STC10676-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC10676-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00270-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 6 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Esteban Pe\u00f1aloza Barrientos y Sonia Guzm\u00e1n Mu\u00f1oz, esta \u00faltima en nombre propio y como representante legal de Agropecuaria Los Laureles SAS, contra el Juzgado Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n, Tolima, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la misma localidad y los intervinientes en el recaudo n\u00ba 2021-00098. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la citada condici\u00f3n, los accionantes invocaron el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, con la sentencia de segunda instancia proferida al interior del citado asunto. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes, se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, que los accionantes y la sociedad Agropecuaria Los Laureles SAS, celebraron el 10 de agosto de 2020 contrato de arrendamiento con Josu\u00e9 David Salazar Roa, sobre \u00abdos predios que conforman la hacienda Palo gordo, vereda Santa Luc\u00eda, en el municipio de Purificaci\u00f3n Tolima\u00bb, para la siembra de arroz, pact\u00e1ndose anualmente la forma de pago, pero como el arrendatario incumpli\u00f3 el convenio, \u00abpues si bien es cierto se hab\u00eda pagado el primer a\u00f1o de renta (\u2026) abandon\u00f3 el predio y retir[\u00f3] sus elementos en el mes de junio de 2021\u00bb, iniciaron en su contra proceso ejecutivo por el 20% del valor total del contrato, m\u00e1s los da\u00f1os y perjuicios, siendo librado el respectivo mandamiento de pago el 13 de agosto de 2021 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificaci\u00f3n, quien luego de agotar el tr\u00e1mite de rigor, mediante sentencia del 13 de marzo de 2023 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Apelado lo resuelto por el extremo vencido, mediante prove\u00eddo del 6 de julio de los corrientes el Juzgado Civil del Circuito de la misma localidad revoc\u00f3 lo determinado, para en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n de fondo de inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo, incurriendo as\u00ed en v\u00eda de hecho, pues en criterio de los accionantes, el fallador de segunda instancia \u00abno motiva las razones por las cuales decide fundamentar su postura en el hecho que el contrato de arrendamiento estaba cumplido por el hecho de haber estado paga la renta para la \u00e9poca en que se present\u00f3 la demanda, sin embargo no se pronuncia o argumenta una sola palabra o frase respecto al incumplimiento del contrato de arrendamiento por el abandono intempestivo del predio, estando vigente el t\u00e9rmino de ejecuci\u00f3n contractual, hecho que se afirm\u00f3 por los demandantes y por el demandado\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional \u00abREVOCAR la sentencia de segunda instancia y (\u2026) ordenar al Despacho el an\u00e1lisis con las reglas de sana cr\u00edtica respecto de la confesi\u00f3n presunta del demandado al ser renuente a responder sobre la entrega o abandono del predio y la hecha por su apoderado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que se atiene al an\u00e1lisis efectuado en la parte considerativa del fallo cuestionado, comoquiera que \u00abno se incurri\u00f3 en los errores evidentes que los accionantes endilgan en la acci\u00f3n de tutela, dado que fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en argumentos razonables, que no pueden considerarse lesivos de garant\u00edas superiores, independientemente de si se comparten o no. Por tanto, en este caso no se estructur\u00f3 ninguno de los presupuestos esgrimidos, pues se ejerci\u00f3 adecuadamente, y en el marco de su autonom\u00eda, la labor de administrar justicia y no se incurri\u00f3 en desatinos que puedan considerarse contrarios a las garant\u00edas invocadas\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, la titular del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la misma urbe precis\u00f3, que la providencia proferida el 13 de marzo de 2023 al interior del proceso ejecutivo singular de menor cuant\u00eda criticado, en la cual se declararon no probadas las excepciones propuestas, \u00abfue dictada en ejercicio de la autonom\u00eda e independencia judicial, sin afectar los derechos fundamentales de los