STC10657-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10657-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 63001-22-14-000-2023-00093-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 6 de septiembre de 2023 que concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jimy Dufrey Galarza Tafur, contra el Consejo Nacional Electoral y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales a \u00abelegir y ser elegido\u00bb y al debido proceso, supuestamente conculcadas por las autoridades accionadas al invalidar su inscripci\u00f3n para votar, en Calarc\u00e1, Quind\u00edo, en los comicios electorales que se efectuaran el pr\u00f3ximo 29 de octubre. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en s\u00edntesis, que pese a residir en el precitado municipio, desde febrero del a\u00f1o 2020, y tras haber inscrito su cedula all\u00ed, desde el 24 de junio de 2021, para ejercer su derecho al voto, el 8 de agosto hoga\u00f1o, se enter\u00f3, a trav\u00e9s de un mensaje de texto que recibi\u00f3 en su tel\u00e9fono celular que el Consejo Nacional Electoral anul\u00f3 tal registro. <\/p>\n
Informa, que tras consultar el tr\u00e1mite adelantado, tuvo conocimiento de que la mencionada autoridad, por auto de 27 de enero anterior, de oficio orden\u00f3 la investigaci\u00f3n por la presunta inscripci\u00f3n irregular de c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda en ese lugar, y que posteriormente, mediante Resoluci\u00f3n n\u00b0 4144 de 7 de junio de 2023 invalid\u00f3 su inscripci\u00f3n. <\/p>\n
Sostiene, que \u00abcon la decisi\u00f3n adoptada por el CNE y habiendo, seg\u00fan la parte motiva de la resoluci\u00f3n \u201cACREDITADO SUMARIAMENTE LA NO RESIDENCIA\u201d, con la SIMPLE CONSULTA DE UNAS BASES DE DATOS donde [\u00e9l aparece] (\u2026) con el punto de atenci\u00f3n en salud en la ciudad de Pereira y cuyo \u00faltimo censo registra como lugar de residencia la ciudad de Bogot\u00e1 D.C (Censo electoral anterior a la fecha de inscripci\u00f3n de [su] c\u00e9dula), vulnera [su] derecho constitucional a ejercer [el] voto para las pr\u00f3ximas elecciones a realizarse en octubre 29 de 2023\u00bb. <\/p>\n
Aduce, que las accionadas desconocieron las reglas establecidas para el enteramiento de ese tipo de decisiones, concretamente, los art\u00edculos 7 y 11 de la Resoluci\u00f3n 2857 de 2018, as\u00ed como el canon 70 de la Ley 1437 de 2011, y resalta que \u00abcuriosamente, para cuando ya hab\u00edan corrido los t\u00e9rminos para hacer uso de los recursos de ley, s\u00ed recib[\u00f3[ un mensaje de texto el 8 de agosto de 2023, cuando la decisi\u00f3n ya estaba tomada de anular [su] inscripci\u00f3n y el acto administrativo se encuentra en firme\u00bb. <\/p>\n
Indica, que no le fue permitido ejercer su derecho de defensa para demostrar que, efectivamente, tiene fijado su domicilio en Calarc\u00e1, sino que la decisi\u00f3n fustigada se ciment\u00f3 en un censo del DANE, que se encuentra desactualizado, en la media que se efectu\u00f3 en el a\u00f1o 2019, y el hecho de que reciba atenci\u00f3n en salud en Pereira obedece a la cercan\u00eda y facilidad de llegar hasta esa ciudad desde su lugar de residencia. <\/p>\n
Agrega, que tambi\u00e9n se han desconocido las normas que regulan lo atinente a la notificaci\u00f3n de los actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se \u00abanule\u00bb la Resoluci\u00f3n n\u00b0 4144 de 7 de junio de 2023, y en consecuencia se ordene \u00abal CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, que mantenga [su] inscripci\u00f3n en el municipio de Calarc\u00e1 o en \u00faltimas se rehaga la averiguaci\u00f3n, Y A LA REGISTRADUR\u00cdA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL mantener inc\u00f3lume [su] inscripci\u00f3n en el Municipio de Calarc\u00e1 – Quind\u00edo para ejercer [su] derecho al voto en las elecciones a llevarse a cabo en los pr\u00f3ximos meses del a\u00f1o 2023 ya que es el municipio de [su] residencia desde febrero de 2020\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Consejo Nacional Electoral, se opuso a la prosperidad del auxilio manifestando que con su actuaci\u00f3n no se han vulnerado los derechos que reclama el gestor, en la medida que el procedimiento por medio del cual esa entidad se pronunci\u00f3 sobre la validez de la inscripci\u00f3n de c\u00e9dulas en el municipio de Calarc\u00e1 para las elecciones territoriales a celebrarse en octubre del presente a\u00f1o se ci\u00f1\u00f3 a lo establecido en la Resoluci\u00f3n 2857 de 2018. