STC10721-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10721-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02120-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Javier Sarmiento P\u00e9rez Toledo, quien dice actuar como apoderado de Sara Sogamoso S\u00e1nchez, Beatriz Helena, Maira Fernanda y Karen Fiorella Beltr\u00e1n Sogamoso, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de las garant\u00edas superiores de igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y primac\u00eda del derecho sustancial de quienes dice representar, presuntamente vulneradas en el juicio de responsabilidad civil extracontractual de radicado 41001310300120180012700 (02). <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Las accionantes promovieron una demanda de responsabilidad civil extracontractual contra la Aseguradora Solidaria de Colombia, por los perjuicios padecidos como consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 11 de mayo de 2013, entre el veh\u00edculo asegurado conducido por Adriana Herrera Cardozo (fallecida) y otro de transporte p\u00fablico en el que se movilizaba como pasajera Sara Sogamoso S\u00e1nchez, quien result\u00f3 lesionada. <\/p>\n
2.2. En audiencia del 10 de octubre de 20192, el Juzgado vinculado emiti\u00f3 sentencia, en la que conden\u00f3 a la demandada a pagarle a las demandantes una indemnizaci\u00f3n por perjuicios por las lesiones sufridas por Sara Sogamoso S\u00e1nchez. Frente a esa decisi\u00f3n la Aseguradora interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 30 de octubre de 2019 se admiti\u00f3 la alzada y en providencias posteriores se prorrog\u00f3 la competencia por seis meses y se otorg\u00f3 t\u00e9rmino para sustentar apelaci\u00f3n. En auto del 11 de junio de 20213 se puso de presente a la parte demandante que la Sala se ocupar\u00eda del asunto, una vez llegara el turno para su estudio y decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.4. En Sala del 31 de agosto de 20214 no fue acogida la ponencia de la Magistrada encargada, por lo que se remiti\u00f3 el asunto al Despacho siguiente, en el que, el 15 de septiembre de 20215, se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia y se orden\u00f3 al a quo rehacer la actuaci\u00f3n, previa citaci\u00f3n de las partes del contrato de seguro (P\u00f3liza 560-40-994000012719), pues la demanda se dirigi\u00f3 \u00fanicamente contra la aseguradora. Frente a esa decisi\u00f3n, la parte actora present\u00f3 solicitud de ilegalidad y, por auto del 13 de octubre de 20216, esta se rechaz\u00f3 de plano. Contra esa providencia, formularon recurso de reposici\u00f3n, s\u00faplica y\/o casaci\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, declarados improcedentes el 18 de noviembre de 20217, determinaci\u00f3n frente a la cual se neg\u00f3 aclaraci\u00f3n o correcci\u00f3n el 8 de febrero de 20228 y se orden\u00f3 la remisi\u00f3n a la magistrada que sigue en turno, para resolver la s\u00faplica. <\/p>\n
2.5. En memorial del 18 de octubre de 2022, reiterado el 7 de diciembre siguiente, las demandantes pidieron aplicar el art\u00edculo 121 del CGP, teniendo en cuenta que se hab\u00eda superado los seis meses para resolver ese recurso. <\/p>\n
2.6. El 3 de febrero de 20239 se confirm\u00f3 el auto objeto de s\u00faplica, \u00abtoda vez que se hace necesario la vinculaci\u00f3n del extremo ausente del contrato de seguros\u00bb. Contra esa decisi\u00f3n la parte accionante solicit\u00f3 que se declarara la ilegalidad, por p\u00e9rdida de competencia. <\/p>\n
2.7. Sara Sogamoso S\u00e1nchez promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela10 contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por la mora en la resoluci\u00f3n del recurso de s\u00faplica y la solicitud de p\u00e9rdida de competencia. En fallo CSJ STC945-2023 del 8 de febrero de 2023 (Rad. 2023-00355), esta Sala concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 a la accionada que resolviera las solicitudes elevadas el 18 de octubre, 11 y 12 de noviembre y 7 de diciembre de 2022. <\/p>\n
2.8. El 10 de febrero de 202311 se dio cumplimiento a la sentencia de tutela y se neg\u00f3 \u00abla solicitud de nulidad con fundamento en el art\u00edculo 121 del CGP\u00bb. Frente a esa determinaci\u00f3n, la parte interesada formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, s\u00faplica y\/o casaci\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, siendo declarados improcedentes los de reposici\u00f3n, apelaci\u00f3n y casaci\u00f3n el 28 de febrero de 202312, por lo que se remiti\u00f3 el expediente al Magistrado que sigue en turno para desatar s\u00faplica. En la misma fecha13, se neg\u00f3 la solicitud de declaraci\u00f3n de ilegalidad del auto del 3 de febrero de 2023. <\/p>\n
2.9. En fallo del 15 de marzo de 2023, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte confirm\u00f3 en impugnaci\u00f3n lo decidido en la tutela 2023-00355; adem\u00e1s, al estimar que se encontraba ejecutoriado el auto del 15 de septiembre de 2021, lo estudi\u00f3 de fondo y consider\u00f3 que estaba razonadamente motivado. <\/p>\n
