STC10690-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC10690-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01639-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 22 de agosto de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Leo Eisenband Gottlieb contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite en el que fueron vinculados los Juzgados Once y Quince Penales del Circuito de Conocimiento de esa ciudad y citados los intervinientes en el proceso penal con radicado n\u00b0 2013-80530. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 16 de septiembre de 2019 ante el Juzgado Cincuenta y Dos Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Barranquilla se le formul\u00f3 imputaci\u00f3n de cargos por los delitos de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n en concurso con contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, enriquecimiento il\u00edcito, falsedad en documento privado y fraude procesal\u00bb, con ocasi\u00f3n a la compra del Centro Comercial Villa Country en el a\u00f1o 2009, por parte de la sociedad Inversiones Eliat de la cual era su representante legal. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Once Penal del Circuito de Barranquilla avoc\u00f3 la etapa de conocimiento del proceso, en la que el 24 de mayo de 2021 se reconocieron como v\u00edctimas a Campo El\u00edas Rinc\u00f3n Cepeda, Carlos Adri\u00e1n Chivirri, Oswaldo Enrique Arvilla Vargas, quienes eran arrendatarios de algunos locales del centro comercial y a la Sociedad de Activos Especiales SAE. <\/p>\n
Sostuvo que el 13 de diciembre de 2021 se declar\u00f3 la nulidad del reconocimiento de las v\u00edctimas y se realiz\u00f3 la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n y el 18 de febrero de 2022 el representante de la SAE y el apoderado de las dem\u00e1s v\u00edctimas solicitaron nuevamente su reconocimiento en el proceso, petici\u00f3n a la que accedi\u00f3 el Juzgado en audiencia de 5 de octubre de 2022, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con la SAE. <\/p>\n
Explic\u00f3 que esa determinaci\u00f3n fue revocada parcialmente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla el 23 de febrero de 2023, para en su lugar, reconocer en calidad de v\u00edctimas a Campo El\u00edas Rinc\u00f3n Cepeda, Carlos Adri\u00e1n Chivirri Garc\u00eda y Oswaldo Enrique Arvilla Vargas, quienes hab\u00edan solicitado ese reconocimiento en otro proceso adelantado por las mismas circunstancias f\u00e1cticas y en el que el Tribunal Superior hab\u00eda negado la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la Corporaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, al realizar una valoraci\u00f3n irrazonable de los elementos probatorios trasladados en la solicitud de reconocimiento de v\u00edctimas, pues contrario a lo que determin\u00f3, no se observaba un da\u00f1o concreto y real sufridos por los se\u00f1ores Campo El\u00edas Rinc\u00f3n Cepeda, Carlos Adri\u00e1n Chivirri y Oswaldo Enrique Arvilla Vargas, por causa de la conducta delictiva por la cual se le acusa. <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que incurri\u00f3 en desconocimiento de su precedente, debido a que en la providencia con radicado n\u00b0 2020-000157-P-MC proferida por la misma Sala y Magistrado Ponente, resolvi\u00f3 negar la calidad de v\u00edctima a los nombrados representados por el mismo abogado y bajo id\u00e9nticos supuestos f\u00e1cticos. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado solicit\u00f3 dejar sin efectos la providencia de 23 de febrero de 2023 cuestionada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y argument\u00f3 que la decisi\u00f3n proferida por esa Corporaci\u00f3n cumpli\u00f3 con las previsiones legales y jurisprudenciales que regulan la materia. <\/p>\n
2. El Juzgado Quince Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Barranquilla, sostuvo que, con ocasi\u00f3n a la redistribuci\u00f3n por competencia de los procesos, le correspondi\u00f3 conocer el proceso cuestionado, en el que fij\u00f3 como fecha para realizar la audiencia preparatoria el 25 de octubre de 2023, igualmente indic\u00f3 que no advert\u00eda que las actuaciones de ese Despacho fueran contrarias al ordenamiento jur\u00eddico y, que el accionante ha contado con las oportunidades procesales para ejercer su defensa. <\/p>\n
3. El Fiscal 60 Delegado ante los Jueces del Circuito Especializados, indic\u00f3 que de lo alegado por el accionante se pod\u00eda concluir, al menos en grado de inferencia, que puede existir un da\u00f1o y que existe un nexo causal entre ese da\u00f1o y los se\u00f1ores Campo El\u00edas Rinc\u00f3n Cepeda, Carlos Adri\u00e1n Chivirri Garc\u00eda y Oswaldo Enrique \u00c1vila, quienes para la \u00e9poca de los hechos eran arrendatarios de locales ubicados en el Centro Comercial Villa Country, por lo que la decisi\u00f3n de reconocimiento como v\u00edctimas cumpl\u00eda con lo presupuestado en el art\u00edculo 132 y siguientes de la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia. <\/p>\n
4. El apoderado de las v\u00edctimas en el proceso penal cuestionado, hizo referencia a las pruebas presentadas en la solicitud de reconocimiento de sus representados y se opuso a la prosperidad del amparo, refiriendo que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por el reclamante. <\/p>\n
5. La apoderada general de la Sociedad de Activos Especiales \u2013 SAE, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