accionantes\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, arguyendo que la decisi\u00f3n censurada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues aunque los gestores consideren que el fallador de segunda instancia incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, por cuanto, supuestamente, no tuvo en cuenta las probanzas relacionadas con el incumplimiento del contrato de arrendamiento por el abandono del predio por el ejecutado, \u00abel encartado tras realizar el correspondiente examen de los elementos probatorios, arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que el t\u00edtulo que sirvi\u00f3 de base a la demanda ejecutiva, no colmaba los requisitos de exigibilidad, claridad y expresividad. En ese sentido, -el fallador fustigado resalt\u00f3 que al interponerse la causa ejecutiva ni siquiera el citado t\u00edtulo ejecutivo era exigible, pues no exist\u00eda retraso en el pago del canon de arrendamiento seg\u00fan las obligaciones de su parte estipuladas en la aludida convenci\u00f3n, en tanto, se encontraba vigente el primer a\u00f1o de arriendo que ya hab\u00eda sido cancelado a la suscripci\u00f3n del citado contrato-, debiendo los ejecutantes acudir a la senda procesal correspondiente a efectos de dirimir si la actuaci\u00f3n del arrendatario (solicitud de terminaci\u00f3n por mutuo acuerdo del contrato de arrendamiento y abandono del predio objeto del mismo) constitu\u00eda en verdad un incumplimiento del acuerdo contractual. <\/p>\n
De ah\u00ed que no se advierta perpetrada la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegada, pues lo que se avista planteado por los accionantes es una diferencia de criterio frente al an\u00e1lisis all\u00ed realizado por el juez accionado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue interpuesta por los accionantes, insistiendo en que \u00ab(\u2026) el arrendatario abandon\u00f3 el predio intempestivamente en el mes de junio de 2021, lo que configura un incumplimiento al contrato, hecho y circunstancia que se tiene como presuntamente confesada por ser renuente a contestar. Esta circunstancia debe ser bien analizada por el Despacho [por ser] fundamental para la exigibilidad de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda denunciada, al revocar el fallo de primera instancia que hab\u00eda accedido a las pretensiones, dentro del ejecutivo singular promovido por los gestores contra Josu\u00e9 David Salazar Roa (n\u00b0 2021-00098). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Razonabilidad de la providencia cuestionada <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales allegadas, establece la Sala que habr\u00e1 de mantenerse el fallo denegatorio de primera instancia, por cuanto al examinar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Juzgado Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n, Tolima, el 6 de julio de 2023 decidi\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n del proceso\u00bb, tras revocar la sentencia dictada en audiencia el 13 de marzo anterior por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la misma urbe, luego de declarar probada la excepci\u00f3n de fondo denominada \u00abINEXISTENCIA DE TITULO EJECUTIVO, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI\u00d3N POR NO SER EXIGIBLE\u00bb propuesta por el demandado, no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada, en raz\u00f3n a que el referido pronunciamiento se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, aunque los gestores acuden al presente mecanismo excepcional alegando, en lo fundamental, que la autoridad accionada no valor\u00f3 como correspond\u00eda, los medios de prueba que dan cuenta del incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte del ejecutado con fundamento en el abandono del predio por parte de \u00e9ste, al revisar el contenido de la determinaci\u00f3n criticada observa la Corte, que el juez querellado, luego de realizar precisamente el examen de las probanzas, concluy\u00f3 que, el t\u00edtulo aportado como base del cobro no conten\u00eda los elementos exigidos por el legislador, lo que lleva al fracaso de la acci\u00f3n ejecutiva, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