2.10. El 14 de abril de 202314 se rechaz\u00f3 el recurso de s\u00faplica interpuesto contra el prove\u00eddo del 10 de febrero de 2023, que neg\u00f3 la nulidad por p\u00e9rdida de competencia, dado que no era un auto apelable. El 16 de mayo siguiente se dispuso la devoluci\u00f3n del expediente al Juzgado a quo. <\/p>\n
3. El actor sostiene que en el escrito de excepciones previas y en el recurso presentado por el \u00fanico apelante no se aleg\u00f3 la falta de integraci\u00f3n del litisconsorte y, por tanto, la nulidad no se pod\u00eda decretar de oficio. Adem\u00e1s, que la solidaridad por pasiva no requiere la conformaci\u00f3n de un litisconsorcio necesario y, al fallecer la asegurada -Adriana Herrera Cardozo-, no ten\u00eda capacidad para ser parte y la \u00fanica que se deb\u00eda demandar era a la compa\u00f1\u00eda de seguros, pues los herederos determinados e indeterminados no concurrieron a la formaci\u00f3n del contrato de seguro. <\/p>\n
De otro lado, argumenta que desde octubre de 2022 hab\u00eda trascurrido el t\u00e9rmino de 6 meses sin que existiera pronunciamiento sobre los recursos interpuestos contra los autos del 15 de septiembre y 13 de octubre de 2021 y, al no existir pr\u00f3rroga de la competencia, esta se hab\u00eda perdido en virtud del art\u00edculo 121 del CGP., tal y como lo solicit\u00f3, no obstante, se neg\u00f3 por auto del 10 de febrero de 2023. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pretende que se ordene la revisi\u00f3n y se deje sin efectos la providencia del 15 de septiembre de 2021 y sus actuaciones posteriores y que se devuelva el expediente a la Magistrada Luz Dary Ortega Ortiz, para que profiera decisi\u00f3n de segunda instancia. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Magistrada Luz Dary inform\u00f3 que, luego de que su ponencia fuera derrotada, las diligencias se remitieron al Despacho que segu\u00eda en turno para la proyecci\u00f3n de la sentencia, de acuerdo con la postura mayoritaria. Por su parte, la Magistrada Gilma Leticia Parada Pulido se\u00f1al\u00f3 que las providencias objeto de la acci\u00f3n constitucional se profirieron conforme al marco jurisprudencial aplicable al caso concreto. <\/p>\n
2. La Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa solicit\u00f3 que se nieguen la tutela por improcedente, pues se pretende un pronunciamiento de instancia, aunado a que existe un fallo de tutela previo sobre pretensiones coincidentes. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo, por falta de legitimaci\u00f3n por activa del abogado accionante. <\/p>\n
2. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala unificar\u00e1 su criterio con respecto a lo que ata\u00f1e a los requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder. Sobre el particular, el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 ibidem dispone que: <\/p>\n
podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. (\u2026) Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud… <\/p>\n
Ahora bien, de lo referido en precedencia, se advierte que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente, ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jur\u00eddicas; iii) por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener poder especial para el caso; o iv) mediante agente oficioso. <\/p>\n
2.1. Respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. As\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023), de manera que: <\/p>\n
cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal. (CSJ STC10027-2022, CSJ STC10757-2022). <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judiciales a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, <\/p>\n
[a]unque podr\u00eda pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (\u2026); es cierto que \u00e9ste la representa conforme al poder espec\u00edfico que se le ha conferido; pero \u00e9ste aun cuando suficiente para la actuaci\u00f3n en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acci\u00f3n de tutela15. <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, la Corte Constitucional, en providencia CC T-001-1997, precis\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb16. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n17. <\/p>\n
2.2.1. Desde luego, el poder especial para tutela solo puede ser otorgado a un profesional del derecho titulado y habilitado con tarjeta profesional vigente, calidad que tambi\u00e9n debe acreditarse (CC T-531-04, CC T-024-19, CSJ STC17259-2021). <\/p>\n
2.2.2. Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional, en providencia CC T-975-2005, al revisar un poder allegado para actuar en tutela, sostuvo que, como \u00abrefiere de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, no es posible \u00abdistinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abAl no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, inviable es pronunciarse de \u00abfondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2.3. En otra oportunidad, frente a un poder otorgado para promover una tutela, que indicaba la autoridad accionada y los derechos vulnerados, la Corte Constitucional consider\u00f3 que este era insuficiente, pues el prop\u00f3sito que dio lugar a la acci\u00f3n constitucional no fue incorporado en el mandato. En sustento, la Corte desatac\u00f3 que <\/p>\n