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3, que el enteramiento de las decisiones adoptadas cumpli\u00f3 con lo normado en el canon 11 \u00edb, en armon\u00eda con el art\u00edculo 70 de la Ley 1437 de 2011, en la medida que fueron publicadas en la p\u00e1gina web de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, as\u00ed tambi\u00e9n, se fij\u00f3 un aviso con copia de la parte resolutiva por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas calendario en la correspondiente Registradur\u00eda, con lo cual se garantiz\u00f3 el derecho de defensa, para el consecuente uso de los mecanismos administrativos de defensa para que se controvirtiera lo resuelto. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el interesado no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la Resoluci\u00f3n n\u00b0 4144 de 7 de junio de 2023, por lo que el amparo debe declararse improcedente ya que incumple el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, tras hacer un recuento de la normativa que gobierna el procedimiento fustigado, puntualizando que es competencia del Consejo Nacional Electoral. Seguidamente expuso que el interesado no recurri\u00f3 el acto administrativo que ataca en sede de tutela, pese a que conforme al art\u00edculo d\u00e9cimo de la parte resolutiva de esa decisi\u00f3n era objeto de reposici\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo otorg\u00f3 el resguardo, y en consecuencia orden\u00f3: (i) al Consejo Nacional Electoral \u00abque i) deje sin efectos la Resoluci\u00f3n No. 4144 de 7 de junio de 2023, en relaci\u00f3n con Jimy Dufrey Galarza Tafur, con el correspondiente restablecimiento de la inscripci\u00f3n de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda para votar en el municipio de Calarc\u00e1, Quind\u00edo, ii) comunique la decisi\u00f3n adoptada en cumplimiento de esta sentencia a las autoridades descritas en el art\u00edculo 13 de la Resoluci\u00f3n 2857 de 2018 y iii) rehaga la actuaci\u00f3n administrativa que culmin\u00f3 con la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 4144 de 7 de junio de 2023, \u00fanicamente frente a Jimy Dufrey Galarza Tafur, tr\u00e1mite en el cual deber\u00e1 observar las garant\u00edas que asisten al promotor del amparo, con el cumplimiento de cada una de las etapas previstas en la Resoluci\u00f3n 2857 de 2018 y la realizaci\u00f3n de las notificaciones conforme con las previsiones de dicha norma\u00bb; y (ii) a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y Municipal de Calarc\u00e1, Quind\u00edo, \u00abque, una vez reiniciada la actuaci\u00f3n por parte del Consejo Nacional Electoral, notifiquen todas las providencias que se profieran en el transcurso del tr\u00e1mite al promotor del amparo, conforme lo disponen los art\u00edculos 7\u00b0 y 11\u00b0 de la Resoluci\u00f3n 2857 de 2018\u00bb <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el Consejo Nacional Electoral reiterando lo aducido en el traslado de la tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas han vulnerado las garant\u00edas esenciales deprecadas por el querellante al interior del procedimiento efectuado para la validaci\u00f3n de c\u00e9dulas inscritas para votar en el municipio de Calarc\u00e1, Quind\u00edo en las elecciones territoriales que se efectuar\u00e1n el 29 de octubre de 2023. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos de la solicitud de amparo la Sala considera inviable el auxilio reclamado, por lo que se revocar\u00e1 el fallo de primera instancia, y en su lugar se declarar\u00e1 improcedente, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Este particular mecanismo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclaman o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n encuentra que la controversia planteada en torno al enteramiento de las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite fustigado deviene improcedente si se tiene en cuenta que las cuestiones aducidas con ese prop\u00f3sito, resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, puesto que no se encuentra acreditado en las diligencias, petici\u00f3n, solicitud o incluso, el agotamiento del recurso de reposici\u00f3n frente a la Resoluci\u00f3n n\u00b0 4144 de 7 de junio de 2023, en la que el aqu\u00ed gestor plantee el debate que ahora divulga en esta excepcional senda. <\/p>\n
