STC10688-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10688-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2023-00133-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de agosto de 2023 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Betsy Liceth Serna V\u00e9lez contra el Juzgado Promiscuo de Familia y la Fiscal\u00eda Segunda Local, ambos de Puerto Boyac\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar (i) \u00aba la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, delegada Seccional 2 de Puerto Boyac\u00e1, a que rinda un informe de las tareas desplegadas dentro de la denuncia interpuesta por la presunta comisi\u00f3n del punible de inasistencia alimentaria\u2026 [adem\u00e1s] que medidas dentro del programa metodol\u00f3gico, est\u00e1n pendientes por ejecutarse, y en que t\u00e9rminos ser\u00e1n adelantadas\u00bb; (ii) \u00abrevocar el auto del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 mediante el cual se rechaz\u00f3 la demanda ejecutiva por inasistencia de alimentos y en consecuencia ordenar al despacho a que\u2026 mediante el medio de comunicaci\u00f3n m\u00e1s expedito, [la] notifique e informe de que es lo que debe ser subsanado para continuar con la demanda interpuesta\u00bb; (iii) \u00abcompulsar copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que investigue si con la actitud y temperamento adoptado dentro del proceso, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, incurri\u00f3 en alguna falta disciplinaria\u00bb. <\/p>\n
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2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Betsy Liceth Serna V\u00e9lez, en representaci\u00f3n de su menor hijo, present\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos en contra de F\u00e9lix Emilio P\u00e9rez Rojo, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1 con radicaci\u00f3n n\u00b0 2023-00094, quien el 13 de julio de 2023, previa inadmisi\u00f3n, rechaz\u00f3 por no corregirse la falencia advertida el 3 de abril anterior. <\/p>\n
2.2. El 26 de abril de 2023 la actora inco\u00f3 otra demanda ejecutiva de alimentos en contra de P\u00e9rez Rojo, ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1 con radicaci\u00f3n n\u00b0 2023-00124, con fundamento en un acta de conciliaci\u00f3n realizada el 20 de febrero de 2018 ante la comisar\u00eda de familia de esa municipalidad; el 27 de abril de 2023 se libr\u00f3 mandamiento de pago, al tiempo que, se dispuso el embargo y retenci\u00f3n del 25% de ingresos salariales y prestacionales. <\/p>\n
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3. Notificado el convocado, solicit\u00f3 amparo de pobreza, asimismo, manifest\u00f3 que no se le remitieron los anexos de la demanda, por lo que puede tenerse como enterado en debida forma. <\/p>\n
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3. Tal denuncia est\u00e1 en estado de indagaci\u00f3n, por lo que se libr\u00f3 orden policial para lo pertinente, la que se reiter\u00f3 ante el cambio de patrulleros adscrito para tal fin. <\/p>\n
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3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, del actuar el estrado de familia, pues \u00abel 14 de julio de 2023 el despacho\u2026 rechaza la demanda con la excusa de que \u201calgo\u201d no fue subsanado\u2026 que el despacho [le] solicit\u00f3 notificar al demandado, algo que [le] parece irrisorio y que considera que toda labor de notificaci\u00f3n debe de ser surtida por el despacho\u00bb, adem\u00e1s, \u00abno ha sido notificada que es lo es lo que no subsa[n\u00f3], por lo que se rechaz\u00f3 de plano la demanda ejecutiva, vulnerando as\u00ed el derecho al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
