STC10674-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10674-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2023-00407-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de agosto de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de aquella ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionantes reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad acusada. <\/p>\n
En concreto solicita que se ordene \u00abnombrar[le] un abogado para que [lo] represente en derecho en esta tutela, pese a no requerir abogado para tutelar (\u2026) y se ordene al apoderado de pobre a la defensora del pueblo de Manizales, presenten nuevamente [su] acci\u00f3n popular hoy tutelada de no ser amparada la misma\u00bb, adem\u00e1s, \u00abse ordene a la tutelada compartir todos los links de todas las acciones populares a [su] nombre y sus autos para tutelarle\u00bb. <\/p>\n
2. Para la definici\u00f3n del presente asunto el actor afirma que el juzgado accionado inadmiti\u00f3 su acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra Inmobiliaria Los Ocho S.A.S. correspondiente al radicado No. \u00ab05001 31 03 010 2023 00029 00\u00bb y posteriormente la rechaz\u00f3, pese a que, sostiene, cumple el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, por lo cual pide que se le designe un abogado de pobre para lograr la admisi\u00f3n del ruego. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn inform\u00f3 que la demanda con que fue promovido el referido juicio fue rechazada el 7 de febrero de 2023, porque frente al previo requerimiento para subsanarla, el actor alleg\u00f3 un memorial que no enmend\u00f3 las falencias enrostradas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn neg\u00f3 el resguardo por incumplir el requisito de procedibilidad de la inmediatez, porque la \u00faltima decisi\u00f3n emitida dentro del proceso criticado se verific\u00f3 m\u00e1s de seis (6) meses antes de presentada la tutela, sin que obre justificaci\u00f3n para la tardanza. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor insistiendo en que en el asunto se de aplicaci\u00f3n al derecho sustancial sobre el requisito de procedibilidad de la inmediatez. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al puntual motivo de impugnaci\u00f3n, se advierte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, porque la \u00faltima decisi\u00f3n emitida dentro del proceso que se alega vulnerador de las prerrogativas superiores invocadas, consistente en el auto de 7 de febrero de 2023 del Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn, con que se rechaz\u00f3 la referida acci\u00f3n popular, fue emitido m\u00e1s de seis (06) meses antes de la interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 14 de agosto pasado, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
Lo anterior bajo el entendido que la foliatura no reporta la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, lo que entonces impide entrar a emitir cualquier valoraci\u00f3n de fondo sobre las decisiones emitidas en dicho decurso, incluido, analizar si proced\u00eda designar un abogado de amparo de pobre a trav\u00e9s de este mecanismo, como lo reclam\u00f3 el gestor. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Adicionalmente, la petici\u00f3n del accionante frente a la designaci\u00f3n de un apoderado en amparo de pobreza para que se modifique, reforme o adecue la acci\u00f3n popular y, en consecuencia, se ordene la admisi\u00f3n de la misma, concluye la Sala que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto el quejoso pudo elevar dicha petici\u00f3n al momento de presentar la demanda, para que la misma fuera resuelta por el juez de conocimiento, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Finalmente, frente al planteamiento del quejoso encaminado a que se le conceda amparo de pobreza para que se vuelva a presentar la acci\u00f3n popular en su nombre, considera la Corte que la salvaguarda fundamental tambi\u00e9n deviene improcedente, porque desatiende el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, en tanto, el actor podr\u00e1 realizar dicha petici\u00f3n al momento de presentar la demanda o ante el juez al que le corresponda por reparto la acci\u00f3n popular de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 152 y 153 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Lo consignado basta para respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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