STC10673-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10668-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00946-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 8 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Ignacio \u00c1lvarez Mendoza contra el Juzgado Dieciocho de Familia en Oralidad de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2015-00625. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3, en s\u00edntesis, que tras definirse de fondo la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho que conform\u00f3 con Yolanda Leonor Garc\u00eda Gil, mediante sentencia proferida el 28 de agosto de 2019 por el Juzgado Dieciocho de Familia en Oralidad de esta ciudad, solicit\u00f3 la respectiva liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial; sin embargo, pasados \u00ab3 A\u00d1OS Y 11 MESES DE HABERSE RADICADO LA DEMANDA DE LIQUIDACI\u00d3N\u00bb, a\u00fan no se ha podido llevar a cabo la audiencia prevista en el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso por \u00abcontinuos y extra\u00f1os aplazamientos de fechas\u00bb, quebrantando as\u00ed sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3 ordenar a la juez cognoscente \u00abse disponga dejar a disposici\u00f3n de la parte demandante el LINK del proceso y se ordene la realizaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 523 del C.G.P. la cual deber\u00e1 ser fijada para una fecha cercana\u00bb. Adem\u00e1s, que se requiera a dicha autoridad para que \u00abejerza la direcci\u00f3n del proceso y en lo sucesivo no se incurra en dilaciones injustificadas\u00bb, y, se compulsen copias a la autoridad disciplinaria para que se investiguen posibles \u00abconductas irregulares\u00bb cometidas dentro del proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El despacho judicial accionado, adem\u00e1s de remitir el link de acceso al expediente contentivo del proceso criticado, inform\u00f3 que, por autos del 16 de agosto del a\u00f1o en curso se\u00f1al\u00f3 para el 25 de septiembre pr\u00f3ximo fecha para continuar con la audiencia de inventarios y aval\u00faos, y, decret\u00f3 el embargo de remanentes peticionados. <\/p>\n
2. Yolanda Leonor Garc\u00eda Gil, demandada dentro del asunto criticada y a trav\u00e9s de apoderado judicial, pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, habida cuenta que, no solo \u00abEl asunto planteado por el accionante no tiene ninguna relevancia constitucional en tanto y en cuanto que mediante auto del 16 de agosto de 2023, notificado por anotaci\u00f3n en estado del 17 siguiente, el Juzgado accionado fij\u00f3 fecha y hora para el 25 de septiembre del a\u00f1o en curso, a las 2:40 p.m., para llevar a cabo la continuaci\u00f3n de la audiencia prevista en el art\u00edculo 501 del C.G.P. En este orden de ideas, la tutela carece actualmente de objeto\u00bb, sino que, \u00abTampoco es cierto que no se hubiera realizado la primera audiencia en el proceso, pues lo cierto es que se han adelantado varias audiencias para la confecci\u00f3n del inventario y los aval\u00faos, etapa que todav\u00eda no se ha finiquitado, entre otras razones, por la abundante informaci\u00f3n que han presentado las dos partes\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda deprecada por carencia actual de objeto por hecho superado, tras advertir que, una vez enterado el despacho querellado de la presente queja constitucional, mediante prove\u00eddo del 16 de agosto de 2023 solvent\u00f3 aquello que motivo la interposici\u00f3n de la salvaguarda. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Dieciocho de Familia en Oralidad de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocada por Jorge Ignacio \u00c1lvarez Mendoza, al no programar la audiencia de inventarios y aval\u00faos, dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial n\u00b0 2015-00625. <\/p>\n
2. De la mora judicial <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada en STC7680-2022, 16 jun. 2022, rad. 00142-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
Revisados los argumentos del reclamo constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala mantendr\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, toda vez que se configura una carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Esto, porque sin perjuicio que sea deber del despacho accionado cumplir con los t\u00e9rminos previstos dentro de un proceso judicial, lo cierto es que, la presunta situaci\u00f3n de mora judicial endilgada en relaci\u00f3n con la falta de fijaci\u00f3n de fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de inventarios y aval\u00faos, fue corregida por el juzgado convocado durante el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, tal y como lo inform\u00f3 y demostr\u00f3 la autoridad encartada, por auto de fecha 16 de agosto de 2023, el cual fue notificado a trav\u00e9s de estado No. 82 publicado el d\u00eda 17 del mismo mes y a\u00f1o, se resolvi\u00f3: \u00abFijar el d\u00eda 25 de septiembre de 2023 a las 2:40 p.m. para llevar a cabo la audiencia prevista en el art. 501 del C.G.P., como quiera que la programada para el d\u00eda 3 de agosto de 2023 no se efectu\u00f3. Por secretar\u00eda rem\u00edtase enlace para consulta del proceso a las partes, dejando las constancias a que haya lugar\u00bb; por lo que la eventual irregularidad que se hubiera podido atribuir sobre ese particular ya se encuentra superada, resultando inocua cualquier manifestaci\u00f3n que pudiere hacerse frente a la situaci\u00f3n descrita en el libelo introductor. <\/p>\n
Lo anterior significa que el estrado encartado otorg\u00f3 al asunto el impulso requerido, el cual, se itera, tuvo lugar una vez notificada la admisi\u00f3n de esta acci\u00f3n -acaecida el 10 de agosto de 2023-, lo que conlleva una carencia actual de objeto por hecho superado al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Sobre la referida figura jur\u00eddica, la jurisprudencia ha sostenido que da lugar a que el ruego tuitivo pierda su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia y se torne inane cualquier pronunciamiento tendiente a corregir el desafuero que motiv\u00f3 su invocaci\u00f3n, y que la misma, \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada entre otras en STC8895-2022, 13 jul. 2022, rad. 00534-01). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no habr\u00e1 lugar a acceder a la solicitud del querellante relacionada con la compulsa de copias para que se investigue el comportamiento de la juez convocada, pues sobre el punto, el criterio de esta Corte ha sido de tiempo atr\u00e1s, que si el interesado \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, reiterada entre otras, en STC6149-2022, 19 may. 2022, rad. 00078-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado, toda vez que la circunstancia descrita como vulneradora del derecho fundamental invocado, se super\u00f3 durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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