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3. Destac\u00f3 que, respecto de la denuncia penal \u00abhan transcurrido casi 6 meses y descono[ce] que clase de impulso se le ha dado a la investigaci\u00f3n, pues conside[ra] que 6 meses es un tiempo m\u00e1s que holgado para que el denunciado busque los supuestos recibos de consignaci\u00f3n o excusas que desvirt\u00faen el hecho de que abandon\u00f3 econ\u00f3micamente a su hijo\u00bb, raz\u00f3n por la que, insiste, \u00abla demora en la resoluci\u00f3n del caso no tiene justificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Agreg\u00f3 que dicha tardanza quebranta las garant\u00edas del menor, pues el denunciado no atiende sus necesidades primarias; relievando que, en la audiencia de conciliaci\u00f3n adelantada en la fiscal\u00eda, bajo la gravedad del juramento, aqu\u00e9l \u00abno acredi[t\u00f3] que ha saldado lo que jam\u00e1s pag\u00f3, incurri\u00f3 adem\u00e1s en el punible de fraude procesal, toda vez que con mentiras no hace sino hacer que la justicia incurra en errores\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Procuradur\u00eda 15 Judicial II de Familia refiri\u00f3 que, respecto de los reparos de contra la Fiscal\u00eda, si bien se adelant\u00f3 la audiencia de conciliaci\u00f3n, dicho ente pudo realizar un seguimiento a las manifestaciones del denunciado y proveer conforme a sus facultades; ahora, frente a las quejas del Juzgado su actuar est\u00e1 dentro de los marcos procesales; agreg\u00f3 que en pro de las garant\u00edas del menor, ser\u00eda pertinente dar traslado al ICBF y a la Defensor\u00eda del Pueblo, con el fin de que presten asesor\u00eda a la promotora. <\/p>\n
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2. El Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1 cont\u00f3 que la promotora present\u00f3 un inicial proceso ejecutivo de alimentos con radicaci\u00f3n n\u00b0 2023-00094 el que inadmiti\u00f3 el 3 de abril de los corrientes, por no aportar el t\u00edtulo ejecutivo, por lo que, tras no subsanar, el 13 de julio siguiente rechaz\u00f3; que el 26 de abril de 2023 present\u00f3 otro juicio del mismo linaje con radicaci\u00f3n n\u00b0 2023-00124, el que con auto del d\u00eda 27 del mismo mes y a\u00f1o, libr\u00f3 orden de apremio, adem\u00e1s, una vez notificado el ejecutado, present\u00f3 amparo de pobreza, lo que est\u00e1 pendiente de pronunciamiento; que de evidenciarse alguna tardanza en el tr\u00e1mite, la misma no es \u00f3bice de quebranto de garant\u00edas, pues tiene una carga laboral que acrecienta d\u00eda a d\u00eda y cuenta con una planta de personal incompleta; que la promotora cuenta con otros mecanismos ordinarios que no pueden ser desplazados al juez de tutela; remiti\u00f3 link para consulta de los procesos. <\/p>\n
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3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF manifest\u00f3 que a la actora le asiste raz\u00f3n en solicitar celeridad respecto al tr\u00e1mite radicado ante la Fiscal\u00eda Segunda Local de Puerto Boyac\u00e1, en aras de reclamar las garant\u00edas del menos; destac\u00f3 que frente al tr\u00e1mite adelantado en el juzgado, no realiza pronunciamiento, pues es resorte del fallador constitucional adoptar las medidas respectivas. <\/p>\n
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4. La Fiscal\u00eda Segunda Local de Puerto Boyac\u00e1 inform\u00f3 que el 24 de enero de 2023 Betsy Serna instaur\u00f3 denuncia por inasistencia alimentaria en contra de F\u00e9lix P\u00e9rez, la que le fue asignada el 14 de febrero siguiente; que el 23 de febrero de los corrientes, no hubo acuerdo conciliatorio entre las partes; que el 30 de marzo de 2023 dio respuesta a la petici\u00f3n formulada por la actora, en el que le indic\u00f3 que la denuncia est\u00e1 en etapa de indagaci\u00f3n y se libr\u00f3 orden a polic\u00eda judicial el 2 de marzo, para tramitar en el t\u00e9rmino de 60 d\u00edas, empero, el patrullero asignado sali\u00f3 a vacaciones por lo que se asign\u00f3 a otro oficial; que el 10 de mayo de 2023 la Polic\u00eda inform\u00f3 que el patrullero ya no est\u00e1 asignado a esa fiscal\u00eda, asign\u00e1ndole el asunto a otro patrullero, a quien requiri\u00f3 el 15 de agosto de este a\u00f1o; que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
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5. La Personer\u00eda Municipal de Puerto Boyac\u00e1 manifest\u00f3 que no se opone a la salvaguarda, en tanto se verifique si en efecto el disfrute y la garant\u00eda de los derechos del menor est\u00e1n insatisfechos. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
