STC10755-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10755-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03526-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Allianz Seguros S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcadas por la sede judicial accionada, al declarar desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia dictada por el a-quo en el juicio recriminado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse d\u00e9 tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra el fallo del 09 de marzo de 2023, proferido por el Juzgado Diecis[\u00e9]is Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de responsabilidad civil contractual incoado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – Finagro contra la accionante, la Fundaci\u00f3n Crear, Seimco Ltda. y la Corporaci\u00f3n para el Desarrollo Agroindustrial Gaiya, surtidas las etapas de rigor, el pasado 9 de marzo de 2023, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia en la que acogi\u00f3 la mayor\u00eda de las pretensiones, veredicto que apelaron los demandados y, en lo que aqu\u00ed interesa, ante el a-quo, la quejosa alleg\u00f3 escrito exponiendo y sustentando sus reparos frente al mismo. <\/p>\n
2.2. El 30 de junio \u00faltimo, de conformidad con el canon 12 de la Ley 2213 de 2022, el Tribunal enjuiciado admiti\u00f3 tales censuras verticales, las que, advirti\u00f3, los recurrentes deb\u00edan \u00absustentar[,] a m\u00e1s tardar[,] dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u00bb; sin embargo, el 2 de agosto siguiente declar\u00f3 desierta la propuesta por la ac\u00e1 accionante, al concluir que no la sustent\u00f3 \u00abante el funcionario de la segunda instancia\u00bb, decisi\u00f3n que mantuvo el d\u00eda 28 posterior. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en concreto, la actora adujo que la Colegiatura atacada conculc\u00f3 sus garant\u00edas al declarar desierta su alzada por supuestamente dejar de sustentarla, desconociendo que lo hizo ante el a-quo, al proponerla, siendo un exceso manifiesto conminarla a volverlo a hacer ante el ad-quem. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la Corporaci\u00f3n acusada, al declarar la deserci\u00f3n, erradamente refiri\u00f3 que la sentencia de primer grado la dict\u00f3 un Juzgado distinto al que realmente la emiti\u00f3, lo que no corrigi\u00f3 a pesar de que se lo puso de presente en el recurso de reposici\u00f3n, siendo ese supuesto suficiente para la revocatoria de tal prove\u00eddo. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir los datos de ubicaci\u00f3n de las partes e intervinientes en el asunto reprochado. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 \u00abnegar la\u2026 petici\u00f3n de amparo\u00bb porque \u00ablas determinaciones proferidas con ocasi\u00f3n al tr\u00e1mite de la segunda instancia no develan un actuar contrario a la ley o que se enmarque en las denominadas v\u00edas de hecho; por el contrario, obs\u00e9rvese que el querer de la tutelante obedece a su inter\u00e9s particular para que a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se enmiende el resultado de su propia incuria, proceder que resulta inadmisible si se tiene en cuenta que se trat\u00f3 de una decisi\u00f3n fruto del criterio razonable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…) (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia de la salvaguarda propuesta porque, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la parte accionante, el Tribunal cuestionado incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar una nueva sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el sentenciador de primera instancia. <\/p>\n
3.1. Lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en la Ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aqu\u00e9lla, en su canon 12, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que la norma referida a espacio reprodujo \u00edntegramente el art\u00edculo 14 del prenotado Decreto 806 de 2020, que busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones vertidas en dicho Decreto, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar\u2026 sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 no s\u00f3lo la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito sino la validez de su presentaci\u00f3n previa ante al a-quo, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado canon 14 del Decreto 806, hoy recogido en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con anterioridad al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso, con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con el C\u00f3digo General del Proceso, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, adoptado como legislaci\u00f3n permanente con la Ley 2213 de 2022, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al primer sistema; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 2018-00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida en vigencia de la aludida Ley 2213 de 2022 que, se reitera, adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
3.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 2 de agosto \u00faltimo la Colegiatura acusada declar\u00f3 desierta la alzada propuesta por la ac\u00e1 accionante, por cuanto \u00e9sta no la sustent\u00f3 en esa instancia, dentro del t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas de que trata el canon 12 de la Ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 \u00edntegramente lo establecido en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020), decisi\u00f3n que mantuvo el d\u00eda 28 siguiente. <\/p>\n
