STC10660-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC10660-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2023-00388-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga el 6 de septiembre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Casa de Hospedaje Luis Edgar Vera Castellanos SAS contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el amparo constitucional No. 2023-00082. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 la sociedad, que la se\u00f1ora Mercedes Soler Rivera interpuso acci\u00f3n de tutela en su contra, con el fin de que se ordenara el pago de la indemnizaci\u00f3n por despido injustificado, como tambi\u00e9n que, provisionalmente, se ordenara su reintegro en el cargo que desempe\u00f1aba o en otro, con similares condiciones. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga neg\u00f3 el amparo, e impugnada la determinaci\u00f3n, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad la revoc\u00f3, para concederlo y orden\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Dejar sin EFECTO la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo de fecha 04 de abril de 2023, por medio del cual la se\u00f1ora MERCEDES SOLER RIVERA, fue removida del cargo que desempe\u00f1aba en CASA <\/p>\n
HOSPEDAJE LUIS EDGAR RIVERA CASTELLANOS S.A.S, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la sociedad CASA HOSPEDAJE LUIS EDGAR RIVERA CASTELLANOS S.A.S, que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente sentencia que, en virtud del CONTRATO DE TRABAJO vigente en el a\u00f1o 2023, proceda a reintegrar a la se\u00f1ora MERCEDES SOLER RIVERA, en el mismo cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando u otro de igual o superior categor\u00eda, con las mismas o superiores condiciones a las existentes al momento de su despido. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la sociedad CASA HOSPEDAJE LUIS EDGAR <\/p>\n
RIVERA CASTELLANOS S.A.S, que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, proceda a cancelar a la se\u00f1ora MERCEDES SOLER RIVERA, el pago de los salarios dejados de devengar desde su despido y hasta la fecha de su reintegro efectivo, as\u00ed como el pago de sus respectivas prestaciones sociales y la afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales que se generen con ocasi\u00f3n a su reintegro, de no haberlas ya garantizado. <\/p>\n
QUINTO: ADVERTIR a la sociedad CASA HOSPEDAJE LUIS EDGAR <\/p>\n
RIVERA CASTELLANOS S.A.S, que no pueden retirar a la se\u00f1ora MERCEDES SOLER RIVERA de su cargo, sin tener el permiso respectivo del MINISTERIO DE TRABAJO. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 23 de agosto de 2023 fue requerida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico, con el prop\u00f3sito de que informara el cumplimiento del fallo de tutela. <\/p>\n
Sostuvo que sus derechos est\u00e1n siendo vulnerados \u00abpor la indebida valoraci\u00f3n de pruebas que dieron lugar a una revocatoria y un fallo adverso, teniendo en cuenta la imposibilidad de reintegrar a la ACCIONANTE, por no existir establecimientos de comercio vigentes al no haber contratos vigentes, y al haber entregado todas las sedes donde se operaba y al haber liquidado a cada uno de los empleados, donde actualmente todos est\u00e1n en diferentes empresas\u00bb (sic). <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 revocar la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado accionado, y en su lugar, negar el amparo. <\/p>\n
As\u00ed mismo que, que se ordene al Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, dejar sin efectos el auto que admiti\u00f3 el incidente de desacato y archivar las diligencias. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, defendi\u00f3 la razonabilidad de su decisi\u00f3n porque se encuentra ajustada a derecho y obedeci\u00f3 a la especial condici\u00f3n de debilidad manifiesta de la se\u00f1ora Soler Rivera, derivada de su estado de salud y del despido injustificado ejecutado sin autorizaci\u00f3n del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la solicitud de amparo es improcedente, habida cuenta que se cuestiona un fallo de tutela y que la sociedad actora puede acudir ante la Corte Constitucional, autoridad competente para revisar las decisiones proferidas por los jueces en sede de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La se\u00f1ora Mercedes Soler Rivera solicit\u00f3 negar el amparo por improcedente, por estar dirigido contra otra acci\u00f3n de la misma naturaleza. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros SA, Colpensiones, Seguros de Vida Suramericana SA, Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Santander, Salud Total EPS SA -Sucursal Bucaramanga- y la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez. manifestaron que no han vulnerado los derechos fundamentales de la accionante y que los hechos narrados no est\u00e1n relacionados con su competencia, raz\u00f3n por la que solicitaron ser desvinculados de este tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bucaramanga, neg\u00f3 el amparo porque no encontr\u00f3 configurada ninguna de las situaciones que jurisprudencialmente se han avalado para su procedencia contra de un tr\u00e1mite de la misma naturaleza, y explic\u00f3, adem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela no constituye una instancia adicional para que la sociedad accionante exponga la inconformidad con la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la sociedad, y aleg\u00f3 que, con la decisi\u00f3n de primera instancia, se contin\u00faan afectando sus derechos fundamentales, ante la posible sanci\u00f3n en el incidente de desacato promovido en su contra, m\u00e1xime cuando le es imposible cumplir la sentencia constitucional objeto de queja. <\/p>\n
Por lo anterior solicita revocar la decisi\u00f3n de primera instancia y conceder el amparo invocado, porque esta acci\u00f3n es el \u00fanico mecanismo id\u00f3neo con el que cuenta para proteger sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, se ha dicho que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando la determinaci\u00f3n atacada es la proferida por un juez constitucional, lo anterior con el fin evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra de la misma naturaleza. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb. (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022). <\/p>\n
2. Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, estos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la Casa de Hospedaje Luis Edgar Vera Castellanos SAS acude a este mecanismo en busca de la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados por los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga con la sentencia proferida el 18 de junio de 2023 en la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2023-00082-01 formulada en su contra por Mercedes Soler Rivera, y el Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, con el auto que dispuso impartir tr\u00e1mite al incidente de desacato en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por tratarse de una acci\u00f3n de tutela que controvierte las decisiones adoptadas en otra de la misma naturaleza, m\u00e1xime, cuando en el caso en estudio no se configura ninguno de los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para su procedencia de manera excepcional, y en especial no se encuentra demostrado que la determinaci\u00f3n censurada hubiera sido el producto de una situaci\u00f3n de fraude. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Con todo, se observa que la demandante tiene a su alcance la revisi\u00f3n del fallo de tutela cuestionado e, incluso, cuenta con el mecanismo de insistencia, escenarios eficaces para controvertir los argumentos expuestos por la autoridad judicial accionada, lo que permite advertir la ausencia del requisito de la subsidiariedad, que siempre debe acompa\u00f1ar a la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
4. De otra parte, para reafirmar la inviabilidad de la protecci\u00f3n, basta decir que, actualmente se encuentra en tr\u00e1mite el incidente de desacato que se adelanta contra la aqu\u00ed peticionaria, escenario en el que debe discutir las inconformidades tra\u00eddas a este amparo, pues es ante el Juez de conocimiento, que debe allegar las pruebas que considere pertinentes, para acreditar el cumplimiento de la sentencia de tutela o, para alegar la imposibilidad de cumplir la orden impartida, situaci\u00f3n que impide al Juez constitucional anticiparse a la adopci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que debe proferir el la autoridad competente en el escenario natural, pues obrar de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, esta Corporaci\u00f3n ha establecido, \u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ. STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre muchas en, STC14280-2018, STC12055-2020 STC5909-2021, STC17367-2021, STC3499-2022, STC2808-2022 y, STC8925-2023 entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
4. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10660-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC10660-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2023-00388-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76088","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76088","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76088"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76088\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76088"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76088"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76088"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}