\u2026al Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1 que, dentro de las\u2026 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, emita un pronunciamiento respecto del memorial presentado el 23 de mayo de 2023 por el se\u00f1or F\u00e9lix Emilio P\u00e9rez Rojo, con sujeci\u00f3n a la normatividad procesal que sea aplicable. <\/p>\n
Por otra parte, respecto a la censura formulada contra el Fiscal\u00eda por el tr\u00e1mite a la denuncia penal por inasistencia alimentaria neg\u00f3 el pedimento, tras advertir que, \u00abde acuerdo con el plan dise\u00f1ado ha impartido las respectivas directrices a la Polic\u00eda Judicial, no obstante, han sido los agentes policiales quienes a\u00fan no han logrado resultados, sin que tampoco sea dable emitir \u00f3rdenes hasta tanto se verifique el cumplimiento de las vigentes\u00bb; no obstante, exhort\u00f3 al ente investigador, para que \u00abd\u00e9 impulso al programa metodol\u00f3gico dise\u00f1ado para indagaci\u00f3n de la denuncia por inasistencia alimentaria instaurada contra el se\u00f1or F\u00e9lix Emilio P\u00e9rez Rojo\u2026\u00bb. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
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1. Betsy Liceth Serna V\u00e9lez opugn\u00f3 el referido fallo, censurando, en s\u00edntesis, la tardanza de la Fiscal\u00eda Segunda Local de Puerto Boyac\u00e1 en tramitar la denuncia penal, pues han pasado m\u00e1s de 6 meses desde que se requiri\u00f3 al denunciado para que allegara los soportes de pago, sin que se realice tr\u00e1mite de impulso, donde se debe dar prioridad a los delitos donde est\u00e9n relacionados los menores de edad. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 saber es estado actual del juicio ejecutivo. <\/p>\n
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2. El Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1 indic\u00f3 que \u00abdio tr\u00e1mite a la solicitud del memorialista, el se\u00f1or F\u00e9lix Emilio P\u00e9rez Rojo, mediante prove\u00eddo del 16 de agosto de 2023, notificado en estado del d\u00eda 17 de agosto de 2023, raz\u00f3n por la que no se entiende por que el Honorable Tribunal indi[ca] el Juzgado fue indiferente frente a la solicitud cuando se le hab\u00eda dado tr\u00e1mite y no se tuvo en cuenta ello, adem\u00e1s, reiterase, el Juzgado presenta planta de personal incompleta y una alta carga laboral\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Atendiendo el caso sub examine y la impugnaci\u00f3n presentada por el estrado querellado, examinadas las presentes diligencias, se observa que el Juzgado, con auto de 16 de agosto de 2023, notificado por estado electr\u00f3nico el 17 de agosto siguiente, impulsando el juicio ejecutivo de alimentos, decidiendo que \u00abuna vez revisado el proceso se acepta la solicitud y en su defecto se nombra al Dr. Juli\u00e1n Andr\u00e9s Conde Anzola\u2026 como abogado de pobre en el caso referenciado. Comun\u00edquese el nombramiento con las advertencias previstas en el inciso 3 del art\u00edculo 154 del CGP\u2026\u00bb, enviando los enteramientos del caso. <\/p>\n
Asimismo, con oficio n\u00b0 243-2023 se comunic\u00f3 a Coopvipatrol Cta. para que \u00abrealice el correspondiente descuento directamente de n\u00f3mina, cuota alimentaria del 25% del salario mensual luego de los descuentos de ley, las prestaciones sociales y dem\u00e1s emolumentos que est\u00e9 devengando [F\u00e9lix Emilio P\u00e9rez Rojo] como empleado de la empresa\u2026 Adem\u00e1s, el embargo y retenci\u00f3n del 25% de todo lo que compone las prestaciones sociales, caso de retiro de la empresa. Se solicita certificaci\u00f3n de los ingresos del demandado con fundamento en el art\u00edculo 397 del C.G.P. Los mencionados descuentos deber\u00e1n ser consignados en el Banco Agrario de Colombia\u2026 por concepto de dep\u00f3sito judicial dentro de los primero cinco d\u00edas h\u00e1biles del mes siguiente\u00bb, de la misma manera, advirti\u00f3 sobre el incumplimiento a dicha orden; lo que se enter\u00f3 a los correos electr\u00f3nicos gerencia.coopvipatrol@gmail.com y carolinamejia86@gmail.com., donde seg\u00fan informaci\u00f3n solicitada por la actora, est\u00e1n dando cumplimiento a la misma. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, concluye la Sala que la supuesta vulneraci\u00f3n fue superada en el decurso de esta tutela, con el auto anteriormente referido, esto, al verificar que la autoridad acusada, efectivamente, tramit\u00f3 las solicitudes del promotor y que aquella fue debidamente notificada. <\/p>\n
