STC10736-2023 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10736-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-01408-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n el 27 de julio de 2023, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Juan Manuel Gnecco Valencia contra la Sala de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso penal 2021-00181-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. El promotor, manifest\u00f3 que fue acusado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el 4 de noviembre de 2022 por los delitos de homicidio, tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de armas de fuego, ocultamiento, alteraci\u00f3n o destrucci\u00f3n de material probatorio y falsedad en documento privado, ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Andr\u00e9s. Refiri\u00f3 que \u00abel 30 de noviembre, inici\u00f3 audiencia preparatoria y continu\u00f3 los d\u00edas 19 de diciembre, 26 y 27 de enero de 2023, 10 y 13 de febrero, 14 y 17 de abril. En la \u00faltima data, el Juzgado emiti\u00f3 auto de pruebas. La decisi\u00f3n fue apelada y el 6 de junio de 2023, el Tribunal Superior de Distrito Judicial revoc\u00f3 parcialmente el auto de pruebas\u00bb. Y, adujo que actualmente el asunto se encuentra en etapa probatoria. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 8 de junio de 2023 requiri\u00f3 el cambio de radicaci\u00f3n del proceso. En consecuencia, indic\u00f3 que \u00abel 22 de junio, el Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito determin\u00f3 adecuada la petici\u00f3n [\u2026] y remiti\u00f3 al superior para lo de su competencia\u00bb. Al respecto, mencion\u00f3 que el Tribunal censurado \u2013con prove\u00eddo del 10 de julio de 2023-, rechaz\u00f3 de plano la solicitud impetrada. <\/p>\n
En ese orden, el accionante censur\u00f3 la determinaci\u00f3n \u00abadoptada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina [\u2026], mediante acta N\u00fam. 9607 del 10 de julio de 2023, por medio de la cual rechaz\u00f3 \u201cde plano, la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n\u00bb. Frente a la misma, cuestion\u00f3 que no se verific\u00f3 \u00abmucho menos apreci\u00f3 el contenido de los medios de conocimiento allegados con el pedimento [\u2026]. Eludi\u00f3, la obligaci\u00f3n de verificar las circunstancias particulares del incidente de cambio de radicaci\u00f3n [\u2026] no distingui\u00f3 la diferencia entre los motivos internos y los motivos externos [\u2026] no distingui\u00f3 los conceptos de parcialidad e imparcialidad [\u2026]. El Tribunal se limit\u00f3 a afirmar que no se allegaron pruebas suficientes, pero no se valor\u00f3 ninguna [\u2026]. No entiende que la medida solicitada tiene como fin conjurar un riesgo. [Y], no entendi\u00f3 que el juicio es presencial\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin efecto \u00abla decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal [cuestionado], del 10 de julio de 2023, por medio de la cual rechaz\u00f3 \u201cde plano, la Solicitud de cambio de radicaci\u00f3n\u201d y ordenar -en el plazo de 48 horas siguiente a la notificaci\u00f3n del fallo-, resuelva la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n, apreciando -integralmente- el contenido de los medios de conocimiento allegados sin eludir la obligaci\u00f3n de verificar las circunstancias particulares del caso\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal de San Andr\u00e9s, manifest\u00f3 que la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n no configur\u00f3 \u00ablos requisitos taxativos se\u00f1alados en el Art. 46 y subsiguientes del CPP\u00bb para acceder a la misma. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Once Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 que la tutela se declare improcedente por cuanto \u00abla decisi\u00f3n emanada por el Tribunal [\u2026] es soportada en un an\u00e1lisis acucioso y arm\u00f3nico de los elementos materiales probatorios y de los distintos tr\u00e1mites procesales que le permiti\u00f3 colegir, que en efecto no hab\u00eda soporte suficiente para acceder a la solicitud\u00bb. <\/p>\n
4. Las Procuradur\u00edas 85 Judicial II Penal y 234 Judicial I Penal, se\u00f1alaron que no se \u00abadvierte vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del [accionante], raz\u00f3n por la cual [\u2026], se solicita declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela presentada\u00bb. <\/p>\n
5. Cristina y Juli\u00e1n Serrano Gnecco y Ana Mar\u00eda y Leticia Roc\u00edo Gnecco Serrano, indicaron que el \u00abTribunal lo que hizo fue aplicar el contenido de los art\u00edculos 46 y siguientes de la Ley 906 de 2004 y rechazar de plano una solicitud fundada en una serie de manifestaciones especulativas e infundadas\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que en la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal de la causa se \u00abcorrobor\u00f3 que no incurri\u00f3 en (i) defecto f\u00e1ctico, por cuanto los argumentos -y medios de conocimiento- presentados por el accionante s\u00ed fueron tenidos en cuenta por el Tribunal, solo que estim\u00f3 que no se acredit\u00f3 de manera suficiente el motivo para alterar la competencia territorial, decisi\u00f3n que, a juicio de esta Sala, no es irrazonable ni arbitraria; ni (ii) defecto procedimental, ya que al rechazar de plano la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos definidos por la jurisprudencia de esta Sala, el Tribunal no ten\u00eda el deber de remitir el asunto a la Sala de Casaci\u00f3n Penal\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
