STC10661-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10661-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 12 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Natalia Chaparro Casta\u00f1eda contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el juicio radicado bajo el n\u00b0 2012-00435. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando \u00aben mi calidad de apoderada de la empresa Num\u00e9rica Ltda.\u00bb, la abogada solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso y habeas data, presuntamente vulnerados por el despacho accionado. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel d\u00eda 12 de julio de 2023, en mi calidad de apoderada present\u00e9 derecho de petici\u00f3n ante el [Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga], solicitando el levantamiento de la medida cautelar, consistente en la inscripci\u00f3n de la demanda de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de bienes [n\u00b0 2012-00435] en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de mi representada [ello], en tanto el proceso que dio lugar a su imposici\u00f3n se encuentra terminado\u00bb, pues con \u00absentencia 347 de 16 de noviembre de 2013\u00bb, el acusado resolvi\u00f3 \u00abdeclarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho formada entre Martha Esther Posada Jim\u00e9nez y Jairo C\u00e9sar Casta\u00f1eda Gonz\u00e1lez desde el 15 de agosto de 1997 al 10 de septiembre de 2012\u00bb. <\/p>\n
Que no obstante lo anterior, \u00aba la fecha no se ha realizado el levantamiento de la medida cautelar [en comento], lesionando el patrimonio de los socios de la empresa, que no son parte del proceso en menci\u00f3n\u00bb, pues, \u00abel patrimonio de la empresa se compone del capital de los socios, no solamente del se\u00f1or Jairo C\u00e9sar Casta\u00f1eda Gonz\u00e1lez, quien fue parte del proceso\u00bb, sino de los otros tres que figuran en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal. <\/p>\n
3. Pretende \u00abque se ordene al Juzgado 4 de Familia del Circuito de Bucaramanga, que se cancele la inscripci\u00f3n de demanda registrada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la empresa accionante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Cuarta de Familia de Bucaramanga, informo que dentro del \u00abproceso de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, finiquitado con fallo estimatorio el \u00ab26 de noviembre de 2013\u00bb, respecto de la medida de \u00abinscripci\u00f3n de demanda sobre las acciones o intereses y derechos que en la sociedad Num\u00e9rica Ltda. tenga el se\u00f1or Jairo Cesar Casta\u00f1eda Gonz\u00e1lez como socio de la misma [la cual fue] inscrita el 13\/09\/2012 en el registro mercantil que lleva la C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga (\u2026), el d\u00eda 12\/07\/2023 (\u2026), la Dra. Natalia Chaparro Casta\u00f1eda en calidad de apoderada de la empresa Num\u00e9rica Ltda., alleg\u00f3 solicitud de levantamiento de la medida cautelar\u00bb, a lo cual respondi\u00f3 \u00abpor auto del 26 de julio de 2023, [resolviendo que] \u201cen aras de dar tr\u00e1mite a la petici\u00f3n (\u2026), se dispone requerirla para que allegue: (i) Poder que cumpla con los requisitos del art\u00edculo 74 del CGP, concordante con el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 2213 de 2022 (\u2026), y, (ii) Certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la empresa [en cita]\u201d\u00bb, requisitos que \u00abhaga la fecha [31 de agosto de 2023] la [interesada] no ha dado cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Erwin Gerardo Arenas Del Pino, quien dijo obrar \u00aben calidad de apoderado de la demandante se\u00f1ora Martha Esther Posada M\u00e9ndez\u00bb, se pronunci\u00f3, pero no acredit\u00f3 la aludida condici\u00f3n dentro de este asunto. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo deneg\u00f3 el resguardo \u00abpor no cumplir con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que el juzgado al contestar la acci\u00f3n de tutela se\u00f1al\u00f3 que, si bien recibi\u00f3 la petici\u00f3n elevada por la accionante el 12 de julio hoga\u00f1o, en aras de atender la solicitud de levantamiento de medidas cautelares presentada, mediante auto proferido el 26 de julio de 2023 dispuso requerir a la apoderada judicial de Num\u00e9rica Ltda. para que allegara el respectivo poder y el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad, sin embargo, menciona que a la fecha, no se ha remitido tal documento, por lo que no ha sido posible proceder al estudio de dicha petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la solicitante, aduciendo que \u00abla sentencia vulnera el par\u00e1grafo 1\u00b0 [del art\u00edculo 16 de la Ley 1437 de 2011], al exigir un [documento] que se encuentra en su poder, en tanto fue debidamente radicado junto con la petici\u00f3n\u00bb, y acompa\u00f1\u00f3 copia del mandato presentado para los fines del proceso cuya actuaci\u00f3n critica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la actora est\u00e1 facultada para interponer esta acci\u00f3n, y en caso de superarse lo anterior, si el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la empresa Num\u00e9rica Ltda., al no haber levantado la medida cautelar decretada dentro del litigio n\u00b0 2020-00155. <\/p>\n
