STC10670-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10670-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03632-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Rafael de la Cruz Hern\u00e1ndez, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla y la Fiscal\u00eda Sexta Especializada de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, a la defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las autoridades accionadas, dentro del conflicto de competencia surtido dentro proceso penal seguido en su contra, CUI 08001600000020230025801. <\/p>\n
Solicita en consecuencia, que \u00abse declare la incompetencia del Juzgado Tercero Especializado de Barranquilla\u00bb para conocer del precitado juicio. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Afirma el gestor que debido a hechos ocurridos como miembro activo de la polic\u00eda nacional, result\u00f3 procesado junto con otros, por los presuntos delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado y homicidio en grado de tentativa, y el 13 de agosto de 2018 se radic\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n ante el Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, que no realiz\u00f3 la audiencia, y en la actualidad el proceso lo conoce el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, que el 23 de mayo del presente a\u00f1o inici\u00f3 la audiencia, oportunidad en la cual aleg\u00f3 la incompetencia del juzgador, porque seg\u00fan reflejaban algunas pruebas, el caso deb\u00eda ser asumido por un juzgado de Cartagena por ser el sitio donde supuestamente ocurrieron los hechos delictivos, postura que no respaldaron el Delegado de la Fiscal\u00eda ni el representante del Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
2.2. Sostiene que Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla mantuvo su atribuci\u00f3n, por lo cual remiti\u00f3 el proceso a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien mediante prove\u00eddo AP1917 de 12 de julio de 2023 decidi\u00f3 asignar el asunto al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, providencia que, asegura el actor, no abord\u00f3 todos sus argumentos ni las pruebas y desconoci\u00f3 la jurisprudencia aplicable. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir el informe a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla remiti\u00f3 el enlace de acceso al proceso cuestionado, explic\u00f3 que recibi\u00f3 dicho expediente del Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Barranquilla por virtud del Acuerdo CSJATA21-196 de 15 de diciembre de 2021 y dentro del mismo, previa solicitud de declaraci\u00f3n de incompetencia por parte del aqu\u00ed accionante, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia decidi\u00f3 el 12 de julio de 2023 asignarle el conocimiento del caso, por lo cual se\u00f1al\u00f3 el 6 de septiembre siguiente como fecha para continuar con la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, donde neg\u00f3 la nulidad pedida por aquel y lo acus\u00f3 formalmente como coautor de los delitos de secuestro extorsivo agravado, en concurso heterog\u00e9neo con homicidio en grado de tentativa y hurto calificado agravado, y, fij\u00f3 el pr\u00f3ximo 23 de octubre como fecha para la audiencia preparatoria. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dentro del mismo proceso penal, y \u00abrelacionada con los hechos planteados por el accionante\u00bb, el procesado Antonio Luis Geliz Molina interpuso otra acci\u00f3n de tutela, tramitada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte bajo el radicado 11001020300020230350200, decidida con prove\u00eddo STC9377-2023 de 19 de septiembre, con que se neg\u00f3 la protecci\u00f3n. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De lo expuesto en la demanda de tutela, concluye la Corte que el accionante cuestiona la decisi\u00f3n emitida el 12 de julio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia (AP1917), con que defini\u00f3 la competencia para conocer del juicio seguido en su contra, para dejarla en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla. <\/p>\n