en el poder ni siquiera se hace referencia a un derecho de petici\u00f3n en especial \u2013no aparece ni la fecha, ni se menciona la materia o el objeto del mismo-, mucho menos se precisan los elementos que permitan concluir, en una interpretaci\u00f3n pro homine, que la petici\u00f3n elevada contiene los elementos para poder derivar de all\u00ed la existencia de un poder otorgado para interponer la presente demanda de tutela. <\/p>\n
2.2.8. Si bien el poder suscrito por la se\u00f1ora Ram\u00edrez y su apoderado cuenta con los elementos esenciales y se\u00f1ala los extremos de la Litis, el acto o documento que causa la vulneraci\u00f3n y el derecho fundamental violado; en el presente asunto, ni la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, ni las actuaciones cuestionadas dentro del amparo se compaginan con lo expuesto en el poder allegado. Por eso, se descarta la legitimaci\u00f3n por activa pretendida por el abogado (\u2026), para representar los intereses de la se\u00f1ora\u2026 (CC T-194-12). <\/p>\n
2.2.4. En similar sentido, en la sentencia CC T-718-2017, consider\u00f3 que un poder, como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 proceso de tutela espec\u00edficamente se hace referencia\u00bb, no es especial. <\/p>\n
2.2.5. An\u00e1loga postura ha expuesto esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al destacar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
2.2.6. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala de Casaci\u00f3n tambi\u00e9n ha precisado que los poderes abiertos para interponer tutelas no son aceptables, pues un mandato en esos t\u00e9rminos solo contiene una delegaci\u00f3n gen\u00e9rica que no re\u00fane los elementos de especificidad necesarios para acudir ante el juez constitucional. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si la acci\u00f3n de tutela es viable para proteger las garant\u00edas fundamentales que resulten amenazadas o vulneradas con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n, por ejemplo de autoridades judiciales, mal puede conferirse un poder anticipado para interponer tutelas, puesto que, al momento de otorgarse un mandato en esos t\u00e9rminos, se desconoce en concreto los despachos judiciales que tramitar\u00e1n la controversia, las garant\u00edas involucradas, la providencia que afectar\u00eda o lesionar\u00eda el derecho, entre otros elementos necesarios para identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina esta especial acci\u00f3n (CSJ STC3312-2023). <\/p>\n
el abogado accionante aport\u00f3 un \u00abpoder especial\u00bb cuyo texto se\u00f1alaba que la se\u00f1ora Morales Caama\u00f1o le hab\u00eda conferido la facultad de representarla en \u00abtr\u00e1mites administrativos y judiciales para el ejercicio de las acciones constitucionales en las que requiero la representaci\u00f3n (acciones de tutelas, populares, de grupo, de cumplimiento y en las dem\u00e1s en que sea necesaria la participaci\u00f3n t\u00e9cnica jur\u00eddica)\u00bb, siendo evidente que el escrito aportado, carec\u00eda de los elementos esenciales para acreditar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa echada de menos en primera instancia, puesto que no determinaba el nombre o identificaci\u00f3n del accionado, el derecho fundamental supuestamente vulnerado o tan siquiera la actuaci\u00f3n judicial dentro de la cual se present\u00f3 la presunta transgresi\u00f3n, m\u00e1xime si se toma en cuenta la multiplicidad de tr\u00e1mites judiciales en los que se encuentra inmiscuida la poderdante, raz\u00f3n por la cual, la acci\u00f3n que propuso deb\u00eda ser declarada improcedente, como en efecto sucedi\u00f3 (CSJ STC485-2023). <\/p>\n
2.3. Igualmente, trat\u00e1ndose de personas jur\u00eddicas que pueden acudir a la acci\u00f3n de tutela directamente a trav\u00e9s de su representante legal18, necesario es precisar que, si este otorga un poder, debe reunir los requisitos de especificidad se\u00f1alados, para lo cual se requiere, adicionalmente, que quien otorga poder est\u00e9 facultado para ello, por lo que se debe aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal vigente o su equivalente, seg\u00fan la naturaleza de la persona jur\u00eddica, en tanto sin ese documento actualizado, imposible resulta validar que quien suscribe el mandato sea quien en la fecha pertinente ostenta la calidad en la que dice actuar19. <\/p>\n
2.4. De todo lo expuesto, la Sala concluye lo que viene. <\/p>\n
2.4.1. La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
2.4.2. Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
2.4.3. Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2.4.4. Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
2.4.5. La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