El apoderado especial de la SAE indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no estaba llamada a prosperar, en la medida en que no existe un recurso contra la decisi\u00f3n que conoce de la impugnaci\u00f3n sobre el reconocimiento de v\u00edctimas, y destac\u00f3 que no queda claro cu\u00e1l es el perjuicio que ocasiona al procesado tener a esas personas como v\u00edctimas, o en qu\u00e9 medida eso afecta su situaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando ese reconocimiento que se hace permite la participaci\u00f3n en sede de juicio a trav\u00e9s de vocero, pero la verdadera calidad de v\u00edctima debe probarse y acreditarse en el incidente de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 la improcedencia del amparo al considerar el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, en raz\u00f3n a que el proceso penal cuestionado a\u00fan se encuentra en curso, pendiente de continuar la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, as\u00ed como la preparatoria y el juicio oral, por lo que a\u00fan puede el interesado ejercer el derecho de contradicci\u00f3n en esos escenarios. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que en el evento en que se llegara a proferir sentencia en contra de accionante, frente a la misma procede el recurso de apelaci\u00f3n y, contra esa, puede instaurar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, medios id\u00f3neos de control constitucional. Con todo, destac\u00f3 que el da\u00f1o y nexo causal con la conducta de quienes fueron reconocidos como v\u00edctimas son temas que se discuten a lo largo del proceso, incluido el incidente de reparaci\u00f3n integral, en el que se determina el pago de perjuicios. <\/p>\n
Adem\u00e1s, determin\u00f3 que tampoco se evidenciaba la existencia de alg\u00fan perjuicio irremediable en el asunto que habilitara la procedencia del amparo, y afirm\u00f3 que es el proceso penal el escenario id\u00f3neo para que el reclamante hiciera eco de sus pretensiones, porque a\u00fan cuenta con diferentes mecanismos ordinarios para la protecci\u00f3n de sus derechos, y la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo residual y subsidiario que no puede invocarse en forma paralela o complementaria a los mismos. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, solicit\u00f3 que se estudie de fondo la acci\u00f3n constitucional y se acceda a sus pretensiones, porque, contrario a lo afirmado por el juzgador de primer grado i) no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues el debate sobre el reconocimiento de v\u00edctimas finaliz\u00f3 con una decisi\u00f3n de segunda instancia, ii) no pretende que se realice un juicio de valor en una instancia paralela, sino que la Corte Suprema de Justicia determine si en el presente caso se configur\u00f3 un defecto f\u00e1ctico y por ende, una violaci\u00f3n al debido proceso y, iii) existe un perjuicio irremediable, puesto que se le est\u00e1 imponiendo una carga procesal adicional en el proceso penal seguido en su contra, la cual consiste en que las personas reconocidas como v\u00edctimas tengan la facultad, la legitimaci\u00f3n y oportunidad para apelar una eventual sentencia absolutoria, solicitar condena, oponerse a una preclusi\u00f3n, o a un preacuerdo, solicitar pruebas a trav\u00e9s de la Fiscal\u00eda, y realizar otras actuaciones que implican una carga adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (CSJ. STC11845-2021 y STC1526-2022). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Leo Eisenband Gottlieb cuestiona la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla el 23 de febrero de 2023, a trav\u00e9s de la cual revoc\u00f3 parcialmente el auto de 5 de agosto de 2022 del Juzgado Once Penal del Circuito de la misma ciudad y, en su lugar, reconoci\u00f3 la calidad de v\u00edctimas a Campo El\u00edas Rinc\u00f3n Cepeda, Carlos Adri\u00e1n Chivirri Garc\u00eda y Oswaldo Enrique Arvilla Vargas, en el proceso penal adelantado en su contra, por los delitos de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento il\u00edcito, falsedad en documento privado y fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada por inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que el proceso penal adelantado contra Leo Eisenband Gottlieb se encuentra en curso, pudiendo \u00e9ste en el mismo, activar los medios defensivos a su alcance, en tanto que, no se ha proferido sentencia de primer grado, la que de resultar adversa a sus intereses ser\u00eda susceptible de apelaci\u00f3n y, en caso de que tampoco comparta esa decisi\u00f3n, podr\u00e1 acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En un evento similar esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3, <\/p>\n
\u00abSin esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. (CSJ. STC de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01 reiterada en STC214-2019, STC2674-2020 y STC10005-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, este no es el mecanismo id\u00f3neo para alegar situaciones como las planteadas por el accionante, quien tiene a su alcance las herramientas de defensa judicial establecidas en el ordenamiento penal para que exponga sus inconformidades ante el juez natural. Debe tenerse presente, que la acci\u00f3n de tutela no ha sido instituida para reemplazar los recursos contemplados por el legislador para definir los reparos propios del proceso, m\u00e1xime cuando el tema relacionado con las v\u00edctimas, puede ser debatido en el curso de este y en el incidente de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
3. De otra parte, el reclamo del accionante tampoco procede como mecanismo transitorio en aras de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o denunciado revista de cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pudiera evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela, lo que tampoco se logr\u00f3 concluir del expediente. (STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras, en 9985-2022 y STC3424-2023). <\/p>\n
4. De conformidad con lo expuesto la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10690-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC10690-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01639-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 22 de agosto de 2023, en la acci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76111","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76111","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76111"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76111\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76111"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76111"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76111"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}