En este orden de ideas, de manera liminar se advierte que esta Corporaci\u00f3n, en reciente oportunidad, al resolver la acci\u00f3n de tutela presentada por Luis Geliz Molina, coprocesado en el juicio fustigado, se pronunci\u00f3 respecto de los mismos hechos y pretensiones elevadas por el accionante (CSJ STC9377-2013). <\/p>\n
En sustento adujo que en su contra y de otras personas se adelanta, en el Juzgado 3\u00ba Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, un proceso penal por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado y homicidio en grado de tentativa. Se\u00f1al\u00f3 que en la audiencia de acusaci\u00f3n realizada por dicha sede la defensa de uno de los procesados aleg\u00f3 la falta de competencia del estrado, en raz\u00f3n a que los hechos imputados ocurrieron en Cartagena, pedimento que su abogado coadyuv\u00f3. En virtud de lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia emiti\u00f3 el prove\u00eddo AP1917-2023 en el que se\u00f1al\u00f3 que la competencia para tramitar el asunto estaba en la sede judicial de Barranquilla. A juicio del actor esa decisi\u00f3n desconoce que Cartagena es el lugar en donde ocurrieron los hechos que dieron origen al proceso penal <\/p>\n
Y ante esos argumentos la Corte resolvi\u00f3 que: <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n surtida por el cuerpo colegiado convocado no se evidencia la ocurrencia de v\u00eda de hecho alguna toda vez que, para dirimir el conflicto de competencia territorial, la Magistratura accionada estudi\u00f3 cada uno de los par\u00e1metros que le permit\u00edan fijarla, lo que la habilit\u00f3 para descartar los criterios del \u00ablugar de ocurrencia del delito m\u00e1s grave\u00bb y \u00ablugar donde se cometi\u00f3 el mayor n\u00famero de delitos\u00bb , y, en consecuencia, acoger exclusivamente como elemento determinador de la competencia el lugar \u00abdonde se haya producido la primera aprehensi\u00f3n o donde se haya formulado primero la imputaci\u00f3n\u00bb. Sobre el particular la Sala de Casaci\u00f3n Penal precis\u00f3: <\/p>\n
Ahora, el segundo aspecto a analizar ser\u00e1 el concerniente a la competencia territorial. <\/p>\n
El primer orden que enlista el art\u00edculo 52 de la Ley 906 de 2004, es \u201cdonde se haya cometido el delito m\u00e1s grave. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Conforme el escrito de acusaci\u00f3n: i) los actos de planeaci\u00f3n e iniciales del secuestro ocurrieron en Barranquilla; ii) Fabi\u00e1n Leonardo Ortiz Piedras -v\u00edctima- fue retenido materialmente de manera violenta en la v\u00eda que de Barranquilla conduce a Cartagena, sin que se tenga identificado un punto concreto; iii) al parecer, pues la fiscal\u00eda no tiene certeza, la v\u00edctima fue trasladada a un lugar ubicado en Cartagena, donde permaneci\u00f3 privado de su libertad y fue despojado de sus pertenencias; iv) la liberaci\u00f3n se produjo en la ciudad de Barranquilla, cuando bajo una operaci\u00f3n \u201cplan antisecuestro\u201d se produc\u00eda la entrega del dinero exigido. <\/p>\n
De manera que, el hecho de que la fiscal\u00eda mencione en el escrito de acusaci\u00f3n a Cartagena como el lugar donde posiblemente permaneci\u00f3 retenida la v\u00edctima y Barranquilla como el lugar donde iniciaron los actos que culminaron con su retenci\u00f3n violenta y donde se produjo la liberaci\u00f3n, dejan claro que, el delito de secuestro extorsivo, dada la naturaleza de ejecuci\u00f3n permanente, pudo ocurrir en diferentes lugares. <\/p>\n
Por tanto, el lugar de ocurrencia del delito m\u00e1s grave no resuelve el asunto. <\/p>\n
Se contin\u00faa entonces con el segundo orden, esto es, el lugar donde se cometi\u00f3 el mayor n\u00famero de delitos, el cual tampoco ofrece soluci\u00f3n, en la medida que, de acuerdo al escrito de acusaci\u00f3n, el delito de homicidio agravado tentado se suscit\u00f3 precisamente en el momento en que se llevaron a cabo los actos tendientes a materializar la retenci\u00f3n f\u00edsica de la v\u00edctima que, se conoce ocurri\u00f3 en la v\u00eda de Barranquilla a Cartagena. <\/p>\n
Y el delito de hurto calificado agravado, esto es, el despojamiento de los bienes de la v\u00edctima ocurri\u00f3 en el lugar donde fue llevado y se le mantuvo privado de la libertad, que al parecer, pues la fiscal\u00eda no tiene certeza sobre ello, estaba ubicado en Cartagena. <\/p>\n
