg\u00fan lo tiene precisado esta Corporaci\u00f3n, \u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016 y reiterada, entre otras, en STC9769-2022, 1\u00b0 ag. 2022, rad. n\u00b0 00330-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se mantendr\u00e1 la decisi\u00f3n de instancia, por cuanto la omisi\u00f3n del convocante en la utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial pertinentes torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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