En ese \u00faltimo prove\u00eddo, respecto a lo que aqu\u00ed interesa, para desechar la alegaci\u00f3n de la recurrente en torno a que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n fue justificado de manera anticipada ante el Juzgado\u00bb, el Tribunal encausado asever\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la postura actual de la Corte Constitucional en materia de sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias no es otra que la retratada en la decisi\u00f3n censurada, en tanto que se debe interponer el recurso ante el juez de primera instancia, con la precisi\u00f3n breve los reparos concretos contra la decisi\u00f3n, como ocurri\u00f3 en este caso\u2026 en el escrito presentado ante el a quo; no obstante, la hermen\u00e9utica en torno a la sustentaci\u00f3n es clara, cuando dicha Corporaci\u00f3n indica que se debe surtir ante el superior y estar fundada en los reparos que se hicieron en primer grado. <\/p>\n
Esa interpretaci\u00f3n, como se dijo en el prove\u00eddo en comento, es la que resulta aplicable al caso, por cuanto la parte ac\u00e1 inconforme manifest\u00f3 varios reparos concretos, eso es cierto, sin embargo, de acuerdo con el informe secretarial de fecha 31 de julio de 2023, se abstuvo de sustentarlo en esta sede, toda vez que venci\u00f3 en silencio el t\u00e9rmino otorgado para tal fin. <\/p>\n
Es que, al consultar el proceso en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, solo se encuentra registrado el auto admisorio del recurso de fecha 30 de junio de 2023 y su notificaci\u00f3n por estado al d\u00eda siguiente h\u00e1bil, empero, desde dicha data hasta el 2 de agosto siguiente, que ingres\u00f3 el expediente al despacho, no aparece actuaci\u00f3n alguna de la parte recurrente, lo que denota que se abstuvo de presentar la sustentaci\u00f3n que motiv\u00f3 adoptar la determinaci\u00f3n que se revisa. <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos del Tribunal atacado con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta era inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a-quo, de forma escrita al momento de su formulaci\u00f3n, comoquiera que, se itera, contrario a lo considerado por aquel juzgador, all\u00ed no s\u00f3lo se formularon los reparos concretos frente a la sentencia de primer grado, sino que tambi\u00e9n se desarrollaron los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
De ah\u00ed que el proceder reprochado a la Colegiatura convocada, injustificadamente, impidi\u00f3 que la quejosa obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 12 de la Ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020) -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n se presenta ante el a-quo que no frente al ad-quem. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 la sede judicial accionada, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda darse ante el a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado surtido en segunda instancia para tal efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la gestora, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo anterior, en relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en los que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del Decreto 806 de 2020 (planteamientos que resultan aplicables en vigencia de la ley 2213 de 2022, comoquiera que se trata de disposiciones normativas id\u00e9nticas), es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario se\u00f1alar que la Sala, como m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil, recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que le eran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed condensado, mediante providencia del 20 de mayo de 2021 (STC5630-2021). <\/p>\n
As\u00ed pues, el criterio actual de la Sala se concentra en que: <\/p>\n
\u2026en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada (CSJ STC5499-2021, reiterada en CSJ STC8661-2021). <\/p>\n
A lo que debe adicionarse que tal postura la convalid\u00f3 recientemente el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional, lo que, in extenso, as\u00ed destac\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
5. Finalmente, importante es resaltar que la Corte Constitucional, en reciente pronunciamiento y en un caso similar al ahora analizado, aval\u00f3 la tesis que aqu\u00ed se sostiene de manera mayoritaria, precisando que: <\/p>\n
Reglas jurisprudenciales sobre la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
129. Las reglas del C\u00f3digo General del Proceso sufrieron cambios relevantes con la entrada en vigor del Decreto 806 de 2020. En efecto, el C\u00f3digo General del Proceso \u00abbusca materializar el principio de oralidad consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb. Por su parte, el Decreto 806 de 2020 fij\u00f3 reglas que relativizan el principio de oralidad y tienen como eje las actuaciones escritas, bajo el uso de las TIC. Esto se explica, como es obvio, en un contexto en el que se adoptaron medidas que ten\u00edan como prop\u00f3sito evitar la interacci\u00f3n social para evitar la propagaci\u00f3n del COVID 19. En relaci\u00f3n con ello, al analizar la constitucionalidad del art\u00edculo 14 del Decreto 806, que establece las reglas del recurso de apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, esta Corporaci\u00f3n, en la Sentencia C-420 de 2020, destac\u00f3 que con la entrada en vigor del Decreto 806 se modificaron \u00ablos actos procesales de la segunda instancia (…), privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
130. Dentro de los recursos judiciales, el C\u00f3digo General del Proceso contempla en su art\u00edculo 320 el recurso de apelaci\u00f3n, que tiene por objeto \u00ab[q]ue el superior examine la cuesti\u00f3n decidida, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisi\u00f3n\u00bb. Recurso cuyo tr\u00e1mite, bajo el Decreto 806 de 2020, en materia civil, sufri\u00f3 las siguientes modificaciones: <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026131. Ahora bien, esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado sobre las reglas de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n ante el ad quem, contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso. En la Sentencia T-021 de 2022, la Sala Tercera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional conoci\u00f3 de dos acciones de tutela contra el Tribunal Superior de Barranquilla por violaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justic[i]a. En concreto, los accionantes sosten\u00edan que el auto que convoc\u00f3 a la audiencia de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n y fallo se notific\u00f3 de manera indebida. Con todo, sostuvieron que sustentaron los recursos ante el tribunal en escritos anteriores a la decisi\u00f3n que declar\u00f3 desierto el recurso. Esto, a su juicio, configur\u00f3 un defecto procedimental por exceso ritual manifest\u00f3. Adicionalmente, adujeron que presentaron escritos previos en los que sustentaron el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