El fallador, luego de explicar de manera detallada cada uno de los presupuestos procesales previstos en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que solo pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o su causante y constituyan plena prueba contra \u00e9l, descendi\u00f3 al estudio de los elementos probatorios obrantes dentro del cobro y se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn el caso bajo examen, se aporta como documento base de recaudo el \u201cCONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOTE PARA CULTIVAR ARROZ\u201d, suscrito el 10 de agosto de 2020, entre la se\u00f1ora SONIA GUZMAN MU\u00d1OZ, como persona natural y quien al mismo tiempo act\u00faa como Gerente de la Sociedad AGROPECUARIA LOS LAURELES S.A.S. y, el se\u00f1or MIGUEL ESTEBAN PE\u00d1ALOZA BARRIENTOS, como ARRENDADORES y el se\u00f1or JOSUE DAVID SALAZAR ROA, como ARRENDATARIO, en el que seg\u00fan la cl\u00e1usula SEGUNDA, el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n es de 8 a\u00f1os, contados a partir del 1\u00ba de diciembre de 2020 y hasta el 1\u00ba de diciembre de 2028. <\/p>\n
Consta igualmente que, en la cl\u00e1usula tercera del susodicho contrato, se pact\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cTERCERA: El valor total del contrato es de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M\/CTE ($480.000.000), los cuales ser\u00e1n pagados en 8 c\u00e1nones de arrendamiento anuales, fijando el canon anual de arrendamiento en la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M\/CTE ($60.000.000), suma que el ARRENDATARIO se obliga a pagar A LOS ARRENDADORES, anualmente durante los pr\u00f3ximos 8 a\u00f1os y de manera anticipada dentro de los primeros diez (10) d\u00edas del mes de diciembre de cada periodo, pag\u00e1ndose el primer canon as\u00ed: A la firma de la fecha del presente contrato la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) y el que a su vez manifiesta el arrendador haber recibido a la firma del presente documento anticipadamente, y el excedente DE CINCUNETA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) se pagar\u00e1n el d\u00eda en que da inicio el presente contrato, es decir, el 1 de diciembre de 2020. <\/p>\n
\u201cPAR\u00c1GRAFO: Las partes convienen en reajustar anualmente el canon de arrendamiento anual antes descrito en la suma del Tres (3%) por ciento\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en la cl\u00e1usula novena, se acord\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cNOVENA: CLAUSULA PENAL. – Las partes fijan como domicilio contractual el municipio de Purificaci\u00f3n y como multa en caso de incumplimiento en cualquiera de la cl\u00e1usulas antes descritas, por cualquiera de las partes, la suma del 20% del valor total del contrato, m\u00e1s los da\u00f1os y perjuicios a que haya lugar, prestando este documento m\u00e9rito ejecutivo por el valor antes mencionado y bastar\u00e1 con la sola presentaci\u00f3n del mismo\u201d\u00bb. <\/p>\n
Y continu\u00f3 explicando: <\/p>\n
\u00abFrente al referido t\u00edtulo ejecutivo, el ejecutado dentro del t\u00e9rmino legal propuso, entre otras la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que rotul\u00f3 \u201cINEXISTENCIA DE TITULO EJECUTIVO, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI\u00d3N POR NO SER EXIGIBLE\u201d, aduciendo que deber\u00e1 de reponerse y por ende negar el mandamiento de pago solicitado por la parte actora, por considerar que no existe titulo (sic) ejecutivo que preste merito ejecutivo en el cual contenga una obligaci\u00f3n clara, expresa y menos exigible a la fecha, ya que la cl\u00e1usula penal que se le solicit\u00f3 y que por la cual el Juzgado libro mandamiento de pago, no contiene una obligaci\u00f3n exigible a la fecha, y la misma clausula penal descrita o plasmada en el contrato de arrendamiento por s\u00ed sola no constituye un t\u00edtulo ejecutivo que preste merito ejecutivo para ser cobrado judicialmente\u00bb. <\/p>\n
De donde extrajo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abRevisado el material probatorio obrante en el paginario, tenemos que, como la abundante jurisprudencia tra\u00edda a colaci\u00f3n anteriormente, al referirse a las exigencias contenidas en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, converge en se\u00f1alar que la obligaci\u00f3n es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condici\u00f3n, en otros t\u00e9rminos, la exigibilidad de la obligaci\u00f3n se manifiesta en la que deb\u00eda cumplirse dentro de cierto t\u00e9rmino ya vencido o cuando ocurriera una condici\u00f3n ya acontecida o para la cual no se se\u00f1al\u00f3 t\u00e9rmino pero cuyo cumplimiento s\u00f3lo pod\u00eda hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurri\u00f3, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condici\u00f3n. <\/p>\n