Es decir, no existen elementos para considerar que la mayor\u00eda de los delitos hayan ocurrido en un lugar com\u00fan determinado. <\/p>\n
En tal virtud, corresponde acogerse al \u00faltimo criterio: donde se haya producido la primera aprehensi\u00f3n o donde se haya formulado primero la imputaci\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo con las piezas procesales obrantes en el expediente digital, no se conoce con precisi\u00f3n el lugar donde se produjo la primera aprehensi\u00f3n. Sin embargo, las audiencias de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n de todos los procesados se llevaron a cabo ante jueces penales municipales con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de Barranquilla. <\/p>\n
Lo anterior significa que, la competencia para conocer de la etapa de juzgamiento recae en los juzgados penales del circuito especializado de Barranquilla. <\/p>\n
En el anterior contexto, la presente actuaci\u00f3n corresponde al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, autoridad que ven\u00eda conociendo del asunto (\u2026). <\/p>\n
En suma, la Magistratura defini\u00f3 la competencia bajo los par\u00e1metros legales establecidos en el art\u00edculo art\u00edculo 52 de la Ley 906 de 2004 y fue clara en se\u00f1alar que aquella no pod\u00eda establecerse por el lugar de ocurrencia de los hechos imputados porque los mismos sucedieron tanto en Barranquilla como en Cartagena, plane\u00e1ndose e iniciando su realizaci\u00f3n en la primera ciudad y ejecut\u00e1ndose en la segunda. De manera que, se concluye que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al ya existir un pronunciamiento constitucional por parte de esta Corporaci\u00f3n respecto del prove\u00eddo AP1917 de 12 de julio de 2023 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, al existir identidad de partes, objeto, causa, esto es, dejar sin efecto la mencionada decisi\u00f3n, la salvaguarda se torna improcedente. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se destaca que el ac\u00e1 quejoso pudo dar contestaci\u00f3n, e incluso, coadyuvar las pretensiones supralegales en esa solicitud de amparo, lo que no hizo; de la misma manera al haber sido vinculado en esa solicitud de amparo, pudo intervenir, formulando impugnaci\u00f3n, incluso, ante la Corte Constitucional al surtir la eventual revisi\u00f3n, a fin de pretender la invalidez del prove\u00eddo de la Sala Hom\u00f3loga Penal de esta Corte; de ah\u00ed que no sea de recibo que el gestor active otro pronunciamiento constitucional, se itera, con el mismo objeto, causa y partes. <\/p>\n
En un asunto con alguna simetr\u00eda, la Sala dejo dicho que: <\/p>\n
\u2026se debe precisar que si la ac\u00e1 quejosa se encontraba inconforme con lo dispuesto en el prove\u00eddo del 26 de julio de 2019 emitido por el Tribunal de Arbitramento, debi\u00f3 intervenir en la acci\u00f3n de tutela inicialmente incoada, pues fue por el eventual inter\u00e9s que podr\u00eda tener en tal asunto que se le vincul\u00f3 a la actuaci\u00f3n, pero a pesar de ello no contest\u00f3 el amparo, ni lo coadyuv\u00f3 y tampoco interpuso impugnaci\u00f3n frente a lo dispuesto en el fallo de primera instancia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que las desavenencias que se exponen mediante esta v\u00eda, debieron ser objeto de estudio en la acci\u00f3n de tutela que en un inicio se propuso. <\/p>\n
7. En ese orden, ante la evidente incuria en que incurri\u00f3 la entidad peticionaria no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al funcionario judicial que conoce del asunto, en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la aqu\u00ed tutelante no emple\u00f3 los medios de defensa judiciales ordinarios, pues la acci\u00f3n de tutela no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley que el interesado desaprovech\u00f3 como consecuencia de su desidia (CSJ, STC705-2020, 3 feb., rad. 2019-00179-01). <\/p>\n
3. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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