STC10682-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10682-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2023-00158-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00b0 de septiembre de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ra\u00fal Francisco Ochoa Jaramillo y Santiago Melquicedec Elorza Toro, contra el Juzgado Civil del Circuito de La Ceja, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, \u00abdejar sin efecto el auto de 21 de junio de 2023 mediante el cual se neg\u00f3 la entrega del t\u00edtulo 62438 del Banco Agrario y el auto mediante el cual se resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n contra esta providencia del d\u00eda 8 de agosto de 2023\u00bb y, en consecuencia, se ordene al estrado querellado \u00abcumplir la orden que ese mismo despacho dio en el numeral cuarto del auto del 19 de abril de 2023\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ra\u00fal Francisco Ochoa Jaramillo y Santiago Melquicedec Elorza Toro presentaron, a continuaci\u00f3n del juicio servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda, demanda ejecutiva en contra de Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn ESP -EPM, con el fin de recaudar la indemnizaci\u00f3n reconocida mediante sentencia de segunda instancia de 18 de julio de 2022, que dispuso estimar los da\u00f1os a indemnizar en la suma de $677\u00b4798.253; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, quien el 21 de octubre de 2022 libr\u00f3 mandamiento de pago, decretado el embargo de las cuentas bancarias, limitando la medida a $1.239\u00b4662.000. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 28 de noviembre de 2022 EPM inform\u00f3 que consign\u00f3 a \u00f3rdenes del Juzgado la suma de $1\u00b4086.355.896 por cuenta de lo adeudado (capital m\u00e1s intereses), pretendiendo la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n y el levantamiento de las cautelas; el 7 de diciembre siguiente, el estrado judicial modific\u00f3 la orden de apremio, en el sentido de indicar que se libraba por $489\u00b4047.052 como capital, notific\u00f3 a la ejecutada por conducta concluyente y neg\u00f3 los pedimentos de EPM, entre otros, la terminaci\u00f3n del proceso, comoquiera que, no alleg\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito; decisi\u00f3n que mantuvo el 1\u00b0 de marzo de 2023. Por su parte, el 9 de diciembre de 2022 Bancolombia alleg\u00f3 t\u00edtulo judicial por la suma de $1.239\u00b4662.000 por cuenta de la cautela decretada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 21 de marzo de 2023 el juzgado rechaz\u00f3 la nulidad deprecada por EPM, al tiempo que, la requiri\u00f3 para que allegara la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito; el d\u00eda 28 del mismo mes y a\u00f1o EPM alleg\u00f3 tal liquidaci\u00f3n, la que fue objetada por los promotores. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 19 de abril de 2023 el estrado declar\u00f3 infundada la objeci\u00f3n, modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, declar\u00f3 terminado el proceso por pago, el levantamiento de las cautelas y la entrega de los t\u00edtulos judiciales, para los demandantes el \u00abn\u00b0 62438 del 28 de noviembre de 2022, por la suma de $1.086\u00b4355.896\u00bb y \u00abfraccionar el t\u00edtulo n\u00b0 62578 del 9 de diciembre de 2022\u2026 uno por $133\u00b4817.800,24 para entregar a los demandantes y el otro por la suma de $1.105\u00b4844.199,79 para devolver a la parte ejecutada\u00bb; decisi\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, por los ejecutantes, al considerar que, la modificaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito era errada, por lo que, su objeci\u00f3n deb\u00eda ser procedente, adem\u00e1s, porque se tuvo en cuenta una parte de la cautela como parte de pago, lo que, a su parecer, no era procedente, por no ser un pago voluntario, de ah\u00ed que, no hab\u00eda lugar a terminar el juicio; el 24 de mayo de 2023 se mantuvo la decisi\u00f3n y concedi\u00f3 la alzada en efecto diferido, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Previa solicitud de los ejecutantes, el 21 de junio de 2023 el despacho neg\u00f3 la entrega del t\u00edtulo n\u00b0 62438, al considerar que \u00abel auto del d\u00eda 19 de abril del corriente a\u00f1o, por cuanto, de acuerdo con el efecto en que fue concedido el recurso de apelaci\u00f3n, se encuentra suspendido el cumplimiento de dicha providencia\u00bb, decisi\u00f3n recurrida por los accionantes, al considerar que el numeral 4\u00b0 de dicha providencia no fue recurrida, de ah\u00ed que, se deb\u00eda proceder a la entrega del t\u00edtulo; no obstante, el 8 de agosto de los corrientes, mantuvo la decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por v\u00eda de tutela se duelen los quejosos, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, el estrado