Desde un comienzo, la parte ejecutada ha venido reclamando la inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo y, por tanto, la improcedencia de la acci\u00f3n ejecutiva planteada, entre otras cosas, por cuanto la obligaci\u00f3n que se demanda a\u00fan no era exigible\u00bb. <\/p>\n
Del material probatorio arrimado al cartulario, salta de bulto, que de acuerdo a lo pactado en el contrato de arrendamiento que se aporta como base de la acci\u00f3n ejecutiva, en la cl\u00e1usula segunda, se plasm\u00f3 que el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de mismo era de 8 a\u00f1os, contados a partir del 1\u00ba de diciembre de 2020 y hasta el 1\u00ba de diciembre de 2028, de donde dimana que el primer canon de arrendamiento correspond\u00eda al periodo del 1\u00ba de diciembre de 2020 al 1\u00ba de diciembre de 2021, valor que seg\u00fan est\u00e1 probado en el paginario, fue pagado en su totalidad por el demandado, tal como se convino en la cl\u00e1usula tercera del contrato, es decir, $10.000.000.00 que los arrendadores manifiestan haber recibido a la firma del documento anticipadamente, y el excedente de $50.000.000.00, M\/Cte., fue consignado en los meses de julio y octubre de 2020, tal como consta en recibos de consignaci\u00f3n que obran en el cartulario (Archivo 018 C1), en dos contados de $25.000.000.00 M\/Cte. cada uno, pago aceptado t\u00e1citamente por los ejecutante, pues nada han alegado sobre este particular, por lo que no existe el menor asomo de duda sobre el pago del canon de arrendamiento por el primer a\u00f1o del contrato, vale decir, el periodo comprendido entre el 1\u00ba de diciembre de 2020 al 1\u00ba de diciembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
An\u00e1lisis que arroj\u00f3, entonces, que <\/p>\n
\u00abBajo esa circunstancia, no era admisible bajo ning\u00fan pretexto, alegar incumplimiento del contrato para el a\u00f1o 2021, y mucho menos, alegar la exigibilidad de la cl\u00e1usula penal pactada en el contrato, precisamente por cuanto aquella no se hab\u00eda hecho exigible para ese entonces, sin embargo, tenemos que la demanda se present\u00f3 el 3 de agosto de 2021 (Archivo 006 C1), se itera, cuando a\u00fan se encontraba corriendo el primer periodo del contrato, sobre el cual el arrendatario pag\u00f3 la suma de $60.000.000.00 por concepto de canon de arrendamiento, situaci\u00f3n que impon\u00eda la negaci\u00f3n de la orden de pago por parte del sentenciador, por no ser exigible la obligaci\u00f3n ejecutada, teniendo en cuenta lo se\u00f1alado la jurisprudencia, en el sentido que la exigibilidad de la obligaci\u00f3n se manifiesta en la que deb\u00eda cumplirse dentro de cierto t\u00e9rmino ya vencido, exigencia que no se cumpli\u00f3 en el sub examine, por cuanto, se repite, para el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, el arrendatario se encontraba al d\u00eda en el pago del canon de arrendamiento pactado\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan cuando, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00abobs\u00e9rvese que la misma parte ejecutante no tiene certeza de la fecha de exigibilidad de la obligaci\u00f3n pues en el numeral 2\u00ba del escrito de subsanaci\u00f3n alude expresamente que se libre orden de pago por los intereses legales a la tasa correspondiente y los moratorios al momento en que hubiere lugar y cuando se hace haga exigible la obligaci\u00f3n, es decir, no sabe cuando (sic) se har\u00e1n exigibles los mismos, luego esta omisi\u00f3n de por si (sic) sola, conduce al fracaso de la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
De este modo, finiquit\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn gracia de discusi\u00f3n, de no tener cabida estos argumentos para concluir el fracaso de la acci\u00f3n ejecutiva, se hace evidente la ausencia de las otras dos exigencias que permiten pregonar la existencia del t\u00edtulo ejecutivo, como lo son la claridad y expresividad de la obligaci\u00f3n que se ejecuta. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En ese orden de ideas, para el caso sub lite, estas exigencias brillan por su ausencia, pues n\u00f3tese que es tal la incertidumbre sobre el valor de la cl\u00e1usula penal que se ejecuta, que la parte ejecutante en la segunda pretensi\u00f3n de la demanda inicial, refiere a la orden de pago \u201cpor la suma de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M\/CTE ($110.000.000.oo) aproximadamente, correspondiente a la cl\u00e1usula penal pactada\u201d, cuando es claro que ese t\u00e9rmino aproximado no tiene cabida en tales eventos, precisamente por cuanto la expresividad de la obligaci\u00f3n exige que la obligaci\u00f3n debe ser expl\u00edcita, es decir, clara, manifiesta, evidente; y, si bien es cierto, la cuant\u00eda cambi\u00f3 con el escrito de subsanaci\u00f3n a la demanda (Archivo 010 C1),donde solicita que se libre mandamiento de pago en contra de la demandada y a favor de los demandantes por la cl\u00e1usula novena – penal del contrato equivalente a $96.000.000.00 M\/Cte. correspondientes al 20% del valor del contrato, lo cierto es que, al no presentar la demanda integrada, como era su deber, tal comportamiento genera enormes dudas sobre la claridad y expresividad de la obligaci\u00f3n que se ejecuta. <\/p>\n
Y, lo que es peor, la determinaci\u00f3n del valor de la cl\u00e1usula penal, se torna dificultosa, en raz\u00f3n que los demandantes refieren al 20% del valor total del contrato, m\u00e1s los da\u00f1os y perjuicios a que haya lugar (no determinados) y, lo que es peor, en el Par\u00e1grafo de la cl\u00e1usula tercera se acord\u00f3 que \u201cLas partes convienen en reajustar anualmente el c\u00e1non (sic) de arrendamiento anual antes descrito en la suma del Tres (3%) por ciento\u201d, lo que quiere decir, que para el segundo a\u00f1o de vigencia del contrato, su valor total del contrato no era de $480.000.000.00 M\/Cte. y por tanto, el canon anual no ser\u00eda de $96.000.000.00 M\/Cte, sino de $98.880.000.00 M\/Cte., teniendo en cuenta el incremento del 3% que corresponde a la suma de $2.880.000.00 M\/Cte. anuales, por lo que en tales condiciones el monto del 20% sobre el valor total del contrato para el segundo a\u00f1o, es decir, para el a\u00f1o 2022, corresponder\u00eda a la suma de $98.880.000.00 M\/Cte. y no de $96.000.000.00 M\/Cte. como se indica en la demanda. <\/p>\n
De lo anterior se colige que para poder establecer la obligaci\u00f3n originada como consecuencia de la cl\u00e1usula penal pactada en el contrato que se ejecuta, es decir, el 20% sobre el valor total del contrato, hay necesidad de realizar ciertos c\u00e1lculos para determinarla, pero adem\u00e1s de ello, por tratase de un incremento anual, ser\u00eda necesario ejecutar la misma operaci\u00f3n en cada periodo, lo que lleva consigo un cambio en aquel monto, lo cual no es admisible en este tipo de eventos, atendiendo lo dicho anteriormente, siendo esta otra raz\u00f3n que hace inviable la orden de pago en contra del ejecutado, se itera, por cuanto la obligaci\u00f3n no es clara y expresa\u00bb. <\/p>\n
Y concretamente sobre el incumplimiento por parte del demandado, y sobre el cual se edific\u00f3 la demanda, precis\u00f3 el juez lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hay que decir que est\u00e1 en el limbo jur\u00eddico, como bien lo alega la parte ejecutada, si se tiene en cuenta que, para el momento en que el contrato se estaba ejecutando en su primer periodo, ya cancelado el canon por parte JOSUE DAVIR SALAZAR ROA, este (sic) con m\u00e1s de cinco (05) meses de antelaci\u00f3n (21 de junio de 2021), dio a conocer a los arrendadores su intenci\u00f3n de dar por terminado el contrato, por razones a nuestro juicio, totalmente v\u00e1lidas, pues obra en el expediente la comunicaci\u00f3n fechada en dicho mes (Archivo 003 C1), remitida el lunes 21 del mismo mes v\u00eda WhatsApp por el ejecutado JOSUE DAVID SALAZAR ROA a los se\u00f1ores MIGUEL ESTEBAN PE\u00d1ALOZA BARRIENTOS y SONIA GUZM\u00c1N MU\u00d1OZ, donde les informa de la \u201cCancelaci\u00f3n por mutuo acuerdo del contrato de arrendamiento del lote Palogordo\u201d (\u2026). Deviene de lo anterior que ante las razones esgrimidas por el arrendatario como causales de terminaci\u00f3n del contrato, vale decir, las perdidas (sic) sufridas por la inundaci\u00f3n del predio que arras\u00f3 los cultivos los cuales cuantifica en la suma de $176.000.000.00 M\/Cte. siendo esta una causal para finalizar el contrato por fuerza mayor al haber perdido la capacidad econ\u00f3mica para invertir a largo plazo en el lote, adem\u00e1s de la crisis personal y familiar al enterarse que su futura esposa hab\u00eda sido diagnosticada con c\u00e1ncer \u201clinfoma no hodgkin folicular\u201d, lo cual lo oblig\u00f3 a tomar distancia del cultivo de arroz, para estar m\u00e1s pendiente y enfrentar aquella