32. Luego de analizar los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la Sala reiter\u00f3 los defectos espec\u00edficos de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial y se ocup\u00f3 de reiterar las reglas de la apelaci\u00f3n de sentencias en el marco del C\u00f3digo General del Proceso. En esa oportunidad concluy\u00f3 que, a la luz de dichas reglas, no se desconoci\u00f3 el debido proceso porque \u00abno le era legalmente posible al Tribunal accionado tener por sustentados los recursos de apelaci\u00f3n de MPBC y EOC con los memoriales que estos radicaron en septiembre de 2018, ya que el art\u00edculo 327 del CGP establece claramente que dicha sustentaci\u00f3n debe llevarse a cabo en audiencia\u00bb y porque \u00abno se observa que la aplicaci\u00f3n de las normas por parte del tribunal demandado se oponga a los derechos fundamentales de los accionante.\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
133. La Corte sustent\u00f3 esta conclusi\u00f3n en que: i) debe diferenciarse la etapa de precisi\u00f3n de los reparos frente al a quo, de la sustentaci\u00f3n de estos, que debe surtirse ante el ad quem, en la medida en que \u00abel CGP autoriza la presentaci\u00f3n por escrito de la precisi\u00f3n de los reparos, m\u00e1s (sic) no de la sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb; (ii) \u00ab[l]a forma prevista por el Legislador para la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra sentencias es verbal, y la oportunidad para hacerlo es en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo que preside el superior al que le corresponde desatar el recurso.\u00bb; y (iii) \u00ab[N]o existe una autorizaci\u00f3n expresa en el CGP para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n por escrito. Por lo tanto, este tr\u00e1mite se rige por la regla general seg\u00fan la cual \u201clas actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias\u201d (art. 3\u00b0 CGP), y la prohibici\u00f3n de sustituir las intervenciones orales por escritos (art. 107.6 ibidem).\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
134. Adem\u00e1s, la Sala explic\u00f3 que dicha exigencia responde a la vocaci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso en cuanto introducir \u00abla oralidad como forma de tramitaci\u00f3n de las actuaciones que hist\u00f3ricamente se desarrollaban de manera escrita.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
135. Esta regla tiene como precedente la Sentencia SU-418 de 2019, en la que la Corte interpret\u00f3 que el art\u00edculo 327 del CGP contiene un doble deber de fundamentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, pues los reparos presentados ante el a quo, deben ser desarrollados ante ad quem, para efecto de lo cual el legislador previ\u00f3 la realizaci\u00f3n de una audiencia. Sobre esta audiencia, la Corte precis\u00f3 que \u00abtiene por objeto permitir que la parte apelante sustente los motivos de su inconformidad, a partir de lo cual podr\u00e1n surtirse las alegaciones de la contraparte y proferirse la decisi\u00f3n\u00bb, sustentaci\u00f3n sin la cual, \u00ab[l]a diligencia carece de objeto y el superior no podr\u00eda pronunciarse.\u00bb En ese entendido, la Sala estim\u00f3 que exigir la sustentaci\u00f3n en audiencia, no configura un defecto procedimental absoluto, en la medida en que existe una obligaci\u00f3n clara y expresa que estableci\u00f3 el Legislador y que es razonable. <\/p>\n
<\/p>\n
136. Estos casos son diferentes al que estudia la Sala, pues la discusi\u00f3n giraba en torno a la aplicaci\u00f3n de las reglas en materia del recurso de apelaci\u00f3n contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso, pues los recursos en todos los casos fueron interpuestos antes de la entrada en vigencia del Decreto 806 de 2020, mientras que en el presente asunto se trata de un recurso que, como se explic\u00f3, fue interpuesto en vigencia del Decreto 806 de 2020, lo que diferencia los referentes normativos y el problema jur\u00eddico considerado en ambos casos. <\/p>\n
<\/p>\n
137. En virtud de lo anterior, la Sala concluye que si bien la carga de sustentaci\u00f3n ante el ad quem resulta necesaria en un modelo de oralidad, en los t\u00e9rminos expuestos por la jurisprudencia constitucional, dado que la audiencia de sustentaci\u00f3n es la oportunidad procesal dispuesta para que la contraparte y el fallador de segundo grado conozcan el desarrollo de los reparos frente al fallo de primer grado, con la expedici\u00f3n del Decreto 806 de 2020, esta carga se flexibiliz\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
138. Esto, porque, en primer lugar, no se prev\u00e9 una audiencia de sustentaci\u00f3n para que el juez y la contraparte conozcan el desarrollo de los motivos de inconformidad del recurrente frente al fallo. En segundo lugar, porque el recurso de apelaci\u00f3n presentado ante el juez de primera instancia, cuando despliega razonablemente los argumentos que sustentan la apelaci\u00f3n, permite al juez de segundo grado, en el an\u00e1lisis de admisi\u00f3n, determinar si contiene o no los elementos necesarios para que se entienda sustentado, pues en el modelo del Decreto 806 de 2020 estos reparos se presentan por escrito. Es claro que ese instrumento permite velar por los derechos de contradicci\u00f3n, doble instancia y debido proceso de las partes\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
142. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n, pues est\u00e1 probado que el recurso presentado ante el a quo, contiene razones suficientes contra la decisi\u00f3n de primera instancia, como pasa a explicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
143. En primer lugar, el recurso de apelaci\u00f3n se tramit\u00f3 bajo los preceptos del Decreto 806 de 2020, porque: (i) fue presentado el 1\u00ba de octubre de 2021 (supra 3); (ii) el 6 de octubre de la misma anualidad fue concedido en el efecto suspensivo por el juez de primera instancia (supra 3); y (iii) el auto mediante el cual el tribunal lo admiti\u00f3, fue proferido el 24 de marzo de 2022 (supra 5). Como el Decreto 806 de 2022 estuvo vigente hasta el 4 de junio de 2022, la Sala concluye que al tr\u00e1mite del recurso interpuesto\u2026 se le debe aplicar esta normativa. <\/p>\n
<\/p>\n
144. En segundo lugar, est\u00e1 probado que el Juzgado\u2026 remiti\u00f3 el expediente al superior y que este conten\u00eda el escrito de apelaci\u00f3n, el cual se concedi\u00f3 por el juzgado, el 6 de octubre de 2021 (supra 4). <\/p>\n
<\/p>\n
145. La Sala destaca que en el oficio n\u00famero 140 del 11 de marzo de 2022 (supra 4), se registr\u00f3 una constancia secretarial que da cuenta de que \u00abel expediente se encuentra completo\u00bb. El archivo da cuenta de que en el correo mediante el cual el juzgado remiti\u00f3 el link del expediente al tribunal, el 14 de marzo de 2022, se observa el documento contentivo del recurso de apelaci\u00f3n en el cuaderno 1B, archivo denominado \u00ab034Apelaci\u00f3n Sentencia\u00bb, en 10 folios. <\/p>\n
<\/p>\n
146. Como se advirti\u00f3 (supra 2), COMCEL present\u00f3 las siguientes razones para sustentar el recurso: (i) recalc\u00f3 la ausencia de valoraci\u00f3n probatoria integral y exclusi\u00f3n injustificada de material probatorio por parte del juzgado; (ii) enfatiz\u00f3 en los efectos de las transacciones suscritas entre las partes -previas al documento que se discuti\u00f3 en este caso que se refer\u00edan a temas relacionados con el objeto de la demanda ordinaria- y, el desconocimiento de estos, por parte del fallador; (iii) aleg\u00f3 que el juzgado desconoci\u00f3 el pago anticipado hecho por COMCEL; (iv) arguy\u00f3 que el juzgado, sin prueba alguna, concluy\u00f3 que existi\u00f3 una presunta posici\u00f3n de dominio contractual por parte de COMCEL, a partir de lo cual declar\u00f3 la nulidad de varias de las cl\u00e1usulas celebradas por las partes en el contrato y en otros documentos anexos; (v) soslay\u00f3 que el juzgado desconoci\u00f3 el principio de buena fe y del respeto del acto propio y la conducta de Globalcom; y (vi) aleg\u00f3 que la sentencia de primer grado incurri\u00f3 en incongruencia interna y externa. <\/p>\n
<\/p>\n
147. As\u00ed las cosas, la Sala considera que el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto, porque est\u00e1 sustentado en una aplicaci\u00f3n de las normas pertinentes que, aunque correcta, es excesivamente rigurosa. <\/p>\n
<\/p>\n
148. En efecto, y como tambi\u00e9n est\u00e1 probado (supra 5), el tribunal admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y dispuso que deb\u00eda sustentarse en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, para efecto de lo cual \u00ablas partes deber\u00e1n allegar el escrito sustentatorio y su r\u00e9plica, a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico (\u2026)\u00bb. La interpretaci\u00f3n del tribunal de esta disposici\u00f3n es correcta, pues es cierto que, como se explic\u00f3, el Decreto 806 de 2020 exige que la apelaci\u00f3n se sustente ante la autoridad que dispone su admisi\u00f3n, esto es, el superior del que dict\u00f3 la providencia de primera instancia y que esta normativa permite que las razones de la apelaci\u00f3n se presenten por escrito. <\/p>\n
149. Sin embargo, el tribunal aplic\u00f3 la regla de sustentaci\u00f3n del recurso ante el superior de manera excesivamente formal, pues exigi\u00f3 una nueva sustentaci\u00f3n por escrito del recurso que, efectivamente, ya estaba sustentado y que hac\u00eda parte del expediente que se le remiti\u00f3. Para la Sala las razones contenidas en el escrito de apelaci\u00f3n son claras y suficientes de cara a satisfacer una sustentaci\u00f3n del recurso, de acuerdo con la exigencia del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020. En efecto, no se trata simplemente de los reparos contra la sentencia, sino de verdaderas y suficientes razones que tienen el prop\u00f3sito de discutir los fundamentos de la sentencia de primera instancia. As\u00ed, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 ten\u00eda a su alcance las razones concretas, claras y suficientes de cara a admitir el recurso. <\/p>\n
<\/p>\n
150. De lo anterior, dan cuenta tambi\u00e9n las consideraciones del tribunal en la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la declaratoria de desierto del recurso, pues se observa un apego excesivo a la norma, en el sentido de sostener que, aunque el recurso estuvo sustentado ante el a quo, el recurso debe ser declarado desierto ante la omisi\u00f3n en la sustentaci\u00f3n -que el tribunal interpret\u00f3 como simples reparos dispuesta por el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
151. As\u00ed las cosas, la Sala comparte los argumentos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como juez de tutela de primera instancia porque, en efecto, la parte accionante present\u00f3 de manera suficiente y anticipada las razones que se le pod\u00edan exigir al apelante y que el tribunal conoci\u00f3. A pesar de lo anterior, y por un apego excesivo a la norma procesal contenida en el art\u00edculo 14 del Decreto 806, resolvi\u00f3 declarar desierto el recurso. <\/p>\n
<\/p>\n