El actor funda su inconformidad bajo argumentos similares a los se\u00f1alados en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la censura propuesta, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, el fallo impugnado habr\u00e1 de ser confirmado. Por lo que viene. <\/p>\n
2. Ciertamente, se advierte que la Sala de Decisi\u00f3n del Tribunal de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina \u2013con prove\u00eddo 10 de julio de 2023-, expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 rechazar de plano la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n requerida por el censor1. Para ello, de entrada, rese\u00f1\u00f3 los fundamentos legales y jurisprudenciales que reglan la instituci\u00f3n del cambio de radicaci\u00f3n, de cara a ello, indic\u00f3 los art\u00edculos 46 y siguientes de la Ley 906 de 2004 y las determinaciones de la Sala de Casaci\u00f3n Penal AP6172-2015, los autos del 18 de mayo de 1998 bajo el radicado 2651 y del 16 de julio de 2014 con radicaci\u00f3n 44100, de los que concluy\u00f3 que \u00abel cambio de sede del proceso es siempre de car\u00e1cter extremo, residual y procedente s\u00f3lo en los casos taxativamente se\u00f1alados\u00bb. Y, en ese orden, de cara al caso, se\u00f1al\u00f3 que el \u00abcambio de radicaci\u00f3n de un proceso penal, como excepci\u00f3n a las reglas de competencia por el factor territorial, procede cuando se acredita, en debida forma, que en el lugar donde se ventilan las diligencias existen circunstancias que puedan afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad del sindicado o su integridad personal, tal como lo contempla el art\u00edculo 85 del CPP. Igualmente se ha dicho que la labor del peticionario habr\u00e1 de consistir en demostrar, de manera clara y evidente, cualesquiera de las circunstancias anteriormente citadas para que la Corte, en cumplimiento de lo normado en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 75 de la misma obra, se pronuncie sobre la viabilidad o no del cambio de radicaci\u00f3n solicitado\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo requerido por el recurrente, sostuvo que las evidencias arrimadas por el actor no logran demostrar \u00abel motivo para que se acceda a tal pedimento, puesto que no son componentes cognoscitivos externos al proceso penal que denoten la falta de garant\u00edas procesales para el procesado o que evidencien la imparcialidad del Juzgador de primer grado, no se encuentra ning\u00fan sustento real que sostenga firmemente su petici\u00f3n, no se allegaron pruebas suficientes que conlleven al convencimiento que en San Andr\u00e9s Islas existan circunstancias que pueden afectar la seguridad o integridad personal de los intervinientes al interior del proceso, no se logra determinar que en el transcurrir de la investigaci\u00f3n, o en las instancias en que se encuentra el proceso haya habido amenazas, actos intimidantes o en fin que haya ocurrido cualquier acto que indique que la continuidad del proceso de manera virtual en la isla de San Andr\u00e9s, se vaya a ver afectado por actos delincuenciales por parte de este supuesto grupo, de haberse probado tal aspecto ser\u00eda lo \u00fanico que realmente habilitar\u00eda un cambio de radicaci\u00f3n por la causal alegada por la defensa, para concluir considera esta Sala, que las razones expuestas en el escrito de cambio de radicaci\u00f3n se basan en teor\u00edas que deber\u00e1n ser debatidas oportunamente en la etapa probatoria dentro del juicio oral\u00bb. Argumentos que encontr\u00f3 sustentados en el auto AC822-2022 de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que para acceder al cambio de radicaci\u00f3n, es necesario que el peticionario allegue \u00abelementos demostrativos que permitan establecer la injerencia e intromisi\u00f3n de agentes externos con la capacidad suficiente de afectar el desarrollo normal del proceso e influir en el juicio del administrador judicial\u00bb. <\/p>\n
3. De lo expuesto, no emerge defecto alguno con capacidad de estructurar las v\u00edas de hecho sostenidas por el censor. Ello, pues para esta Sala, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Lo anterior, dado que fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial de cara a la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n. Ciertamente, se observa que la Sala censurada no soslay\u00f3 lo propuesto por el solicitante, pues el motivo fundante de la misma y las pruebas arrimadas para ello, no tuvieron la entidad suficiente para comprobar el cambio de sede del proceso. Adem\u00e1s, refulge que con base en el cumplimiento de lo resuelto, no era posible remitir las actuaciones ante la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Se reitera, la razonabilidad es cuesti\u00f3n ancha: no se soporta -necesariamente- en la tesis \u00fanica. En gracia de discusi\u00f3n, podr\u00eda tambi\u00e9n apoyarse incluso sobre el disenso con respecto de aquello decidido por la autoridad natural, siempre que no se aprecie una ostensible v\u00eda de hecho. En efecto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente (ver en CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021). <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00ab\u2026menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020). Adem\u00e1s, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 15 a 29 del archivo PDF \u00ab0003Anexos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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