Entonces, como la mora censurada fue superada en el decurso del presente tr\u00e1mite tutelar, el amparo no puede prosperar, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u201d. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de la mora en la que pudo incurrir el estrado querellado, lo cierto es, en la actualidad, desapareci\u00f3 la omisi\u00f3n de la que se duele la tutelante, lo que imposibilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otra parte, en lo que ata\u00f1e a la queja elevada frente a la Fiscal\u00eda Segunda Local de Puerto Boyac\u00e1, en la que, deduce, la tardanza de dicho ente en adelantar el tr\u00e1mite a la querella por inasistencia alimentaria, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a-quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
En efecto, para el reparto de la demanda tutelar (en cuanto a esa fiscal\u00eda) resultaban aplicables los par\u00e1metros establecidos en el decreto 333 de 2021, en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015, determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
4. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores ser\u00e1 repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen. Para el caso de los Fiscales que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conocer\u00e1n en primera instancia y a prevenci\u00f3n, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u2026 <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de la entidad relacionada (Fiscal\u00eda Local) como sujeto pasivo de la tutela, r\u00e1pidamente se advierte que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda al Juzgado Penal del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 4\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 333 de 2021 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1983 de 2017), por lo que la Sala Civil Familia del Tribunal de Manizales carec\u00eda de competencia para asumir la misma. <\/p>\n
En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite respecto a la Fiscal\u00eda Segunda Local de Puerto Boyac\u00e1, est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ, ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. Finalmente, debe precisarse que si la quejosa considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular, por parte del fallador encausado, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se revocar\u00e1 para, en su lugar, declarar improcedente, la determinaci\u00f3n de primer grado en lo referente al Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1 y, se declarar\u00e1 la nulidad del fallo impugnado frente a la censura interpuesta contra la Fiscal\u00eda Segunda Local de esa municipalidad, para, en consecuencia, disponer la remisi\u00f3n de esa queja a los Jugados Penales del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero: revocar el fallo impugnado para, en su lugar, declarar improcedente la protecci\u00f3n rogada, en cuanto a la censura incoada contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1. <\/p>\n
Segundo. Declarar la nulidad del fallo de 23 de agosto de 2023, dictado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la presente acci\u00f3n de tutela, en lo que respecta a la queja planteada frente a la Fiscal\u00eda Segunda Local de Puerto Boyac\u00e1, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del decreto n.\u00ba 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC10688-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10688-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2023-00133-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76110","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76110","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76110"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76110\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76110"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76110"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}