152. En suma, aunque el tribunal notific\u00f3 en debida forma el auto mediante el cual admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n y corri\u00f3 traslado para que fuera sustentada, se advierte que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que, bajo un apego excesivo a lo formal declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, pues consider\u00f3 que no se hab\u00eda sustentado el recurso, a pesar de que contaba con la manifestaci\u00f3n suficiente de las inconformidades frente a la decisi\u00f3n de primera instancia, lo que evidentemente desconoci\u00f3 el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de COMCEL. (CC T-310\/23) (se destac\u00f3 \u2013 CSJ STC9325-2023, 13 sep., rad. 2023-03116-00). <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden imponen la concesi\u00f3n del resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso de la tutelante, por lo que se ordenar\u00e1 al Tribunal recriminado que, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 28 de agosto de 2023, junto con las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente el recurso propuesto por la censora contra el auto del 2 de agosto anterior, que declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de la parte accionante. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del proceso criticado, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 28 de agosto de 2023, junto con las determinaciones que de \u00e9l dependan, en el juicio que inco\u00f3 el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – Finagro contra Allianz Seguros S.A., la Fundaci\u00f3n Crear, Seimco Ltda. y la Corporaci\u00f3n para el Desarrollo Agroindustrial Gaiya (radicado 11001-31-03-016-2016-00057), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso propuesto por la quejosa frente al auto del 2 de agosto anterior, atendiendo a lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional, a la Colegiatura referida a espacio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, de no impugnarse este veredicto, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03526-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que Allianz Seguros SA promovi\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes, <\/p>\n
En el proceso de responsabilidad civil contractual que el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – Finagro promovi\u00f3 en su contra, de la Fundaci\u00f3n Crear, Seimco Ltda., y la Corporaci\u00f3n para el Desarrollo Agroindustrial Gaiya, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 9 de marzo de 2023 que acogi\u00f3 la mayor\u00eda de las pretensiones. <\/p>\n
Su apoderado formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, expuso y sustent\u00f3 sus reparos frente al mismo frente al a quo, concedido, el expediente se remiti\u00f3 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que lo admiti\u00f3 el 30 de junio de 2023 y, en providencia de 2 de agosto lo declar\u00f3 desierto por no haber sido sustentado en esa instancia. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, concedi\u00f3 el amparo reclamado por Allianz Seguros SA, tras considerar, <\/p>\n
(\u2026) 3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia de la salvaguarda propuesta porque, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la parte accionante, el Tribunal cuestionado incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar una nueva sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el sentenciador de primera instancia. <\/p>\n
3.1. Lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en la Ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aqu\u00e9lla, en su canon 12, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con anterioridad al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso, con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 2 de agosto \u00faltimo la Colegiatura acusada declar\u00f3 desierta la alzada propuesta por la ac\u00e1 accionante, por cuanto \u00e9sta no la sustent\u00f3 en esa instancia, dentro del t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas de que trata el canon 12 de la Ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 \u00edntegramente lo establecido en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020), decisi\u00f3n que mantuvo el d\u00eda 28 siguiente. <\/p>\n
En ese \u00faltimo prove\u00eddo, respecto a lo que aqu\u00ed interesa, para desechar la alegaci\u00f3n de la recurrente en torno a que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n fue justificado de manera anticipada ante el Juzgado\u00bb, el Tribunal encausado asever\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos del Tribunal atacado con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta era inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a-quo, de forma escrita al momento de su formulaci\u00f3n, comoquiera que, se itera, contrario a lo considerado por aquel juzgador, all\u00ed no s\u00f3lo se formularon los reparos concretos frente a la sentencia de primer grado, sino que tambi\u00e9n se desarrollaron los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
De ah\u00ed que el proceder reprochado a la Colegiatura convocada, injustificadamente, impidi\u00f3 que la quejosa obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 12 de la Ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020) -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n se presenta ante el a-quo que no frente al ad-quem. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 la sede judicial accionada, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda darse ante el a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado surtido en segunda instancia para tal efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la gestora, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden imponen la concesi\u00f3n del resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso de la tutelante, por lo que se ordenar\u00e1 al Tribunal recriminado que, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 28 de agosto de 2023, junto con las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente el recurso propuesto por la censora contra el auto del 2 de agosto anterior, que declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado\u00bb. <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 no incurri\u00f3 defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por Allianz Seguros SA. <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
La Ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, consagra en el art\u00edculo 12, \u00abejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb, norma que reproduce \u00edntegramente el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, el que, por lo dem\u00e1s, en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1) y, en la oportunidad se\u00f1alada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03526-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo constitucional invocado por Allianz Seguros S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 a la Sala accionada, que \u00ab(\u2026) tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 28 de agosto de 2023, junto con las determinaciones que de \u00e9l dependan, en el juicio que inco\u00f3 el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – Finagro contra Allianz Seguros S.A., la Fundaci\u00f3n Crear, Seimco Ltda. y la Corporaci\u00f3n para el Desarrollo Agroindustrial Gaiya (radicado 11001-31-03-016-2016-00057), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso propuesto por la quejosa frente al auto del 2 de agosto anterior, atendiendo a lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
Para ello, ab initio anticip\u00f3 la \u00ab(\u2026) la procedencia de la salvaguarda propuesta porque, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la parte accionante, el Tribunal cuestionado incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar una nueva sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el sentenciador de primera instancia. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque con la Ley 2213 de 2022 que adopt\u00f3 el Decreto 806 de 2020 como legislaci\u00f3n permanente, <\/p>\n
\u00ab(\u2026), sin duda, se retom\u00f3 no s\u00f3lo la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito sino la validez de su presentaci\u00f3n previa ante al a-quo, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado canon 14 del Decreto 806, hoy recogido en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto (\u2026). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con anterioridad al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso, con antelaci\u00f3n a su inicio (\u2026). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida en vigencia de la aludida Ley 2213 de 2022 que, se reitera, adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb (\u2026). <\/p>\n
A lo anterior, agreg\u00f3 que la Corte Constitucional, en reciente pronunciamiento y en un caso similar al ahora analizado, aval\u00f3 la tesis que aqu\u00ed se sostiene de manera mayoritaria, precisando que: <\/p>\n
(\u2026) Reglas jurisprudenciales sobre la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
129. Las reglas del C\u00f3digo General del Proceso sufrieron cambios relevantes con la entrada en vigor del Decreto 806 de 2020. En efecto, el C\u00f3digo General del Proceso \u00abbusca materializar el principio de oralidad consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb92. Por su parte, el Decreto 806 de 2020 fij\u00f3 reglas que relativizan el principio de oralidad y tienen como eje las actuaciones escritas, bajo el uso de las TIC. Esto se explica, como es obvio, en un contexto en el que se adoptaron medidas que ten\u00edan como prop\u00f3sito evitar la interacci\u00f3n social para evitar la propagaci\u00f3n del COVID 19. En relaci\u00f3n con ello, al analizar la constitucionalidad del art\u00edculo 14 del Decreto 806, que establece las reglas del recurso de apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, esta Corporaci\u00f3n, en la Sentencia C-420 de 2020, destac\u00f3 que con la entrada en vigor del Decreto 806 se modificaron \u00ablos actos procesales de la segunda instancia (…), privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
131. Ahora bien, esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado sobre las reglas de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n ante el ad quem, contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso. En la Sentencia T-021 de 2022, la Sala Tercera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional conoci\u00f3 de dos acciones de tutela contra el Tribunal Superior de Barranquilla por violaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justica. En concreto, los accionantes sosten\u00edan que el auto que convoc\u00f3 a la audiencia de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n y fallo se notific\u00f3 de manera indebida. Con todo, sostuvieron que sustentaron los recursos ante el tribunal en escritos anteriores a la decisi\u00f3n que declar\u00f3 desierto el recurso. Esto, a su juicio, configur\u00f3 un defecto procedimental por exceso ritual manifest\u00f3. Adicionalmente, adujeron que presentaron escritos previos en los que sustentaron el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
32. Luego de analizar los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la Sala reiter\u00f3 los defectos espec\u00edficos de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial y se ocup\u00f3 de reiterar las reglas de la apelaci\u00f3n de sentencias en el marco del C\u00f3digo General del Proceso. En esa oportunidad concluy\u00f3 que, a la luz de dichas reglas, no se desconoci\u00f3 el debido proceso porque \u00abno le era legalmente posible al Tribunal accionado tener por sustentados los recursos de apelaci\u00f3n de MPBC y EOC con los memoriales que estos radicaron en septiembre de 2018, ya que el art\u00edculo 327 del CGP establece claramente que dicha sustentaci\u00f3n debe llevarse a cabo en audiencia\u00bb y porque \u00abno se observa que la aplicaci\u00f3n de las normas por parte del tribunal demandado se oponga a los derechos fundamentales de los accionante\u00bb. <\/p>\n