2. Del poder especial para interponer la tutela. <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del auxilio constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando \u00e9sta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce la acci\u00f3n \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93), precis\u00e1ndose que en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto: \u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre otras). <\/p>\n
Por su parte, de vieja data esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los poderes conferidos a los abogados para actuar dentro de las actuaciones judiciales o extrajudiciales, no pueden tener \u00ab…la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes…\u00bb, ya que este mecanismo es un proceso judicial aut\u00f3nomo, que cuando se ejerce a trav\u00e9s de un abogado requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n (entre muchos, fallos de 15 mayo 1995 -exp. 2169-, 22 de mayo y 2 de agosto de 1996 -exps. 3009 y 3224-, 14 de noviembre 1997 -exp. 4568-, 4 de marzo y 14 de agosto de 1998 -exps. 4804 y 5254-, 24 noviembre de 1999 -exp. 7669-, 31 de julio de 2000 -exp. 0206-, 20 de febrero y 29 de noviembre de 2001 -exps. 20000965 y 200010813)\u00bb (CSJ ATC, 19 feb. 2003, rad. 00072-01, citado entre otros en STC, 21 ago. 2013, rad. 01149-01 y ATC901-2023, 4 ago., rad. 00103-01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, en repetidas oportunidades ha sostenido, que: <\/p>\n
\u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC1792-2021, 25 feb. 2021, rad. 00013-01). <\/p>\n
Igualmente se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (\u2026). La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n (\u2026) a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145-01). Se subraya. <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando la acci\u00f3n se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada entre otras en STC9425-2021, 28 jul. 2021, rad. 00360-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Conforme a las premisas que acaban de verse, de la revisi\u00f3n que la Corte realiza al presente asunto, se advierte que el fallo desestimatorio de primera instancia habr\u00e1 de confirmarse, pero precisando que lo ser\u00e1 por improcedente por cuanto la abogada solicitante carece de poder para actuar en este caso y en tal virtud ninguna decisi\u00f3n de fondo puede adoptarse. <\/p>\n
En efecto, es claro que el inter\u00e9s aludido a trav\u00e9s de la presente salvaguarda, no es personal de la abogada Natalia Chaparro Casta\u00f1eda, quien dijo concurrir como \u00abapoderada judicial de la empresa Num\u00e9rica Ltda. con NIT 804000580-7\u00bb, lo cual acredit\u00f3 en relaci\u00f3n con las gestiones para la cancelaci\u00f3n de medida cautelar dentro del proceso de uni\u00f3n marital de hecho y existencia de sociedad patrimonial n\u00b0 2012-00435, adelantado por Martha Esther Posada M\u00e9ndez contra Jairo C\u00e9sar Casta\u00f1eda Gonz\u00e1lez ante el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga, pero ese mandato no resulta suficiente para los fines perseguidos mediante este auxilio. <\/p>\n
Sobre el particular, aunada a la decantada jurisprudencia constitucional y de esta Corte que se destac\u00f3 en precedencia, la Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. <\/p>\n
(\u2026) El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC, 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada entre otras muchas en STC6233-2023, 28 jun., rad. 00252-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso, no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que, sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2011, exp. 2010-00573-01), y que: \u00abla acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may., rad. 00062-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del ruego tuitivo, pero en raz\u00f3n a su improcedencia, porque la demandante no justific\u00f3 la imposibilidad de la parte afectada para interponerla por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado especial, y tampoco invoc\u00f3 que actuaba como agente oficioso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por la puntual causal explicada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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