STC10662-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10662-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2023-00493-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 1\u00b0 de septiembre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Nancy Ayala Africano contra el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados BBVA Seguros de Vida de Colombia SA, el Juzgado Trece de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Barranquilla y citados los dem\u00e1s intervinientes en el amparo constitucional 2023-00512-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abpor ser 1) SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL; 2) POR SER UNA ADULTA MAYOR; 3) POR LA PROTECCI\u00d3N ESPECIAL A LA MUJER, Y 4) POR SER UNA MUJER DISCAPACITADA CON EL 100%\u00bb (sic), presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la compa\u00f1\u00eda aseguradora BBVA Seguros de Vida de Colombia SA., la que por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Trece de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Barranquilla, que concedi\u00f3 el amparo en providencia de 20 de junio de 2023. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n fue revocada por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esa ciudad, tras considerar que no se encontraban estructurados los requisitos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad exigidos por la doctrina constitucional, pese a estar demostrado que \u00abest\u00e1 sometida, sin la intervenci\u00f3n del presente amparo constitucional a un \u201cperjuicio irremediable\u201d\u00bb <\/p>\n
Sostuvo que la decisi\u00f3n de negarle la protecci\u00f3n, la somete a un juicio ordinario cuya duraci\u00f3n es incierta, y desconoce su condici\u00f3n de mujer, adulta mayor y hab\u00e9rsele dictaminado una p\u00e9rdida del 100% de su capacidad, razones suficientes para ser considerada como un sujeto de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla, proferir un nuevo fallo en la acci\u00f3n de tutela 2023-00512 que confirme la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONANTE <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla, neg\u00f3 el amparo constitucional por improcedente tras aducir que la presente acci\u00f3n va dirigida contra una decisi\u00f3n de la misma naturaleza y en el caso sometido a estudio, no se advirti\u00f3 la excepci\u00f3n que abre paso a su procedencia, toda vez que no se lleg\u00f3 medio probatorio indicativo de que la sentencia de tutela reprochada, fuera el resultado de actuaciones y decisiones fraudulentas o comportamientos inadecuados de la jueza accionada o de alg\u00fan sujeto interviniente en el procedimiento, que comprometa el actuar transparente, imparcial e independiente de \u00e9stos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sostuvo \u00ab(\u2026) aunque la Sala pudiera o no compartir sus motivaciones o decisi\u00f3n, no puede ser revisada por el juez constitucional en sede de una acci\u00f3n de tutela contra \u00e9sta; de manera que, aun cuando la accionante se encuentre enfrentando las dificultades personales que ha puesto de presente, en estas circunstancias debe acudir con prontitud ante el juez natural de la justicia ordinaria, a solicitar el reconocimiento del derecho del que dice encontrarse asistida; menos a\u00fan, cuando se encuentra acreditado en el expediente, que la falta de pago de la indemnizaci\u00f3n a la que considera tener derecho, no aduce ni se evidencia que se traduzca en un perjuicio irremediable, pues las pruebas de este proceso, reflejan que la actora cuenta con unas fuentes de ingreso de las que deriva el ingreso m\u00ednimo vital, como son las mesadas pensionales que le sit\u00faa el Magisterio (folio14\/\u00edtem01ExpTutela2023-512), y tiene propiedades (folio5\/item13\/expTutela2023-512), lo que desdibuja, aun por situaciones extraordinarias, la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para abordar el examen y decisi\u00f3n respecto de una sentencia dictada por un juez de la misma especialidad, en an\u00e1lisis reservado en t\u00e9rminos generales a la H. Corte Constitucional, en grado de revisi\u00f3n; razones por las que se negar\u00e1 el amparo pretendido\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante con id\u00e9nticos argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando se trata de una decisi\u00f3n proferida por un juez constitucional, esto para evitar una espiral infinito de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra de la misma naturaleza. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 200902355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, las quejas de la solicitante se dirigieron contra la sentencia proferida por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla el 5 de julio de 2023, en virtud de la cual revoc\u00f3 el fallo proferido por el Juzgado Trece de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de esa ciudad, para en su lugar, negar la protecci\u00f3n de los derechos invocados por la aqu\u00ed accionante en la acci\u00f3n de tutela No. 2023-00512-01. <\/p>\n
Al respecto, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por tratarse de una acci\u00f3n de tutela que controvierte la decisi\u00f3n adoptada por el fallador constitucional, con otra de la misma naturaleza, m\u00e1xime, cuando en el caso en estudio no se configura ninguno de los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para su procedencia de manera excepcional. <\/p>\n
3. Ahora, surge claramente la improcedencia de esta nueva acci\u00f3n de tutela, en tanto si bien, la tutela objeto de censura fue excluida de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, la inconforme bien puede hacer uso del recurso de insistencia, y ser\u00e1 ante esa Corporaci\u00f3n en donde se analizar\u00e1 lo alegado en esta queja. <\/p>\n
Y es que, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, si bien el mecanismo de selecci\u00f3n es discrecional, no quiere significar que sea imposible, puesto que se ha de recordar que cualquier Magistrado de esa Corporaci\u00f3n o el Defensor del Pueblo, est\u00e1 facultado para solicitar la revisi\u00f3n de un fallo de tutela excluido por \u00e9stos, en caso de estimar que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. <\/p>\n
As\u00ed lo ha referido el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional al se\u00f1alar, <\/p>\n
(\u2026) De acuerdo con el Reglamento Interno de la Corporaci\u00f3n, cada mes dos Magistrados integran una Sala de Selecci\u00f3n, y tienen a su cargo la escogencia de los expedientes de tutela para revisi\u00f3n. Tendiente a llevar a cabo esta funci\u00f3n, la Secretar\u00eda General de la Corte les suministra rese\u00f1as esquem\u00e1ticas de todas las tutelas que llegan a la Corte durante el mes anterior, es decir, de TODOS los expedientes que corresponden a las demandas de este tipo que se presentan en el pa\u00eds. Esa rese\u00f1a es el sucinto y conciso recuento de cada proceso, resultado de un cuidadoso examen del expediente: el encargado de analizar el caso, a m\u00e1s de consignar sus datos b\u00e1sicos de identificaci\u00f3n (nombre del actor, demandado, derecho invocado, hechos de la demanda) revisa los fallos de instancia, las pruebas en que se sustentan, y realiza una anotaci\u00f3n en caso de encontrar una posible violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de quien interpone la tutela. Con base en ese trabajo, los integrantes de la Unidad de Tutela rinden un informe a la Sala de Selecci\u00f3n, y sus miembros extraen, de entre todos los casos que se han revisado, aquellos que consideran que deben ser objeto de un nuevo examen por la Corte, porque entrev\u00e9n una posible violaci\u00f3n a los derechos fundamentales. <\/p>\n
Dado que en estas \u00abSalas de Selecci\u00f3n\u00bb la gran mayor\u00eda de fallos son excluidos de revisi\u00f3n posterior, existe la posibilidad de insistir en el estudio del caso por la Corte: cualquier Magistrado o el Defensor del Pueblo puede solicitar, por iniciativa propia o atendiendo la petici\u00f3n de un ciudadano, la elecci\u00f3n de un expediente para revisi\u00f3n por la Corte, si considera que el caso lo amerita. Los integrantes de la Sala de Selecci\u00f3n, nuevamente tienen la \u00faltima palabra\u00bb (Corte Constitucional. Sentencia C-1716 de 2000). <\/p>\n
4. Con fundamento en lo explicado, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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