err\u00f3 al no acceder a la entrega del t\u00edtulo n\u00b0 62738, en la medida en que tal punto \u00abnunca fue objeto de recurso y adem\u00e1s sobre dicha entrega EPM nunca manifest\u00f3 oposici\u00f3n alguna, estando por lo tanto tal orden completamente ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Anotaron que la falladora desconoce los c\u00e1nones 320 y 323 del C\u00f3digo General del Proceso e inaplic\u00f3 el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 446, pues la decisi\u00f3n recurrida en alzada solo puede ser examinada por el superior conforme los reparos formulados por el apelante, de ah\u00ed que, al no presentar reparo sobre el numeral 4\u00b0 de la decisi\u00f3n, esto es, la entrega del t\u00edtulo, no hay lugar a que el Tribunal se pronuncie al respecto, por lo que lo procedente es proceder a dicha entrega, relievando que, el efecto diferido no suspende siquiera el remate de bienes, ahora, no puede suspender la totalidad de la providencia, cuando, insiste, el numeral cuarto no fue recurrido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Indicaron que \u00abel monto del t\u00edtulo por [ellos] solicitado y cuya entrega fue ordenada por el despacho, es inferior al monto de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito elaborada oficiosamente por el Juzgado en m\u00e1s de 133 millones de pesos que ser\u00eda la suma por la que se seguir\u00eda adelante con la ejecuci\u00f3n en caso de prosperar el recurso de apelaci\u00f3n que se encuentra pendiente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Agregaron que se dej\u00f3 de aplicar \u00abel aparte del art\u00edculo 446 que determina que a pesar de la impugnaci\u00f3n que se haga del auto que modifica la liquidaci\u00f3n, no impide efectuar ni el remate de bienes ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no fue objeto de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la vulneraci\u00f3n alegada es inexistente; que el proceso criticado est\u00e1 en tr\u00e1mite ante el Tribunal surtiendo el remedio de alzada; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P.-EPM manifest\u00f3 que no est\u00e1 legitimado por pasiva para atender los hechos expuestos en la salvaguarda, pues el llamado a responder es el estrado judicial querellado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, comoquiera que, no es quebrantadora de garant\u00edas fundamentales <\/p>\n
Destac\u00f3 que, aunque el numeral 4\u00b0 de la parte resolutiva de la providencia de 19 de abril de 2023, esto es, la entrega de los t\u00edtulos, no fue recurrida, lo cierto es que dicha orden de entrega es consecuencia del numeral 3\u00b0 con el que se termin\u00f3 el proceso por pago, la que s\u00ed fue recurrida y con ello, impl\u00edcitamente, se condiciona la entrega de los dineros. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el contenido del inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso es inaplicable, pues el mismo es para cuando se ejecute la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, etapa procesal a la que el juicio ac\u00e1 criticado no ha llegado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00abel razonamiento que hace el H. Tribunal en el fallo de tutela impugnado sobre el hecho de que, como a\u00fan no se ha ordenado seguir con la ejecuci\u00f3n es imposible la aplicaci\u00f3n del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 446\u2026 con respecto a la orden de entrega del t\u00edtulo\u2026, contiene una exigencia desbordada y jur\u00eddicamente imposible ya que con respecto a la suma representada en dicho t\u00edtulo, nunca habr\u00e1 orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s, el canon 440 del C.G.P. tambi\u00e9n contempla la entrega de dinero. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que el despacho judicial enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que ameritaba la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, toda vez que, desconoci\u00f3 lo previsto en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00abvencido el traslado, el juez decidir\u00e1 si aprueba o modifica la liquidaci\u00f3n por auto que solo ser\u00e1 apelable cuando resuelva una objeci\u00f3n o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitar\u00e1 en el efecto diferido, no impedir\u00e1 efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelaci\u00f3n\u00bb (subraya y negrilla fuera de texto). <\/p>\n