3. En esos t\u00e9rminos y dada la relevancia del asunto, la Sala deja sentada su postura, en aras de garantizar que quienes concurran a las acciones de tutela est\u00e9n legitimados en la causa, cuesti\u00f3n que resulta ser de la mayor importancia, pues no puede perderse de vista que esta busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos que son inherentes a una persona y no a un tercero. As\u00ed, las exigencias de especificidad del poder no son una limitaci\u00f3n al ejercicio de la tutela, por el contrario, su fin es asegurar que el titular de los derechos fundamentales despliegue un control respecto de sus apoderados y actuaciones, de manera que estos solo act\u00faen frente a las autoridades, hechos u omisiones concretas que afecten, lesionen o amenacen sus garant\u00edas superiores en forma id\u00f3nea y particular y sin alejarse o desconocer el poder de disposici\u00f3n del mandante, aspecto especialmente trascendente, si se tienen en cuenta las resultas y efectos de este tr\u00e1mite supralegal, tales como la instituci\u00f3n de la cosa juzgada constitucional, que impide volver a acudir a esta instancia, o una eventual sanci\u00f3n por temeridad. <\/p>\n
4. Aplicado lo anterior al caso concreto, se advierte que el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Sara Sogamoso S\u00e1nchez, Beatriz Helena, Mar\u00eda Fernanda y Karen Fiorella Beltr\u00e1n Sogamoso, sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, por cuanto, aunque precisa la autoridad accionada y los derechos invocados, no determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, ni las providencias que originan el mandado otorgado para instaurar una acci\u00f3n constitucional en contra de los despachos convocados, lo cual impide analizar el fondo del asunto; m\u00e1xime que ante el estrado judicial accionado el proceso relacionado en la demanda de tutela reporta varias actuaciones. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(con aclaraci\u00f3n del voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(con aclaraci\u00f3n del voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02120-00 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque compartimos la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, respetuosamente nos permitimos ACLARAR nuestro voto, con el prop\u00f3sito de plantear algunas reflexiones sobre la importancia de la unificaci\u00f3n de criterio de la Sala respecto de los poderes especiales para interponer el amparo. <\/p>\n
1. Precisiones sobre el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
En el caso analizado, el abogado Carlos Javier Sarmiento-P\u00e9rez Toledo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso de Sara Sogamoso S\u00e1nchez, Beatriz Helena, Maira Fernanda y Karen Beltr\u00e1n Sogamoso, supuestamente vulneradas por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el juicio de responsabilidad civil extracontractual que estas \u00faltimas promovieron contra la Aseguradora Solidaria de Colombia (rad. n.\u00ba 2018-00127), por cuanto, en segunda instancia, se decret\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir del fallo del a quo, aspecto que, en su criterio, es irregular. <\/p>\n
En la providencia de la referencia, en relaci\u00f3n con la queja indicada, la Sala precis\u00f3 que no era posible ahondar en el estudio del fondo de la cuesti\u00f3n, por cuanto \u00abel tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Sara Sogamoso S\u00e1nchez, Beatriz Helena, Mar\u00eda Fernanda y Karen Fiorella Beltr\u00e1n Sogamoso, sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, por cuanto, aunque precisa la autoridad accionada y los derechos invocados, no determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, ni las providencias que originan el mandado otorgado para instaurar una acci\u00f3n constitucional en contra de los despachos convocados, lo cual impide analizar el fondo del asunto; m\u00e1xime que ante el estrado judicial accionado el proceso relacionado en la demanda de tutela reporta varias actuaciones\u00bb. <\/p>\n
2. Sobre la unificaci\u00f3n de criterio frente a la especificidad del poder para interponer la tutela. <\/p>\n
2.1. En lo atinente a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica abordada en el sub-lite, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural ha exigido, de manera consistente, el poder especial para la interposici\u00f3n de la salvaguarda cuando se acude a trav\u00e9s de un profesional del Derecho (art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 199120); pero, tambi\u00e9n, ha prohijado \u2013expresa o t\u00e1citamente\u2013 distintas posturas sobre el entendimiento de dicha especificidad. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a esa circunstancia, en la providencia actual, esta Sala Especializada unific\u00f3 el criterio sobre el punto, en el entendido de que: <\/p>\n
\u00ab2.4.1. La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
2.4.2. Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
2.4.3. Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2.4.4. Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
2.4.5. La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente\u00bb Se resalta. <\/p>\n