N\u00f3tese que el querellante no ha comparecido ante las autoridades acusadas, para exponer las supuestas irregularidades que en su criterio se presentaron, en el enteramiento de esas determinaciones, hechos sobre los cuales gravita la solicitud de amparo. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, refuerza el fracaso del ruego, el hecho de que la pretensi\u00f3n del convocante se circunscribe a que se anule el mencionado acto administrativo de car\u00e1cter particular, desconociendo que ese control corresponde al juez contencioso administrativo, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando los interesados cumplan con los requisitos propios de ese medio de control (v. gr, t\u00e9rmino de caducidad, legitimaci\u00f3n, etc.). <\/p>\n
De esta manera, adem\u00e1s de ser id\u00f3neo dicho mecanismo de defensa, tambi\u00e9n resulta eficaz, dada la posibilidad de solicitar medidas cautelares, de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr.). <\/p>\n
Al respecto cabe precisar que, por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Sobre esta tem\u00e1tica esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada\u00bb (CSJ. STC5278 4 may. 2015). <\/p>\n
Lo enunciado enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. La Corte sobre ese puntual aspecto ha se\u00f1alado, que <\/p>\n
\u00absi el actor considera que alg\u00fan acto concreto de los acusados le est\u00e1 transgrediendo las garant\u00edas esenciales, debe dirigirse a ellos para que se pronuncien al respecto; es decir, el quejoso debe plantear sus inconformidades ante los demandados, para que \u00e9stos, de ser pertinente, tomen una determinaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n, sin que con este mecanismo pueda anticiparse a las decisiones de dichas entidades\u00bb (mencionada tambi\u00e9n en CSJ STC11463-2016 y STC9840-2017). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n reclamada no puede salir exitosa porque, en las copias allegadas con esta acci\u00f3n no se encuentra ninguna prueba distinta de la afirmaci\u00f3n de la demandante que indique a la Sala que la petente haya elevado ante el accionado petici\u00f3n en el sentido pretendido y que ahora alega por esta v\u00eda subsidiaria, que permita endilgar a la entidad demandada una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneratoria de los derechos que reclama\u2026 Expone la peticionaria unos hechos hu\u00e9rfanos de toda prueba, sobre los que no se concede el amparo\u2026, es decir, la interesada accion\u00f3 en tutela, sin haber hecho ninguna gesti\u00f3n ante la entidad demandada y ciertamente que la falta de petici\u00f3n directa ante \u00e9sta no le ha permitido pronunciarse concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende\u2026\u00bb (CSJ. STC de 13 de feb. de 2013, exp. 00193-01, reiterada en STC10498-2019, 6 ago. 2019, rad. 02462-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la ausencia del criterio de procedibilidad se\u00f1alado emerge suficiente para desestimar la s\u00faplica, por lo que no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de dicha materia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En cuanto a la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Finalmente, sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esa modalidad para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), y aunque el gestor aduce que la actuaci\u00f3n surtida vulnera su prerrogativa a elegir y ser elegido, lo cierto es que con la decisi\u00f3n adoptada por el Consejo Nacional Electoral no se est\u00e1 amenazando su garant\u00eda, en la medida que, en todo caso, podr\u00e1 ejercer su derecho al voto en el lugar en que el que su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda se encontraba previamente inscrita. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se revocar\u00e1 el fallo que concedi\u00f3 el auxilio, y en su lugar se declarar\u00e1 su improcedencia, en tanto que desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna ya que la interesada no demostr\u00f3 haber comparecido ante las accionadas, y previo a acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n constitucional, para exponer los argumentos aqu\u00ed esgrimidos, o siquiera interponer reposici\u00f3n frente al acto administrativo atacado, aunado a que no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar, declara IMPROCEDENTE el amparo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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