En efecto, verificadas las piezas procesales allegadas al plenario, se evidencia que con auto de 19 de abril de 2023 el estrado judicial desech\u00f3 la objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por los promotores, modificando de oficio la misma, precisando que, como se cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n dentro el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el mandamiento de pago, proced\u00eda a la terminaci\u00f3n del proceso, disponiendo, en su numeral cuarto, \u00abentregar a los demandantes el t\u00edtulo judicial N\u00b0 62438 del 28 de noviembre de 2022, por la suma de $1.086\u00b4355.896\u00bb, determinaci\u00f3n que, el 24 de mayo siguiente mantuvo, al tiempo que, \u00aben atenci\u00f3n a que fue interpuesto en subsidio el recurso de apelaci\u00f3n, en virtud de lo normado en el numeral 3ro del Art. 446 C.G.P., y toda vez que fue modificada la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito mediante auto, el cual ser\u00e1 apelable solo cuando resuelva una objeci\u00f3n o altere de oficio la cuenta respectiva, como sucedi\u00f3 en el presente caso; se conceder\u00e1 el recurso de apelaci\u00f3n en el efecto diferido\u2026\u00bb. <\/p>\n
Luego, tras pretender la entrega del t\u00edtulo n\u00b0 62438, el estrado judicial neg\u00f3 la misma, al considerar que el auto estaba recurrido, decisi\u00f3n que, el 8 de agosto de 2023 mantuvo, al advertir que \u00abno es posible darle aplicaci\u00f3n al art. 446 del C.G.P., como lo pretenden los recurrentes, por cuanto la entrega de los dineros a la parte ejecutante s\u00ed depende de lo que se resuelva en la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En ese orden, se evidencia que el despacho judicial con la referida decisi\u00f3n, se apart\u00f3 de la normatividad en cita (numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 446 del C.G.P.), habida cuenta que, si bien tal disposici\u00f3n obedece para los asuntos que cuentan son sentencia u orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, lo cierto es que, ante el vac\u00edo normativo para cuando el ejecutado consigna dentro de los d\u00edas dispuestos en la orden de apremio, pretendiendo concluir la ejecuci\u00f3n por pago total de la obligaci\u00f3n, es la situaci\u00f3n que, permite aplicar an\u00e1logamente lo all\u00ed dispuesto. <\/p>\n
Ciertamente, en este caso de marras, el que apel\u00f3 fue el extremo ejecutante con el fin de que se le liquidaran m\u00e1s intereses de los ya reconocidos, por lo que, el reparo deviene de forma exclusiva a obtener m\u00e1s de lo aprobado en el auto recurrido en alzada, es decir, el capital y los r\u00e9ditos ya establecidos en ese auto est\u00e1n conforme a lo que las partes refieren, al punto que, EPM guard\u00f3 silencio de esa situaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, t\u00e9ngase en cuenta que, el prop\u00f3sito de la norma es evitar el incremento de la deuda en aspectos que no est\u00e1n en controversia, de all\u00ed que, se disponga la entrega de dineros en lo que se est\u00e1 de acuerdo, situaci\u00f3n que beneficia a ambos extremos procesales, de un lado, al ejecutado para que la liquidaci\u00f3n total de la deuda no siga incrementando con los intereses y, por otra parte, al ejecutante para que su patrimonio no siga comprometido y disminuyendo; de ah\u00ed que, se insiste, en el sub examine, al estar las parte de acuerdo con lo consignado en el t\u00edtulo reclamado, lo procedente es aplicar el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 446 de C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las consideraciones que anteceden, imponen la revocatoria del fallo impugnado, para en su lugar, acceder al resguardo pedido, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso de los tutelantes, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que proceda dictar decisi\u00f3n de fondo en el proceso ejecutivo instaurado por los actores contra Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn ESP -EPM, teniendo en cuenta los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada, en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de Ra\u00fal Francisco Ochoa Jaramillo y Santiago Melquicedec Elorza Toro. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja que, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, deje sin efecto el auto de 8 de agosto de 2023, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado frente al prove\u00eddo de 21 de junio de los corrientes, y emita una nueva providencia a trav\u00e9s de la cual resuelva dicho remedio, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. Rem\u00edtase copia de esta providencia al juzgado accionado y al a quo constitucional para que este \u00faltimo vele por su cumplimiento. <\/p>\n
La autoridad querellada informar\u00e1 a esa Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aqu\u00e9l t\u00e9rmino. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC10682-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10682-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2023-00158-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00b0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76106","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76106"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76106\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}