133. La Corte sustent\u00f3 esta conclusi\u00f3n en que: i) debe diferenciarse la etapa de precisi\u00f3n de los reparos frente al a quo, de la sustentaci\u00f3n de estos, que debe surtirse ante el ad quem, en la medida en que \u00abel CGP autoriza la presentaci\u00f3n por escrito de la precisi\u00f3n de los reparos, m\u00e1s no de la sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb; (ii) \u00ab[l]a forma prevista por el Legislador para la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra sentencias es verbal, y la oportunidad para hacerlo es en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo que preside el superior al que le corresponde desatar el recurso.\u00bb; y (iii) \u00ab[N]o existe una autorizaci\u00f3n expresa en el CGP para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n por escrito. Por lo tanto, este tr\u00e1mite se rige por la regla general seg\u00fan la cual \u201clas actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias\u201d (art. 3\u00b0 CGP), y la prohibici\u00f3n de sustituir las intervenciones orales por escritos (art. 107.6 ibidem)\u00bb. <\/p>\n
134. Adem\u00e1s, la Sala explic\u00f3 que dicha exigencia responde a la vocaci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso en cuanto introducir \u00abla oralidad como forma de tramitaci\u00f3n de las actuaciones que hist\u00f3ricamente se desarrollaban de manera escrita\u00bb. <\/p>\n
135. Esta regla tiene como precedente la Sentencia SU-418 de 201993, en la que la Corte interpret\u00f3 que el art\u00edculo 327 del CGP contiene un doble deber de fundamentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, pues los reparos presentados ante el a quo, deben ser desarrollados ante ad quem, para efecto de lo cual el legislador previ\u00f3 la realizaci\u00f3n de una audiencia. Sobre esta audiencia, la Corte precis\u00f3 que \u00abtiene por objeto permitir que la parte apelante sustente los motivos de su inconformidad, a partir de lo cual podr\u00e1n surtirse las alegaciones de la contraparte y proferirse la decisi\u00f3n\u00bb, sustentaci\u00f3n sin la cual, \u00ab[l]a diligencia carece de objeto y el superior no podr\u00eda pronunciarse.\u00bb En ese entendido, la Sala estim\u00f3 que exigir la sustentaci\u00f3n en audiencia, no configura un defecto procedimental absoluto, en la medida en que existe una obligaci\u00f3n clara y expresa que estableci\u00f3 el Legislador y que es razonable. <\/p>\n
136. Estos casos son diferentes al que estudia la Sala, pues la discusi\u00f3n giraba en torno a la aplicaci\u00f3n de las reglas en materia del recurso de apelaci\u00f3n contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso, pues los recursos en todos los casos fueron interpuestos antes de la entrada en vigencia del Decreto 806 de 2020, mientras que en el presente asunto se trata de un recurso que, como se explic\u00f3, fue interpuesto en vigencia del Decreto 806 de 2020, lo que diferencia los referentes normativos y el problema jur\u00eddico considerado en ambos casos. <\/p>\n
137. En virtud de lo anterior, la Sala concluye que, si bien la carga de sustentaci\u00f3n ante el ad quem resulta necesaria en un modelo de oralidad, en los t\u00e9rminos expuestos por la jurisprudencia constitucional, dado que la audiencia de sustentaci\u00f3n es la oportunidad procesal dispuesta para que la contraparte y el fallador de segundo grado conozcan el desarrollo de los reparos frente al fallo de primer grado, con la expedici\u00f3n del Decreto 806 de 2020, esta carga se flexibiliz\u00f3. <\/p>\n
138. Esto, porque, en primer lugar, no se prev\u00e9 una audiencia de sustentaci\u00f3n para que el juez y la contraparte conozcan el desarrollo de los motivos de inconformidad del recurrente frente al fallo. En segundo lugar, porque el recurso de apelaci\u00f3n presentado ante el juez de primera instancia, cuando despliega razonablemente los argumentos que sustentan la apelaci\u00f3n, permite al juez de segundo grado, en el an\u00e1lisis de admisi\u00f3n, determinar si contiene o no los elementos necesarios para que se entienda sustentado, pues en el modelo del Decreto 806 de 2020 estos reparos se presentan por escrito. Es claro que ese instrumento permite velar por los derechos de contradicci\u00f3n, doble instancia y debido proceso de las partes. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
142. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n, pues est\u00e1 probado que el recurso presentado ante el a quo, contiene razones suficientes contra la decisi\u00f3n de primera instancia, como pasa a explicarse. <\/p>\n
143. En primer lugar, el recurso de apelaci\u00f3n se tramit\u00f3 bajo los preceptos del Decreto 806 de 2020, porque: (i) fue presentado el 1\u00ba de octubre de 2021 (supra 3); (ii) el 6 de octubre de la misma anualidad fue concedido en el efecto suspensivo por el juez de primera instancia (supra 3); y (iii) el auto mediante el cual el tribunal lo admiti\u00f3, fue proferido el 24 de marzo de 2022 (supra 5). Como el Decreto 806 de 2022 estuvo vigente hasta el 4 de junio de 2022, la Sala concluye que al tr\u00e1mite del recurso interpuesto por COMCEL se le debe aplicar esta normativa. <\/p>\n
144. En segundo lugar, est\u00e1 probado que el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el expediente al superior y que este conten\u00eda el escrito de apelaci\u00f3n, el cual se concedi\u00f3 por el juzgado, el 6 de octubre de 2021 (supra 4). <\/p>\n
145. La Sala destaca que en el oficio n\u00famero 140 del 11 de marzo de 2022 (supra 4), se registr\u00f3 una constancia secretarial que da cuenta de que \u00abel expediente se encuentra completo\u00bb. El archivo da cuenta de que en el correo mediante el cual el juzgado remiti\u00f3 el link del expediente al tribunal, el 14 de marzo de 2022, se observa el documento contentivo del recurso de apelaci\u00f3n en el cuaderno 1B, archivo denominado \u00ab034Apelaci\u00f3n Sentencia\u00bb, en 10 folios. <\/p>\n