2.2. En ese orden, en la determinaci\u00f3n qued\u00f3 sentada la postura unificada de esta Colegiatura frente a la comprensi\u00f3n de las normas que regulan el ejercicio de la salvaguarda, y, puntualmente, el requerimiento del poder especial para su formulaci\u00f3n \u2013cuando se acude a trav\u00e9s de abogado\u2013, aspecto que estimamos de la mayor relevancia, dada la necesidad de revestir de claridad el alcance de las exigencias sobre el particular en sede de tutela. <\/p>\n
Lo anterior, pues, en la actividad judicial, debe procurarse la uniformidad de criterios \u2013m\u00e1xime cuando se trata de los presupuestos para acudir a la administraci\u00f3n de justicia en una acci\u00f3n de car\u00e1cter constitucional21, en la que se busca la protecci\u00f3n de derechos fundamentales\u2013; y, por ende, la seguridad jur\u00eddica que debe imperar en las sentencias del \u00f3rgano de cierre de la especialidad Civil, Agraria y Rural. <\/p>\n
2.3. Bajo las premisas que anteceden, nos permitimos iterar que compartimos la resoluci\u00f3n del sub-ex\u00e1mine, en la medida en que consolid\u00f3 una postura frente al tema discutido, con lo que se garantiza, en lo sucesivo, la unidad sobre el punto que hab\u00eda tenido distintos entendimientos y, por lo mismo, la igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley, la confianza leg\u00edtima, entre otros. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En ese contexto, se acompa\u00f1a la unificaci\u00f3n sobre el entendimiento de las previsiones normativas sobre el poder especial para instaurar la acci\u00f3n de tutela a trav\u00e9s de abogado, puntualmente, en lo que ata\u00f1e al requisito de especificidad que rige la misma. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejamos fundamentada nuestra aclaraci\u00f3n de voto, con la reiteraci\u00f3n de respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Aseguradora Solidaria de Colombia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, Sara Sogamoso S\u00e1nchez, Beatriz Helena, Maira Fernanda, Karen Fiorella Beltr\u00e1n Sogamoso y a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso censurado. <\/p>\n
2\u0002 Folio 393, documento 01, carpeta primera instancia, expediente 2018-00127. <\/p>\n
3\u0002 Folio 137, documento 000, carpera de segunda instancia. <\/p>\n
4\u0002 Folio 177, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 193, ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 217, ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 249, ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Documento 110, carpeta segunda instancia, ibidem. <\/p>\n
9\u0002 El documento fue generado el 3 de febrero de 2023. Documento 125, carpeta segunda instancia, ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Tramitada bajo radicado 11001-02-03-000-2023-00355-00. <\/p>\n
11\u0002 Documento 128, carpeta segunda instancia, ibidem. <\/p>\n
12\u0002 Documento 136, carpeta segunda instancia, ibidem. <\/p>\n
13\u0002 Documento 138, carpeta segunda instancia, ibidem. <\/p>\n
14\u0002 Documento 141, carpeta segunda instancia, ibidem. <\/p>\n
15\u0002 Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC T-695-98. <\/p>\n
16\u0002 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. <\/p>\n
17\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
18\u0002 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia CC SU-439-2017, precis\u00f3 que: <\/p>\n
(i) Las personas jur\u00eddicas est\u00e1n facultadas para formular acciones de tutela en nombre propio o como agentes oficiosos de sus socios. <\/p>\n
(ii) La solicitud de amparo por parte de las personas jur\u00eddicas debe hacerse, prima facie, por medio de sus representantes legales. Tambi\u00e9n se permitir\u00eda que se actuara a trav\u00e9s de un adecuado apoderamiento judicial, y, extraordinariamente, en virtud de una agencia oficiosa\u2026 (Resalta la Sala). <\/p>\n
19\u0002 Tal criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes sentencias: CSJ STC15374-2022, CSJ STC15159-2022, CSJ STC11859-2022, CSJ STC8335-2022, CSJ STC2277-2022, STC797-2022. <\/p>\n
20\u0002 Art\u00edculo 10: \u00abLa acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
<\/p>\n
Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales\u00bb. <\/p>\n
21\u0002 Cuyo tr\u00e1mite es preferente y sumario, a voces del canon 1 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10721-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC10721-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02120-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Javier Sarmiento […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76127","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76127","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76127"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76127\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76127"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76127"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76127"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}