situaci\u00f3n particular, era v\u00e1lido adoptar aquella decisi\u00f3n, la de terminaci\u00f3n del contrato, sin que de tajo se pueda hablar de incumplimiento por parte de aquel, teniendo en cuenta que esas razones las puso en conocimiento de los arrendadores, con m\u00e1s de 5 meses de anticipaci\u00f3n al vencimiento del primer canon de arrendamiento ya cancelado, luego era necesario, previamente a iniciar la acci\u00f3n ejecutiva, tramitar el proceso verbal correspondiente, encaminado a que el Juez natural declarara dicho incumplimiento y a partir de cu\u00e1ndo se hac\u00eda exigible aquella, en caso de prosperar las pretensiones, para luego si acudir a la acci\u00f3n ejecutiva en busca del cumplimiento de aquella (sic)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abResultan falaces las afirmaciones de los ejecutantes al se\u00f1alar que faltando siete (7) a\u00f1os y dos (2) meses para su terminaci\u00f3n, el demandado manifest\u00f3 a los arrendadores su voluntad firme de finalizar el plazo del contrato, sin indemnizaci\u00f3n alguna para los arrendadores, habi\u00e9ndose presentado en los predios arrendados, retirando todas sus pertenencias, fecha desde la cual no se han podido contactar con el demandado a fin de encontrar una soluci\u00f3n, proponiendo la cesi\u00f3n del contrato, pago de indemnizaci\u00f3n y otras v\u00edas de soluci\u00f3n del conflicto, a lo cual se ha negado insistentemente, sin mostrar ning\u00fan \u00e1nimo conciliatorio sobre el particular, incumpliendo del todo con las obligaciones contempladas en el contrato de arrendamiento, pues n\u00f3tese que en primer lugar, no faltaban 7 a\u00f1os y 2 meses, sino 7 a\u00f1os y 5 meses para la terminaci\u00f3n del plazo del contrato y, adem\u00e1s, mientras aduce que no se ha podido contactar para buscar una soluci\u00f3n, luego afirma que aquel se ha negado insistentemente, sin mostrar ning\u00fan \u00e1nimo conciliatorio, lo cual ri\u00f1e con lo manifestado por SALAZAR ROA en el oficio de junio de 2021 antes mencionado, donde expone con claridad los argumentos por los cuales decide dar por terminado el contrato\u00bb. <\/p>\n
Para concluir, entonces, que: <\/p>\n
\u00abla se\u00f1ora Juez A-Quo pas\u00f3 por alto lo advertido por la jurisprudencia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 – Sala Civil Familia de Decisi\u00f3n – al enfatizar frente al deber que tiene el juez, incluso el ad-quem, de hacer revisi\u00f3n oficiosa e integral del t\u00edtulo al momento de fallar sin diferenciar entre requisitos formales o sustanciales, pues en los argumentos esgrimidos en las decisiones adoptadas por la Juez A – Quo, tanto al resolver el recurso de reposici\u00f3n, como en la sentencia de fondo, no abord\u00f3 dicho an\u00e1lisis, a pesar de las reclamaciones del ejecutado y la claridad evidenciada en la documentaci\u00f3n allegada por la misma parte ejecutante, habiendo decidido contrariando aquellos precedentes jurisprudenciales. (\u2026) Siendo as\u00ed las cosas resulta inane para este Despacho adentrarse en el an\u00e1lisis del restante material probatorio para inferir el \u00e9xito de la excepci\u00f3n rotulada \u201cINEXISTENCIA DE TITULO EJECUTIVO, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI\u00d3N POR NO SER EXIGIBLE\u201d, planteada por el ejecutado, la cual deber\u00e1 ser declarada probada, con las consecuencias que tal decisi\u00f3n trae consigo\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el juzgado del circuito accionado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime que no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC098-2023, 18 en. 2023, rad. 00207-01). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto, con independencia de si lo determinado satisface o no los intereses de los querellantes, comoquiera que, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa decisi\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por la ac\u00e1 actores es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10676-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA STC10676-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00270-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76101","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76101","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76101"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76101\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76101"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}