146. Como se advirti\u00f3 (supra 2), COMCEL present\u00f3 las siguientes razones para sustentar el recurso: (i) recalc\u00f3 la ausencia de valoraci\u00f3n probatoria integral y exclusi\u00f3n injustificada de material probatorio por parte del juzgado; (ii) enfatiz\u00f3 en los efectos de las transacciones suscritas entre las partes -previas al documento que se discuti\u00f3 en este caso que se refer\u00edan a temas relacionados con el objeto de la demanda ordinaria- y, el desconocimiento de estos, por parte del fallador; (iii) aleg\u00f3 que el juzgado desconoci\u00f3 el pago anticipado hecho por COMCEL; (iv) arguy\u00f3 que el juzgado, sin prueba alguna, concluy\u00f3 que existi\u00f3 una presunta posici\u00f3n de dominio contractual por parte de COMCEL, a partir de lo cual declar\u00f3 la nulidad de varias de las cl\u00e1usulas celebradas por las partes en el contrato y en otros documentos anexos; (v) soslay\u00f3 que el juzgado desconoci\u00f3 el principio de buena fe y del respeto del acto propio y la conducta de Globalcom; y (vi) aleg\u00f3 que la sentencia de primer grado incurri\u00f3 en incongruencia interna y externa. <\/p>\n
147. As\u00ed las cosas, la Sala considera que el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto, porque est\u00e1 sustentado en una aplicaci\u00f3n de las normas pertinentes que, aunque correcta, es excesivamente rigurosa. <\/p>\n
148. En efecto, y como tambi\u00e9n est\u00e1 probado (supra 5), el tribunal admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y dispuso que deb\u00eda sustentarse en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, para efecto de lo cual \u00ablas partes deber\u00e1n allegar el escrito sustentatorio y su r\u00e9plica, a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico (\u2026)\u00bb. La interpretaci\u00f3n del tribunal de esta disposici\u00f3n es correcta, pues es cierto que, como se explic\u00f3, el Decreto 806 de 2020 exige que la apelaci\u00f3n se sustente ante la autoridad que dispone su admisi\u00f3n, esto es, el superior del que dict\u00f3 la providencia de primera instancia y que esta normativa permite que las razones de la apelaci\u00f3n se presenten por escrito. <\/p>\n
149. Sin embargo, el tribunal aplic\u00f3 la regla de sustentaci\u00f3n del recurso ante el superior de manera excesivamente formal, pues exigi\u00f3 una nueva sustentaci\u00f3n por escrito del recurso que, efectivamente, ya estaba sustentado y que hac\u00eda parte del expediente que se le remiti\u00f3. Para la Sala las razones contenidas en el escrito de apelaci\u00f3n son claras y suficientes de cara a satisfacer una sustentaci\u00f3n del recurso, de acuerdo con la exigencia del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020. En efecto, no se trata simplemente de los reparos contra la sentencia, sino de verdaderas y suficientes razones que tienen el prop\u00f3sito de discutir los fundamentos de la sentencia de primera instancia. As\u00ed, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 ten\u00eda a su alcance las razones concretas, claras y suficientes de cara a admitir el recurso. <\/p>\n
150. De lo anterior, dan cuenta tambi\u00e9n las consideraciones del tribunal en la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la declaratoria de desierto del recurso, pues se observa un apego excesivo a la norma, en el sentido de sostener que, aunque el recurso estuvo sustentado ante el a quo, el recurso debe ser declarado desierto ante la omisi\u00f3n en la sustentaci\u00f3n -que el tribunal interpret\u00f3 como simples reparos dispuesta por el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 (\u2026). <\/p>\n
151. As\u00ed las cosas, la Sala comparte los argumentos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como juez de tutela de primera instancia porque, en efecto, la parte accionante present\u00f3 de manera suficiente y anticipada las razones que se le pod\u00edan exigir al apelante y que el tribunal conoci\u00f3. A pesar de lo anterior, y por un apego excesivo a la norma procesal contenida en el art\u00edculo 14 del Decreto 806, resolvi\u00f3 declarar desierto el recurso. <\/p>\n
152. En suma, aunque el tribunal notific\u00f3 en debida forma el auto mediante el cual admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n y corri\u00f3 traslado para que fuera sustentada, se advierte que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que, bajo un apego excesivo a lo formal declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, pues consider\u00f3 que no se hab\u00eda sustentado el recurso, a pesar de que contaba con la manifestaci\u00f3n suficiente de las inconformidades frente a la decisi\u00f3n de primera instancia, lo que evidentemente desconoci\u00f3 el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de COMCEL (CC T-310\/23)\u00bb. <\/p>\n
2.- No comparto la determinaci\u00f3n, principalmente, porque la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por la precursora. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
2.1.- El art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022 modific\u00f3 la segunda etapa en la que, de conformidad con los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelaci\u00f3n de decisiones judiciales, esto es, ante el de juez de segunda instancia: admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n-. Modificaci\u00f3n que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso\u201d, actuaci\u00f3n cuya competencia est\u00e1 adscrita al ad quem y no al juez de primer nivel. <\/p>\n
Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la decisi\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo no debi\u00f3 concederse en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n de la recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la resoluci\u00f3n del juez plural confutado. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
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STC10755-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10755-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03526-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Allianz Seguros S.A. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76132","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76132","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76132"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76132\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76132"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76132"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76132"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}